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La naturaleza de la crisis de la hegemonía neoliberal
Existe un consenso generalizado respecto a la compleja crisis que atraviesa el sistema - mundo. Pero este acuerdo tácito, otras veces explícito, sobre su origen se fractura cuando se van a las causalidades vinculadas al colapso diagnosticado. Por una parte, hay quienes sostienen que tal situación es producto de la especulación financiera, que coloca el centro del debate en la cuestión estrictamente económica - financiera. Es decir, “El móvil se achaca a la desregulación del mercado y a la codicia y especulación del capital financiero.”[1]Otros argumentan sobre la sobreproducción como el factor desencadenante de la crisis, en la que juega un papel fundamental la incorporación intensiva de procesos tecnológicos a la producción, que cimentado y multiplica la profunda precariedad laboral y con ello abunda en la brecha, en las desigualdades sociales.
Finalmente, otros autores sostienen que “…la presente es la crisis del neoliberalismo ante su incapacidad para generar crecimiento sostenido y desarrollo humano; asimismo, es la constatación del fracaso de las políticas de ajuste estructural y de la institucionalidad del capitalismo mundial.”[2]Tal institucionalidad representada, por un lado, por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pilares de la arquitectura de poder económico - financiera surgidas de los Acuerdos de Bretton Woods[3], y la Organización Mundial de Comercio, creada en plena efervescencia de la globalización neoliberal durante la década de los ’90, grandes pivotes económicos, financieros y comerciales de la globalización capitalista neoliberal.
David Harvey argumenta que el proceso de acumulación neoliberal está basado en la desposesión, la cual ocurre mediante la activación de cuatro aspectos a saber: el primero de ellos es laprivatización y mercantilización, que se traduce en los conocidos procesos de privatización de los bienes y servicios públicos, práctica ésta extendida por el mundo. En este sentido sostiene el autor que:
Laempresarialización, la mercantilización y la privatización de los activos previamente públicos ha sido un rasgo distintivo del proyecto neoliberal. Su objetivo prioritario ha consistido en abrir nuevos campos a la acumulación de capital en dominios hasta el momento considerados más allá de los límites establecidos para los cálculos de rentabilidad.[4]
LaFinanciarizaciónconstituye el segundo de los aspectos considerados por Harvey. Éste representa la principal herramienta de depredación y especulación, es decir, es la base del modelo de economía no productiva, basado en la especulación y la desregularización que favoreció la implantación de la llamada lógica de la “seguridad jurídica” exigida por los capitales financieros, fundamentalmente, para “invertir” especulativamente en las periferias necesitadas. El tercer asunto subraya la capacidad manipuladora del régimen neoliberal. Harvey denomina este aspecto como lagestión y la manipulación de la crisis En este sentido, describe el autor que:
Más allá de la efervescencia especulativa y a menudo fraudulenta que caracteriza gran parte de la manipulación financiera neoliberal, nos encontramos ante un proceso más profundo que implica la difusión de «la trampa de la deuda» como principal instrumento de la acumulación por desposesión. La creación, la gestión y la manipulación de la crisis a escala mundial ha evolucionado hacia el fino arte de la redistribución deliberada de la riqueza desde los países pobres hacia los ricos.[5]
Revela aquí la capacidad del sistema de manipular a gobiernos e instituciones mediante la deuda para alinearlos en el sentido de sus intereses estratégicos y geoestratégicos, adquiriendo la capacidad autoritaria propia de los imperios, rompiendo el principio secular de la soberanía del Estado - nación[6], por tanto, su capacidad de tomar decisiones independientes y soberanas. Finalmente, el cuarto aspecto vinculado estrechamente al anterior tiene que ver con la capacidad de doblegar a los Estados e instrumentalizarlos a favor del proceso de desposesión implementado por el neoliberalismo. Harvey lo denominaRedistribuciones estatales, y enfatiza que:
El Estado, una vez neoliberalizado, se convierte en el primer agente en la aplicación de las medidas redistributivas, invirtiendo el flujo de la riqueza desde las clases altas hacia las más bajas que se había producido durante los años del liberalismo embridado. Esto se lleva a cabo en primer lugar a través de la búsqueda de modelos de privatización y de recortes de aquella parte del gasto público que constituye el salario social. Aunque la privatización se presente como beneficiosa para las clases más bajas, los efectos a largo plazo pueden ser negativos.[7]
Lo anterior transparenta la función de ese “Estado moderno”, tan alardeado mediáticamente en estos tiempos, como instrumento facilitador del proceso de desposesión neoliberal; por tanto, actor privilegiado en la generación de la crisis sistémica hoy en desarrollo. Cabe agregar que, en esta metamorfosis instrumental del Estado, éste ha asumido funciones de vigilancia, convirtiéndose en un Estado policial, un Estado gendarme; instruyendo medidas restrictivas ante cualquier tipo de disidencia respecto a la lógica hegemónica del capital; hasta mutar, junto a las instituciones que lo integran, en una entidad profundamente autoritaria y, en consecuencia, represiva.
En este contexto, la profunda crisis planetaria originada por el capitalismo global controlado, desde hace más de tres décadas, por la lógica material y cultural del neoliberal, reviste consecuencias e impactos en nuestras sociedades todavía no mesurados en alcance y magnitud. Algunas de esas advertencias provienen de la observación de indicadores alarmantes respecto a una suerte de colapso generalizado en el que la actual coyuntura que, en presencia de una nueva recesión, jalonada por la pandemia de la COVID - 19, constituye un detonante excepcional y ordenador de la emergente situación del sistema mundo.
Lo cierto es que existe un reconocimiento generalizado en respecto a aceptar que se trata de una crisis multidimensional que afecta y trastoca todos los órdenes de vida social, política y cultural de las sociedades, con repercusiones en las dinámicas económicas, geopolíticas, políticas, sociales, culturales, energéticas, tecnológicas, ecológicas, éticas, epistemológicas, por mencionar alguno de ellas.
Humberto Márquez Covarrubias sostiene que:
…la presente crisis es una crisis general del sistema capitalista neoliberal que se expresa como una severa depresión económica mundial, que a su vez significa una declinación de la estrategia de reestructuración y expansión neoliberal basada en la superexplotación del trabajo inmediato, la depredación ambiental y la financiarización de la economía mundial; pero que, asimismo, se trata de una compleja crisis civilizatoria con rostro multidimensional que expone los límites de la valorización mundial de capital por cuanto atenta en contra de los fundamentos de la riqueza: el ser humano y la naturaleza, y porque pone en predicamento el sistema de vida en la Tierra, es decir, el metabolismo social.[8]
En la actualidad, propios y extraños matizan sobre la aseveración de Adam Smith quien concebía al mercado como la sede de la libertad absoluta.[9]El crecimiento exponencial de los capitales corporativos mediante operaciones financieras de dudosa legalidad, en detrimento de la economía productiva; la pervivencia y fortalecimiento de los monopolios, así como la cartelización de los precios de loscommodities10desdicen en la práctica la afirmación smithsoniana sobre las bondades absolutas del mercado como entidad reguladora superior. Por el contrario, la metafísica que gira en torno al libre mercado como dogma de fe del capitalismo global y dispositivo ideológico secular, lejos del ideal de progreso social y de libertades políticas y sociales que se supone encarna, tiene en la exclusión material y espiritual de las mayorías la contracara de su impronta planetaria.
La huella neoliberal sobre las sociedades tiene como rasgos característicos el incremento y profundización de las desigualdades sociales, económicas, políticas, culturales y jurídicas de las mayorías, la regresión en políticas sociales, la agudización de la precariedad laboral y el desempleo como consecuencia de la destrucción de puestos de trabajo, el incremento de las políticas depredadoras de la naturaleza y del ambiente, por tanto, el desmejoramiento progresivo y generalizado de las condiciones de vida de las sociedades, producto de la concentración de capitales el incremento, la aceleración exponencial de la tasa de ganancias financieras.
El imperialismo no acepta disidencias
La lógica del capital en su evolución histórica producto de las transformaciones que se sucedieron en el proceso de superación del antiguo régimen, impuso, bajo el ropaje liberal, un modelo político que se expandió por el mundo bajo el apelativo de “democracia representativa”. Esta construcción política emerge y se consolida producto de tres grandes transformaciones que son las bases constitutivas de la modernidad, a saber: la reforma luterana, la Revolución francesa y la primera revolución industrial. Estos procesos históricos implicaron el reconocimiento del laicismo, del individuo como poseedor de voluntad, por tanto, con capacidad de decidir sobre su destino. La Revolución francesa alumbró la idea de derechos civiles, políticos, humanos y culturales colectivos, representa al mismo tiempo el fortalecimiento de la sociedad laica y secular, desplazando a la iglesia como centro del poder. Finalmente, la primera revolución industrial pone de manifiesto los aportes de la técnica, la ciencia y la tecnología como procesos creativos para favorecer la vida, pero a su vez, como acicate en la optimización de los procesos productivos, que vendrían a facilitar (y acelerar) las dinámicas de acumulación capitalista.
En nuestras realidades las ideas sobre la democracia liberal se manifestaron a comienzos del siglo XIX, producto de desarrollos políticos y materiales de diversas proveniencias, fundamentalmente de Europa y de los Estados Unidos (EE.UU.). Estas experiencias tuvieron una significativa influencia en los idearios políticos de emancipación americana. Cabe resaltar que los planteamientos político - filosóficos liberales encontraron, en principio, una fuerte oposición de los sectores conservadores, vinculados al orden colonial. Una de las consecuencias de esta crisis política condujo al “…entendimiento liberal - conservador con diversos matices por parte de las diferentes élites locales.”[11]Se trataba de contubernios entre caudillos que poco caso hacían a los tratados y proyectos de inspiración liberal que los animaba[12], y en los que anidaba la voluntad de preservar a toda costa el poder.
En el decurso del tiempo, con la emergencia de las nuevas repúblicas y entrado ya el siglo XX, el proyecto de democracia liberal prevaleció, no sólo discursivamente sino en la praxis como promesa de bienestar colectivo. En el contexto americano postcolonial se delineó, junto al positivismo, como el proyecto político - ideológico de las élites cubiertas con el ropaje del progreso. En este sentido, agrega Lynch:
Es muy importante destacar que dicha importación de las élites oligárquicas de la democracia llevó al entendimiento de esta como un conjunto de privilegios de casta o grupo cerrado, en desmedro de los derechos civiles, políticos y, posteriormente, sociales, que definen este régimen político. Ello limitó la ciudadanía, en los comienzos de las repúblicas, a los grupos sociales dominantes y personas allegadas. Así, se prolongarían los privilegios que venían del orden colonial, reemplazando a los derechos, que, en el mejor de los casos, quedarían en el papel.[13]
Retomando en asunto de la representatividad, es decir, el poder por delegación, representa un paso significativo respecto al régimen anterior[14], gobernado por el absolutismo; incluso, en nuestro tiempo, la representatividad[15]no es perniciosaper se, constituye uno de los mecanismos de intermediación política fundamental en la dinámica democrática.
Marcos Criado de Diego explica que:
La representación política ha sido durante dos siglos una categoría central del constitucionalismo a través de la cual se han pretendido explicar y sistematizar las complejas, y a menudo contradictorias, relaciones que se dan entre derecho y política, entre Estado y sociedad, siendo así un puente de unión entre los estudios de ciencia política, sociología, teoría del Estado, teoría de la constitución y derecho constitucional.[16]
Por su parte Enrique Dussel, a manera de síntesis aporta luces al respecto en su trabajo sobre las tesis políticas referida a “La Democraciaparticipativaarticulada con la Democraciarepresentativa” , al sostener que:
Larepresentaciónse institucionaliza comodelegación; laparticipaciónse ejerceen acto, pero debe simultáneamenteinstitucionalizarse. Hay entonces también unapotestasparticipativa. La funciónrepresentativaes el gobierno, es decir, la ejecución decontenidos(momentomaterial); laparticipaciónespropositiva(da a conocer y exige el cumplimiento de las necesidades o demandas de la comunidad política), y, además, esfiscalizadora(vigilacomo un panóptico,castigao reconoce y premia los méritos) (momentoformal de legitimación). [17]
Sin embargo, al contrario, el modelo de representatividad que auspicia el liberalismo, redimensionado ahora con el neoliberalismo de perfil neoconservador, se constituye en un dispositivo elitista, autoritario, selectivo, clasista, de exclusión, que se presenta bajo la pretensión de abarcar toda la pluralidad del complejo panorama político, social y cultural de la realidad. Por citar solo un ejemplo, hace unas décadas Louis Rougier aseveraba que:
Imponer instituciones democráticas desde el exterior a pueblos compuestos en su mayoría por analfabetos, sin cultura cívica y política previa, es hacer con ello un método de explotación en manos de políticos sin sentido de responsabilidad, que conducen a su placer hacia las urnas a electores desprovistos de discernimiento.[18]
Esta visión despectiva derivada del positivismo antropológico y social, extendida en el mundo durante décadas por los colonizadores en las periferias colonizadas, constituyó la base argumental para excluir a amplios sectores sociales de sus derechos políticos de tal manera que las elites pudieran conservarper secula seculorumel poder.
De hecho, pese a los matices introducidos a través del tiempo, el secularismo positivista instalado mantiene su sentido y propósito de forma imperecedera; al punto que, en la actualidad emerge con ímpetu de la mano del neoconservadurismo global que hoy monopoliza el relato político en una desmesurada ofensiva ideológica acicalado por el empleo intensivo de los medios de comunicación y de las redes sociales como instrumentos de anclaje del relato, en la construcción de sentidos.
Ahora bien, esta representatividad “democrática” según fue impuesta por el liberalismo obedeció desde sus orígenes, con sus variaciones, a un marco ideológico excluyente. Con ello ha pretendido resolver dos asuntos claves: el de la legitimidad ante la anquilosada impronta autoritaria conservadora y el incremento de las demandas sociales de participación política y el de la representatividad de cara a los órganos institucionales emergentes durante la configuración histórica de los regímenes políticos hechura de la modernidad. Dichas instituciones fueron reservadas con esmero y cuidado para las élites, comprometidas celosamente con los intereses del orden capitalista.
El analista político Jonathan Cook describe que:
…fomentan el capitalismo globalizado basado en el consumo; promueven una política insostenible de crecimiento continuo en un planeta finito; e invariablemente respaldan las guerras coloniales, motivadas por el beneficio y que esquilman los recursos, aunque en la actualidad se disfracen de intervenciones humanitarias. Los medios de comunicación y partidos políticos alineados con las grandes corporaciones sirven a los intereses de la misma clase dirigente porque están integrados en la misma estructura de poder.”[19]
Esta construcción ideológica hoy vigente, tuvo la perniciosa virtud de confundir libertad y democracia con el liberalismo (y viceversa), mediante un proceso histórico de cooptación de las instituciones y de los argumentos sobre ambas praxis; por tanto, cualquier régimen que se precie de moderno y plural, contrario a arcaico y totalitario, debía mostrar los rasgos constitutivos del liberalismo y sus variaciones sobre la libertad, otorgando un lugar de privilegio a “la libertad económica”, eufemismo del libre mercado.
Peor aún, al confundir el ideal de libertad con las finalidades del liberalismo e instrumentalizar el sentido plural de la democracia, ésta pasa a convertirse en un espejismo; es decir, lo político como sinónimo del espacio de concurrencia de lo público queda relegado a un papel accesorio, un significante vacío[20].
En fondo del asunto está el sentido de la democracia, su alcance literal y la praxis finalmente instalada. Atilio Boron explica que la visión devaluada de la democracia fue impuesta por Shumpeter quien, es este sentido:
…la democracia como un conjunto de reglas y procedimientos desprovisto de cualquier contenido específico relacionado con la justicia distributiva o la equidad, que ignora el contenido ético y normativo de la idea de democracia y pasa por alto el hecho de que esta debería ser un componente crucial y esencial de cualquier propuesta para la organización de una “buena sociedad”, más que un mero dispositivo administrativo o para la toma de decisiones. Así, para Schumpeter era posible decidir “democráticamente” si, para tomar su propio ejemplo, los cristianos debían ser perseguidos, las brujas enviadas a la hoguera o los judíos exterminados. En el hueco formalismo schumpeteriano, la democracia se convierte en un simple método y, como cualquier otro, “no puede ser un fin en sí mismo” ni un valor que se sustente por sí.[21]
Pero, como hipotetiza Paula de Büren, a pesar de la instrumentalización y, en definitiva, la desestimación de la democracia “…lejos de abandonar la capitalización de tal bandera, lo que se realiza, es -tal como lo plantea la estrategia general montpelerinesa22para el marco conceptual liberal- una redefinición de su significación.”23Tal resignificación constituye en la práctica en un vaciamiento del sentido sustantivo de la democracia como sinónimo de lo público, del poder colectivo, como voluntad de ser de la polis, parafraseando a Enrique Dussel[24].
Puesto que, de acuerdo con Muniesa, se trata del “matrimonio Democracia - liberal”, que implica la conflictiva alianza entre dos praxis antinómicas:
En esa alianza, la democracia debe aceptar el Capitalismo de Mercado (o liberal) como sistema económico. Y el liberalismo ha de aceptar un tipo de libertad política, es decir, la democracia política (que no naturalmente, la democracia económica, que equivaldría a una forma de socialismo). Esto es, lo democrático representa lo político y lo liberal lo económico.[25]
En esta difícil convivencia queda demostrado que el orden del capital y su praxis es sustantivamente negador de la democracia. Que en definitiva termina imponiéndose el liberalismo, es decir, el carácter económico capitalista del régimen, desplazando y, en muchos casos, proscribiendo el sentido y carácter democrático de las instituciones y la pluralidad de voces presentes en la sociedad. De hecho, la experiencia se convierte en costumbre en la que las recurrentes crisis del sistema capitalista y las consecuencias de tales crisis en el entramado económico, político - social, se salda siempre con medidas restrictivas y significativos retrocesos en derechos políticos y sociales de las mayorías, con un énfasis demoledor en los sectores social económicamente más vulnerables.
La deificación del libre mercado constituye uno de los dogmas irrenunciables del entramado ideológico del modelo en cuestión. Tal vez la categoría central. Como se señalaba se asume el mercado como epicentro y generador de la libertad, potencia y virtud del individuo; de allí que, el intento de regulación por parte del Estado es una afrenta a las libertades, de allí que, cualquier tipo de normativa dirigida a su regulación es ir en contra de la libertad individual; de tal manera que tildar la presencia del Estado como totalitario es cuestión de matices. Sin embargo, se trata de una renuncia engañosa por parte de los liberales respecto al Estado, el hecho es que se le asigna una función instrumental como garante y protector de los intereses de la acumulación capitalista y legitimador del proceso de desposeción.
El extrañamiento del Estado, según el dogma neoliberal, es clave para que fluyan las “fuerzas naturales de la sociedad” en una suerte de proceso de autorregulación metafísica en la que éste cumple un papel preponderante. Esto ha queda suficientemente desmentido con la sola observación de la preponderancia y expansión de los monopolios por el mundo.
Sin embargo, es importante resaltar que esta perspectiva mercantilista de las dinámicas sociales y culturales relega la visión colectiva de la política como expresión plural del común, del conjunto de sensibilidades que cohabitan en la sociedad en donde, teóricamente, el Estado viene a representar tal síntesis. Por tanto, el proceso político legitimador o no de las instituciones que lo integran pareciera que quedan al arbitrio de poderes ajenos a la elección popular. Esta afirmación es coherente con la perspectiva clásica del liberalismo que entiende que:
La democracia es posible, y factible evitar su devenir hacia el totalitarismo, siempre y cuando se constituya en una democracia liberal, es decir, cuando ella limite la soberanía popular y el poder legislativo que de ella emerge, sometiéndola a las restricciones que impone una constitución limitativa, cuando el soberano no sea el pueblo sino una constitución que divida los poderes, los descentralice y tenga un poder judicial independiente capaz de detener el avance legislativo y, por ende, de las mayorías populares.[26]
Un primer asunto que, de manera crítica, concluye la autora es que la “única democracia posible” según este argumentario, es la que emana desde el marco ideológico liberal; es decir, desde aquel régimen vaciado de pueblo, con suficientes limitaciones legislativas que impide la expresión democrática y plural del común, como segundo elemento. Pero va más allá, como tercer aspecto a considerar, la idea de la fragmentación de los poderes, va en el sentido de neutralizar tanto la vocería ciudadana como la participación organizada de la sociedad.
Para los “guardianes de las libertades” cualquier atisbo de apego al sentido lato de la democracia, es decir, de crear canales legislativos para ampliar la participación organizada del pueblo, de las comunidades, que éste sea deliberativo, parte constitutiva de las decisiones fundamentales de la sociedad; en principio se descalifica con el adjetivo de populista, cuando no se señala por una supuesta intención totalitaria. Para el complejo entramado imperial contradecir la fórmula del régimen liberal se trata de una disidencia al control de sus designios, por tanto, intolerable.
Las políticas públicas como espacio de resistencia al dogma neoliberal: anotaciones sobre la experiencia venezolana
Venezuela actualmente es escenario de una confrontación definitiva que se expresa en varios órdenes, ésta tiene y tendrá repercusiones en toda la región nuestramericana. Uno de esos espacios en pugna, decididamente estratégico, es el cultural. Se trata de una colisión de modelos, entre uno excluyente, elitista, segregacionista y profundamente antidemocrático promovido por fuerzas políticas, intelectuales y económicas, caracterizadas por el corporativismo e inscritas en la lógica del capital y otras que apuestan por la democracia, inclusión, justicia social, la dignificación y protagonismo organizado de los pueblos. No es una confrontación de nuevo cuño, es histórica. La educación pública hoy amenazada, es también escenario de tal enfrentamiento. El futuro de la educación pública al alcance y al servicio de las mayorías, plural, laica, gratuita y democrática, no cooptada por grupos empresariales, necesariamente pasa por superar la compleja y difícil coyuntura actual que experimenta la Revolución Bolivariana.[27]
El proceso constituyente de 1999 sienta las bases del marco jurídico - político que va a orientar las políticas públicas en general y, de manera particular, las educativas. De igual manera, los planes nacionales, entre ellos, las diferentes versiones del Plan de la Patria; así como la Ley Orgánica de Educación de 2009, constituyen el entramado legislativo sobre el que descansan las políticas públicas. Dichas políticas identificadas desde sus inicios con un proyecto anti - neoliberal, recuperan los principios de igualdad e inclusión expuestos en la doctrina constitucional del Estado de derecho y de justicia social.
De lo anterior se desprenden las consideraciones doctrinarias que asume la sociedad y el Estado, como expresión de ésta, por mandato constitucional respecto a las políticas públicas en materia educativa. De hecho y de manera general, la concepción de las políticas públicas se fundamenta en la necesidad de reposicionar el papel del Estado y el protagonismo organizado de las comunidades en la concepción y despliegue de planes, programas y proyectos dirigidos al común, inscritos en el marco de las acciones políticas dirigidas a la transformación de la realidad nacional. Esto se expresa a partir del:
…reposicionamiento y compromiso del Estado y de la iniciativa pública en acometer tales tareas. En cuanto al ámbito educativo, se impulsan reformas legislativas dirigidas a ampliar los derechos sociales y educativos, traducidas en: ratificar el derecho a la educación, mantener gratuidad y al acceso al sistema escolar. Paralelamente, se desarrollan planes dirigidos al mantenimiento y construcción de infraestructura escolar. Todo este esfuerzo político se puede sintetizar como un proceso dirigido a expandir los derechos educativos.[28]
Se trata de un proceso racional, coordinado y colectivo apegado a la finalidad del proceso de refundación de la República mediante la potenciación del protagonismo del Estado. De acuerdo con Hermann Heller[29]el papel regulador y moderador del Estado, como “…centro real y unitario de acción[30], constituye una herramienta eficaz para hacer afrontar los momentos críticos en las sociedades, en la que quedan en evidencia deterioros en la calidad de las instituciones y, en definitiva, en la propia vida democrática. De allí la importancia de la configuración de una voluntad política colectiva en la creación de las bases y orientaciones políticas y de principios para desarrollar:
…una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones…31
Estas finalidades incluidas en el proyecto refundacional republicano coadyuvan en la definición del modelo democrático, por tanto, del Estado y de sus instituciones. Un eje principal que transversaliza todo el entramado filosófico de la constitución está asociado con la solidaridad y la búsqueda del bien común. Lo cual hace referencia a la perspectiva doctrinaria del Estado Social de Derecho y de Justicia según está establecido en el texto. En este sentido, en la exposición de motivos de la Constitución, se explica el alcance y sentidos de esta construcción política de la siguiente forma:
Los principios de la solidaridad social y del bien común conducen al establecimiento de ese Estado social, sometido al imperio de la Constitución y de la ley, convirtiéndolo, entonces, en un Estado de Derecho. Estado social de Derecho que se nutre de la voluntad de los ciudadanos, expresada libremente por los medios de participación política y social para conformar el Estado democrático. Estado social y democrático de Derecho comprometido con el progreso integral que los venezolanos aspiran…32
También, cabe recuperar los procesos fundamentales para alcanzar y garantizar tales fines refundacionales, como son la educación y el trabajo, de tal manera que: “…los ciudadanos y las organizaciones sociales tienen el deber y el derecho de concurrir a la instauración y preservación de esas condiciones mínimas de oportunidades, aportando su propio esfuerzo”[33]
Otro marco importante en el proceso de concepción y desarrollo de las políticas públicas es el Plan de la Patria (2019 - 2025). Este instrumento normativo de la planificación para el desarrollo nacional es concebido como “…una hoja de ruta para liberar al pueblo…”[34], una herramienta política para la lucha popular en el proceso de construcción del socialismo[35]mediante la vertebración de tres elementos, a saber: 1)La protección y defensa del pueblo, mediante el diseño e implementación de diferentes acciones, metódicas de gestión e instrumentos dirigidos a fortalecer la protección social, con el protagonismo organizado de las comunidades.[36]; 2)La economía, basada en la ampliación y multiplicación de los actores económicos; así como la liberación de las fuerzas productivas, que integre la actividad económica local y permita el rediseño de la economía urbana, alineados a la sustitución progresiva de las importaciones; y 3) Continuar el proceso dedescolonización, impulsando en diversos escenarios la batalla cultural mediante el despliegue de los principios y valores transversales establecidos en el Plan de la Patria, con el concurso de la educación, la ciencia y la tecnología productiva.[37]Se deduce entonces que una de las garantías en la consolidación de la soberanía pasa necesariamente por el proceso de desmontaje de arquetipos del colonialismo y neocolonialismo cultural al cual ha sido sometido sistemáticamente el país.
Los elementos del plan descritos previamente deben coadyuvar en el proceso de desarrollo y profundización de la democracia venezolana. En este sentido, esta concepción sistémica que comprende una visión multidimensional de la sociedad y considerar diferentes planos en la democratización, todos ellos concebidos como parte integral de un todo. Tales dimensiones de democratización consideradas en el plan, se enumeran a continuación: 1) Económica; 2) En lo social; 3) Espacial; 4) En lo político; y 5) En lo cultural.
Estas dimensiones están imbricadas en los cinco objetivos históricos que sirven de ejes orientadores del plan. De allí que, abundando en el marco legislativo y normativo de las políticas públicas en el país, en el que queda de manifiesto su perfil contrario a los propósitos neoliberales, se especifican a continuación dos los objetivos del Plan de la Patria.
Tabla 1: Objetivos del Plan de la Patria
| Objetivo histórico | Objetivos nacionales |
| N° 1. Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la independencia nacional. | 1.1. Garantizar la continuidad, profundización y consolidación de la Revolución Bolivariana en el desarrollo integral de la democracia en sus cinco dimensiones: económica, política, social, cultural y espacial. 1.2. Consolidar la defensa y soberanía en la preservación y uso de los recursos naturales estratégicos, con especial énfasis en los hidrocarburíferos, mineros y acuíferos, entre otros. 1.3. Garantizar el manejo soberano del ingreso de la República y la reinversión de los excedentes nacionales, tanto públicos como privados, a efectos de garantizar los principios sociales de equidad y desarrollo nacional. 1.4. Lograr la soberanía alimentaria para garantizar el sagrado derecho a la alimentación de nuestro pueblo. 1.5. Afirmar la identidad, la soberanía cognitiva y la conciencia histórico-cultural del pueblo venezolano, para favorecer la descolonización del pensamiento y del poder. 1.6. Desarrollar las capacidades científico-tecnológicas que hagan viable, potencien y blinden la protección y atención de las necesidades del pueblo y el desarrollo del país potencia. 1.7. Fortalecer el poder defensivo nacional, así como la unión cívico - militar, para proteger y garantizar la independencia, la soberanía y la paz nacional, asegurando la defensa integral de la patria. 1.8. Adecuar el aparato económico productivo, la infraestructura y los servicios del Estado, incrementando la capacidad de respuesta a las necesidades del pueblo ante posibles estados de excepción en el marco de la defensa integral de la nación. 1.9. Blindar a la República contra los actos y delitos de guerra económica, tanto internos como externos, que afecten el sistema económico financiero, capacidades logísticas y de distribución, ataques contra la moneda, así como las libertades económicas del Pueblo. |
| N° 2. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo, y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad” para nuestro pueblo. | 2.1. Generar las bases económicas y materiales para la transición humanamente gratificante hacia el socialismo, transformando la cultura rentista petrolera en un modelo económico productivo incluyente, eficiente y justo, liberando las fuerzas productivas, a efectos de satisfacer las necesidades de nuestra población y el país potencia. 2.2. Garantizar la inclusión plena y protagónica de todos los sectores de la sociedad en el desarrollo integral de la democracia en sus cinco dimensiones. 2.3. Construir una sociedad igualitaria y justa, garantizando la protección social del pueblo. 2.4. Transformar el sistema de distribución y apropiación de excedentes, que permita una justa distribución de la riqueza y la reducción de las desigualdades. 2.5. Consolidar y expandir el Poder Popular como componente estructural de una verdadera democracia socialista, a todos los niveles y como componente sustancial de todo el Estado y proceso revolucionario, a efectos de garantizar la irreversibilidad del proyecto bolivariano para la felicidad plena del pueblo. 2.6. Gestar el proceso de descolonización ético, moral y espiritual de la sociedad, a partir de la construcción de los valores liberadores del socialismo. 2.7. Lograr la irrupción definitiva del nuevo Estado popular y revolucionario, para el desarrollo integral de la democracia en sus cinco dimensiones. |
Fuente: Elaboración propia (2020).
Como último aspecto a significar en el modelo antineoliberal imbricado en el marco legislativo venezolano cabe destacar la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2009) que, articulada al entramado constitucional y programático, constituye una pieza fundamental en la propuesta transformación cultural del país. En esta tarea inclusiva el referente constitucional asume la educación como un derecho humano fundamental y un deber social inalienable e irrenunciable del Estado;[38]“…de igual manera, destaca su carácter democrático, gratuito y obligatorio hasta el nivel de pregrado universitario.”[39]
Nota de cierre
Lo expuesto hasta aquí encaja perfectamente en el ideario liberal - social demócrata incluido en una muestra significativa de experiencias de partidos políticos en el mundo, incluso en la actualidad en funciones de gobierno. Es decir, que respecto al “caso venezolano”, en cuanto a lo estrictamente doctrinario son muchas las similitudes; sin embargo, la praxis marca la diferencia. En otras palabras, los hechos. Venezuela asumió hace dos décadas la dirección transformadora de su estructura económica y política, con la participación protagónica de las comunidades organizadas. Esto supuso replantear la racionalidad implícita en el proceso de concepción e implementación de las políticas públicas, cuyos énfasis privilegiaron ahora saldar la deuda histórica con los sectores más vulnerables. Este movimiento llevó implícita otras transformaciones en los órdenes sociales y culturales, como factores claves en el proceso de cambios respecto a las lógicas de dominación incubadas históricamente. Las políticas públicas en educación fueron concebidas bajo esta lógica: privilegiar la inclusión de grandes sectores sociales mediante un andamiaje de derechos que pudieran hacer viable tal proceso inclusivo, uno de ellos el de la gratuidad de la educación pública hasta el nivel de pregrado universitario.
El neoliberalismo global encumbrado desde laboratorios sociales académicos y luego impuesto a sangre y fuego en las sociedades y pueblos del mundo, tuvo en el acicate mediático un aliado de extraordinaria potencia para su imposición definitiva. La criminalización de procesos políticos y sociales contrarios a su lógica depredadora al punto de conducir sus sociedades al colapso, constituye una práctica “mediáticamente” aceptada. Venezuela, junto a otros países democráticos de la región es una muestra de tal práctica imperial.
La razón material está en el trasfondo de toda la maniobra de cambio de régimen[40]liderada por los gobiernos de EE.UU.[41], estas acciones se traducen en el despliegue geopolítico en “defensa de su zona de influencia” o como vulgarmente se dice, “El patio trasero de los Estados Unidos”. Este reposicionamiento imperial basado en la lógica del despojo persigue apoderarse de los recursos energéticos y materiales raros estratégicos del país, mediante mecanismos coercitivos y desplegando toda su potencia en una guerra multiforme en contra del pueblo venezolano, la democracia y el gobierno legítimamente electo. Todo ello en nombre de la defensa de los derechos humanos y de la democracia.
