INTRODUCCIÓN

La cultura digital es un campo emergente que se impone en la sociedad en función de la fuerte presencia de las tecnologías digitales que vienen proporcionando, al menos potencialmente, la autonomía para la producción, uso o distribución de bienes culturales en red de manera descentralizada, con relativo bajo costo (^{Costa, 2002}; ^{Castells, 2017}). Utilizamos siempre la palabra potencial dado que existen innumerables barreras, entre las cuales podemos destacar:

De esta manera, las barreras comunes ejercidas en los mercados materiales se resignifican, ya que, en los espacios digitales, la distribución de información puede ser directa entre usuarios (peer to peer, P2P), además de mantener la calidad de los archivos, por ser un conjunto de ceros y unos que constituyen los códigos computacionales de los archivos digitalizados.

La superación de esta lógica propietaria impone reflexionar a partir de una organización del pensamiento que permita generar bienes culturales con una visión abierta, donde la producción, uso y edición incorporen elementos abiertos de forma explícita. Es necesario comunicar bienes culturales en espacios más permisibles, comunes, con una política pública de Acceso Abierto (Open Access) que permita la creación de contenido tanto para leer como para reutilizar (^{JLIS.it, 2012}), con el fin de evitar las restricciones económicas, técnicas, administrativas o aquellas derivadas de las leyes de Propiedad Intelectual. Por este motivo, Venezuela se valió del Acceso Abierto para hacer frente al modelo capitalista y lo implantó en sus políticas públicas mediante la Ley de Infogobierno (^{Venezuela, 2013}), obligando a realizar ajustes en las políticas de las universidades nacionales. Por consiguiente, el objetivo de este artículo es analizar las influencias de documentos, organismos y agencias internacionales en las políticas de Acceso Abierto relacionadas con las universidades nacionales de Venezuela.

METODOLOGÍA

Para el abordaje de esta investigación, asumimos, desde un posicionamiento no neutro (^{Tello, 2015}), una metodología que aporta, principalmente, flexibilidad en el recorrido. De modo, alcanzamos nuestro objetivo con el apoyo del abordaje denominado “ciclo de las políticas” (policy cycle), consolidado por Stephen ^{Ball (1994)}. Este método teórico-metodológico contiene tres epistemologías o perspectivas analíticas, empleadas como recursos interpretativos en un ejercicio de la sociología aplicada, que busca ampliar la visión lineal al analizar la implementación de las políticas y cuestionar que no es una producción acabada del Estado en el que las instituciones públicas, en este caso, las universidades nacionales de Venezuela, las implementan o no (^{Apple, 2004}; ^{Ball y Mainardes, 2011}).

Stephen Ball y colaboradores (^{Bowe, Ball y Gold, 1992}; ^{Ball, 1994}) elaboraron una fricción intencional y efectiva entre:

Estos discursos y textos que en apariencia son neutrales e independientes, en realidad son construcciones producidas por la sociedad y contienen regímenes de verdad, que se entienden como:

[…] los tipos de discursos que ella acoge y hace funcionar como verdaderos; los mecanismos y las instancias que permiten distinguir los enunciados verdaderos o falsos, la manera de sancionar unos y otros; las técnicas y los procedimientos que son valorizados para la obtención de la verdad; el estatuto de aquellos encargados de decir qué es lo que funciona como verdadero. (^{Foucault, 2019}, p. 42).

Finalmente,

3. La Etnografía Crítica, que surge de la singularidad local inserta en la complejidad del contexto contemporáneo.

De esta manera, ^{Ball (1994)} consolidó el “ciclo de las políticas” en los contextos de “influencia”, “producción de los textos”, “la práctica”, “los resultados/efectos” y “las estrategias políticas”, con los cuales podemos abordar la actuación de las políticas (policy enactment), ya que concordamos que las políticas no son solo implementadas, sino que están sujetas a procesos de recontextualización (^{Mainardes, 2018}). Con respecto al ciclo, ^{Ball (1994)} menciona que:

Cabe mencionar que estos contextos interrelacionados no presentan una dimensión temporal, secuencial o lineal, lo que nos permite abordar espacios y actores a partir de sus características específicas. De igual modo, ^{Mainardes (2018)}, indica que los últimos dos contextos pueden ser explorados en dentro de los contextos primarios, ya que el contexto de “los resultados/efectos” está estrechamente vinculado al contexto de “la práctica” y las “estrategias políticas” está correlacionado al de “influencia”. Bajo esta visión, analizamos las redes políticas a partir de las fronteras difusas entre el Estado y la Universidad, expuestas en los contextos del ciclo, donde la proliferación de un concepto sobre Acceso Abierto en los espacios políticos, se diversifica o disocia (^{Ball, 1994}). En virtud de lo anterior, elaboramos una crítica (deconstrucción) acerca de la producción y consumo de las políticas educativas con ciertas peculiaridades en el tiempo, espacio y condiciones sociales que se desempeñan en términos concretos del país.

Para hacer esta tarea comprensible, nos apegamos al recorte que evidencia un punto clave en la movilidad de las políticas hacia el Acceso Abierto. Este punto se presenta en el año 2013, con la aprobación de la Ley de Infogobierno (^{Venezuela, 2013}), que concentró todas las leyes y decretos que comprenden el uso de las Tecnologías de Información Libre (TIL) en Venezuela, entre ellas las del Acceso Abierto, a fin de establecer, legalmente, una nueva configuración económica, política, social, educativa y cultural. Estas acciones iniciaron en la presidencia de Hugo Rafael Chávez Frías y continuaron, de forma contradictoria, en la presidencia de Nicolás Maduro Moros. Este recorte temporal, lo justificamos por el hecho de que, en el escenario contemporáneo, aún se encuentra en vigencia esta ley, que recrea, recolecta y controla el acceso sobre los datos a partir de los principios de inclusión y soberanía, acompañado de diferentes convenios o reformas.

Finalmente, la idea de contextos ofrece la posibilidad de una lectura no unilateral, pero sí multidisciplinaria y global, al percibir que las etapas del ciclo no ocurren aisladas las unas de las otras, por el contrario, se entrelazan en un movimiento de interacción que les permite complementarse, lo que las hizo indispensables para abordar nuestro objeto de estudio. Asimismo, anunciamos este abordaje, debido a que los acontecimientos contemporáneos en Venezuela, sobre su crisis económica proveniente de problemas políticos y sociales, trajeron como consecuencia que los intereses del Estado se dirigieran al acceso a las informaciones y a los datos, por lo que el desarrollo del conocimiento a partir de las tecnologías se tornan elementos fundamentales y estratégicos para la construcción de un gobierno digital en el país.

UNA MIRADA AL ACCESO ABIERTO

La definición del Acceso Abierto (AA) ha sido actualizada en varias oportunidades. Una de las principales definiciones surge de la Budapest Open Access Initiative (BOAI) en el año 2002 (^{JLIS.it, 2012}), que lo entiende como la creación de contenido tanto para leer como para reutilizar. Posteriormente, la Declaración de Berlín (ver Cuadro 1 [1]) ¹ propone las reglas para que el AA pueda ser posible. ^{Mamiko Matsubayashi y colaboradores (2009)} presentaron diferentes características sobre el AA, al afirmar que es digital, está en la red y, de alguna forma, es gratuita. Mientras que Xiaotian ^{Chen y Tom Olijhoek (2016)} piensan en el AA como un espectro, que les permite medir el nivel de abertura.

Las interpretaciones entre los distintos grupos e interesados sobre el AA difieren. Sin embargo, la Declaración de Budapest, editada a los 10 y 15 años respectivamente (^{BOAI, 2012}; ²⁰¹⁷), consideró usuarios, autores e instituciones, y presentó, de manera sencilla, una definición que pasamos también a utilizar:

Por “acceso abierto” a esta literatura [de investigación], nos referimos a su disponibilidad gratuita en la Internet pública, permitiendo a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o vincular a los textos completos de estos artículos, rastrearlos para indexar, pasarlos como datos al software, o usarlos para cualquier otro propósito legal, sin barreras financieras, legales o técnicas que no sean las inseparables de obtener acceso a Internet en sí. La única restricción en la reproducción y distribución y la única función del Copyright en este dominio debe ser otorgar a los autores el control sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser reconocido y citado correctamente. (^{BOAI, 2017}, s.p.)

Adoptamos esa perspectiva, que ha influenciado a las diferentes comunidades entre ellas, la académica, ya que comprende acceder a la información con la única restricción de reconocer al autor en su reproducción, lo que permite colaborar, (re)producir y (re)distribuir bienes culturales entre los autores y usuarios. Este escenario, de disputa global, lo asociamos al surgimiento de los movimiento de software libre, aquel software donde el código fuente está disponible y que respeta cuatro libertades que fueron definidas desde a su creación.² Richard Stallman un importante líder del Movimiento Software Libre crea el concepto de Copyleft, específicamente para el mundo de los softwares como un juego semántico con la palabra Copyright, que en inglés significa derecho del autor, sin embargo, como también la palabra right significa derecha, él crea el concepto de Copyleft (donde left, en inglés, es izquierda), para indicar que los derechos de aquel software son libres. A partir de allí, Stallman, a través de la Free Software Foundation, creada por él, inicia la construcción de la Licencia Pública General (General Public License, GPL en inglés), para los softwares y, por consecuencia, varias otras licencias comienzan a surgir para otros bienes que no son solo softwares.

Laurence ^{Lessig (2004)}, con base en la legislación vigente, desarrolló, a partir de la idea de permiso, un sistema de licenciamiento que ofrece la posibilidad a aquellos autores que deseen ampliar el uso de sus obras, ofreciendo garantías legales sobre la propiedad de las mismas. La idea fue ampliar las reglas impuestas sobre la propiedad intelectual para que los usuarios puedan acceder, usar, copiar, modificar o distribuir las informaciones, y, para tal efecto, creó el conjunto de licencias denominadas Creative Commons (CC).³ Actualmente, la “lista de licencias” (ver Cuadro 1 [2]) ofrece la posibilidad de definir las condiciones de uso de los bienes culturales considerando desde la liberación amplia (equivalente al Copyleft) hasta un conjunto de restricciones para algunos casos específicos, es decir, autores que desean reservar solo algunos derechos. En el ámbito del sistema Creative Commons, podemos decir que una licencia de tipo “CC-BY” de Creative Commons, que permite compartir y adaptar los bienes culturales con la restricción única de citar al autor, traduce la esencia sobre la definición de Acceso Abierto en la Declaración de Budapest (^{BOAI, 2017}). Comprendemos, entonces, que el AA además de ser un modo de acceso a la información que permite a investigadores exponer su conocimiento de manera que beneficie a los involucrados (productores y lectores-reproductores) económicamente, también redefine el pensamiento social hacia prácticas comunes, de acceso para todos y en colaboración.

Es importante destacar que, así como el internet permite la difusión de los bienes culturales a niveles globales y aumenta el interés mediante lecturas, citas y difusión del trabajo desarrollado, también presenta algunos muros. Inicialmente, encontramos la barrera de acceso a internet, una tarea pendiente de estados y naciones. A medida que el acceso a internet se masificó, la inversión privada se multiplicó y, de este modo, el desarrollo se concentró en manos de grandes corporaciones (superando también fronteras) con modelos de rentabilidad que absorben o eliminan la competencia, al punto de convertirse incluso en los principales monopolios transnacionales contemporáneos (^{Pretto, 2017}), que actúan construyendo verdaderos jardines murados, un ecosistema de comunicación controlado por el operador del sistema, con una fuerte ruptura a la neutralidad de la red (^{Silveira, 2017}). Estos elementos, impuestos por la economía, geografía, políticas públicas, entre otros, limitan el uso, ya sea por los altos costos en la infraestructura, ancho de banda, acceso a zonas foráneas o por los servicios adicionales, que varían de acuerdo a nuestra ubicación geográfica.

No obstante, aquellos que sobrepasan la primera barrera (conexión), encuentran otro obstáculo: que el 72% de las publicaciones científicas continúan encerradas detrás de un muro de pago (Paywall), sistema que limita el acceso, cobrando tasas tanto para los autores publicar sus artículos, como para los usuarios tener acceso a esas publicaciones a través del sistema de suscripción (^{Piwowar et al., 2018}). Esos altos costos de acceso llevó a centros de difusión de conocimiento, como universidades y bibliotecas, a cancelar sus suscripciones como una forma de protesta contra el oligopolio de las grandes empresas editoriales. Ese movimiento se quedó conocido como “El costo del conocimiento” (ver Cuadro 1 [3]) y fue liderado por el matemático Timothy Gowers en el año 2012 con la creación de un manifiesto que pregonaba el boicot a la editora Elsevier y que tuvo una rápida adhesión de los investigadores de todo el mundo.

A partir de lo anterior, “[…] se han desarrollado varias herramientas para proporcionar acceso, tanto legal como ilegalmente, a la literatura académica […]” (^{Piwowar et al., 2018}, p. 14, traducción nuestra), con especial énfasis a las comunidades de Acceso Abierto que van organizándose, con muchos usuarios a través de internet, al desarrollar o mantener espacios digitales para almacenar y distribuir las informaciones, a ejemplo de unpaywall.org, que funciona como base de datos abiertos de artículos académicos. Una gran parte de los investigadores a nivel mundial que colaboran con este pensamiento, de liberar el conocimiento, pertenece a entes o instituciones públicas (^{Piwowar et al., 2018}) donde se suele emplear fondos del Estado, que es en realidad dinero público.

A medida que el Acceso Abierto se fue desarrollando, pasó a incorporar diversos tipos y subtipos de plataformas que disponen artículos académicos de manera libre y abierta. Con esa ampliación en todo el mundo, algunos de los proyectos utilizan métodos no legales para viabilizar el acceso a las publicaciones, lo que nos obliga a discutir también sobre la ética del investigador respecto a la llamada copia ilegal. ^{Piwowar y colaboradores (2018)} mencionan que los subtipos de AA para los investigadores son amplios, sin embargo consideran, a ocho de estos como las más comunes (ver Cuadro 2).

Hasta ahora, podemos distinguir como la Declaración de Budapest (^{BOAI, 2017}) logró tomar en cuenta las diferentes ideas en las redes de discusión y consolidar sus principales variables en un nodo de convergencia, lo que materializó la comprensión sobre el Acceso Abierto y sus subtipos, a fin de consolidar su aceptación en las diferentes grupos o comunidades, entre ellas, la académica. De este modo, queda en evidencia el debate de los diferentes grupos o comunidades globales e internacionales para contribuir en la construcción de políticas, por lo que el concepto de Acceso Abierto es una simbiosis entre el discurso y la acción, para colocarlo en práctica. Sin embargo, ^{Ball (1994)} nos alerta que entre las diferentes redes que intervienen en la construcción de las políticas, encontramos las influencias de actores políticos, gobiernos y Agencias Multilaterales, los cuales no siempre están de acuerdo o en sintonía con los debates de los diferentes actores involucrados. Además, implementar el concepto de AA como lo dispone la ^{BOAI (2017)}, es encaminarse a generar una serie cambios estructurales que inicialmente promuevan la implementación de políticas que enfrentan la exclusión social, es decir, en defensa por una justicia social (^{Ball, 1994}), hecho que contraria a las editoriales y sus finalidades de lucro.

Finalmente, a partir de estas consideraciones, podemos presentar una mirada amplia del AA en el contexto local venezolano y sus universidades, ya que no basta solo con leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o vincular los bienes culturales, sino practicar y valorar el trabajo desarrollado por los investigadores, al respetar las citas o difusión para cumplir con un verdadero Acceso Abierto. De este modo, grupos sociales deben formarse en la práctica del AA y con ello situarse ante la complejidad de los discursos que les permita la reconstrucción de una determinada postura coherente con su cultura y no solo con el ofrecido por instituciones del Estado, prescriptivo y/o legitimado por grupos hegemónicos.

INFLUENCIAS, ESTRATEGIAS Y PRODUCCIONES SOBRE EL ACCESO ABIERTO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VENEZUELA

La perspectiva de gobiernos Abiertos que buscan dar transparencia a las acciones públicas de las administraciones de los países ha crecido en todo el mundo. Por tanto, el Acceso Abierto a las informaciones deben estar disponibles para que puedan ser accedidas por cualquier institución pública, privada, nacional y/o internacional, así como por investigadores, científicos o cualquier ciudadano que desee hacer uso de estos datos, por ejemplo, para ejercer una contraloría social. De este modo, el espacio digital es un gran aliado para ejercer esta contraloría, ya que es un territorio que nos posibilita la construcción y reconstrucción de conocimiento por medio de la producción y circulación de las informaciones que se generan en este espacio.

En este sentido, el ciberespacio (^{Lévy, 1999}) amplía la acción sobre lo político al permitir que diferentes actores y grupos sociales pasen a comunicar y colaborar entre sí, de diversos modos, por ejemplo, con una atenta mirada en las informaciones gubernamentales abiertas que les posibilita certificar la transparencia de la gestión gubernamental. Aquellos países que presentan el Acceso Abierto en sus leyes tienen el deber de presentar las diferentes informaciones públicas en formatos abiertos e interoperables de modo que sea posible la reorganización, redistribución y republicación de las informaciones en formatos comprensibles para todos los ciudadanos, y no solo para especialistas en el área, generando, así, mayor participación colectiva y colaborativa de los ciudadanos.

Las acciones para consolidar el Acceso Abierto iniciaron de la mano de la Organización de los Estados Americanos (^{OEA, 1996}) y la Organización de las Naciones Unidas (^{ONU, 2004}), que pasaron a considerar la información como Derecho Humano, además de establecer unas fases específicas que permitieran la rendición de cuentas sobre la propia gestión de la información. Con ello, se estimuló a los diferentes Estados a disponer sus presupuestos, contrataciones públicas, entre otros documentos oficiales, para la consulta en la red (^{OEA, 1996}; ^{ONU, 2004}). Para alcanzar estos derechos en Latinoamérica, la influencia del caso “Marcel Claude Reyes y Otros vs. Chile”⁴ en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (^{CIDH, 2006}) fue fundamental, ya que allí se estableció a los Estados pertenecientes a este grupo, tres términos de responsabilidad para restringir la información considerada como pública, a saber: estar “previamente fijadas por ley”, “responder a un objetivo para asegurar el respeto a los derechos”, y, finalmente, “ser necesarias en una sociedad democrática” (^{CIDH, 2006}, p. 47). La CIDH reitera que, en una sociedad democrática, es fundamental divulgar y liberar el acceso a todas las informaciones, además, hace responsable al Estado de cumplir con estos términos, lo que asegura unas reglas de juego para el acceso a la información transparente y al alcance de todos.

En términos de legislación, el movimiento en torno de las libertades del conocimiento ha crecido y, en Latinoamérica, el levantamiento realizado de forma colaborativa por la Free Software Foundation Latin America (FSFLA) (ver Cuadro 1 [4]) presentó algunas evidencias e indicios de leyes o proyectos que fueron desarrollados de manera exitosa en 13 países latinoamericanos hasta el 2013, lo que permitió la reproducción en otros países vecinos en la región.

Venezuela se valió de estos convenios hasta alcanzar un gobierno electrónico en donde sus ciudadanos pudieran desarrollar un rol protagónico. Producto de la reforma a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (^{Venezuela, 1999}), se promovió la participación ciudadana como principal medio para que el pueblo ejerza su soberanía, incluyendo la libertad para cualquier tipo de creación cultural y el reconocimiento del derecho a la propiedad intelectual de la obra creada. Para resguardar la gestión y la legalidad en el uso del patrimonio, fue necesario una ley para ello. Los diferentes intentos sobre políticas de acceso a la información desarrollados en el país (^{Alvarado et al., 2016}), fueron expuestas en la Ley de Infogobierno (^{Venezuela, 2013}), que derogó el marco normativo previo conocido como el Decreto N° 3.390 de fecha 23 de diciembre de 2004 y la Ley sobre Acceso e Intercambio Electrónico de Datos, Información y Documentos entre los Órganos y Entes del Estado de fecha 15 de junio de 2012.

El marco normativo actual, presente en el Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI) (ver Cuadro 1 [5]), apoya el Acceso Abierto, sin embargo, la Ley de Infogobierno (^{Venezuela, 2013}, p. 2) representa la base fundamental que somete a todos los órganos nacionales, a “Universalizar el acceso de las personas a las tecnologías de información libres y garantizar su apropiación para beneficio de la sociedad.”. Para cumplir con sus fines, la Ley se vale de la contraloría del CNTI y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria Ciencia, Tecnología (MPPEUCT) (ver Cuadro 1 [6]). La ley vela por el empoderamiento del Poder Popular; la transparencia; la democracia participativa y protagónica; la organización y funcionamiento del Poder Público; reglamenta y estandariza en el uso de las tecnologías de información; orienta la adquisición, desarrollo, investigación, creación, diseño, formación, socialización, uso e implementación de las tecnologías de información libres; y, por último, crea las bases para el Sistema Nacional de Protección y Seguridad de la Información y la independencia tecnológica.

La referida Ley reproduce la definición de “acceso abierto” (^{Venezuela, 2013}, p. 3) de la Declaración de Budapest (^{BOAI, 2017}). Asimismo, consideramos que, al igual que ^{Ball (2002)}, tenemos una bricolaje, pues se evidencia el sentido en que se incorporan fragmentos y partes de las ideas de otros contextos en dicha Ley venezolana, es decir, el Estado comprende como principios interconectados y recíprocos, los movimientos globales en sus espacios locales. Asimismo, Venezuela, al incorporar una reproducción de la Declaración de Budapest, está obligada a transitar las informaciones con AA, aunque la restricción de acceso a internet está siempre presente.

Según los datos compilados por We Are Social y HootSuite, en el año 2019 (ver Cuadro 1 [7]), el internet, en Venezuela (32,21 millones de habitantes) (ver Cuadro 1 [8]), posee una penetración en la sociedad del 60%. Lo más relevante de estas estadísticas es que el país presenta una gran actividad en las redes sociales (40%), con conexión móvil del 30%. Sin embargo, los datos expuestos por We Are Social y HootSuite solo pueden ser comparados con los datos del cuarto trimestre del año 2019 presentados por CONATEL (ver Cuadro 1 [9]), en el cual exponen que la penetración de los usuarios fue del 62%, al considerar que a finales del año 2013 fue del 102,6%. Cabe destacar que, en el informe inicial de We Are Social y HootSuite sobre el año 2020, Venezuela no fue considerada y CONATEL aún no expone nuevas estadísticas al respecto. La empresa Speedtest Global Index (ver Cuadro 1 [10]), indica que la conexión promedio en Venezuela es de 4.15Mbps en la banda ancha fija y de 7.57Mbps en la red móvil, comparadas con el promedio de la conexión global que es de 81.46Mbps en la banda ancha fija y 34.51Mbps para la red móvil. Los datos expuestos por CONATEL (ver Cuadro 1 [11]) para el primer trimestre del año 2018, evidencia que la conexión promedio es mucho más baja, de 2.60Mbps en la banda ancha fija y de 0.91Mbps en la red móvil. Estos datos evidencian el deterioro exponencial que enfrentan los venezolanos diariamente respecto a los servicios de telecomunicaciones en el país, para el acceso a las informaciones.

Por otra parte, el Centro Nacional de Tecnología de la Información (CNTI) del gobierno de Venezuela publicó, en el 2012, las estadísticas sobre la Migración en la Administración Pública Nacional (ver Cuadro 1 [12]) al software libre, base fundamental para el AA presente en Ley de Infogobierno (^{Venezuela, 2013}). En estas estadísticas, donde solo 203 instituciones comparecieron, se reflejó que el 51,14% usaba el Sistema Operativo (SO) Canaima (ver Cuadro 1 [13]), distribución Linux/GNU desarrollada por venezolanos. Lo más relevante es que se desconoce la situación actual.

En consideración a las acciones del estado venezolano para que las informaciones transiten con Acceso Abierto, visibles para todos, destacamos:

Aquí, el Acceso Abierto busca tomar sentido en distintos espacios de la praxis social, a pesar de que la apertura de los datos se encuentra en acciones incipientes, es decir, en la búsqueda de superar cualquier barrera que se establezca. Con ello, concordamos con ^{Apple (2004)} cuando hace mención que los Estados orientan su discurso a la inclusión social, pero, por otro lado, sus instituciones establecen murallas. Lo que trae como resultado que las informaciones no transiten de manera visible para todos segundo los principios de lo Acceso Abierto y más que todo identificamos algunas de esas acciones que se encuentren sin soporte o sin actualización, tal es el caso de:

La discontinuidad de todas estas importantes acciones revela la situación del país que, a pesar de no disponer de estadísticas actualizadas, evidencia la incongruencia del Estado con las políticas del gobierno digital. Otro ejemplo es la situación de la Ley Sobre el Derecho de Autor (^{Venezuela, 1993}), que presenta casi tres décadas de vigencia y que no atiende ni dialoga con otros documentos legales, tal es el caso de la Ley de Infogobierno. La legislación de Derecho de Autor abarca a diferentes sectores, entre ellos el económico, social, cultural y educativo, los cuales son dinámicos y demandan una ley que se pueda (re)configurar con ellos, debido a los aspectos contemporáneos como el digital y el internet. Del mismo modo, grupos locales o internacionales, que buscan promover y aproximarse a una autonomía para cumplir con el rol de contralores sociales en las acciones públicas del gobierno, se ven perjudicados, principalmente por la infraestructura de acceso a internet.

En un plan mundial, percibimos una reducción del universo investigado por el Barómetro de los Datos Abiertos que en su quinta edición (2018) (ver Cuadro 1 [25]) fueron elegibles solo 30 países de acuerdo con los principios del Acceso Abierto, opuesta de su versión anterior (2017) (ver Cuadro 1 [26]), donde su alcance fue mayor al considerar 115 países. Este hecho limita a los investigadores, que observan cómo el acceso a las informaciones del Estado se ha transformado en especie de un callejón sin salida donde la constante incertidumbre reitera las “confrontaciones y luchas de poder” (^{Ball, 1994}; ^{Creswell, 2012}) vividas dentro del Estado, al reestructurar la norma de apertura de los datos de manera contraria, es decir, con una omisión por defecto. En suma, para la situación de la Venezuela, este escenario de incertidumbres en todo el país genera que las acciones que buscan promover actividades favorables para los ciudadanos sean desalentadoras, por lo que consideramos que tales acciones del Estado al encontrarse lejos de ser articulada y coherente, no se sostienen más allá del discurso ideológico (^{Ball, 1994}).

REALIDAD DEL ACCESO ABIERTO EN LAS UNIVERSIDADES NACIONALES DE VENEZUELA

Las universidades venezolanas adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria Ciencia, Tecnología (MPPEUCT), tiene como misión el cultivo del conocimiento, el sentido crítico y la formación de los ciudadanos. Actualmente, Venezuela posee 80 Instituciones de Educación Universitaria (ver Cuadro 1 [27]), incluyendo cinco universidades nacionales (ver Cuadro 3), de carácter público, que han presentado diferentes barreras internas para responder a las solicitudes del Estado. La Ley de Universidades (^{Venezuela, 1970}) tiene cincuenta años sin ser alterada, garantizando el carácter de ser autónomas, lo que les permite recrear sus normas en la organización, la academia, la administración de sus autoridades, así como en la economía y finanzas. La ley expresa que las universidades nacionales tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, y el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico tiene por finalidad estimular y coordinar la investigación en el campo científico, además del dominio de los estudios humanísticos y sociales. Esta ley no presenta ninguna otra relación directa con la producción de bienes culturales, a no ser aquellas que el gobierno nacional impone sobre ellas.

Las cinco universidades nacionales de Venezuela han ajustado sus áreas de investigación en el aspecto digital para dar respuesta a las leyes del Estado. Para ello, las universidades, crearon repositorios digitales institucionales, que nos permitieron reflexionar si las producciones de conocimiento fueron consideradas bienes públicos o privados, de igual forma, si estas atienden al Acceso Abierto que manifiesta el Estado. Es decir, a la incorporación de mensajes particulares que priorizan el macrocontexto frente a otros (^{Ball y Mainardes, 2011}), en este caso específico, aquellos mensajes o ideales establecidos en la Ley de Infogobierno, que establece las acciones que las instituciones educativas deberían realizar de manera diferente. Sin embargo, debemos recordar que las políticas pasan por procesos de traducción, reinterpretación, recontextualización y recreación que obligan a pensarlas en diferentes escenarios, lo que nos permite apuntar las implicaciones en el contexto de las prácticas.

Como parte de nuestras investigaciones, destacamos que tanto las páginas web como los repositorios donde están alojados en los servidores de las universidades presentaron dificultad en el acceso, debido a las fallas eléctricas y de conexión a internet que ocurren en el país, lo que generó el error fuera de línea como respuesta de los servidores en innumerables oportunidades. Respecto a los aspectos técnicos de los repositorios de las universidades, encontramos que la mayoría utiliza DSpace Software, repositorio que pertenece a una organización sin fines de lucro y que proporcionan “tecnologías abiertas” (ver Cuadro 1 [28]). Al contrario de la Universidad del Zulia, que utiliza el repositorio “vS2.04”, desarrollado para fines académicos, que no especifica en su descripción el tipo de licencia.

En el caso de las licencias utilizadas, la Universidad de Oriente utiliza Copyright, considerados como no AA, sin embargo, las revistas científicas, basadas en un repositorio abierto, comparten el contenido como CC-BY considerado Libre AA. La Universidad Central de Venezuela y Universidad de los Andes utilizan las licencias CC-BY-NC-ND, consideradas Gratis AA; a pesar de usar un repositorio de AA, su contenido no lo es en su totalidad. La Universidad del Zulia inició sus publicaciones con Copyright, no obstante, hace una aclaratoria sobre el uso del AA de la Biblioteca Digital con la inserción al Registro de Repositorio Acceso Abierto (Registry of Open Access Repositories – ROAR) (ver Cuadro 1 [29]), aprobado según RCU 03767.2012 (ver Cuadro 1 [30]), lo que la considera como Libre AA. Finalmente, la Universidad de Carabobo utiliza una licencia CC-BY, que es considerada Libre AA.

Al preguntarnos por las otras universidades, el repositorio de acceso abierto de la ROAR, ubicado en la Universidad de Southampton, Reino Unido, que forma parte de la red Eprints.org, identifica que la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Universidad Simón Bolívar, Universidad Nueva Esparta y Universidad Católica Andrés Bello tienen repositorios considerados Libres AA. Ahora bien, la Universidad que forma Educadores a nivel nacional, Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), presenta un repositorio (ver Cuadro 1 [31]) que opera en el sistema DSpace, sin embargo, sus publicaciones están bajo la licencia de Copyright. En postgrado, la UPEL, tienen treinta revistas bajo políticas de AA en repositorios de Open Journal Systems (ver Cuadro 1 [32]) que se pueden considerar del subtipo Libre AA.

ALGUNAS OBSERVACIONES FINALES

Podemos observar que el Estado venezolano inició con celeridad los cambios para la construcción de un nuevo sistema social, lo que conlleva a generar conocimiento tanto teórico como técnico que esté al servicio de los ciudadanos. En este sentido, Venezuela creó una Ley de Infogobierno (^{Venezuela, 2013}) basada en los principios internacionales para la apertura de los datos con Acceso Abierto, apuntando a una reorientación de la agenda de gobierno, con mayor inclusión, transparencia y pertinencia social. A pesar de ello, las prácticas del Estado, con relación a la abertura de los datos públicos, evidencian una falta de compromiso oficial, por lo que los proyectos operacionales no se concretan o autosustentan en el tiempo. ^{Ball (1994)} y ^{Tello (2015)} mencionan que las políticas educativas se recontextualizan en cada locus de acción, debido a que se piensa, se hace y recibe influencia de formas diferentes. De esta manera, Venezuela presenta grandes similitudes con este pensamiento, ya que las políticas se transforman en cada nivel de acción, de forma progresiva, por lo que la comunidad recrea las políticas de manera diversa o inestable, al evidenciar dificultades en la colaboración/negociación por los diferentes actores a partir de sus circunstancias o recursos institucionales. Al mismo tiempo, evidenciamos que tener una política pública es una condición necesaria, pero no es suficiente sin la aplicación de acciones concretas, que suponen reciprocidad e interdependencia.

Las Universidades Nacionales de Venezuela, a pesar de sus políticas tradicionales, buscaron adecuarse a las necesidades del Estado a favor del Acceso Abierto sin dejar de lado su autonomía. No obstante, observamos que existen aún contradicciones en la adopción de los patrones abiertos, lo que demuestra, por un lado, la no adopción de esas políticas y, del otro, la no comprensión integral de sus principios, una vez que encontramos situaciones donde toda la infraestructura utilizada está de acuerdo con los principios de la abertura y, los productos científicos están cerrados en Copyright. Esto podría traducirse también como una recreación de la academia sobre la articulación del Estado para adoptar el paraguas ideológico instaurado en el país (denominado Socialismo del siglo XXI). Por lo que la reflexión de ^{Apple (2004)} cobra sentido en nuestro escenario local, ya que la introducción y uso del lenguaje que viene impreso los ideales del Socialismo del siglo XXI, se manifiesta en las leyes de Venezuela como sentido común, estableciendo una nueva estructura social en el país que aún evidencia recreaciones o resistencias por los diferentes grupos sociales.

Finalmente, gracias a las discusiones que genera, el Acceso Abierto nos permite mejorar la equidad y aumentar la inclusión, lograr una mayor pertinencia social y elevar la calidad. De igual forma, eliminar fronteras y límites a la difusión del conocimiento es una política fundamental para garantizar procesos democráticos en la sociedad y, con especial énfasis en su incorporación como política pública en las universidades públicas, ya que contribuye al trabajo intelectual amplificado y democratizado, asociado a procesos educativos accesible para todos. Una educación con bases en el Acceso Abierto es fundamental, ya que, a partir de ello, tenemos la posibilidad de acceder, usar, copiar, modificar o distribuir el conocimiento.