Jaime Caiceo Escudero, Doctor en Educación, realiza en este libro un estudio minucioso sobre las Políticas Públicas en la Educación Chilena en un período de treinta años (1990-2020), en los tres niveles educativos que existen en el país, a saber, el nivel parvulario, el sistema escolar y la educación superior, abordando temas y situaciones que en la actualidad son debatidas en los medios de comunicación y en los poderes ejecutivo y legislativo.

La sociedad debe tomar conciencia y, en este texto queda claramente expuesto, la necesidad de las políticas públicas en educación y la descripción e interpretación de las leyes que sustentan la expresión de la misma, refiriéndose en ella a los últimos treinta años, indicando en forma explícita acerca de lo ocurrido a inicios del año 1990, donde los gobiernos postdictadura cívico militar implementaron una importante tarea referida a este tema, políticas que a juicio de la autora de esta reseña fue ambiciosa y que implicaban cambio e innovación, imperando de esta forma dinámicas de mercado establecidas durante la dictadura, las cuales se complementaron con acciones compensatorias del estado, provocando cambios al sistema imperante, aunque el propio autor del libro en comento, indique que más bien se agudizó el sistema imperante, a lo menos hasta el año 2014.

Se inicia esta reseña donde el autor manifiesta el conocimiento en América Latina el nivel educacional de Chile que ha dado un gran vuelco, por la mayor cobertura escolar, donde clarifica que se ha logrado una escolaridad promedio sobre 10 años, con una obligatoriedad de 12 años; de esta forma se desprende de estas palabras que es absolutamente comparable con países europeos, pero indicando que en estos últimos treinta años todo se ha centrado en cómo mejorar la calidad y la equidad en educación. Es relevante, además, lo que expone a nivel de la educación parvularia, en donde constata que existe un déficit cercano al 50% de las necesidades desde la sala cuna hasta los 5 años edad de los infantes, mostrando con ello un fuerte déficit en este sector. En cuanto a la educación superior es demostrable la expansión a partir de la reforma de 1965 de la educación chilena pasando en el plano del financiamiento, desde un sistema de casi gratuidad que existía en el año 1970 a un pago casi total a partir del año 1973, comenzando a cambiar estas formas hacia un sistema de gratuidad a partir del año 2016.

Esta investigación está dividida en seis capítulos que se desarrollan en sus 162 páginas y que en el primero de ellos el autor se refiere a la importancia de las Políticas Públicas en el sentido que se deben implementar con un apoyo mayoritario para que ellas se transformen en políticas de estado y no solo del gobierno de turno; si se logran en el primer sentido son permanentes en el tiempo.

En el segundo reflexiona sobre algunos aspectos importantes a considerar para mejorar algunas políticas públicas en la educación en Chile y proponer nuevas que se perciben como faltantes; lo que aquí plantea lo enunció en un Seminario en 2010, adelantándose a varios cambios que se iniciaron posteriormente. Para ello, propone las campañas públicas a través de los diferentes medios de comunicación, especialmente en televisión, dirigida a los padres de familia para que asuman su rol como los responsables en la formación de sus hijos mediante la educación, que los padres son los primeros responsables de la educación; mejorar sustancialmente la formación de los profesores, reformular el perfeccionamiento docente, lograr cobertura total en la educación parvularia, reformular la educación pública, aumentar el financiamiento de la educación escolar, básica y media, para garantizar el derecho a la educación de calidad para todos y todas, fomentar proyectos educativos de acuerdo a la idiosincrasia de cada región o grupo religioso; todo lo anterior lo propone con un único fin: mejorar la calidad de la educación, déficit diagnosticado en 1990, pero que después de 20 años, sigue pendiente.

En el capítulo tres, se refiere a la Políticas Públicas en torno a la Educación Parvularia; refiriéndose al resurgimiento de la educación parvularia en el mundo, en Chile y su desarrollo hasta 1989 a fin de entender las políticas públicas aplicadas desde la vuelta a la democracia: 1990-2019. En esta metodología utilizada en este y en los próximos capítulos se percibe su preocupación y conocimiento de la historia de la educación chilena. Constata y concluye al mismo tiempo que, a pesar de todos los esfuerzos realizados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles -JUNJI- e INTEGRA, las políticas públicas no han sido suficientemente efectivas, como para lograr una cobertura similar al nivel escolar, en que la cobertura es superior al 90% y en este solo el 50%; no obstante, se puede observar que al menos se logró un avance en el apoyo a las familias más vulnerables, dando importancia a las madres trabajadoras, a la interculturalidad, a la heterogeneidad, tanto en el campo como en la ciudad, refiriéndose también lo que ha producido diversidad cultural por la importante inmigración en estos últimos años.

En el capítulo cuatro, se refiere a las Políticas Públicas en torno al Sistema Escolar, basándose su estudio en el análisis histórico sobre este nivel hasta 1989, para posteriormente, referirse a las principales políticas públicas aplicadas en el período 1990-2019. Su recorrido lo inicia con la dictación de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria en 1920 y lo finaliza con el término de la dictadura cívico-militar; en ese período se refiere especialmente a la influencia del pedagogo John Dewey -que el Dr. Caiceo ha expuesto en numerosos artículos, recientemente en la Universidad de Columbia en donde trabajó el educador norteamericano y un libro-, la importancia de este gran maestro y cómo su pensamiento pedagógico fue fomentados en Chile por ilustres educadores, tales como Darío Salas, Amanda Labarca, Irma Salas y el sacerdote jesuita Alberto Hurtado. En el análisis de las políticas de los últimos treinta años, expresa que ha imperado el neoliberalismo en educación implementado durante la dictadura militar; se ha aplicado el principio de subsidiariedad, involucrando en forma determinante a los privados, los cuales muchas veces han buscado el lucro; de esta manera, se ha pasado del estado docente vigente en el país desde 1860 a un estado subsidiario; más aún, con el financiamiento compartido implementado en 1993 se agudizó el modelo; algo similar sucedió con la implementación de la ley de Jornada Escolar Completa -JEC-, en que con aportes estatales se apoyó la construcción de la infraestructura en los establecimientos particulares subvencionados, profundizándose el rol subsidiario del estado lo que condujo en el año 2006 a la llamada “revolución pingüina”, lo cual produjo un efecto al cambiar la Ley Orgánica Constitucional para la Enseñanza -LOCE-, promulgada el último día de la dictadura militar (10 de marzo de 1990) por la Ley General de Educación -LGE- en el año 2009, la cual no produjo el fin del estado subsidiario. No obstante lo anterior, con la vuelta a la democracia, hubo un robustecimiento de la educación en los sectores más desposeídos con los diferentes proyectos de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación -MECE-, la misma JEC tuvo un sentido social al permitir que los niños estuvieran más tiempo en los establecimientos educacionales, permitiendo que ambos padres pudieran trabajar, la Subvención Escolar Preferencial -SEP- para cubrir a los establecimientos con alumnos prioritarios en el 2008, el Programa de Inclusión Escolar -PIE- para contratar personal especializado para niños con Necesidades Educativas Especiales -NEE-, ya fueran transitorias o permanentes en el 2010, la LGE permitió la creación de la Superintendencia de Educación, con el objeto de controlar el buen uso de los recursos públicos, y la Agencia de Calidad, a fin de mejorar la educación. Finalmente, con la ley de inclusión de 2016 se inició el fin del lucro con platas públicas en educación y el fin a la discriminación en los procesos de admisión a los establecimientos educacionales.

En el capítulo quinto se describen las Políticas Públicas sobre Financiamiento de la Educación Superior en Chile: 1970-2020. Nuevamente hace un recorrido histórico para comprender cómo el estado comenzó a subvencionar a las universidades no estatales desde 1923, transformándose el país en algo atípico, especialmente desde que Chile formas parte de la OCDE; sin embargo, la dictadura militar comenzó a disminuir fuertemente el porcentaje de apoyo a los presupuestos que eran de alrededor del 90% a un nivel cercano al 15% en lo que se denominó Aporte Fiscal Directo -AFD-; al crear, a su vez, nuevas instituciones de educación superior: universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, se estableció un nuevo Aporte Fiscal Indirecto -AFI-, el cual beneficiaba a las instituciones que recibieran a los 27.000 postulantes que tuvieran los mejores puntajes en la prueba de admisión a la educación superior; esta disminución drástica del aporte estatal significó que todas las universidades, públicas y privadas, tuvieran que establecer altos aranceles a cancelar por parte de los estudiantes. Frente a esta situación, el Dr. Caiceo señala que al volver la democracia en 1990 se aumentaron en forma importante los préstamos y becas y como ello era insuficiente se estableció por ley en el 2005 el Crédito con Aval del Estado -CAE-, el cual se adquiría en bancos particulares con un interés de un 6% sobre el incremento del porcentaje del costo de la vida, denominado IPC; esta política no hace más que radicalizar la educación de mercado en el país y ha sido lo más criticado por los estudiantes con un paro importante en el año 2011. Esta situación cambiará cuando a partir del 2016 se entrega gratuidad al 50% de los estudiantes que están en las universidades acreditadas por lo menos por 4 años y que pertenecen al 50% de familias de menores ingresos; a partir del 2018 ese porcentaje de gratuidad se subió al 60%. Es el inicio del cambio de financiamiento de la educación superior.

Se refiere en el Capítulo Sexto a su experiencia vivida desde el ejercicio de la gestión académica y directiva de los establecimientos que él ha dirigido; con ello realiza un prolijo análisis sobre las políticas públicas y se percibe claramente su vasta experiencia como docente y directivo en el sistema escolar, y como académico en la educación superior. Ello demuestra un conocimiento profundo sobre la educación chilena, su calidad como docente, como investigador y gestor de establecimientos educacionales en los difíciles momentos actuales. La autora de esta reseña señala que este texto es producto de una profunda investigación, que considera todos los aspectos necesarios para fomentar una educación basada en valores, dado a la gran pasión por la enseñanza del Dr. Caiceo y buscando siempre en sus investigaciones una explicación científica de los hechos a partir de la realidad. A su vez, el logro de las políticas públicas, dependen en gran medida de todos los actores participantes en la educación, sobre todo de los directivos de los establecimientos y organizaciones educacionales, indicando, además, la relevancia de estos factores que son indispensables y que no se pueden lograr si no existe un líder que gestione los recursos y el estudio de todos los estamentos necesarios en el plano educativo.

El texto cuenta, a su vez, con una extensa bibliografía y con un anexo que incluye un análisis fenomenológico y hermenéutico de las políticas públicas estudiadas en el período abordado. Ello confirma que el ^{Dr. Jaime Caiceo Escudero} no descuida su formación inicial en el ámbito filosófico al desarrollar una temática propia de la gestión educacional y con un enfoque histórico. Como se ha podido apreciar, es una obra digna de estudiarla y comprenderla en profundidad.