EN el año 2015, los Estados Miembro de las Naciones Unidas acordaron cumplir 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año de 2030 (United Nations, 2015). En este contexto, la Sustainable Development Solutions Network (SDSN) nació como una iniciativa global que ayuda a las Naciones Unidas a lograr los ODS, y la SDSN de los Andes integró a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela con el objetivo de movilizar diferentes sectores públicos y privados. Según el informe de la SDSN (2018), afrontar las problemáticas socioambientales de ámbito local, nacional y regional requiere procesos de cooperación entre gobiernos, sociedad civil y sector privado.
En términos generales, la misión y visión de los ODS fueron bien acogidas por los gobiernos nacionales, organismos internacionales y agencias de cooperación para el desarrollo, así como por las ONGs de la sociedad civil. De forma sorprendente, el mundo académico también ha dado lugar a numerosos artículos, libros, seminarios, congresos, cursos y talleres centrados en reforzar el discurso de los ODS. Sin embargo, no hay un debate que los analice de manera crítica, intercultural y decolonial. Existen críticas académicas a los ODS, puesto que no cuestionan los pilares epistémicos fundamentales en los que se asientan las sociedades occidentales: la modernidad, el capitalismo y el antropocentrismo (Kowii, 2011).
Esta visión desarrollista, monocultural y occidental está imponiéndose en el imaginario colectivo de todos los países del mundo. En contraposición, este trabajo aborda los ODS desde un eje de enunciación paradigmático de las cosmovisiones de los pueblos indígenas originarios de los países andinos. Esto implica otras formas epistemológicas, culturales y políticas de ser, estar y actuar para lograr los ODS, que son decoloniales, postcapitalistas y biocéntricos. Cabe señalar que el artículo adopta una postura polilógica de los ODS, al ser un instrumento para aunar esfuerzos internacionales de gobiernos, sociedad civil y empresas de ámbito privado. Pero también considera que los ODS son un marco de referencia pluri-paradigmático y deben ser abordados desde una ecología de saberes (De Sousa, 2009). Esta postura académica implica un giro decolonial a los ODS que incluya otras formas de vida alternativas al concepto de “desarrollo” impuesto desde occidente (Maldonado, 2008).
Si queremos que las futuras generaciones puedan vivir de manera digna, debemos cuestionar el concepto de “desarrollo sostenible”, arraigado en el discurso político y académico. Para Escobar (1996) y Esteva (1997), los conceptos de “desarrollo” y “desarrollo sostenible” son una invención y un mito que debemos superar rápidamente. Desde el informe “Los límites del crecimiento” (Meadows et al., 1972), llevamos cuatro décadas creyendo que la idea de “desarrollo sostenible” solucionaría los problemas socioambientales. Pero ésta es una visión desarrollista simplista que carece de credibilidad científica.
Según aducen Wackernagel y Rees (1996), la huella ecológica que dejamos en nuestro planeta se ha multiplicado exponencialmente desde la década de 1970. De acuerdo a las estimaciones de Oberhuber (2004), entre 1990 y 2020 habrán desaparecido del 10% al 38% de la biodiversidad planetaria. Esto significa que los ODS representan una oportunidad innata para evitar caer en puntos de no retorno ecológico, que amenaza con la sexta extinción en masa (Pievani, 2014). Nos guste o no, todos estamos en la misma nave Tierra y debemos caminar hacia el bienestar común. Pero eso no implica imponer una visión cultural o una perspectiva desarrollista sobre las otras. Por el contrario, debemos enriquecernos mutuamente para diseñar culturas que restauren los recursos naturales y reconstruyan comunidades (Pauli, 2017).
Metodología y foco de la investigación
Este trabajo de investigación recopila estudios documentales para obtener información cuantitativa y cualitativa que profundice en la evolución económica, educativa y social de la Región Andina. Se ha utilizado una metodología analítica, sistemática e interpretativa sobre los datos e indicadores que abordan los ODS 1, 4 y 5. Entre los datos recogidos, se destacan los informes presentados por instituciones como el Banco Mundial (World Bank, 2020a), Comisión Económica para América Latina y el Caribe - Cepal (2020), Naciones Unidas (2015), ONU Mujeres (2015), Oxford Committe for Famine Relief - Oxfam (2016), SDSN (2018), Unesco (2015, 2020b) y otras instituciones e investigadores. Por tanto, el foco de esta investigación es analizar la evolución de estos países del año 2007 al 2017. Después se concluye con un abordaje intersectorial que identifica la situación de los sectores más desfavorecidos.
Cabe aclarar que, si bien este artículo busca alentar a gobiernos, sector privado, ONGs y sociedad civil a alcanzar las metas de los ODS 1, 4 y 5, también tiene el propósito de pensar críticamente sobre los planes, estrategias y políticas públicas de cooperación regional. La pesquisa persigue crear un espacio inter-epistemológico y transfronterizo que permita deconstruir la colonialidad intrínseca en los ODS (Collado, 2016). Según Hidalgo et al. (2019, p. 7), los ODS se sustentan en “. . . la colonialidad-patriarcalidad-heteronormalidad del poder-saber-ser, en el capitalismo y en el antropocentrismo. . .”, por eso proponen los Objetivos del Buen Vivir como praxis decolonial geopolítica. Para Hidalgo y Cubillo (2016), el buen vivir es una alternativa surgida en los países andinos, como respuesta al concepto de “desarrollo” impuesto desde occidente, que busca vivir en armonía con todos los seres vivos.
Inspirada en la filosofía de vida de los pueblos indígenas originarios de Abya Yala (América Latina), el buen vivir se ha configurado como una alternativa geopolítica al desarrollo occidental desde la década de 1990. Según Viteri et al. (1992), el Plan Amazanga fue elaborado por la Organización de los Pueblos Indígenas del Pastaza (OPIP) para gestionar los recursos naturales de la Amazonía, en oposición crítica al concepto de “desarrollo sostenible” propuesto por los organismos internacionales (Brundtland, 1987). Esta reacción indígena se ocasionó por la cosificación y objetivización que este concepto realiza sobre la naturaleza, puesto que excluye el carácter de entidad viva, sagrada y mítica que constituye la Pachamama, nuestra Madre-Tierra según las cosmovisiones andinas.
En la actualidad, el buen vivir surge como una alternativa geopolítica basada en la teoría crítica del desarrollo, iniciada por autores indigenistas (Dávalos, 2008; Bautista, 2010), ecologistas y posdesarrollistas (Acosta, 2013; Gudynas, 2011), socialistas (Ramírez, 2010; García, 2010), y por otros pensadores críticos (Latouche, 2006; Tortosa, 2009; Viteri, 2002; Walsh, 2003). Toda esta corriente de autores se opone al concepto de “desarrollo” impuesto por occidente, y defiende que esta noción no se ha logrado ni en los llamados “países desarrollados” ni en los “países en desarrollo” (Escobar, 1996). Por el contrario, defienden que las políticas económicas, sociales, culturales y ambientales han sido pensadas desde los pilares epistémicos excluyentes de la modernidad, que han dado lugar a la insostenibilidad ecológica actual (Naredo, 2000), a la colonialidad del poder (Mignolo, 2007; Quijano, 2000), a una crisis socioecológica (Craig, 2017) y al “mal desarrollo” o “mal vivir” en todos los países del mundo (Tortosa, 2009).
Por este motivo, no podemos seguir perpetuando el modelo de desarrollo occidental inherente a los ODS, y debemos concebir otros horizontes geopolíticos pensados desde las formas de vida de los pueblos andinos y de Abya Yala. En este horizonte camina el presente trabajo, cuyo propósito es posicionar el discurso de los ODS desde la realidad pluri-paradigmática que caracteriza a los países de la Región Andina. Si bien se abordan los ODS 1, 4 y 5 desde una visión crítica que busca superar las falacias cognitivas, el epistemicidio y el carácter monocultural que todo proyecto de la modernidad conlleva (De Sousa, 2009), también se abordan con el espíritu de ayudar a conseguirlos. En última instancia, representan un grito de esperanza para millones de personas que viven en la más extrema pobreza y miseria.
Análisis comparativo de pobreza, educación y género en la Región Andina (2007-2017)
Este artículo sistematiza, analiza e interpreta distintos índices de pobreza, indicadores educativos y de género correspondientes a los siete países de la Región Andina durante el período de 2007 a 2017. En un primer momento, se describe la situación del ODS 1 referente a la erradicación de la pobreza, donde se comparan los índices de pobreza y riesgo de pobreza nacional, la feminización de la pobreza y la distribución del ingreso nacional. En un segundo instante, se aborda el ODS 4 referente a la educación, donde se estudian y comparan las tasas de analfabetismo nacional rural/urbano, la matriculación escolar neta de primaria y secundaria, y la tasa de culminación de secundaria. En tercer lugar, se aborda el ODS 5 referente a la igualdad de género, donde se analizan y comparan la población sin ingresos propios por género, la relación de salarios urbanos entre hombres y mujeres, y el porcentaje de mujeres en escaños parlamentarios. Para concluir, se hace un análisis intercultural para identificar la situación sociodemográfica de los grupos indígenas y afro, que sufren mayor pobreza y exclusión social en esta región.
¿Cuál es la situación del ODS 1 para erradicar la pobreza?
Al comparar las tasas de pobreza extrema a nivel mundial, el informe de 2015 de las Naciones Unidas (2015, p. 4) señala que “la cantidad de personas que viven en pobreza extrema se ha reducido en más de la mitad, cayendo de 1.900 millones en 1990 a 836 millones en 2015. La mayor parte del progreso ha ocurrido a partir del año 2000”. En los llamados “países en vías de desarrollo” se observa que entre 1990 y 2015 se ha logrado reducir de un 47% a un 14% la población que vivía con menos de 1,25 USD al día. Esto significa que en el año 1990 una de cada dos personas vivía en la pobreza extrema, con menos de 1,25 dólares diarios, mientras que en el año 2015 lo hacen una de cada cinco personas. “En 2011, casi el 60% de los mil millones de personas extremadamente pobres del mundo vivía en solo cinco países” explica el Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon (Naciones Unidas, 2015, p. 3).
Si bien estos datos son esperanzadores, existe el problema de monetizar la definición de extrema pobreza, ignorando otras dimensiones sociales. Además, los estudios e informes de los ODS no plantean las causas de esa pobreza y eso impide incidir en sus causas, como es la desigualdad en la distribución de la riqueza que imponen los mercados (Yunus, 2007). Para Sen (2009), lo importante es la capacidad efectiva de satisfacer sus propias necesidades (sea en términos monetarios, de especies o mercado), y no su nivel de ingresos. A nivel mundial, los mayores índices de pobreza extrema se dan en zonas rurales de Asia Meridional y África Subsahariana que no tienen salida al mar o que están afectados por conflictos bélicos (Sachs, 2005).
En el contexto de América Latina y el Caribe, el periodo de 2000-2010 ha sido el de mayor crecimiento económico de las últimas cuatro décadas. El desarrollo de políticas sociales activas ha derivado en un incremento de la clase media, especialmente en Argentina, Brasil y México. Según las Naciones Unidas (2015), este crecimiento ha disminuido la población que se encuentra en situación de pobreza, pero todavía hay unos 216 millones de personas en América Latina (el 38% de la población) que están en riesgo de vivir en condiciones de pobreza. Esto significa que todavía debemos invertir en políticas públicas de seguridad social que aseguren condiciones dignas a las familias en riesgo de la región.
Para analizar la pobreza, el Gráfico 1 estudia dos variables: la tasa de pobreza, definida como el porcentaje de personas que vive debajo de la línea de pobreza nacional medida por ingresos; y el riesgo de empobrecimiento. Este último indicador es representado por el porcentaje de personas con riesgo de caer bajo la línea de pobreza nacional al cubrir gastos médicos. Esta medida es de suma importancia en la región debido a que América Latina constituye la segunda región en el mundo con el mayor porcentaje de personas en riesgo (World Bank, 2020b).
En el Gráfico 1, se observa el comportamiento de estas dos variables en los años 2007 a 2017. En general, se halla que los patrones de pobreza han disminuido en todos los países de la región Andina, excepto en Venezuela que van en aumento. Se observa que el país más pobre de la región en ambos períodos de análisis es Bolivia. No obstante, Bolivia sobresale como el país con mejores resultados de reducción porcentual de la pobreza, seguida de Chile, Perú y Ecuador. De hecho, estos tres países son en 2017 las naciones andinas con menor pobreza por ingresos. Estos resultados se atribuyen al incremento en el número y alcance de programas sociales tanto en Perú como en Ecuador, producto del boom de los productos básicos, petróleo y cobre, durante este período (World Bank, 2019).
Es notable el caso chileno que, siendo el segundo país con menor tasa de pobreza en 2007, lleva a cabo una significativa lucha para obtener la mayor tasa de reducción y ser el país con el menor porcentaje de población pobre en 2017. Uno de los factores a los que se atribuye este resultado es la implementación del programa Chile Solidario, caracterizado por un enfoque multidimensional y multisectorial de la pobreza, que sustituyó las tradicionales transferencias monetarias por el fomento de las capacidades y competencias de la población más vulnerable (Larrañaga et al., 2014).
Resulta interesante también analizar lo que sucede con el porcentaje de personas en riesgo de caer en pobreza debido a gastos médicos. Nuevamente, este porcentaje disminuye de 2007 a 2017 en todos los países excepto Venezuela, y Bolivia se sitúa como el país con mayor porcentaje de población en riesgo, mientras que Chile es el país con menor porcentaje en ambos periodos. Perú y Ecuador nuevamente emergen entre los tres países con mayor riesgo de pobreza por gastos médicos en 2007. A pesar de presentar una significativa mejora, Ecuador continúa entre los países de peor desempeño en 2017, junto a Colombia y Bolivia. Perú, por otro lado, está entre los tres mejores gracias a que un 61% de la población dejó de estar en riesgo de pobreza, pasando de una tasa de 23 al 9%.
Desde un análisis crítico y decolonial, se puede discernir que aquellos países con porcentajes más altos de pobreza son también aquellos que presentan un mayor riesgo de pobreza, lo que da cuenta del nivel de vulnerabilidad de estas sociedades. Este hecho es de crucial importancia al considerar que la política social que ha permitido generar gran parte del progreso en la región ha sido financiada por el incremento en el precio de los productos básicos, fenómeno que ya no es parte del escenario global y que podría poner en riesgo ese progreso. Por tanto, resulta muy importante para los hacedores de política pública un enfoque orientado no solo hacia la pura evolución de la pobreza, sino también hacia la evolución de detonantes como son los gastos médicos.
Para extender el análisis del ODS 1, el Gráfico 2 presenta un índice de feminización de la pobreza, que muestra la gran disparidad de incidencia entre hombres y mujeres. Con la información disponible, se evidencia que las mujeres están mucho más afectadas que los hombres. Resulta preocupante, además, que esta feminización de la pobreza se ha incrementado en todos los países desde 2007 hasta 2017. Por lo tanto, a pesar de que la pobreza ha mejorado en el panorama regional, al transversalizar el análisis de género se observa que la situación de las mujeres ha empeorado de manera drástica.
Así como el ingreso económico permite lograr un estándar de vida digno, la forma en que se distribuyen estos ingresos entre los habitantes influye mucho en sus posibilidades para acceder a bienes y servicios disponibles. El Gráfico 3 muestra qué porcentaje del ingreso nacional está distribuido entre el quintil de población con mayores ingresos (más rico) y el quintil de menores ingresos (más pobre) de cada país durante 2007 a 2017. Una distribución equitativa implicaría la distribución de aproximadamente el 20% de ingreso en cada quintil.
Un primer análisis interpretativo a este gráfico muestra claramente que el porcentaje total del ingreso distribuido entre estos dos segmentos de población ha disminuido en todos los países. Esto significa un traslado de ingreso hacia los segmentos de ingreso medio, en línea con la evidencia que apunta hacia un fortalecimiento de la clase media en toda la región latinoamericana (World Bank, 2019). Esto se refuerza al observar que la concentración de ingreso en el segmento de población más pudiente se reduce en todos los países, mientras que para la población más pobre se incrementa, excepto en Chile.
Es notable la mejora en este indicador por parte de Bolivia y Ecuador, países que en el 2007 presentan la más alta concentración de ingreso en el segmento más rico de población, después de Colombia. En 2017, estos dos países presentan la mayor reducción de concentración en el sector de ingreso alto, en favor de los sectores de ingresos medios. Colombia, por el contrario, con una menor redistribución de ingreso, se mantiene como el país con peor desempeño. De forma general, también se observa que la distribución de ingreso ha mejorado para el sector más pobre de la región andina. Sin embargo, aún queda mucho camino para llegar a una sociedad más equitativa. Como propuesta para otras lecturas críticas a los indicadores de los ODS, Martínez (2009) argumenta que se requieren estrategias de codesarrollo que pongan en marcha políticas equitativas de redistribución de los recursos naturales que nos acerquen a modelos de vida menos perjudiciales para el medio ambiente y que permitan un desarrollo humano digno para toda la humanidad, presente y futura.
¿Cuál es la situación del ODS 4 para garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa?
Según las Naciones Unidas (2015, p. 24), “la tasa neta de matriculación de enseñanza primaria en las regiones en desarrollo ha alcanzado aproximadamente el 91% en 2015, comparada con el 83% en el año 2000”. La cifra de niños y niñas en edad de recibir educación primaria que no asistió a la escuela disminuyó a casi la mitad a nivel mundial, pasando de los 100 millones del año 2000 a unos 57 millones en el año 2015. Se estima que la mitad de esos niños y niñas que no asistieron a la escuela primaria viven en áreas afectadas por conflictos. Si bien la tasa de alfabetización de los jóvenes entre 15 y 24 años ha aumentado globalmente de un 83% a un 91% entre los años 1990 y 2015, el EFA Global Monitoring Report 2015 de la Unesco (2015, p. 3) calcula que “al menos 750 millones de adultos, cerca de dos tercios mujeres, no tendrán habilidades rudimentarias de alfabetización en 2015”. A pesar del notable progreso a nivel mundial, todavía existen muchos desafíos en la región andina para alcanzar la educación primaria y secundaria universal, gratuita, equitativa y de calidad.
El Gráfico 4 presenta información sobre la tasa de analfabetismo de la población de 15 años en adelante. A pesar de las limitaciones de este indicador, es interesante mostrar su comportamiento a nivel nacional, así como su heterogeneidad a nivel urbano y rural. Como se revela a nivel nacional, Venezuela, Chile y Colombia tienen el menor porcentaje de personas que no saben leer ni escribir en 2017. Al contrario, Ecuador, Bolivia y Perú presentan los mayores porcentajes de personas analfabetas. Se observa una disminución en la tasa nacional de analfabetismo en los países que se tiene información. Se puede interpretar que este progreso ha sido determinado por la variación en la tasa rural, pues la tasa urbana muestra una variación casi nula. Según la Cepal (2020), este indicador evidencia que existen grandes brechas en el nivel de alfabetismo entre zonas de residencia y entre grupos de edad. Particularmente en Bolivia y Ecuador, más del 30% de la población de adultos mayores a 60 años son analfabetos, porcentaje que llega al 50% y 43% en las zonas rurales de estos países, respectivamente. Esto pone de manifiesto la necesidad de profundizar en las propuestas de políticas públicas educativas que se desarrollan en las áreas rurales, puesto que son las que más sufren el analfabetismo estructural.
La educación primaria es fundamental para formar a estudiantes en habilidades básicas relacionadas con la lectura, escritura y matemáticas, pero también se proponen otras lecturas a los indicadores de los ODS que incluyan estudios enfocados en las habilidades sociales, cognitivas, emocionales y físicas clave para el desarrollo de los estudiantes (World Bank, 2020a). El Gráfico 5 permite observar que el país con mayor porcentaje de niños matriculados en nivel primario es Argentina, hallazgo que se mantiene en el mismo nivel en ambos períodos de estudio. Es importante destacar que la tasa de matrícula ha disminuido en toda la región, a excepción de Colombia y Argentina. Venezuela, por su parte, reporta el nivel más bajo de matrícula primaria. Teniendo este indicador de universalización de la educación primaria como sugiere la Unesco (2020b), se puede afirmar que la Región Andina se ha distanciado de este importante objetivo, por lo que se deben crear estrategias urgentes para mejorar las tasas de matriculación. Esta situación nos sugiere la creación de indicadores para los ODS que estudien los costos económicos que representa la matriculación de los estudiantes, tanto en instituciones públicas como privadas.
La educación secundaria logra desarrollar destrezas, habilidades y competencias para su desempeño personal. También prepara a los jóvenes para mejores opciones laborales, y les permite alejarse de ciertas actividades ilícitas y delictivas. Si bien varios países de la Región Andina han creado marcos normativos y han aprobado leyes educativas destinadas a expandir la enseñanza en este nivel, todavía se debe fortalecer la atención a la escolarización de los adolescentes (Claro, 2007). El Gráfico 6 expone la tasa de matrícula secundaria neta nacional. Es evidente que de 2007 a 2017 el indicador ha mejorado tanto de forma global como para hombres y mujeres en todos los países. Se observa que en el 2007 el país con mayor acceso a educación secundaria era Chile, mientras que en 2017 lo es Argentina. En la evolución de este indicador se destaca notablemente Ecuador, con un incremento de casi el 30% de jóvenes en el sistema de educación secundaria.
Al analizar la matrícula escolar neta nacional desde un enfoque de género, se interpreta que todos los países han mejorado el acceso al nivel de secundaria tanto a hombres como a mujeres, con pequeñas diferencias. Se observa que, en ambos períodos, la tasa de matriculación de mujeres es mayor que la de hombres, en toda la región. Este resultado aparentemente positivo para las mujeres podría invertirse al analizar la tasa de finalización secundaria debido a las altas tasas de embarazo adolescente que impiden la culminación de forma desigual a hombres y mujeres (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2016).
De forma complementaria, el Gráfico 7 presenta la tasa de culminación secundaria según el nivel de ingreso, para ofrecer una mirada a la inclusión educativa en los países de la Región Andina. A pesar de su relevancia, este indicador no dispone de un registro completo y la información presentada se refiere a distintos años para cada país. Si bien es posible analizar el escenario de cada país por separado, no permite hacer una comparación regional. En general, se observa claramente que la población de mayor nivel de ingresos (quintil 5) es más propensa a terminar la educación secundaria en cada país, revelando importantes inequidades que comienzan en la edad escolar. El país con mayor diferencia en las posibilidades de éxito escolar entre estratos económicos es Bolivia, donde el 90% de personas con ingresos altos termina la educación secundaria, mientras que solo el 16% de personas con escasos recursos lo logran. Por el contrario, el país con mayor tasa de culminación de educación secundaria es Chile, con un 97% en el caso del quintil más rico y un 74% en el quintil más pobre.
Por otro lado, cabe subrayar que todavía existen altos índices de embarazo entre las adolescentes de la región que les aparta de la educación secundaria. A su vez, la brecha entre los jóvenes que acceden a la educación secundaria en zonas urbanas y rurales también se mantiene. Esto nos lleva a considerar la urgente necesidad de crear propuestas de gestión educativa que se enfoquen en mejorar la calidad de servicios en las zonas rurales.
En suma, las metas educativas del ODS 4 deben asegurar los logros conseguidos, eliminar las disparidades de género, mejorar la formación docente y adoptar nuevos enfoques que enseñen las habilidades que se requieren para el siglo XXI. Además, se sugiere complementar los indicadores de los ODS con otras propuestas metodológicas que vayan más allá de la cuantificación, medición y conmensurabilidad de los conocimientos mediante instrumentos afines al mercado laboral. Es decir, una complementación cualitativa que incluya nuevas perspectivas de innovación educativa abiertas a la complejidad e integralidad de las personas: mediante una visión epistémica transdisciplinar, un diálogo de saberes intercultural y prácticas regenerativas comunales (Collado et al., 2019).
¿Cuál es la situación del ODS 5 para alcanzar la igualdad entre los géneros?
La educación de niñas y mujeres ha tenido un efecto multiplicador en todas las áreas socioculturales, pero todavía continúan existiendo brechas significativas entre los hombres y mujeres de la región (Cepal, 2017a). Tras los esfuerzos de gobiernos nacionales, sociedad civil e instituciones internacionales, muchas más niñas asisten ahora a la escuela que hace una década, y las mujeres han logrado mejores condiciones laborales y mayor visibilidad política en los gobiernos. Según el informe de Naciones Unidas (2015), un 64% de los llamados “países en desarrollo” ha logrado la paridad de género en la enseñanza primaria, y ello tan sólo se alcanzó en la educación secundaria por un tercio de los 148 países o territorios analizados.
El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe da seguimiento al ODS 5 definiendo 3 categorías, denominadas autonomías (Cepal, 2017b; Observatório de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, 2020); (i) económica, (ii) en la toma de decisiones, (iii) física. Debido a la disponibilidad de información, esta investigación analiza e interpreta las dos primeras. El Gráfico 8 representa, entonces, el porcentaje de población nacional que no percibe ingresos y la autonomía económica. Un primer patrón que se interpreta del análisis es que las mujeres tienen un porcentaje significativamente mayor en los dos períodos analizados y en todos los países. Esto significa que no perciben un ingreso que les permita ser económicamente independientes. En promedio, casi 3 de cada 10 mujeres es vulnerable económicamente en la región, frente a 1 de cada 10 hombres.
También resulta claro que este indicador ha experimentado una mejora de 2007 a 2017, señalando que hay más hombres y mujeres que perciben un ingreso. Asimismo se evidencia una mayor participación femenina en el mercado laboral, aunque las mujeres continúan siendo más vulnerables económicamente que los hombres. La evolución interanual muestra que los países donde más ha mejorado la situación de la mujer son Chile, Bolivia y Colombia. Estos dos últimos eran los países con la situación más desfavorable en 2007. En particular, la mitad de las mujeres bolivianas dependía de otra persona para su subsistencia económica en 2007. Ecuador, por otra parte, registra el menor avance en este indicador, ubicándose además como el país con mayor porcentaje de mujeres económicamente vulnerables en la Región Andina.
El Gráfico 9 muestra la relación entre hombres y mujeres que trabajan en zonas urbanas y reciben un salario. Este indicador se relaciona con el nivel de autonomía económica que una mujer posee y muestra cuánto gana una mujer por cada dólar que gana un hombre en cada país. La primera interpretación analítica es que no hay una relación equitativa entre salarios. Con respecto a 2007, se observa que la mayoría de los países ha avanzado hacia salarios más igualitarios, excepto Perú, donde esta relación se ha visto empeorada. Este país constituye en 2017 el lugar donde el salario de una mujer tiene mayor desventaja frente al de un hombre en toda la Región Andina. En 2007, este puesto lo ocupaba Bolivia. Por el contrario, los países con mayor igualdad salarial son Ecuador, Argentina y Colombia. Ecuador parece ser el país con mayor equidad salarial de la región, puesto que por cada dólar que gana un hombre, una mujer gana 0.99 centavos.
En este punto del análisis comparativo, se debe hacer un comentario crítico, puesto que los indicadores de los ODS enuncian la equidad de género desde una lógica heterosexual y binaria (hombre-mujer), excluyendo e invisibilizando los llamados géneros queer (Butler, 2007). Por eso no existen apenas datos que muestran la situación de estos géneros vulnerables. De ahí la necesidad de crear nuevos indicadores de ODS que incluyan estas perspectivas de género, con el fin de “no dejar a nadie atrás”. Además de luchar contra todas las formas de misoginia, violencia y discriminación que sufren las mujeres y niñas, también es necesario enfrentar las distintas formas de discriminación y violencia que padecen los demás géneros, como son la homofobia, bifobia, transfobia y queerfobia (Tin, 2003).
Para finalizar el análisis comparativo, se presenta un indicador de autonomía en la toma de decisiones de las mujeres. El Gráfico 10 representa el porcentaje de mujeres que ocupan un escaño en el parlamento nacional. La importancia de este indicador radica en que una mayor participación femenina permitiría orientar los discursos legislativos para ampliar y fortalecer los derechos de las mujeres (Cepal, 2017b).
Resulta relevante observar que todos los países han experimentado un incremento porcentual de mujeres participando en la toma de decisiones parlamentarias en el año 2017, excepto Argentina y Perú, que presentan disminuciones leves. Globalmente, el balance es positivo (ONU Mujeres, 2015). Los países donde hay mayor representatividad en 2017 son Bolivia, Argentina y Ecuador. Bolivia en particular presenta equidad parlamentaria de género, con el 53% de mujeres ocupando un escaño. Si bien estos datos son esperanzadores, los datos de los ODS deberían comenzar a desarrollar estudios que incluyan aquellos géneros LGBTI excluidos por la lógica binaria de sus indicadores. Un claro ejemplo es Brigitte Baptiste, primera mujer trans en ser rectora de una universidad en Colombia, o el caso de Sarah McBride, primera senadora estatal transgénero en Estados Unidos.
Conclusiones interculturales y decoloniales para cumplir los ODS en la Región Andina
Sin lugar a dudas, la disparidad económica, la desnutrición infantil, el acceso a la educación primaria y secundaria, y la inequidad de género continúan siendo factores limitantes para reducir el nivel de pobreza a corto, medio y largo plazo en la región. Más allá de investigar y analizar datos estadísticos, los científicos y académicos tenemos la responsabilidad ética de formular propuestas que ayuden a gobernantes y sociedad civil a (re)pensar políticas públicas y estrategias de cooperación regional. De hecho, los datos y argumentos de esta investigación nos llevan a proponer el enfoque intercultural y decolonial como un eje transversal en las políticas públicas, con el fin de rescatar las prácticas culturales, las cosmovisiones y las demandas sociales de los pueblos andinos (Candau, 2016).
En este sentido, Mignolo (2003) argumenta que los intelectuales europeos dejaron afuera el resto de epistemes y cosmovisiones de África, América, Asia y Oriente Medio. Es decir, llamaron historia y conocimiento “universal” a su propia experiencia “local”, excluyendo al resto del planeta. Esta visión epistémica estableció relaciones de poder coloniales que todavía perduran en la actualidad (Quijano, 2000). Para Walsh (2003), la colonialidad es la cara oculta de la modernidad, que todavía mantiene en silencio epistemológico a los saberes que fueron subalternizados y marginados, al considerarlos conocimientos no académicos.
Es por ello que muchos pensadores críticos de Latinoamérica abogan por establecer proyectos interculturales que rescaten estos saberes históricamente olvidados. Aquí resulta pertinente conceptualizar el término de “interculturalidad” como alternativa al sistema de valores impuesto por la idea de “desarrollo” de occidente. En esta línea de pensamiento, Dietz (2017) hace una revisión de la literatura antropológica y de las ciencias sociales para clasificar la noción de interculturalidad según tres ejes semánticos complementarios diferentes:
1) La distinción entre la interculturalidad como un concepto descriptivo en oposición a otro prescriptivo; 2) la subyacente asunción implícita de una noción de cultura estática, en oposición a una noción dinámica; y 3) la aplicación más bien funcionalista del concepto de interculturalidad, a fin de analizar el status quo de cierta sociedad, versus su aplicación crítica y emancipatoria, para identificar los conflictos inherentes y las fuentes de transformación societaria. (Dietz, 2017, p. 192).
Con estos tres ejes semánticos, Dietz (2017) organiza el complejo debate académico que aborda la diversidad cultural, con sus respectivas cosmovisiones y formas de vida. En su conjunto, las definiciones generadas sobre interculturalidad apuntan hacia la visibilización de prácticas y discursos decolonizadores (Rivera, 2010). La exclusión, subalternización e invisibilización epistemológica han dado lugar a una violencia estructural histórica que los hacedores de políticas deben confrontar en los espacios políticos y sociales.
Otra propuesta importante de esta investigación es iniciar un proceso de revalorización de las costumbres rurales andinas, puesto que su profundo sentido espiritual con la naturaleza les permite tener relaciones más resilientes y regenerativas (Viteri, 2002). Un buen ejemplo es el buen vivir, cuyas ceremonias del Inti Raymi son celebradas durante el solsticio de invierno en junio, con numerosas ofrendas a la Pachamama para agradecerle las cosechas obtenidas.
También se propone generar lineamientos para que gobernantes, policy makers y sociedad civil desarrollen campañas de políticas inclusivas hacia los sectores sociales más desfavorecidos, como lo son los pueblos indígenas y afrodescendientes. La discriminación, el racismo y la violencia hacia estos pueblos agravan aún más su situación de pobreza, exclusión e inequidad en la región.
Desde un análisis crítico más profundo, resulta necesario recalcar que los debates sobre intra- e interculturalidad en la región han estado liderados por los movimientos indígenas, y los pueblos afros han tenido escaso reconocimiento (Bello & Rangel, 2002). Los discursos sobre educación intercultural y educación intercultural bilingüe han estado marcados por una fuerte visión indigenista, que ha monopolizado casi todo el protagonismo (Wade, 2008). Además de la proscripción legal del racismo del siglo XIX, varios países latinoamericanos implementaron reformas en las décadas de 1980 y 1990, con el objetivo de reconocer subgrupos étnicos y raciales de su cultura nacional. Sin embargo, muchos pueblos afrodescendientes no consiguieron afirmarse como una identidad étnica y quedaron excluidos políticamente (Hooker, 2006). Solo una minoría consiguió afirmar una posición similar a los indígenas y logró ciertos derechos colectivos (Restrepo & Rojas, 2004).
Según razonan Del Popolo et al. (2009), los hijos de mujeres analfabetas de origen indígena o afrodescendiente de las comunidades andinas son el sector poblacional más vulnerable para sufrir de desnutrición. Dada la invisibilidad de las mujeres indígenas y afro en las cifras estadísticas que brindan los estudios de organismos y universidades, resulta muy complicado conocer con exactitud su situación de pobreza y nivel educativo. Por lo tanto, otra propuesta fundamental es la realización de estudios intersectoriales más profundos que analicen a estas poblaciones marginadas desde un enfoque intercultural e inclusivo.
Con el análisis intersectorial aparecen manifestaciones de opresión ocultas que se co- -constituyen mutuamente y originan una discriminación múltiple. La teoría de la interseccionalidad tiene un importante reconocimiento académico en el campo de la justicia social, a pesar de la dificultad en conceptualizar de manera compleja y multidimensional las jerarquías sociales (Hirata, 2014). Desde finales de la década de 1960 e inicios de 1970, los movimientos feministas multirraciales comenzaron a denunciar la estratificación social de la época, y sus estudios intersectoriales develaron discriminaciones múltiples entre los sectores más desfavorecidos (Crenshaw, 1989).
Por este motivo, el debate sobre el cumplimiento de los ODS debe dilatarse e incluir estudios intersectoriales que ayuden a explicar cómo la injusticia y la desigualdad social sistémica ocurren de manera multidimensional entre los sectores sociales más perjudicados. El género, raza, etnia y cultura son categorías analíticas variables que hemos construido en los relatos históricos de nuestros pueblos (Fivush et al., 2011). Estos estudios también contribuirían a la teoría crítica al desarrollo para decolonizar e interculturalizar los ODS, puesto que el enfoque intersectorial muestra cómo diferentes categorías biológicas, sociales y culturales interactúan en múltiples niveles de pobreza, educación y género de manera simultánea. Como se observa en la Tabla 1, en torno al 12.25% de la población andina es indígena, y el 4.95% es afrodescendiente. Aquí radica la necesidad de incrementar las investigaciones y estudios intersectoriales para conocer mejor la situación de discriminación multidimensional que sufren estos grupos sociales de la Región Andina, especialmente las mujeres y niñas de los sectores rurales (Del Popolo, 2017).
País y año censal | Población total | Población indígena | Pueblos indígenas | Población afrodescendiente ** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | % | Nº | % | ||||
Argentina, 2010 | 40,117,096 | 955,032 | 2.4 | 32 | 149,493 | 0.37 | |
Bolivia, 2010* | 9,995,000 | 6,216,026 | 62.2 | 39 | 16,329 | 0.16 | |
Chile, 2012 | 16,341,929 | 1,805,243 | 11 | 9 | Sin datos | ||
Colombia, 2010* | 46,448,000 | 1,559,852 | 3.4 | 102 | 4,689,000 | 10 | |
Ecuador, 2010 | 14,483,499 | 1,018,176 | 7 | 34 | 1,041,559 | 7.2 | |
Perú, 2010* | 29,272,000 | 7,021,271 | 24 | 85 | 828,841 | 2.85 | |
Venezuela | 27,227,930 | 724,592 | 2.7 | 57 | 1,087,427 | 4 | |
TOTAL | 157,540,654 | 19,300,192 | 12.25 | 358 | 7,812,649 | 4.95 |
Fuente: Elaboración propia en base a Cepal (2014, p. 98 y 140), información censal y otras fuentes.11
*Estimaciones de Cepal.
**Estimaciones de otras fuentes.
Si bien la Tabla 1 no muestra datos exactos, y los censos de cada país varían en algunos años, sus fuentes son fiables y permiten a legisladores y organizaciones de la sociedad civil tener una percepción sociodemográfica más articulada de la situación regional. En los censos realizados durante la década de 2010 se utilizó la categoría “otro pueblo”, que permitió registrar a los distintos pueblos indígenas, donde (re)aparecieron algunos pueblos que ya se creían desaparecidos. Mediante las estimaciones realizadas por la Cepal (2014), existen unas 358 denominaciones diferentes de los pueblos indígenas, que ponen de relieve la enorme y heterogénea diversidad demográfica y cultural que existe en la Región Andina. A estas cifras habría que sumarles los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario y los no contactados, que se desconocen. Estos censos también permitieron constatar la fragilidad que tienen muchos pueblos indígenas, al confrontar el peligro de desaparecer física y culturalmente.
Por otro lado, la información censal de los países andinos y otras fuentes consultadas estiman que hay en torno a 8 millones de afrodescendientes en nuestra región. Esto supone una población amplia que, sin embargo, todavía ve negados muchos derechos sociales y sufre de múltiples problemas de racismo, discriminación y violencia (Cepal, 2017c). De ahí que las Naciones Unidas hayan nombrado el “Decenio Internacional de los Afrodescendientes” al periodo de 2015-2024, con el fin de enfrentar las condiciones de inequidad estructural de estos pueblos y de establecer los ejes de reconocimiento, justicia y desarrollo. Según argumenta Corbetta (2018), la vulnerabilidad territorial, la degradación de suelos, contaminación de aguas, desnutrición, seguridad alimentaria y elevada mortalidad son los factores que más inciden en el bajo desempeño académico de las poblaciones indígenas y afros de la Región Andina. Por eso la Tabla 1 tiene el objetivo de brindar datos estadísticos que ponen de relieve las situaciones de discriminación múltiple que sufren estos pueblos con rica diversidad étnico-racial.
Según argumentan García (2001) y Moya (1999), existe una fuerte relación entre conocimiento, identidad y territorio que es un eje central en las vidas de las comunidades indígenas y afros, pero la sabiduría adquirida por estos pueblos durante siglos no consta en los libros, ni en el currículo escolar, ni en los análisis de las universidades. Tampoco existen muchos estudios que pongan de relieve el desempeño académico de las poblaciones que sufren discriminación por su condición económica, de género, étnico, racial o de territorio. Por eso es importante profundizar en la cooperación educativa en la Región Andina, mediante un enfoque inclusivo de diversidad cultural (González & De la Torre, 2004).
En este sentido, esta investigación propone crear materiales didácticos de las culturas afros e indígenas para impartirlas en el currículo educativo de cada país miembro de la Región Andina. También se deben crear políticas públicas afirmativas que ayuden a subir en el ascensor social a estos pueblos históricamente maltratados, especialmente en las escuelas, institutos y universidades. Además, se debe difundir y comunicar la riqueza cultural de estos pueblos a nivel interregional. Se recomienda a gobernantes y sociedad civil de los países andinos trabajar en planes, estrategias y políticas que transformen el modelo de Estado y Nación, para incluir una visión intercultural y plurinacional que acabe con el racismo colonial y poscolonial estructuralmente arraigado en las sociedades de la región. Estas propuestas deben ser implementadas especialmente en zonas rurales, donde existen mayores índices de pobreza, analfabetismo, deserción escolar, inequidad de género, violencia y femicidios.
En suma, se concluye que estas propuestas deben encaminarse a lograr los ODS 1, 4 y 5, para lo cual es necesario adoptar una perspectiva geopolítica que analice la marginación física, territorial y epistémica que todavía sufren los pueblos indígenas y afros de la Región Andina. Desde una visión crítica y decolonial, se puede concluir que el enfoque epistémico adoptado por los ODS no contribuyen a decolonizar el poder-saber-ser, puesto que ignoran y marginan alternativas de economía social y solidaria para lograr la soberanía alimentaria y energética. De hecho, los ODS siguen sin reconocer a la economía como un subsistema del Sistema Tierra (Duarte, 2006), lo que implica reconocer las leyes de la termodinámica en los límites del crecimiento económico (Ayres, 1998; Daly, 2014; Georgescu, 2011).
Esta falta de cuestionamiento al crecimiento económico se debe al modelo actual de desarrollo moderno. La noción de “desarrollo” implícita en los ODS se inspira en las tres sostenibilidades (económica, social y ambiental) que el Banco Mundial reinterpretó sobre el concepto original de “desarrollo sostenible” postulado en el Informe Brundtland (1987). De ahí que los ODS no propongan limitar el poder de las empresas de ámbito transnacional, que ya superan el poder de los Estados-Nación y controlan los mercados para monopolizar y degradar los factores productivos de tierra, trabajo y capital (Stiglitz et al., 2010). Los ODS tampoco recomiendan limitar la acumulación en pocas manos de los medios y recursos que permiten mejorar los niveles de bienestar de la ciudadanía (Oxfam, 2016). Tampoco plantean la despatriarcalización y desheteronormalización de la noción de género.
Por estas razones, existen muchas voces críticas que demandan un cambio profundo en la formulación “universal” de los ODS (Domínguez, 2016). Es urgente abordar los ODS desde un eje de enunciación pluri-paradigmático que incluya cosmovisiones, epistemes, saberes y prácticas socioambientales marginadas históricamente. Esto implica un paradigma asentado en principios interculturales, decoloniales, postmodernos, postcapitalistas y biocéntricos. Según argumentan Steffen et al. (2007), no tenemos mucho tiempo para debatir, ya que el grave impacto de la acción humana en nuestro planeta ha dado lugar al “Antropoceno”, una época geológica que la comunidad científica reconoce por el cambio global ocasionado. Debemos actuar con rapidez y desarrollar políticas públicas, planes y estrategias de cooperación regional direccionadas a velar por el bienestar de la humanidad y de la naturaleza. Esto significa ir más allá del paradigma civilizatorio asentado en los pilares antropocéntricos de la modernidad y del capitalismo. Estas acciones cooperativas entre gobiernos, sociedad civil y sector privado deben incluir la sabiduría de las cosmovisiones andinas, que reconocen a la naturaleza como un sujeto de derechos, con valores espirituales y sagrados (Simon, 2013). ¿Están preparados? Se anima a las lectoras y lectores a trabajar en esta línea de pensamiento crítico y trabajo colaborativo.