Desde los años 1990, en el contexto de importantes cambios en la gobernanza de la educación caracterizados por procesos globales de descentralización de los servicios educativos, los países latinoamericanos comienzan a expandir los sistemas nacionales de evaluación y, dentro de ellos, las pruebas de desempeño centradas en la medición de los aprendizajes adquiridos por los actores escolares (estudiantes y docentes). Guiadas por los principios neoliberales del accountability propios de los enfoques gerenciales y empresariales, estas novedosas tecnologías de control y monitoreo de la educación jugaron un papel clave en las reformas de modernización y mejora de la calidad de los servicios públicos en términos de una gestión “flexible”, “abierta”, “autónoma” y basada en resultados. Desde su configuración y generalización, han sido numerosos los estudios que, desde una mirada crítica, analizaron estos dispositivos como mecanismos de regulación de la educación. Por un lado, en el marco del movimiento global de reforma educativa, caracterizado por la tendencia hacia la estandarización y reducción de la calidad a los aprendizajes, y la intensificación de las políticas de rendición de cuentas (^{BALL, 2012}), una parte importante de las investigaciones centraron su atención en la dimensión internacional de estas iniciativas. De manera paralela, se comenzó a explorar en las particularidades asumidas por los procedimientos de evaluación a nivel nacional, identificando los mecanismos, actores y motivaciones que llevaron a los gobiernos a adoptar estas políticas que integran la denominada Agenda Globalmente Estructurada para la Educación (^{DALE, 2004}). Como resultado se reconocieron adaptaciones singulares producto de la confluencia de factores históricos, políticos y culturales, así como discrepancias y tensiones entre las agendas globales y locales.

Estos abordajes dieron cuenta de la complejidad de las interpretaciones sobre los escenarios de origen de las políticas de evaluación y de las estrategias y acciones que suponen, dando lugar al despliegue de explicaciones multicausales para comprender el alcance y el sentido adquirido por los sistemas nacionales de evaluación y sus principales componentes. En esta línea, constataron la existencia de dispositivos de evaluación de altas y bajas implicancias en relación al efecto de los resultados generados sobre las trayectorias y condiciones educativas de los actores e instituciones. En este contexto, la investigación avanzó en las preocupaciones vinculadas a la utilidad que los gobiernos y las organizaciones escolares brindan a la evidencia generada por las evaluaciones, sobre todo por las pruebas de desempeño estandarizadas y aplicadas a gran escala. En los países donde los resultados de estas pruebas son empleados como indicadores de la calidad institucional o del rendimiento de los/as docentes para exigir responsabilidades a las escuelas y a los actores, estas miradas adquirieron mayor relevancia. Simultáneamente, los estudios mostraron cómo las políticas de evaluación, en tanto tecnologías de poder, se vinculan de manera directa con la regulación del comportamiento en términos de control y autodirección de los sujetos (^{BALL, 2012}). Recientemente, la preocupación por la regulación de las prácticas cotidianas en las escuelas se extendió hacia los países donde predominan sistemas de evaluación de bajo impacto, y puso en evidencia cierta “debilidad” en el poder regulatorio de estos dispositivos en torno al control del trabajo pedagógico (^{RODRIGO y RODRÍGUEZ MOYANO, 2023}). No obstante, como ocurre a nivel mundial, estas investigaciones destacan la capacidad de estos instrumentos para construir y difundir poderosas narrativas vinculadas a la "crisis" de la calidad de la educación y, en consecuencia, de la formación y del trabajo docente, que son utilizadas no solo para legitimar, a nivel local, la agenda política global de reforma sino que también potencian la perspectiva individualizante de los resultados de aprendizajes. De allí que comenzaron a proliferar las investigaciones sobre los vínculos entre la generación y el uso de los datos de las evaluaciones y la formulación de políticas educativas.

Luego de tres décadas de desarrollo de las pruebas centradas en la medición del desempeño escolar en el marco de los sistemas nacionales de evaluación, es necesario continuar con la discusión académica sobre los sentidos hegemónicos instalados acerca del alcance de estas iniciativas y comprender su persistencia a la luz de la evidencia científica que revela su escasa incidencia en la mejora de los procesos pedagógicos. El escenario regional, marcado por profundas desigualdades acentuadas como consecuencia de los efectos negativos de la pandemia, desafía con urgencia crítica y creativa la agenda de investigación en el campo de la educación, y de la evaluación en particular, para avanzar en la comprensión de las especificidades de estos programas en los diferentes contextos socio-políticos y en la construcción de alternativas más democráticas y participativas para comprender las dinámicas, procesos, transformaciones y tensiones que se vienen observando a lo largo de estas décadas. En este sentido, si bien los artículos que integran el dossier abordan diversas aristas del proceso de institucionalización de los sistemas de evaluación y de sus principales instrumentos en países como Brasil, Colombia, Chile, Uruguay y Argentina, comparten un aspecto común que remite al cuestionamiento de la supuesta “neutralidad” y “objetividad técnico-científica” que distinguiría y daría credibilidad a estos particulares dispositivos de regulación al destacar no solo su carácter situado sino fundamentalmente político e ideológico.

Privilegiando esta perspectiva, las primeras contribuciones que dan inicio a la publicación proponen identificar el proceso de institucionalización de las diferentes experiencias de evaluación nacionales a nivel regional. Como señalan Gabriela Diker, Bárbara Briscioli y Natalia Stoppani, en su artículo titulado “La institucionalización de la evaluación educativa en Argentina: disputas por sus sentidos y usos”, que abre el dossier, durante los treinta años de aplicación de las pruebas estandarizadas de aprendizajes a escala nacional se observa un recorrido institucional heterogéneo respecto de las decisiones sobre la materia que, sin embargo, fue configurando una política educativa nacional y federal. A partir del trabajo con fuentes oficiales y bibliografía especializada, las autoras identifican diferentes períodos de la evaluación educativa para problematizar sus alcances, y reconocer los avances y retrocesos en la construcción de un modelo de evaluación de la calidad más comprehensivo y adecuado a la complejidad de lo que se pretende evaluar. En una línea contigua de indagación, Tomás Amaya, en su artículo “Tres décadas de evaluación educativa en Colombia”, realiza un recorrido histórico de lo acontecido en materia de evaluación en su país. Desde un enfoque foucaultiano, basado en el análisis de fuentes documentales, el autor avanza en la identificación de diversas periodizaciones que muestran cómo, de manera paulatina, la evaluación fue conquistando y colonizando el sistema educativo del país y, con ello, la vida de los actores y de las instancias que lo configuran. En este marco de debates, el artículo de Carla Villagrán, “La evaluación como política educativa en la sociedad managerial. Control externo, flexibilización normativa e in/exclusión”, aborda desde los estudios de la gubernamentalidad las tensiones que surgen de la evaluación como eje de las políticas educativas poniendo atención en el caso argentino. Allí discute cómo entre el exponencial incremento de las evaluaciones externas y estandarizadas impulsadas por los organismos internacionales y las administraciones locales, y una prolífica producción de políticas y normativas orientadas a flexibilizar los criterios de evaluación en las aulas de cara a mejorar los niveles de inclusión y terminalidad, se performan conductas que para los equipos directivos y docentes adquiere la forma de autoevaluación y traslación de las responsabilidades por los resultados alcanzados. Como se advierte en este trabajo, las políticas de evaluación señaladas han sido recomendadas y difundidas por las agencias internacionales con injerencia en el campo de la educación de los países latinoamericanos, cuestión destacada por Fabiano dos Santos y Hellen Marques en su artículo “Treinta años de evaluaciones externas en América Latina: el discurso de la UNESCO sobre el Liderazgo docente”. En este trabajo se analiza el rol de la UNESCO en torno al papel de los/as docentes en la implementación de las políticas educativas de evaluación para la región. Uno de los aspectos más relevantes del texto, a nuestro entender, es mostrar cómo las estrategias desplegadas por dicha agencia se han orientado a definir un perfil docente basado en el desempeño de tareas pragmáticas, en detrimento de la formación de una conciencia crítica y emancipadora, provocando su despolitización y “desintelectualización”.

Integran también este dossier dos artículos que, desde el caso argentino, exploran los usos de la evidencia educativa generada por las pruebas de desempeño desde la gestión política. Al respecto, el trabajo de Marina López Leavy, titulado “Más allá de los números: los usos políticos de los datos de la evaluación nacional Aprender en la formulación de políticas educativas. Un análisis documental de políticas nacionales en Argentina (2016-2019)”, y el de Nora Gluz y Silvina Feeney, “Entre discursos y prácticas: las lógicas contradictorias de evaluaciones estandarizadas de la calidad educativa en la Provincia de Buenos Aires (2015-2019)”, ponen de relevancia la preeminencia simbólica e instrumental otorgada a los datos generados por las pruebas para justificar y legitimar acciones definidas previamente en detrimento de su supuesta utilidad para informar el diseño y la planificación de las políticas pedagógicas. Resulta interesante observar cómo estas evidencias plantean también interrogantes sobre las motivaciones políticas e ideológicas que promueven los usos y respecto de las dinámicas, procesos y actores que median entre el análisis de los datos y la formulación de políticas públicas.

Retomando aspectos de los artículos anteriores, Teresa Flórez Petour, en su trabajo “A más de 30 años de evaluación de altas consecuencias en Chile: la necesidad de un cambio de paradigma”, analiza una de las experiencias de evaluación más consolidadas en la región. Allí cuestiona los principales supuestos que asocian las políticas de evaluación bajo la lógica de mercado -vinculadas al modelo educacional impuesto por la dictadura-, y el uso de sus resultados en términos de mejora de la calidad y equidad del sistema educativo, al tiempo que advierte sobre la complejidad de desarrollar en Chile experiencias alternativas orientadas a la configuración de iniciativas formativas y de bajas consecuencias, tal como vienen desplegándose en algunos de los países de la región. Sobre esta última cuestión, giran las dos contribuciones que cierran el dossier al abordar la dimensión pedagógica de la evaluación que, recientemente, adquirió un renovado interés en los sistemas educativos latinoamericanos. Entre estos países Uruguay se destaca por su trayectoria en la configuración de experiencias de evaluación formativas y voluntarias a gran escala, como expone el artículo “No por mucho pesarla, la vaca engorda. Reflexiones sobre evaluación educativa en un país ganadero como Uruguay”, de Andrés Peri y Gabriela Salsamendi. En este sentido, el trabajo analiza el desarrollo del campo de la evaluación a escala nacional poniendo atención en las transiciones que brindan los atributos característicos de las evaluaciones actuales: del papel a la aplicación en línea y de un modelo de evaluaciones “del aprendizaje” a otro “para el aprendizaje”. Uno de los principales méritos del artículo es poner en tensión el fenómeno de la proliferación de evaluaciones y la inamovilidad de los aprendizajes, arrojando posibles explicaciones y planteando, a vez, los desafíos de un nuevo componente de evaluación en marcha orientado a devolver información sustantiva a los/as docentes como insumo para la mejora de sus estrategias de enseñanza. Bajo una óptica similar, el artículo de Ingrid Sverdlick, Rosario Austral e Inés Rodriguez Moyano, titulado “Evaluaciones estandarizadas. Críticas y contrapuntos a las lógicas hegemónicas a partir de una experiencia reciente en la provincia de Buenos Aires”, problematiza, desde una perspectiva crítica, ciertas fórmulas tecnocráticas presentes en las iniciativas hegemónicas de evaluación que interpelan el trabajo docente con el objetivo de reponer el carácter político-pedagógico de los dispositivos de evaluación. Por otra parte, las autoras presentan una experiencia jurisdiccional, aplicada recientemente en la provincia de Buenos Aires, orientada a recuperar la dimensión pedagógica de la evaluación en términos de reflexión sobre la tarea pedagógica, y con ello, avanzar en formas alternativas y más democráticas de construcción de conocimiento sobre los procesos educativos.

Para finalizar, y antes de dar paso a la lectura de los artículos, resulta oportuno señalar la importancia de estos aportes para descifrar aspectos comunes y específicos en torno a los sistemas y prácticas de evaluación presentes en la región. El dossier se propone entonces, como un espacio de intercambio que contribuye a aportar densidad analítica y propositiva a la discusión sobre los sentidos y los desafíos que afectan a las políticas públicas orientadas a evaluar la educación, así como para avanzar en la construcción progresiva de estrategias alternativas de seguimiento que consideren enfoques más complejos, integrales y participativos para fortalecer los procesos de ampliación del derecho a la educación.