Introducción

Cuando se habla del poder corporativo, se habla de los poderosos. Estos poderosos, que lo son, por el poder económico que tienen y porque se organizan para defender los privilegios, que reproducen su poder. A través de distintas agencias no gubernamentales, corporaciones empresariales, religiosas y de diversa naturaleza, inciden en las políticas públicas. La educación ha sido un campo en disputa sobre este tema. El sistema educativo como aparato de reproducción, control o emancipación social no es indiferente al poder. La historia y el presente de Chile, expresan esta disputa.

El debate constitucional que se ha desarrollado en Chile entre julio del año 2021 y mayo del 2022, ha convocado a distintos grupos de la sociedad a presentar sus propuestas a través de las Iniciativas Populares de Norma (IPN en adelante). La IPN es un mecanismo de participación social que se implementó durante el funcionamiento de la Convención Constitucional (CC en adelante) en Chile. Este consistió en que una persona o grupo de personas podía presentar a la CC una propuesta de texto para ser incorporado en la nueva Constitución. Se presentaron aproximadamente 6.000 IPN. De las 2.496 iniciativas consideradas admisibles (que superaron las 15 mil firmas o apoyos de ciudadanos/as) y publicadas en la plataforma de la Convención, más de la mitad (57%) correspondieron a la Comisión de Derechos Fundamentales, y 9 resultaron ser sobre temas de educación. De estas 9 identificamos 3 iniciativas de organizaciones vinculadas directamente a grupos de poder corporativo empresarial y religioso, uno de los sectores más organizados, los primeros en presentar sus propuestas e instalarlas en el debate constitiucional. En el presente trabajo se muestran los principales aspectos de sus propuestas y de su impacto en el borrador final, lo cual permitirá conocer algunos elementos relevantes de su estrategia de reproducción en la educación.

Privatización y poder corporativo en la educación en Chile

Los poderosos, los grupos empresariales, la cúpula de la Iglesia Católica y otras asociaciones de la elite económica chilena, intervienen en la educación. Siempre lo han hecho, especialmente a través de la acción de la Iglesia Católica y de fundaciones filantrópicas. Hoy a través de fundaciones sin fines de lucro (ver Tabla 1), sostienen escuelas subvencionadas y también universidades, que reciben recursos del Estado, a través de subvenciones, recursos del empresariado, a través de donaciones y recursos de las familias, a través del copago.

Históricamente en Chile las escuelas privadas han recibido recursos del Estado, principalmente aquellas ligadas a la élite oligarca. Incluso actualmente el sistema de financiamiento de la educación no hace diferencia entre lo que proporciona a las escuelas privadas y a las del Estado. La legislación actual promueve la llamada “igualdad de trato” por parte del Estado hacia las escuelas privadas y estatales. Resguardando la mantención y desarrollo de un sistema educacional de provisión mixta, tal como se consagró en el acuerdo educativo entre los partidos políticos el año 2007¹, en pleno desarrollo y consolidación del pilar educativo privado en el sistema educativo chileno. Esto ocurría, mientras aumentaba el desprestigio, despojo y abandono de la educación pública. En consecuencia, Chile cuenta con el sistema educativo de mayor concentración de estudiantes en todos sus niveles en la educación privada de la región y uno de los primeros en el mundo (Ver Tabla 2; Gráfico 1).

Gráfico 1: Porcentaje de matrículas en el sector Privado en países de América del Sur al 2019* según Nivel Educativo. 

Además de tener control directo sobre la provisión educativa, a través de escuelas privadas, existe una red de organizaciones, centros de pensamiento, agencias asesoras, empresas proveedoras de alimentación, textos y otros insumos escolares, que intervienen en el sistema de educación pública implicados en cada ámbito de su gestión, prestando los servicios que antes proveía el Estado. A esto se suma la influencia que se ejerce a través del lobby, de la implementación de capacitaciones, programas de intervención, e incluso, instalando personeros en el gobierno del sistema educativo, es decir, definiendo y ejecutando directamente la política educativa en Chile. En consecuencia, más de 30 años de reforma educativa neoliberal le han dado al poder corporativo un sólido control de la política pública educativa.

El derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y la libertad de enseñanza ha sido el dispositivo legal fundamental para resguardar sus privilegios en nuestra actual institucionalidad. La libertad de enseñanza, entendida como el derecho de crear, mantener y desarrollar centros educacionales, garantizada en la constitución vigente, ha sido fundamental para defender los intereses de los sostenedores de escuelas y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, a su vez, ha limitado al Estado para fortalecer la educación pública. En otras palabras, la constitución de Pinochet garantizó que el Estado promovería la existencia de un mercado educativo. Combinado con la llamada “modernización” neoliberal del Estado, que bajo esta lógica, la política educacional se redujo a una función de tesorería, administrando el sistema de cupones. Los intentos por fijar ciertos requisitos de entrada al sistema o determinados contenidos educativos pronto se encontraron con objeciones en nombre de la libertad de enseñanza y el argumento de que las familias saben más que los burócratas. El problema de gobernabilidad se resuelve así renunciando a la posibilidad de gobernar al sistema educacional desde la autoridad, entregando tal función a la “mano invisible” del mercado (^{MARCEL, 2004}, p.12).

El ejemplo más elocuente actualmente es la situación de la alimentación escolar. La externalización ha llevado a que un grupo de empresas que se adjudican durante años las licitaciones de alimentación escolar en el país. Estas empresas nacionales y transnacionales, ocupan mecanismos como el multirut², postulaciones conjuntas, información privilegiada, entre otras prácticas que les ha permitido aumentar constantemente su participación en el, ahora ya consolidado, “mercado de la alimentación escolar”. A pesar de las distintas investigaciones de la Contraloría General de la República y de la Fiscalía Nacional Económica, no se ha podido probar que estas empresas operen al margen de las leyes del mercado. Quizás no lo hacen. El poder que concentran, su capacidad de actuar en forma coordinada y los precios que ofrecen en cada licitación, hacen que cualquier otra empresa no pueda competir precisamente con las leyes del mercado, de este modo logran tener secuestrado al Estado.³

¿Por qué es un problema que los poderosos tengan control de la educación?

Esto no es un tema reciente en Chile. A fines del siglo XIX Valentín Letelier ya denunciaba el monopolio que la Iglesia Católica quería establecer sobre la educación en nuestra patria. En un discurso en defensa de la educación pública en el Club Radical en 1889 señalaba; “cuando ellos piden, (...) libertad de enseñanza, no tratan de conferir al hombre un nuevo derecho de enseñar libremente, (...). Lo que pretenden es no enseñe el Estado para que enseñe solo la teocracia” (^{LETELIER, 1893}; p.11). Tempranamente Letelier desenmascaraba el paradójico uso que la elite conservadora hacía de la palabra libertad. “La libertad que piden, en una palabra, es siempre en el fondo la libertad del privilejio esclusivo.” (^{LETELIER, 1893}; p.12)

¿Qué molestaba al principal promotor del Estado Docente en Chile? ¿Por qué es un problema que los poderosos tuvieran el control de las escuelas? Buena pregunta.

En un sentido democrático es un problema que los grupos económicos tengan control sobre una función pública como la educación. Tienen los recursos materiales e inmateriales para utilizar el sistema educativo y así reproducir sus privilegios o, visto de otra forma, para obstaculizar el desarrollo de condiciones poco favorables, para los mismos. La experiencia lo ha demostrado una y otra vez, los intereses mercantiles y empresariales se contraponen a los fines públicos. Como señala el investigador de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, Illich ^{Ortiz (2013}) “Si se trata de un orden democrático, es preciso que los poderes del espacio mercantil, que son en lo fundamental poderes privados, no invadan la esfera de lo público, ni cooptando el funcionamiento de las instituciones estatales en orden a servir sus intereses privados, ni cooptando la discusión en las arenas de la deliberación pública.” (p. 101). Esto es importante, al menos por dos razones: Lo primero, es que las actuales condiciones de desigualdad, no solo económica, también política, hacen que el poder mercantil corporativizado tenga demasiadas ventajas comparativas (influencia en los medios de comunicación, control de la alimentación y el consumo, servicios básicos, vivienda, etc.), ante cualquier otro poder social para que, además, intervenga en la educación. Al menos el sistema educativo debería estar libre de su influencia; lo segundo, que, con tan alto nivel de control, como el que actualmente este poder tiene en Chile, es necesario preguntarse entonces ¿Qué impide que la racionalidad mercantil invada el sentido de la educación?

Finalmente, la irrupción del mercado mundial, la internacionalización de la economía, la crisis de los estado-nación y las exigencias de una ciudadanía global, fundamentalmente económica, propicia que los sistemas educativos democráticos nacionales queden desactualizados. ¿Cómo participamos de una ciudadanía global en igualdad de condiciones? La gobernanza corporativa en educación es ya una realidad, la cual se extiende por Latinoamérica y el mundo, reorientando los sistemas educativos a la constitución del mercado mundial y la ciudadanía global, que se impone por sobre los proyectos educativos locales y nacionales. La Investigadora Erika Moreira muestra la acción de organizaciones como REDUCA, que reúne a distintas fundaciones empresariales de distintos países de Latinoamérica (como Educación 2020 en Chile) con el fin de organizar acciones conjuntas de incidencia en los sistemas educativos latinoamericanos con la intención de proteger sus intereses (MARTINS, 2016). Todo esto en directa implicación con los intereses de los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Distintos investigadores han descrito la constitución en el campo educativo de una gobernanza corporativa en red a nivel global, que funciona en forma paralela a los Estados, asumiendo que estos han fracasado y que son ineficientes en su rol de organizar la sociedad, asumiendo la empresa y el gobierno corporativo como el modelo para reorganizar la democracia (^{BALL & CORBALÁN, 2013}; ^{CLADE, 2014}, ^{JUNEMANN & OLMEDO, 2019}).

Este nuevo régimen de gubernamentalidad educativa neoliberal se constituye de redes políticas, las que estarían reemplazando los roles tradicionales de los gobiernos y de los Estados, es decir, son nuevas formas de gobierno definidas como «metagobernanza» o «gobernanza de la gobernanza». En ellas participan; corporaciones empresariales, entidades bancarias, instituciones gubernamentales, organismos internacionales, fundaciones filantrópicas, emprendedores sociales o startups. Es lo que se conoce como nueva filantropía, «filantropía 3.0» o filantrocapitalismo en educación (^{SAURA, 2021}).

¿Quién es el poder corporativo en el debate educativo constitucional en Chile?

El debate constitucional en Chile se dio en un contexto de atomización de las organizaciones populares y, por supuesto, tras años de neoliberalismo, de atomización social en general. El estallido social y posterior revuelta popular, aceleró el proceso de rearticulación del tejido social, sin embargo, tras la pandemia e institucionalización del proceso la participación organizada de las personas bajó, reduciéndose esta a los grupos que se articularon en torno a la CC, y a aquellos que ya venían organizados históricamente, como los partidos políticos y los grupos corporativos.

En este contexto la CC convocó a distintas instancias de participación sin mayores resultados. El que más resultado tuvo fue el de las IPN. Estas fueron una estrategia de participación ciudadana que permitió a personas o grupos presentar una propuesta de norma a la Convención Constitucional redactada en forma de artículo, la cual, si superaba las 15 mil firmas electrónicas de apoyo, pasaban a ser discutidas y votadas por las comisiones de la CC, y luego de aquello, entrar al Pleno Constitucional.

Se presentaron un total de 2496 IPN. De estas solo 77 superaron las 15.000 firmas. De estas 77, solo 9 eran sobre educación. De estas identificamos tres IPN presentadas por personas y organizaciones vinculadas al poder corporativo, con más de 15 mil firmas de apoyo en materia educativa, las cuales pasaron a ser presentadas y discutidas en el pleno de la convención ¿cuáles son éstas? ¿quiénes las representan? y ¿cuáles son sus argumentos fundamentales?

Educación Libre y Diversa

Es una agrupación que se compone por organizaciones que, en los últimos años, se han manifestado en contra de las medidas por fortalecer la educación pública y regular la educación privada, como la Asociación de Educadores de Chile, Juntos X Chile, Comunidad y Justicia, #Con Mis Hijos No Te Metas, Secundarios por la Libertad, Movimiento Independiente de Estudiantes Secundarios (MIES), Ciudadanos Laicos y Mi Derecho a Educar (MDE).

Durante la presentación de su iniciativa en el Pleno Constitucional, la vocera de la organización Ingrid Bohn preguntaba: “¿Les gustaría que el Estado eligiera la educación para sus hijos? Eso va a ocurrir si se le quita el financiamiento estatal a las fundaciones sin fines de lucro.”Ingrid es representativa de este “movimiento”, líder de los apoderadas anti tomas durante la movilizaciones de estudiantes secundarios del 2011 y una de las organizadoras de la, instrumental, “Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados (Confepa)”, organización levantada por los sostenedores de escuelas privadas y que convocó a la “famosa” movilización por el “derecho a elegir”, que se oponía la reforma que buscaba terminar con el lucro, la selección de estudiantes y el copago en la educación privada. Candidata a concejal en la región de la Araucanía el 2013, apoyada por el derechista partido Evopoli, formó distintos movimientos instrumentales como #Con Mis Hijos No Te Metas, para oponerse a la educación sexual en las escuelas y, el movimiento No+Tomas, para promover la criminalización de la protesta de estudiantes, como la ley Aula Segura.

Los otros movimientos del grupo son similares, por ejemplo, el MIES, grupo de estudiantes que se opusieron al boicot a la Prueba de Selección Universitaria, impulsado por la Asamblea de Coordinadora de Estudiantes Secundarios en el año 2019, pos estallido social. Estos grupos parecen intermitentemente, debidamente financiados, cada vez que es necesario representar “en la calle” los intereses de los sostenedores de las escuelas.

En su iniciativa popular de norma elemento central para este grupo es que la Nueva Constitución consagrará dentro de los derechos fundamentales “la Libertad de Enseñanza y el Derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos”. En defensa de esta postura señalan que, “son los padres los que saben qué es lo mejor para sus hijos, en todo orden de cosas, especialmente en materia educacional”. Agregan, “que la educación no corresponda naturalmente al Estado no significa que recaiga sobre «el mercado»”, de hecho señalan que no es un negocio y que debe ser una tarea “propia de las sociedades intermedias menores que desde las bases aportan diversos enfoques y proyectos educativos para impartir a cada familia los contenidos que cada una de ellas considere conveniente”. Cerrando su fundamentación que “El Estado debe subsidiar y fomentar la fundación y organización de escuelas sin fines de lucro desde las comunidades menores, así como asegurar educación pública y gratuita para los que la deseen y necesiten.” (IPN N°4102).

Acción Educar

Acción Educar es una fundación sin fines de lucro que tiene como propósito incidir en el debate de las políticas educativas, entre sus fundadores se encuentra Raúl Figueroa, Ministro de Educación de Piñera saliente, ligado desde siempre a la educación privada, fue fundador de la Universidad del Desarrollo con el Cristian Laurroulet, reconocido opositor de la gratuidad universal en educación, entró al Ministerio de Educación en el primer gobierno de Piñera, cuando era ministro el miembro del Opus Dei Joaquín Lavín. El otro fundador es Miguel Beije Catrileo, militante del partido derechista Unión Demócrata Independiente, colaborador del régimen militar y conocido interventor y liquidador de empresas. Una de sus últimas apariciones fue como interventor de cierre en la polémica Universidad del Mar donde se vulneró el derecho a la educación a estudiantes y trabajadores.

El principio que defienden, al igual que el grupo anterior, es la libertad de enseñanza, hoy resignificado en la protección de la garantía estatal a la libertad de elección. Señalan en su web: “Queremos que la educación efectivamente cumpla con la aspiración propia de la sociedad de romper el círculo de la pobreza, permitiendo a la vez ejercer este derecho con libertad, es decir, eligiendo como y donde educarse sin importar los recursos que se tengan. Creemos que la educación es el futuro del país, pero debe asegurarse también el poder ejercerlo con libertad.” (INP Nº34).

Daniel Rodríguez, director ejecutivo de la entidad, advirtió en la presentación de la iniciativa en la convención: “Quienes insistan en desvestir el santo de la educación particular subvencionada, para vestir el santo de la educación pública se quedarán con la desnudez.” Agrega que “(...) garantizada inadecuadamente, esto es sin financiamiento público, la libertad de elección puede terminar en que solo los que tengan recursos, los ricos, puedan elegir la educación que quieren”, por eso prescribe que “No basta con permitir que existan distintos colegios (...) el Estado debe promover la diversidad financiando a las familias que elijan proyectos educativos distintos al estatal”. Termina recalcando que “Hoy más de 2 millones de niños y jóvenes y más de 496.000 estudiantes de la educación superior ejercen estos derechos gracias al apoyo financiero del Estado y sus contribuyentes, privarlos de ellos es un retroceso inaceptable.” (INP Nº34).

En el directorio de Acción Educar también está Juan Antonio Guzmán Molinari, ex ministro de educación de Pinochet y director de la Fundación Educación y Cultura, entidad sostenedora de las Universidades privadas más grandes de Chile (Universidad Andrés Bello, Universidad de Las Américas y Universidad Viña del Mar) o María Teresa Infante Barros, también ex ministra del régimen militar, directora de tradicionales fundaciones educacionales como la Fundación de la Santa Fe y la Sociedad de Instrucción Primaria, entre otras figuras ligadas a la elite y a la educación privada más conservadora.

Al plantear su IPN afirman que “la educación efectivamente cumpla con la aspiración propia de la sociedad de romper el círculo de la pobreza, permitiendo a la vez ejercer este derecho con libertad, es decir, eligiendo como y donde educarse sin importar los recursos que se tengan.” Para esto la constitución debe asegurar al menos; a). El derecho a la educación y el desarrollo de un sistema gratuito, de provisión mixta y de alto estándar para los niveles que sean obligatorios (kinder, básica y media). b) La Libertad de Enseñanza y Derecho Preferente de los Padres. c) La calidad de la educación: el Estado deberá contar con un sistema de reconocimiento oficial que vele por la cobertura, calidad, equidad y diversidad de la educación. Hacen especial énfasis a que el Estado deberá financiar el sistema privado, señalan que “todas las personas tienen el derecho a elegir, dónde y cómo educarse, y esto no puede ser solo para quienes puedan pagar un colegio particular, en consecuencia el Estado debe proteger “ese derecho” permitiendo que existan alternativas distintas a las estatales, financiándolas.” (IPN N°34).

Acción Colectiva por la Educación

Se presentan como una alianza de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con una educación de calidad, equitativa e inclusiva, que colabora para incidir en políticas públicas educativas. La mayoría son centros de estudios, entidades religiosas, y fundaciones empresariales, que se presentan como organizaciones de la sociedad civil. A través del apoyo de la banca, filántropos, organizaciones gubernamentales e internacionales, inciden en el sistema educativo; ocupando puestos estratégicos en los gobiernos, espacios de influencia, lobby, medios de comunicación, mesas técnicas, diseño de políticas, implementación de programas etc. ¿Quiénes la componen?: Educación 2020, Elige Educar, Fundación Luksic, Fundación Chile, SUMATE Hogar de Cristo, Vicaría de la Educación del Arzobispado de Santiago (uno de los principales sostenedores de escuelas privadas), Fundación Educacional Crecer con Todos, Fundación 99, Fundación Educacional Oportunidad, Fundación Mis Talentos, Fundación Origen, Fundación Portas, Fundación Reimagina, Fundación Sara Raier de Rassmuss, Fundación Cocrecer, Centro de Investigación Avanzada en Educación (U. de Chile), Didaksis, Ashoka, Diálogo País, Impulso Docente, entre otras organizaciones.

Sus principales miembros; como Educación 2020, Fundación Luksic y Educa Lab UC participan en coaliciones que buscan incidir en la educación pública nivel regional. Como el grupo SUMMA (Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe) fundado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y apoyado por distintos gobiernos de latinoamérica, se presenta como centro de investigación e incidencia educativa a nivel regional. Presentan la incidencia en la constitución chilena como una experiencia destacada. donde la defensa de la libertad de elección es uno de sus principios fundamentales. El presidente de su directorio es Cristian Cox, uno de los arquitectos de la estandarización educativa en Chile.

Educación 2020 también es parte de la Red Latinoamericana de Educación o REDUCA, investigada como uno de las principales coaliciones de empresarios que buscan incidir en las políticas educativas a nivel regional. Esta red surge el 2011 con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Su objeto oficial es “promover la garantía del derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad en América Latina”, reúne a organizaciones abiertamente empresariales, y coaliciones entre grupos empresariales, fundaciones, y think tanks que construyen un determinado discurso y práctica educativa. “Su surgimiento coincide con el lugar central que ocupa la educación en las estrategias gubernamentales y empresariales en una economía globalizada y frente al reposicionamiento geopolítico de América Latina” (Moreira Martins, 2017, p 39).

Dentro de su propuesta constitucional, al igual que los grupos anteriores, consideran que la libertad de enseñanza debe protegerse, ya que en ella está el derecho de las familias de elegir una educación de acuerdo con sus creencias, convicciones y cosmovisiones para las personas que están a su cargo. Creen además que la comunidad “podrá crear y conducir establecimientos educacionales bajo condiciones que aseguren el cumplimiento de los fines y principios que establece esta Constitución, pudiendo recibir financiamiento estatal sólo aquéllos que ofrezcan educación gratuita, no persigan fines de lucro y se sujeten a las demás normas que establezca la ley”. (LEY N°20.845; LEY N°21.040). Representan en Chile el ala progresista de la derecha educativa, si bien aceptan ciertas regulaciones al sector privado, defienden sus logros y actual existencia como parte del sistema educativo público. Desde que inició la Convención Constitucional han realizado lobby con convencionales, inclusive se reunieron a fines de octubre del año pasado con la Mesa Directiva, presidida en ese entonces por Elisa Loncón, y con el actual Vicepresidente de la misma, Gaspar Domínguez, en el Liceo Instituto Nacional de Santiago, quienes les entregaron sus propuestas sobre el derecho de la educación para la nueva constitución. Entre los presentes se encontraba Marco Antonio Ávila, Ministro de Educación del actual gobierno de Boric, quien el mes de marzo del 2022 señaló al Diario La Tercera que “La libertad de enseñanza está garantizada y probablemente va a seguir garantizada en la Constitución. Es algo que no es discutible y que hay que defender plenamente.”

Ellos presentan la IPN Nº43.926 ‘Por una educación integral, de calidad, inclusiva, equitativa y gratuita’. En esta propone un sistema de provisión mixta en que el “Estado articulará, regulará y supervigilará un sistema equitativo y pluralista, que valora la diversidad de proyectos educativos atendiendo los intereses, necesidades y características de las personas y las comunidades”, señala además que las “instituciones de dependencia estatal deberán ser diversas, no confesionales, de alto estándar educativo y de provisión descentralizada, constituyendo, en su conjunto, el eje estratégico del sistema educativo.” Para este grupo la Constitución deberá reconocer “la libertad de enseñanza” y proteger “el derecho de las familias de elegir para las personas a su cargo una educación de acuerdo con sus creencias, convicciones y cosmovisiones. La comunidad podrá crear y conducir establecimientos educacionales bajo condiciones que aseguren el cumplimiento de los fines y principios que establece esta Constitución, pudiendo recibir financiamiento estatal sólo aquéllos que ofrezcan educación gratuita, no persigan fines de lucro y se sujeten a las demás normas que establezca la ley.” (IPN Nº43.926).

Así esta norma consagra expresamente la libertad de enseñanza, señalando estar en línea con los tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el PIDESC y, en especial el Protocolo de San Salvador. En este protocolo, se establece explícitamente (en su artículo 13.4) el respeto al derecho de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos y que no se restringirá la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios y normas mínimas que prescriba el Estado (^ONU,1999). Esto lo significan, también como libre elección y libre gestión, en un marco legal donde el Estado debe financiar la educación privada, que para ellos se ajustaría a determinadas condiciones, que no afectan en sí su autonomía. En consecuencia, esta norma protege “la denominada “libertad de elección”, que asegura a las familias el derecho a ofrecer a sus integrantes una educación formal e informal de acuerdo con sus creencias, convicciones y cosmovisiones”. Esta libertad es exigible respecto del sistema educativo en su conjunto y por tanto debe considerarse debidamente protegida siempre que las personas cuenten con opciones de estas características, sin embargo, esto no habilita a padres, madres y cuidadores a exigir que un establecimiento se adecúe irrestrictamente a sus creencias, mientras existan otras alternativas (^{Acción Colectiva, 2022}).⁴

Cabe destacar que también proponen una serie de reformas que parecen sintonizar con lo propuesto por los movimientos sociales durante estos años, como el reconocimiento y la necesidad de priorizar la educación pública en términos pedagógicos, sociales y económicos y asegurarle recursos suficientes, así como también reconoce el rol de los docentes, en el sentido de que el Estado deberá velar por la formación inicial y continua y por condiciones laborales adecuadas para profesores. Algunos de estos elementos los encontramos también en las otras iniciativas analizadas.

Libertad de elección y oferta mixta: núcleo del consenso corporativo empresarial

La renuncia al lucro, la renuncia la selección de estudiantes, la promoción de la gratuidad, incluso el reconocimiento a la educación estatal y el rol de los docentes, ya no son temas ajenos a la iniciativa educativa empresarial. La libertad como elección es hoy el núcleo articulador del consenso neoliberal. Consenso que aparece en las distintas iniciativas presentadas por el filantrocapitalismo educativo en el debate constitucional. Libertad de elección que estaría garantizada por el Estado, en tanto financie una oferta mixta estatal y privada. ¿Esto quiere decir, que debe seguir financiada por todos y todas? Actualmente en Chile las escuelas privadas concentran aproximadamente el 65% de la matrícula, en la educación obligatoria, y en la educación terciaria, más del 85%. Con una matrícula muy segmentada y sin más competidores que la precarizada alternativa estatal, el poder corporativo tiene secuestrado al sistema educativo. ¿Qué más puede pedir el filantrocapitalismo? Una constitución que asegure las actuales reglas del juego. ¿Lo demás? Que hagan lo que puedan mientras garanticen y aseguren la libertad de enseñanza como el derecho de los padres, familias o tutores de elegir la educación para sus hijos e hijas, en el marco de un sistema de provisión mixta privado-estatal, con un poderoso pilar privado.

Se puede suponer que hace 40 años, la libertad de enseñanza como, el derecho a abrir y gestionar escuelas era una prioridad, cuando un gran porcentaje de la matrícula estaba aún en escuelas del Estado, era imprescindible impulsar “la iniciativa privada”. Al año 1981, en el inicio de la reforma neoliberal, aún el 78% de la matrícula estaba en las escuelas del Estado (RIESCO, 2001). Veinte años más tarde en el año 2001, en la educación obligatoria había 6.242 establecimientos municipales que concentraban el 53,1% y 4.461 establecimientos particulares que tenían el 46.9% aproximadamente (^{MINEDUC, 2002}). En el año 2018 se invierte la relación en la educación obligatoria hay solo 4.925 establecimientos municipales que tiene sólo el 35% de la matrícula y 6.343 particulares con el 65% de la matrícula aproximadamente (^{MINEDUC, 2019}). Hoy en día con una cobertura casi universal de la educación obligatoria ¿Cuántas más escuelas particulares se pueden crear?

Proteger el “lucro” con las subvenciones también dejó de ser una demanda del poder corporativo. Aparte de la subvención estatal estas fundaciones filantrópicas reciben cuantiosas donaciones de las grandes empresas vía ley por descuento tributario, o por otras vías, incluso hay fondos de inversión involucrados, para muchas ni siquiera es necesario el copago, aunque aún siguen existiendo. Por eso tienen tantas ventajas respecto a las escuelas del Estado y se declaran hoy contra el lucro, y el mercado.⁵

Hoy día la libertad que defienden transversalmente las iniciativas de ley revisadas es la libertad como libre elección. Tal derecho como se señaló, hoy está condicionado por acuerdos internacionales, y toma hoy especial relevancia analizar sus implicancias.

En un sistema educativo, tan privatizado y segregado, la libre elección de escuela puede jugar un rol de reproducción de esta situación. Las enormes transformaciones que ha hecho la reforma educativa neoliberal en el sistema educativo y el sentido de la educación, condicionan sin duda las implicancias de esa libertad.

¿Qué condiciones tienen las familias, sometidas a la precariedad y la competencia para elegir educación? ¿Qué objetivos hay tras esta libre elección? La libre elección no implica soberanía educativa. En un sistema educativo segregado, donde la alternativa educativa estatal está reducida a la asistencia, sin proyecto educativo y sumida en la precariedad. Un sujeto individualizado y competitivo que ve la educación como un consumo y/o salvación individual. ¿Qué impide que la libertad de elección de escuela opere como autosegregación escolar?

Con la garantía a la libertad de enseñanza como libre elección, se obligará al Estado a garantizar la alternativa que ya hay a la educación estatal (la educación privada, no otra), constitucionalizándose un sistema educativo mixto, gestionado por el estado y el poder corporativo religioso-empresarial. La reformulación neoliberal de la libertad de educación terminará invisibilizando las desigualdades y culpando al individuo de su fracaso en el sistema social (^{MÉNDEZ, 2017}). Con este concepto de “libertad educativa” se pretende restringir finalmente el derecho a la educación como derecho social vinculado al bien común, al mero interés individual, privado, de competir en la eterna y segregada autopista educativa actual.

Reflexiones finales

El día 4 de diciembre de 1972 el presidente chileno Salvador Allende daba un discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advertía sobre el peligro de que algunas corporaciones empresariales ejercieran tal poder que superaba incluso la influencia de los mismos gobiernos en los temas comunes. “El poderío de estas corporaciones es tan grande, que traspasa todas las fronteras”, señalaba tras exponer elocuentemente los complejos problemas que tenía la dependencia económica que las empresas capitalistas imponían al país. “Dos empresas que integran el núcleo central de las grandes compañías transnacionales, que clavaron sus garras en mi país, la International Telegraph & Telephone Company y la Kennecott Copper Corporation, se propusieron manejar nuestra vida política.”. Las empresas que controlan las telecomunicaciones y extraen los recursos minerales siguen presentes en nuestra vida política y económica, significativamente también en la política educativa, a través de una compleja red de fundaciones. Allende advertía “estamos ante un verdadero conflicto frontal entre las grandes corporaciones transnacionales y los Estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales políticas, económicas y militares- por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún Parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo.” (^{ALLENDE, 1972}).

Cincuenta años más tarde se discute la constitución en Chile y las fundaciones empresariales, vinculadas al capital tecno-financiero y extractivista, inciden para seguir defendiendo sus intereses. En la soberanía sobre los recursos naturales, en la organización de los trabajadores, en la defensa de la propiedad privada, y por supuesto en la educación. Por medio de tres de iniciativas de norma apoyadas por poderosos de la “sociedad civil” buscan constitucionalizar el modelo de educación pública de provisión y gestión mixta, estatal-privada, sostenido a través de un fuerte pilar corporativo empresarial. Tienen éxito. Tiene aún más poder que antes, cuando derrocaron un gobierno popular. Son hegemónicos ante la ausencia de un proyecto educativo emancipador.

La tarea es construir, sistematizar, socializar este proyecto educativo emancipador en la educación pública. Por eso es tan importante hoy su disputa. Es prioritario, entonces, fortalecer la escuela estatal, la escuela de todas y todos, la que es democrática y que responde a un proyecto educativo del cual todas/os debemos ser parte. En esto, hay cierto acuerdo, para esto es fundamental romper la igualdad de trato financiero del Estado a las instituciones privadas, estableciendo un plan de recuperación de la educación pública, que implique, además de mejor financiamiento, mejora infraestructura y condiciones para sus trabajadores y sus comunidades construyan a un proyecto educativo democrático, que vaya en expansión.

Un proyecto educativo público, no privado, que reconstruya el sentido de la educación. Un proyecto educativo, dinámico construido en alianza con otros actores de la sociedad; organizaciones sociales y comunitarias, que también tienen derecho a participar en la labor educativa en nuestra sociedad. Una educación pública-comunitaria que reemplace la educación pública-mercantil que los poderes corporativos globalizados, quieren constitucionalizar con su estrecha forma de comprender la libertad, reduciéndola a un simple apetito individual.

Para esto también se debe resignificar la libertad de enseñanza y evitar que sea nuevamente usada como la libertad que tienen los poderosos de resguardar sus privilegios. Hoy en día la libertad de enseñanza, como libre elección, es el núcleo del consenso educativo entre la élite económica y política. Consensos históricos, que se renuevan cada vez que el movimiento por la educación interrumpe la normalidad neoliberal, el 2007, tras la revolución pingüina, con el famoso acuerdo educativo entre los partidos políticos y hoy, tras el estallido social, en este proceso constitucional.

Salvador Allende, en su discurso ante la ONU, celebraba la resolución que disponía la convocatoria de un grupo de personalidades mundiales, para que estudiaran la “Función y los Efectos de las Corporaciones Transnacionales en el Proceso de Desarrollo, especialmente de los Países en Desarrollo, y sus Repercusiones en las Relaciones Internacionales, y que presente recomendaciones para una Acción Internacional Apropiada” (^{ALLENDE, 1972}). En esta misma línea es necesario profundizar nuestro conocimiento sobre el proyecto educativo empresarial, su impacto en la sociedad, en la democracia, en la convivencia. Sólo así lo haremos inteligible, visible, para así poder ponerle límites.