Introducción

Parto de que la epidemia de Covid-19 puede ser entendida como una sindemia, es decir, como la sinergia entre una epidemia y otras enfermedades y padecimientos sociales que se agravan en y ponen en riesgo mayormente a ciertos grupos sociales vulnerables. Las reflexiones de este trabajo se apoyan en una investigación-acción-participativa (IAP) en curso, que inició a mediados del 2019, en una zona segregada del Partido de General San Martín, en el noroeste del Gran Buenos Aires.¹ Mi objetivo será mostrar que la población migrante -a pesar de haber sido más afectada por la pandemia que la nativa- consigue utilizar sus redes sociales en una multiplicidad de estrategias colectivas que vienen de una larga tradición de participación en organizaciones comunitarias pero que se vuelven aún más centrales en el contexto extraordinario de la pandemia.² Para ello, se examinarán registros de observación y entrevistas relevados en el periodo previo a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, como también datos recopilados de manera virtual durante 2020.

El trabajo de campo se extendió por un periodo mayor a tres años, donde hemos realizado más de 100 entrevistas a residentes del Área Reconquista como a funcionarios estatales de nivel local, municipal y nacional. Luego de una serie de reuniones preliminares en casas y organizaciones a fin de elaborar una agenda de trabajo común (necesaria en una IAP que busque colaborar con la transformación de las desigualdades en un dialogo con los sujetos), las entrevistas en profundidad a residentes fueron realizadas a mujeres migrantes o familiares directos y se enfocaron en reconstruir el vínculo entre género, migración y ambiente, en este caso, vinculado al espacio urbano. Al mismo tiempo, el trabajo de investigación implicó la recolección y el análisis de fuentes secundarias. Es importante destacar que, en el medio de la realización de nuestro trabajo de campo, el confinamiento a causa de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 obligó a los investigadores a reformular técnicas, métodos y estrategias de investigación. Ante la imposibilidad del encuentro presencial, se optó por realizar entrevistas y relevamientos de manera virtual y a distancia.

Migración, género y cuidados

Las migraciones parecen ofrecer un punto de vista privilegiado para estudiar las desigualdades, las que se hacen aún más visibles desde una mirada interseccional que muestre el “sistema complejo de estructuras de opresión que son múltiples y simultáneas” (como el capitalismo, el patriarcado, el racismo y la xenofobia, entre otros) en la vida de ciertas personas y grupos (Kimberlé ^{CRENSHAW, 1991}, p. 359). Si bien esta perspectiva tiene su origen en el “feminismo negro” de las décadas de 1960 y 1970, el término interseccionalidad fue introducido formalmente en las ciencias sociales por la jurista afroamericana Crenshaw en 1989, y permite ver la interacción e intersección de los distintos sistemas de opresión con diversas categorías identitarias y sus consecuencias para los derechos humanos de las mujeres. En ese sentido, el concepto de interseccionalidad constituye un enfoque útil para subrayar que el origen migratorio, el género, la etnia, la clase u orientación sexual, entre otras categorías sociales de clasificación de la diferencia, lejos de ser “naturales” o “biológicas” (y por ende dadas), son construidas y están interrelacionadas, del mismo modo que los sistemas de opresión que las legitiman.

De ese modo, los estudios feministas poscoloniales focalizaron en la opresión de las mujeres desde la intersección de diversas variables, demostrando que múltiples afiliaciones e identidades se articulan en cada caso, produciendo distintos mecanismos de desigualdad (María ^{LUGONES, 2008}). Un enfoque transversal del género como éste visibiliza los sistemas interrelacionados de dominación de manera contextual y práctica, por ejemplo, en las experiencias de mujeres migrantes racializadas (Vanesa ^{VAZQUEZ LABA et al., 2012}). Por ejemplo, algunos estudios señalan la predominancia de miradas androcéntricas y economicistas, situadas sobre todo desde el Norte hacia el Sur global, que dificultan comprender las desigualdades de género en las migraciones desde la perspectiva de las mujeres (Carolina ^{ROSAS, 2020}). Al mismo tiempo, destacan que muchas veces se asimila el “género” a las “mujeres”, dejando de lado que es una categoría relacional (Marcela ^{TAPIA LADINO, 2010}) que incluye la discusión sobre masculinidades y disidencias. Esto se da en un contexto de feminización de las migraciones -como el latinoamericano- donde se hace necesario vincular las distintas movilidades internas e internacionales de mujeres para comprender el fenómeno en su complejidad (Gioconda ^{HERRERA, 2012}). Este proceso no sólo se deriva del ingreso masivo de mujeres al mercado laboral y por ende en la composición de los flujos de movilidad humana, sino también su rol como protagonistas en los proyectos migratorios (María José ^{MAGLIANO; Eduardo DOMENECH, 2009}; Ana Inés ^{MALLIMACI, 2012}).

Como viene siendo estudiado desde hace décadas, el caso argentino demuestra la centralidad de estas tendencias ya que, a lo largo de su historia, este país ha sido un polo de atracción de inmigrantes de todo el mundo. Con picos de 30% en 1914, según el último censo de 2010, residen en Argentina 2.164.524 residentes extranjeros, lo que supone un 5% de la población total, y el 84,6% de ellos corresponde a personas provenientes de países limítrofes, con Paraguay a la cabeza con el 34 %, le sigue Bolivia en un 21 % y Chile con 11 %, lo que sigue siendo altamente significativo. En general, la inmigración femenina (1.168.208) es ligeramente superior a la masculina, constituyendo el 54 % del total de residentes extranjeros con (Laura ^{CALVELO, 2012}); pero en algunos casos, como el paraguayo y peruano, el porcentaje de mujeres es aún mayor. Además, se da un fenómeno de centralización de los desplazamientos: más del 75% de los inmigrantes se instalan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y, sobre todo la población sudamericana, en barrios populares de la periferia urbana, tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como del Gran Buenos Aires (GBA) (Marcela ^{CERRUTTI, 2009}).

Si bien el rol de la “mujer migrante” es fundamental para pensar las estrategias de organización a nivel territorial, la migración de mujeres ha sido un fenómeno tradicionalmente invisibilizado hasta bien entrado el siglo XX, cuando muchas de estas investigaciones cuestionaron aquella invisibilidad (^{MAGLIANO, 2015}). En la actualidad, el aumento real de la intervención femenina en los movimientos de población y la apertura conceptual a la figura de la mujer migrante en el ámbito de las ciencias sociales permitieron recuperar a este sujeto del anonimato y redefinirlo como un actor central de los movimientos migratorios (^{MAGLIANO, 2009}). Por estas razones, ha quedado en evidencia que los procesos migratorios-además de estar motivados por razones económicas, políticas, ambientales y culturales, entre otras- son en sí fenómenos determinados por las relaciones de género, siendo éste un principio estructurante.

Frente a la lucha contra las desigualdades y de usar la migración como una estrategia de supervivencia, las redes migratorias constituyen las principales proveedoras de vivienda y trabajo, pero también de otros capitales necesarios para la inserción de los y las migrantes en la sociedad de destino, sobre todo mediante el activismo y la participación en organizaciones comunitarias (Natalia ^{GAVAZZO, 2008}; ²⁰¹⁴). Tal como señalamos (^{GAVAZZO, 2012}), a pesar de que ha habido investigaciones y análisis de algunas de sus organizaciones sociales (Brenda ^{PEREYRA, 2001}; Cynthia ^{PIZARRO, 2007}; Sergio ^{CAGGIANO, 2004}), poca atención ha despertado en el campo de los estudios sobre migraciones internacionales a la Argentina la participación social de los inmigrantes limítrofes, como clave para entender los procesos de construcción de identidades y de luchas por el reconocimiento. Sin embargo, las relaciones interpersonales, las familias y los patrones domésticos, las alianzas y los lazos comunitarios proveen recursos vitales tanto para individuos como para grupos, herramientas de supervivencia cuyo conjunto puede entenderse como un capital social.³ Estas redes pueden ser consideradas “respuestas culturales dinámicas, que estimulan la formación de comunidades étnicas y que conducen al mantenimiento de familias transnacionales y de lazos grupales” (Stephen ^{CASTLES; Mark MILLER, 1998}, p. 25). A la vez, son la base para la consecución de trabajo en los lugares de destino, sobre todo en el empleo doméstico y tareas de limpieza en casas particulares conformando lo que se conoce como cadenas globales de cuidado (^{CERRUTTI; Alicia MAGUID, 2010}).

En ese sentido, para entender la centralidad de la categoría de redes, en el caso de las mujeres migrantes la literatura propone el concepto de cuidado como eje vertebral para el análisis. El mismo hace referencia a todas aquellas actividades pasivas y activas realizadas cotidianamente que, directa o indirectamente, se vinculan con el mantenimiento de la vida, la satisfacción de necesidades, al apoyo socio-emocional y la provisión de bienestar y asistencia diaria (desde el cuidado de niños, ancianos y enfermos propios y ajenos, el mantenimiento y la limpieza del hogar, la provisión de alimento, la atención a la salud y el acompañamiento en los procesos educativos, sea remunerado o no, por mencionar algunas). En la misma dirección, es fuerte la idea de que los cuidados -en particular, los que se prestan en los hogares- engloban tanto el cuidado directo como las precondiciones para que ese cuidado pueda prestarse (Valeria ^{ESQUIVEL, 2012}). En general, se la ha tendido a ver como una práctica restringida, vinculada con un espacio específico y con un cierto grupo social como principal proveedor: el hogar, la esfera privada, el ámbito doméstico como locus privilegiado y las mujeres como principales artífices de dichas actividades. De hecho, el “trabajo del cuidado” es una de las categorías que la crítica feminista ha producido en su esfuerzo por construir herramientas conceptuales para comprender las particularidades de una buena parte de las actividades diarias que realizan las mujeres, ya que constituye un sector de ocupación con un alto nivel de feminización (Shahra ^{RAZAVI; Silke STAAB, 2010}).

Dentro de los estudios relacionados a los cuidados, en América Latina se le ha dado gran importancia a la categoría de cuidado comunitario. Este concepto es fundamental para articular nuestro trabajo de campo, ya que da herramientas para visibilizar la configuración de responsabilidades entre el Estado, las familias, el mercado y el ‘tercer sector’. Tal como expresa Carla ^{Zibecchi (2013}a; 2013b) en este contexto, se destaca que éste último -y los tejidos sociales comunitarios que lo conforman- desarrollan un papel relevante en el terreno de la reproducción social y en el trabajo de cuidado en particular (Antonella ^{PICCHIO, 2001}; Flavia MARCO NAVARRO, 2007; Draibey RIESCO, 2006 apud^{ZIBECCHI, 2013}a, p. 2; Cristina ^{VEGA SOLÍS; Raquel Martínez BUJÁN; Myriam Paredes CHAUCA, 2018}). En este sentido, es necesario atender a la participación de las mujeres en diversas actividades vinculadas con el cuidado comunitario en contextos de pobreza; actividades que muchas veces fueron exigidas por la política pública asistencial bajo la modalidad de contraprestación (ZIBECCHI, 2013a) que no alcanza cubrir las necesidades básicas de la población. Se observa un alto nivel de feminización entre quienes trabajan proveyendo cuidados en el ámbito comunitario, principalmente en tareas importantes como referentes, coordinadoras, maestras, auxiliares de maestras, cocineras y ayudantes de cocina (^{ZIBECCHI, 2013}b). Entonces, cuando la oferta pública estatal no brinda cobertura o la misma es residual -y no existen ingresos para contratar servicios en el mercado- las familias acuden a la oferta pública no estatal disponible: ONGs, instituciones religiosas, voluntariado que se encarga del cuidado, entre otras (MARCO NAVARRO, 2007). Es allí donde “lo comunitario” cobra un papel central para el sostenimiento de la vida, y al ser la mayoría mujeres las que participan de estos espacios, la categoría de cuidados se vuelve esencial.

Sin embargo, tanto ^{Rosas (2018}; 2020) como ^{Mallimaci y Magliano (2007}) coinciden en que los estudios sobre cuidados comunitarios han sido poco explorados en el campo de los estudios sobre migraciones internacionales contemporáneas en Argentina, sobre todo en barrios de relegación urbana (Loïc ^{WACQUANT, 2007}). En esta línea, Rosas explica que se ha privilegiado el análisis de un tipo de cuidado que se vende en el mercado de trabajo y que es asalariado, más allá de su formalidad y nivel remunerativo y que en Argentina se denomina ‘trabajo doméstico’ o ‘en casas particulares’, rubro altamente ocupado por mujeres migrantes (^{CERRUTTI, 2009}; Corina ^{COURTIS; María Inés PACECCA, 2010}; ^{ROSAS, 2020}). Por estos motivos, proponemos utilizar la categoría de cuidados comunitarios como aquellas actividades orientadas a sostener el “mundo común” (Miriam ^{WLOSKO; Cecilia ROS, 2012}), tales como la alimentación, la salud, el cuidado de niños y niñas, en el marco de las estrategias desplegadas por las familias, en pos de la reproducción de la vida.

Para ello, juntamente con los estudios que cruzan migración de mujeres, revisaremos una serie de trabajos realizados en torno al impacto de la pandemia de Covid-19, muchos de los cuales reflejan la interseccionalidad de las condiciones de clase, origen migratorio y género. Porque, tal como explican Karina Batthyany, Zobeyda Cepeda y Manuel Espinel Vallejo, con la crisis actual en América Latina se “ha hecho evidente la importancia de los cuidados para la sostenibilidad de la vida y la poca visibilidad que tiene este sector en las sociedades y en las economías de la región” (^{BATTHYANY; CEPEDA; ESPINEL VALLEJO, 2020}, p. 3). Sin dudas, la pandemia ha tenido un alto impacto en el empleo y mercado de trabajo, pero afecta particularmente a las mujeres. Por ejemplo, “la presión de la demanda de pacientes con coronavirus afecta principalmente a médicas, enfermeras y trabajadoras de la salud en general, ya que ellas representan el 72,8% del personal del sector de la salud” (Corina ^{RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ; Virginia ALONSO; Gabriela MARZONETTO 2020}, p. 7). En Argentina, a partir del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado por el gobierno el 20 de marzo de 2020, las actividades de cuidado se han visto intensificadas, “ya que tanto las tareas que se realizan en la esfera pública como las que se efectúan al interior de los hogares siguen funcionando” (RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ; ALONSO; MARZONETTO, 2020, p. 2). De hecho, entre los servicios declarados esenciales en la emergencia se incluyen gran parte de las tareas de cuidados altamente feminizadas y que, por ende, se desarrollan en peores condiciones y con más bajas remuneraciones, tales como: la salud humana; la asistencia a persona con discapacidad, personas mayores, niños, niñas y adolescentes; los servicios sociales brindados en comedores escolares, comunitarios y merenderos; los servicios de lavandería; entre otros. Si a esto le agregamos las vulnerabilidades derivadas de la condición migratoria y del hecho de vivir en barrios populares, resulta claro que los cuidados comunitarios llevados a cabo por mujeres -particularmente migrantes-adquieren centralidad en el contexto de la pandemia de Covid-19, puesto que ofrecen alternativas para la subsistencia familiar y colectiva en las periferias urbanas como el AR. Como veremos a continuación, las redes de cuidados entre mujeres se entretejen con las redes migratorias y otras formas de organización territorial para garantizar la reproducción de la vida en estos barrios.

Migrantas del Gran Buenos Aires frente al Covid-19

El Área Reconquista (AR) se ubica en el Noroeste del Gran Buenos Aires (GBA) y comprende un conglomerado de unos trece barrios, entre villas y asentamientos, creados en los alrededores de la cuenca del río Reconquista a la altura del Partido de General San Martín. Las ocupaciones de esta zona se dieron justamente a partir del relleno de tierras húmedas y pantanosas, característica del humedal de la cuenca del río Reconquista (Mariano ^{GIORNO; José DADON, 2016}). Como en otras partes del mundo, los sectores empobrecidos se ven obligados a establecerse en tierras con poco o nulo valor comercial, en áreas inundables y contaminadas debido a derrames industriales, descargas cloacales y basurales “a cielo abierto” (Gustavo ^{CURUCHET; Silvia GRINBERG; Ricardo GUTIÉRREZ, 2012}). En el AR, dichos caudales, en conjunto con descargas cloacales y la actividad del complejo basural a cielo abierto CEAMSE Norte III ubicado en esta zona, son las principales fuentes de contaminación del río (Roberto Rafael ^{BUSNELLI, 2019}). Este último se trata de uno de los rellenos sanitarios más extensos en la región. Como venimos afirmando a partir de nuestro trabajo de campo (^{GAVAZZO; Lucila NEJAMKIS, 2021}; ^{GAVAZZO; Romina RAJOY; Belén LÓPEZ, 2021}; NEJAMKIS; RAJOY; LÓPEZ, 2021), en este sector del conurbano bonaerense viven poblaciones en condiciones de extrema pobreza, donde la inadecuada provisión de servicios básicos (saneamiento y acceso al agua, a la educación y la salud, a la vivienda digna y al trabajo registrado, entre otros) agrava aún más la exposición a la alta degradación ambiental, dos problemáticas que se refuerzan mutuamente (Patricio ^{BESANA; GUTIÉRREZ; GRINBERG, 2015}).

Como analizamos, la salud es la variable principal a partir de la cual lo ambiental empieza ser percibido como problemático por las mujeres. “Ante la pregunta por el medioambiente, el concepto es materializado por las interlocutoras en aquellas afecciones que ellas detectan en sus hijos e hijas, o nietos, y el resto de las infancias que cuidan en los comedores comunitarios” (^{NEJAMKIS; RAJOY; LÓPEZ, 2021}, p. 10). Las mujeres que trabajan en los residuos de la planta de reciclaje o limpian los arroyos pueden percibirlo en la piel, ya sea por el olor que les deja “meterse hasta dentro de la caca” o por los sarpullidos que señalan en distintas partes del cuerpo, en particular aquellas que quedan al descubierto de las protecciones que les otorga el uso de botas de agua, antiparras, cascos y guantes. Como se indica, estas afecciones varían entre enfermedades como el dengue, problemas dermatológicos y respiratorios -asma, EPOC o neumonía- muchas de ellas crónicas y desde el nacimiento.

En el AR, la mayoría de sus habitantes -más de 150.000 personas- llegaron a la zona y participaron de ocupaciones clandestinas de tierras o compraron el lote a un vecino/a o familiar, combinando ocupación informal del territorio con diversas movilidades dentro y fuera del espacio barrial para mitigar la exclusión (Ramiro ^{SEGURA, 2006}). Esas movilidades muestran un rico panorama en cuanto a los orígenes migratorios de gran parte de su población: por un lado, provenientes de países limítrofes como Paraguay, Bolivia y Perú, por el otro migrantes internos/as del litoral y el norte argentino (principalmente de Chaco, Formosa y Misiones).⁴ Tal como analizamos con anterioridad (^{GAVAZZO; Sofía ESPUL, 2020}), la urbanización del AR entonces ha sido posible gracias a las migraciones de familias que llegaron a través de redes de parientes y conocidos ya asentados en el AR que facilitaron vivienda, trabajo e información esencial para su integración a la vida en el GBA. Así se fueron conformando los distintos barrios que integran esta región, adquiriendo características de los lugares de orígenes de las poblaciones que los habitan. Esas redes son la base de las organizaciones comunitarias que reúnen a migrantes y a mujeres, entre otros actores, siendo centrales en la lucha por la reproducción de la vida y el desarrollo territorial.

El liderazgo femenino en esas redes es destacable (^{GAVAZZO; RAJOY; LÓPEZ, 2021}), por ejemplo: dentro del predio CEAMSE, hay nueve galpones de trabajo de los cuales siete son conducidos por mujeres, que además se organizaron para construir espacios de cuidado de educación, calles y acceso a los servicios básicos. Además, lideran actualmente más de 75 comedores, montan y sostienen proyectos productivos textiles, gastronómicos y de limpieza de arroyos, y acompañan en las consejerías de género y de migrantes. Sin embargo, las mujeres son el sector de mayor vulnerabilidad social.⁵ En este panorama, se inicia la pandemia de Covid-19.

Como describimos (^{GAVAZZO; NEJAMKIS, 2021}), el 20 de marzo de 2020 el gobierno argentino tomó un conjunto de medidas resumidas en un decreto que declara el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). En relación a la población en estudio, se dispuso la creación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que consiste en un pago excepcional de $10.000 a las personas que se encuentren desocupadas o que se desempeñen en la economía informal. En abril se lanza el Programa El Barrio Cuida al Barrio, por el que promotoras comunitarias realizan un acompañamiento específico a grupos de riesgo y distribuyen elementos de seguridad e higiene promoviendo la difusión de medidas preventivas. A su vez, la iniciativa contempla el trabajo coordinado con comedores, merenderos y centros comunitarios, garantizando el abastecimiento de alimentos. En mayo se implementa un nuevo Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio Argentino (DetectAr), que tiene como objetivo la búsqueda intensificada de personas con síntomas de Covid-19.

Asimismo, el 11 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis con relación a la pandemia, invita a los Estados a incorporar la perspectiva de género en las respuestas a la crisis y a combatir la violencia sexual e intrafamiliar, así como la discriminación que afecta crecientemente a las mujeres en ese contexto. Así, el nuevo Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad habilita herramientas de asistencia a mujeres víctimas de violencia doméstica y de género, entre ellas: la ampliación de la línea 144 de denuncias, la consideración de situaciones de violencia como razones excluidas del confinamiento-permitidas para circulación en la vía pública-, y la creación de puntos de atención en farmacias mediante el código “barbijo rojo”, que pone en marcha el protocolo, entre otras.

En lo que hace referencia específica a la población migrante, en un primer momento la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) amplió por un mes el vencimiento de todos sus trámites presenciales lo que generó gran incertidumbre, pero luego implementó un sistema de autogestión web que facilitó el certificado de residencia precaria a fin de regularizar la situación migratoria de manera no presencial y automática (con igual validez que la tramitación presencial).

Sin embargo, a pesar de que estas políticas buscaron incidir directamente sobre la población vulnerable de barrios populares, como las mujeres migrantes del AR, frecuentemente no terminaron de garantizar el acceso a derechos básicos y necesarios en un contexto de emergencia sanitaria. Por eso, como comprobamos mediante nuestro trabajo de campo, las mujeres organizadas debieron iniciar rápidamente acciones tendientes a contener la crisis sanitaria, las cuales muestran no sólo el impacto de la pandemia para la población del GBA, sino la capacidad de las redes de garantizar los cuidados comunitarios para la integralidad de la salud de la población. Frente a todas aquellas problemáticas se robustecieron diversas estrategias que, si bien ya se articulaban en el territorio, fueron fundamentales para sostener este proceso de crisis, las que fueron sostenidas -tal como observamos- por mujeres, muchas de ellas migrantes. De todo lo considerado, centraremos nuestro análisis en tres ejes de acción sobre las cuales estructuraron sus estrategias de cuidados comunitarios: alimentación, violencia de género y trámites migratorios.

Respecto al primer punto, coincidentemente con algunos estudios (^{ROSAS, 2020}), observamos que en la zona el incremento de las personas que acuden a comedores a causa de la pandemia ha sido exponencial, lo que generó que se multiplicara la atención, con la consecuente falta de insumos alimenticios que impidió -en muchos casos- que se abrieran todos los días para brindar el servicio.⁶ Del trabajo de campo, quedó en evidencia que los comedores que ya existían antes de la pandemia no daban abasto para atender el aumento de la demanda por lo cual se crearon nuevos, muchos de ellos en los hogares de las mujeres migrantes, quienes abrieron sus cocinas para compartir con sus vecinos. En ese sentido, en solo cuatro espacios relevados registramos una asistencia alimentaria diaria para un total de 1160 personas, de las cuales solo 100 asistían previo a la pandemia. Por ejemplo, en todos los espacios se resalta la presencia de población migrante, más que nada de Paraguay, que anteriormente nunca había asistido a los comedores. Al respecto, cotejamos que el 90% de las personas que trabajan en los comedores y ollas populares relevados son mujeres, de las cuales una gran proporción son migrantes y no perciben ningún tipo de ingreso por el trabajo de cuidado comunitario que realizan.

Con respecto al aumento de la violencia de género (VdG) a causa del aislamiento, el trabajo de las consejerías de género se volvió fundamental. En solo una de las consejerías que acompañamos se registraron récords de casos asistidos durante el ASPO (67%), con un aumento paulatino en los tres bimestres que llevamos de pandemia. Entre marzo y agosto, la mayoría de las mujeres atendidas fueron argentinas (62%), seguidas por paraguayas (20%) y otras en menor medida como bolivianas y colombianas (8%). Según los registros y entrevistas, en la ruta de la atención a las víctimas de VdG, “muchas no acceden a la denuncia” o “no llegan a la comisaría o al espacio de la mujer”. Esto es debido a múltiples factores: por temor, porque falta de información, no tienen dinero para viáticos ante la gestión de trámites y/o la carga del celular, entre otros. Las mujeres que trabajan como promotoras son las que más contacto directo tienen con esos casos e incluso muchas enfrentaron la VdG en carne propia, pero -gracias al apoyo de sus organizaciones- se formaron en género mediante cursos y diplomados. Más allá de esta formación, en general encuentran diversas limitaciones para realizar su trabajo, algunas relacionadas con la sobrecarga de tareas de cuidado de sus propias familias y el acompañamiento que muchas veces no es reconocido ni simbólica ni económicamente.

Finalmente, las consejerías migrantes, creadas en cuatro puntos del AR a partir de una capacitación que ofrecimos desde la UNSAM en 2019, operaron registrando rápidamente casos de familias sin asistencia y buscando maneras alternativas de ayudarlos, desde reclamos y donaciones hasta vínculos con hogares y comedores que pudieran hacerles un lugar. En el contexto de confinamiento, asistieron también a muchos de los migrantes que quedaron varados en Argentina con el ASPO, que no contaban con la documentación reglamentaria para solicitar el IFE (DNI y 2 años de residencia legal en el país) y/o que no han podido acceder al beneficio, entre otros. Según los registros que hemos sistematizado, vemos que la población migrante fue excluida en gran parte del beneficio, sobre todo las mujeres. En todos estos casos, el trabajo en red entre mujeres organizadas hace que puedan resolverse colectivamente algunos casos de personas en situaciones críticas, utilizando colectivamente los recursos de unas y otras organizaciones independientemente de la pertenencia de las referentes.

Algunas conclusiones

Con la crisis derivada de la pandemia de coronavirus, quedaron aún más en evidencia las desigualdades preexistentes en la sociedad, particularmente en América Latina. Éstas -como vimos en el caso del AR del Gran Buenos Aires- están mediadas por diferentes realidades como son el género, las clases social, la etnia, la procedencia migratoria, entre otras, que agravan la situación de vulnerabilidad de las poblaciones desventajadas como las mujeres y las/os migrantes. El análisis interseccional propuesto permite comprender que la condición de “ser migrante”, “ser mujer” y “ser pobre” son pertenencias que en su simultaneidad multiplican la vulnerabilidad de las personas y que los obligan a desplegar estrategias de organización colectiva para garantizar la reproducción de la vida, tanto a nivel de las familias como de las asociaciones comunitarias. Son las redes de mujeres, y en nuestro caso de migrantes, las que sostienen la vida en los barrios más vulnerables, mitigando los efectos de la crisis sanitaria producida por la pandemia. Son las redes, producto de un trabajo territorial que ya venían realizando para cubrir las necesidades de la población, las que cubren los espacios a los que no llega un estado que no consigue modificar las desigualdades estructurales que los afectan durante la crisis sindémica. Aquí, hemos mostrado la capacidad de agencia de las mujeres migrantes para desplegar múltiples estrategias de cuidados comunitarios basadas en la organización colectiva y en la creación de redes, elevando sus posibilidades de transformación de las desigualdades interseccionales que enfrentan a diario ellas, sus familias y comunidades.

Porque si bien en un primer momento se hablaba del Covid- 19 como un “virus democrático” porque atacaba a toda la población por igual, ahora sabemos que esto no es así. No solo se propaga con mayor fuerza en los sectores más vulnerables de la población, sino que las consecuencias económicas de la pandemia y de las medidas tomadas para gestionarla también afectan de manera desigual (^{AAVV CLACSO, 2020}). Varios estudios remarcan los contrastes del impacto de la pandemia en la vida cotidiana entre hombres y mujeres, siendo estas últimas las más perjudicadas ya que, entre otras cosas, las tareas de cuidados recaen mayormente sobre ellas (^{BATTHYANY; CEPEDA; ESPINEL VALLEJO, 2020}; Maritza ^{ISLAS, 2020}; ^{RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ; ALONSO; MARZONETTO, 2020}; Natalia ^{DEBANDI; Ana Paula PENCHASZADEH, 2020}; ^{ROSAS, 2020}). En Argentina, muchos de los trabajos considerados “esenciales” y por lo tanto que debieron seguir realizándose en pandemia son llevado a cabo por mujeres, a la vez que las actividades al interior del hogar no solo no cesaron, sino que se incrementaron, teniendo que ayudar a los niños y niñas en la realización de las actividades escolares de forma virtual, generando una carga mayor de actividades para las mujeres.⁷ Si a esto le sumamos las tareas comunitarias, debemos considerar las desigualdades interseccionales de las trabajadoras del cuidado más subalternizadas, muchas de ellas migrantes internas e internacionales, a fin de fortalecer sus estrategias y reconocer su rol social en la sindemia ocasionada por el coronavirus.