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Introducción
La ausencia de obligaciones estrictas para proteger a las “víctimas de la trata” en el principal instrumento internacional sobre la trata de personas, el Protocolo de las Naciones Unidas contra la Trata del año 2000, ha dejado durante mucho tiempo su asistencia y protección al margen de la investigación y de las preocupaciones políticas1. Este es el caso de España, donde los escasos estudios sobre asistencia se centran principalmente en el análisis del marco legal y operativo para la protección de víctimas de trata (Francisco Javier LEÓN, 2010; Carmen MENESES FALCÓN; Antonio RÚA VIEITES; Jorge UROZ OLIVARES, 2021; Xavier MIRANDA RUCHE; Carolina VILLACAMPA ESTIARTE, 2021; Silvia RODRÍGUEZ LÓPEZ, 2020). Un número menor de investigaciones con participación de la población involucrada en el proceso de “trata” ha explorado el proceso de identificación de las víctimas y el acceso a protección, destacando, entre otras cuestiones, la necesidad de detectar los indicadores de tráfico necesarios para iniciar un proceso de asistencia (Inmaculada ANTOLÍNEZ DOMÍNGUEZ; Esperanza JORGE BARBUZANO, 2017; 2020).
Centrando la atención en las víctimas de trata sexual en España, este artículo tiene como objetivo llenar parte del desconocimiento sobre este tema en un contexto en el que, en continuidad con una tendencia internacional más amplia, esta población ha estado en el centro de la atención. Esto queda bien reflejado tanto por los datos que reportan que las mujeres y niñas tratadas con fines de “explotación sexual” son la gran mayoría, (84%) de las víctimas identificadas, como por los recursos reservados para la intervención con ellas (MSSSI, 2015; ver también GRETA 2018; UNODC, 2020). Basándonos en las perspectivas de las trabajadoras de la intervención social, este artículo explora las experiencias de asistencia y protección a mujeres tratadas en el mercado del sexo en la Comunidad de Madrid, donde las políticas actuales prevén financiación y asistencia específica contra la trata (COMUNIDAD DE MADRID, 2016; MSSSI, 2015).
Nuestra propia investigación en este contexto sugiere que la asistencia a las mujeres tratadas puede configurarse como un espacio de control y reeducación del cuerpo y la sexualidad, de la economía, y de las opciones de vida, produciendo formas de violencia que involucran tanto a las mujeres asistidas como a algunos de los actores que intervienen en su proceso de asistencia. Legitimadas y rara vez cuestionadas por sus aparentes fines humanitarios, estas intervenciones y la violencia ejercida por ellas son posibles gracias al encuentro de la moralidad conservadora y antiguas formas de discriminación junto con las actuales políticas neoliberales que afectan al trabajo social.
Protección y asistencia a las personas tratadas
Antes de presentar los métodos y el contexto de estudio con más detalle, conviene recordar que la asistencia a las “víctimas de trata” ha sido descrita como un proceso complejo que involucra a diversos actores y conlleva pasos diferenciados durante los que pueden surgir problemas de diferente naturaleza (Nathaniel DELL et al., 2019). La identificación de víctimas es uno de los pasos que más ha llamado la atención, destacándose para su mejora la necesidad de un mayor conocimiento y formación de los profesionales involucrados en la misma (Juan ACEROS; Jackeline VARGAS; Johana REYES, 2017; Erica KOEGLER; Kathleen PREBLE; Sarah TLAPEK, 2021).
Sin embargo, los supuestos de género también pueden influir en la identificación de las personas tratadas e incluso de ciertos tipos de “trata” (Annette BRUNOVSKIS; Rebecca SURTEES, 2019). Entre los desafíos prácticos relacionados con esta fase, a menudo se señalan los que plantean cuestiones como el lenguaje y la confianza, así como los que vinculan la identificación a las agendas de justicia penal y orden público, no siempre respondiendo a los intereses de las personas tratadas y que puede producir su “victimización” o “criminalización” (ANTOLÍNEZ DOMÍNGUEZ; JORGE BARBUZANO, 2020; BRUNOVSKIS; SURTEES, 2019; Mara CLEMENTE, 2019; Nuria CORDERO RAMOS; Rafael CÁCERES, 2020; Waldimeiry CORREA DA SILVA, 2019).
La intervención social realizada de forma posterior a la identificación parece volver a proponer desafíos de naturaleza similar. La investigación con participación de víctimas apunta a respuestas sesgadas por género y edad, así como la no consideración o la consideración parcial de las necesidades emocionales y materiales de las personas asistidas (Luke BEARUP; Sophea SENG, 2020; Laura CORDISCO; Vanntheary LIM; Channtha NHANH; Sophie NAMY, 2021; Uwafiokun IDEMUDIA; Nnenna OKOLI; Mary GOITOM; Sylvia BAWA, 2021; Renee BOTHA; Ajwan’ WARRIA, 2021). Un enfoque “centrado en la víctima”, particularmente centrado en la mujer, es más evidente en aquellas estructuras que van más allá de un enfoque institucional contra la trata (Bincy WILSON, 2019). Estudios previos sobre asistencia también alertan sobre la existencia de formas de violencia institucional y mecanismos disciplinarios en el sistema de asistencia a víctimas de trata, así como la detención de víctimas en instituciones “semicarcelarias” (CLEMENTE, 2017; Anne GALLAGHER; Elaine PEARSON, 2010; Maggy LEE, 2014).
Los profesionales dedicados a la asistencia a veces son identificados como los principales responsables de la estigmatización de las personas asistidas, el abuso de poder, los abusos verbales y físicos y el trato castigador y desempoderante (CORDISCO; LIM; NHANH; NAMY, 2021). Entre las soluciones señaladas, se suele enfatizar la importancia de mayores recursos humanos y financieros, mayor capacitación y conocimiento de la problemática, una mayor colaboración entre los diferentes actores involucrados en el proceso de asistencia, así como un mayor involucramiento de las personas víctimas de trata en el proceso de definición de programas de asistencia (ACEROS; VARGAS; REYES, 2017; CORDISCO; LIM; NHANH, 2020; IDEMUDIA; OKOLI; GOITOM; BAWA, 2021; KOEGLER; PREBLE; TLAPEK, 2021; Sue LOCKYER, 2020; WILSON, 2019).
Si bien la disciplina y violencia sobre las personas asistidas está bien documentada en la literatura, el estudio de los mecanismos de control y violencia que involucran a las trabajadoras sociales que intervienen en el proceso asistencial es escaso y limitado. Para su análisis, ha sido útil basarse en estudios feministas y críticos actuales sobre la trata de personas. Dentro de ellos, se han criticado las imágenes actuales que describen a las “víctimas de la trata” como mujeres y niñas traumatizadas, ingenuas y pasivas forzadas hacia la prostitución (Jo DOEZEMA, 2004), así como los esfuerzos empoderantes y carcelarios de las profesionales del sistema de asistencia contra la trata y sus colaboraciones multisectoriales (Elizabeth BERNSTEIN, 2018; BEARUP; SENG, 2020; CLEMENTE, 2021; Jennifer MUSTO, 2010) y el carácter moralizante y excluyente de algunas organizaciones en este ámbito político y de intervención (Santiago MORCILLO; Cecilia VARELA, 2021). Dentro de esta literatura, algunas académicas también conectan los puntos entre ciertas formas de intervención y el beneficio que esta produce para las instituciones estatales y no estatales, que no necesariamente incluyen objetivos de justicia social en su intervención y que reproducen las dinámicas y los valores del mercado, fortaleciendo el poder estatal burocrático (BERNSTEIN, 2018; CLEMENTE, 2021).
Metodología y contexto de estudio
Este artículo discute los resultados del análisis de 26 entrevistas en profundidad recogidas entre 2018 y 2020 a trabajadoras sociales, educadoras sociales y auxiliares de educadora empleadas en la asistencia a “víctimas de trata sexual” en la Comunidad Autónoma de Madrid2. Su participación en la investigación fue posible, en la mitad de los casos (13), a través de una solicitud formal y la colaboración de las organizaciones en las que trabajan las participantes3. Algunas veces, esta colaboración estuvo limitada por razones descritas por las organizaciones como mayores compromisos laborales. Por lo tanto, fue posible llegar a las (13) participantes restantes solo a través de un muestreo de bola de nieve y un enfoque etnográfico más amplio que ha incluido la participación en eventos públicos y reuniones sobre esta temática.
Los métodos de muestreo adoptados probablemente contribuyeron a una sobrerrepresentación de participantes con experiencia laboral dentro de tres organizaciones: Proyecto Esperanza, Asociación para la Reintegración de Mujeres Prostituidas (APRAMP) y Comisión de Investigación de Maltrato a Mujeres4. Por otro lado, algunas de estas organizaciones son también las que tienen un rol protagónico en las actividades asistenciales en el contexto de estudio (COMUNIDAD DE MADRID, 2016; GRETA, 2018). Los métodos de muestreo adoptados pueden haber introducido además sesgos potenciales en los tipos de experiencias capturadas. Este es el caso de una potencial sobrerrepresentación de experiencias laborales descritas como generalmente negativas y traumáticas que involucran a las trabajadoras sociales entrevistadas. La investigación también sugiere que las escasas oportunidades de acceso al mercado laboral y la precariedad de una gran parte de estas profesionales empleadas en la asistencia a la trata parecerían desafiar el intercambio crítico de sus experiencias. En otras palabras, los métodos de muestreo utilizados parecerían haber favorecido la aparición de tendencias que, aunque no generalizables, podrían haber quedado al margen de los resultados.
Las participantes son 24 mujeres y dos hombres con edades comprendidas entre los 25 y 55 años5, con experiencia laboral en diferentes roles y momentos del proceso de atención, incluyendo detección de víctimas y programas de acogida residencial. Se obtuvo un consentimiento informado de todas las personas involucradas en el estudio. La garantía del anonimato ha surgido como un aspecto de carácter relevante durante el estudio, por el temor a posibles represalias por parte de las organizaciones hacia las participantes por la información compartida6. Por tanto, se ha anonimizado esta información y cualquier tipo de datos que puedan facilitar la identificación de las participantes. Ninguna de las informantes clave recibió pago alguno.
Las entrevistas duraron de 30 a 80 minutos; 25 de ellas se han realizado en español y una de ellas en inglés. Se han realizado 23 entrevistas presenciales, en lugares definidos por las participantes, una se ha realizado online y dos telefónicamente. Las entrevistas se grabaron con el permiso de las participantes.
Las entrevistas se centran en explorar la asistencia para la trata desde la perspectiva de las trabajadoras de la intervención e identificar los elementos que pueden contribuir o desafiar el acceso y el proceso más amplio de asistencia de las víctimas que permanecen en España. Tras su transcripción, las entrevistas fueron analizadas mediante análisis temático que permitió identificar los temas tratados en este artículo: a) control y violencia material y económica; b) control y disciplina del cuerpo y la sexualidad; c) violencia neoliberal.
El análisis de las entrevistas se integró con el análisis de documentos (Planes de Acción, Protocolos, Informes y Leyes) y sitios web que contribuyeron a generar una comprensión profunda del contexto de la intervención en el que se centra este artículo. Dentro de este, los cuerpos policiales especializados en la investigación de delitos de trata (Policía Nacional y Guardia Civil) son los órganos competentes para la identificación formal de las víctimas de trata. La Ley Orgánica 4/2000 de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y de su Integración Social (artículo 59 bis) prevé la expedición de permisos de residencia a las víctimas extranjeras tanto en función de su situación personal como para la colaboración con las autoridades.
Las víctimas identificadas oficialmente, así como las personas menores de edad a su cargo, tienen derecho a recursos de asistencia incluyendo alojamiento, asistencia material, asistencia psicológica, atención médica, servicios de interpretación y asesoría legal (GOBIERNO DE ESPAÑA, 2011). El Gobierno de España, mediante los Planes Integrales de Acción contra la Trata de Mujeres y Niñas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, también establece que las ONG pueden ayudar a las víctimas de la trata fuera del procedimiento formal de identificación y “con independencia de que se encuentren en situación regular o irregular en el país” (MSSSI, 2015, p. 21).
Respecto a los Planes Integrales contra la Trata, tanto el primero (2009-2012) como el segundo (2015-2018) centran su atención en la explotación sexual. Consideran la trata de personas el resultado de la desigualdad estructural, la pobreza feminizada y la violencia de género y consideran que “la trata de mujeres, niñas y niños existe porque existe la prostitución” (GOBIERNO DE ESPAÑA, 2008, p. 8). Por ello, el segundo Plan señala la necesidad de concienciación social sobre el impacto de la demanda de servicios sexuales como uno de sus objetivos, partiendo de la idea de que “la demanda de servicios sexuales se identifica como una de las principales causas de la trata con fines de explotación sexual” (MSSSI, 2015, p. 6).
Este Plan de Acción cuenta con un presupuesto de más de 104 millones de euros para su ejecución, reservando aproximadamente 20 millones de euros para la identificación, la protección y asistencia de mujeres y niñas víctimas de trata (MSSSI, 2015). La prestación de servicios de asistencia a las víctimas se centra principalmente en albergues de emergencia a corto y a largo plazo. La mayor cantidad de estos recursos se concentran en la Comunidad de Madrid donde, entre otras cosas, se encuentran el mayor número de plazas de alojamiento para mujeres víctimas de trata. A pesar de la provisión de recursos para asistencia con sesgo de género, el último informe GRETA describe de forma generalizada como “excelente” el trabajo realizado por los recursos de acogida que ofrecen “muy buenas condiciones materiales y personal empleado las 24 horas, incluido personal voluntario” (2018, p. 39).
Resultados
La mayor parte de las trabajadoras y educadoras sociales cubriendo funciones de intervención social que las colocan próximas a las usuarias de las organizaciones especializadas en la detección y el refugio para víctimas de trata, convergen para indicar formas múltiples y superpuestas de control y disciplina en el proceso de asistencia a las mujeres usuarias de estos servicios. Tratos tales como el infantilismo, el consumismo, la holgazanería, la incapacidad de proveerse su propia supervivencia, además de la suciedad y las patologías sexuales, son movilizados dentro de las organizaciones, que los emplean para justificar formas de control y disciplina material y económica, corporal y sexual, de las mujeres “víctimas prostituidas”. Las lógicas neoliberales que caracterizan el proceso asistencial de forma más amplia contribuyen a extender estas formas de control y disciplina a las trabajadoras y educadoras sociales en contacto con las mujeres durante la asistencia. Ellas se encuentran en el centro de una serie de tensiones y conflictos que pueden poner en peligro tanto la asistencia de las mujeres víctimas de trata como su continuidad laboral.
Control y abuso material y económico
Entre las medidas de control y abuso material y económico más recurrentes que denuncian las participantes de esta investigación se encuentra la requisa de ahorros y el dinero que reciben las mujeres durante el proceso de atención, lo que provoca que tengan severamente controlado el acceso al mismo, a criterio discrecional de la organización que las asiste. Así lo explica una de las entrevistadas:
[Las mujeres asistidas] tienen muy poquito dinero, pues igual de 100 euros que tienen en la cuenta se lo gestiona la asociación. Ellas no perciben nada, ni pueden tocar nada del dinero. Ahora mismo había unas becas de 600 euros y una formación en estética para quienes ya tienen la tarjeta de residencia. Entonces esa beca la perciben ellas pero se la queda la organización y luego, cuando [las mujeres asistidas] salgan en algún momento, podrán hacer uso de su dinero (Entrevista N.º 6, Diciembre 2019).
La requisa tanto de dinero como de documentación y objetos personales (ropa, objetos considerados peligrosos, artilugios electrónicos, etc.) con frecuencia se plantea en las primeras etapas de acogida de las mujeres en los recursos residenciales, después de operaciones de rescate en las que pueden haber sufrido un fuerte estrés emocional y físico. Esta medida, justificada mediante el objetivo de proteger a las mujeres, pronto acaba produciendo tensiones entre las usuarias asistidas y las trabajadoras técnicas encargadas de su implementación, sobre las que recae la responsabilidad y las consecuencias de esta medida. De acuerdo con una de ellas:
A veces [la requisa de dinero, documentación y objetos personales] les parece normal y correcto. Yo creo que también es por el shock: hay veces que han venido directamente de los exámenes de hospital y todo ha pasado en 10 horas, pues lo que quieren es acostarse, tomarse una tila y acostarse. Entonces al principio, yo no me he encontrado con mayor problema y ha habido casi siempre una buena disposición. Cuando lo empiezan a notar es con el paso de los días (Entrevista N.º 7, marzo 2020).
Realmente, durante el proceso de asistencia, las mujeres asistidas pueden necesitar algún apoyo financiero. A menudo esta situación parece dar lugar a una deuda con la organización de asistencia y la consiguiente obligación de devolver el dinero para aquellas mujeres asistidas que acceden a un empleo durante su estancia en el albergue. Este proceso, como una de las entrevistadas describe, no siempre es explicado adecuadamente a las mujeres asistidas:
Que necesita pagar tasas, se lo paga la entidad, que necesita pagar algo excepcional, se le paga. Si bien es cierto, cuando la mujer abandona el recurso [residencial] y encuentra algún empleo o algún tipo de ingreso económico y la entidad le ha pagado las tasas para su N.I.E o le ha recargado algún abono, eso se le cobra. Nadie se lo explica abiertamente, pero cuando van a ingresar en el mundo laboral y tienen algún tipo de ayuda, sí que se les va insinuando (Entrevista N.º 4, Julio 2019).
Sin embargo, las mujeres asistidas no deberían devolver ningún dinero, dado que la organización recibe dinero público para realizar esta asistencia social con ellas. Durante esta misma investigación, se publicaron diversas noticias en prensa que denunciaban la escasez de recursos y la precariedad en la asistencia a las usuarias, que no ven cubiertas necesidades básicas, en esta misma entidad7. Dentro de ella, incluso la comida se raciona, en algunos casos de forma insuficiente, y los inconvenientes derivados de ello suelen ser resueltos por las trabajadoras mediante el uso de su dinero personal. En la experiencia de una de las participantes:
No tenemos ni idea de las partidas [económicas] que hay para nada, pero se ahorra todo el rato en todo. (…) La compra se hace al milímetro y si quien ve la lista de la compra piensa que de algo hay demasiado, no lo compra. Hay veces que nos [a las educadoras] han hecho poner nuestro dinero para responder a alguna contingencia, diciendo que nos lo van a devolver, y por supuesto todavía no hemos visto ese dinero. Por ejemplo, es el caso de un medicamento muy fuerte, no lo puedes parar de repente de tomar. La chica que lo tomaba tuvo síndrome de abstinencia un par de días, estaba temblando. Esta chica dijo que prefería utilizar su dinero, que tenían en las oficinas [la organización], para comprarlo. Una compañera adelantó el dinero y se supone que luego se lo devolverían supuestamente del dinero de esta chica, pero no lo ha pagado la entidad en ningún caso y tampoco le han devuelto ese dinero (Entrevista N.º 7, marzo 2020).
Volviendo la atención a las vías de reintegración socioeconómica de las mujeres víctimas de trata, según las participantes, se incluyen experiencias que se describen como cercanas a la explotación. Es el caso de los talleres de formación obligatorios, por los que no reciben dinero a cambio, aunque sí aportan una ventaja económica a las empresas que se benefician de ellos:
Las mujeres te cuentan que de esos talleres no recibían nada. Y esos talleres eran arreglos para el Corte Inglés. [Los fines de semana] normalmente no iban al taller de textil, salvo que hubiera un pedido muy grande y entonces sí, nos decían, este fin de semana tienen que venir de esta hora a esta hora. Cuando había algún pedido, yo cotilleaba y pues ahí te enteras… (Entrevista N.º 8, noviembre 2019).
Los abusos materiales durante la intervención social a las “víctimas de trata” también parecen acompañarse de la reducción de los derechos laborales del personal técnico que desarrolla las labores de asistencia. Parte de él está adscrito a un contrato de trabajo inferior a la categoría profesional que desarrolla dentro de la organización, siendo remunerado económicamente en menor medida. Como explica una de las participantes:
Esperan que hagamos funciones de educadoras sociales, pero nos contratan con una categoría de auxiliar educativa porque la remuneración pues es menor. Las tablas salariales y las funciones son totalmente distintas. Pero nosotras hacemos informes, reportes, talleres, planificaciones, todas estas cosas que son propias de las educadoras sociales (Entrevista N.º 7, marzo 2020).
Aunque estas formas de contratación están presentes en varias de las organizaciones de asistencia, esta circunstancia es especialmente relevante para participantes que trabajan o trabajaron para la organización APRAMP, que parece contratar sistemáticamente a las educadoras sociales como auxiliares de educadora. Una circunstancia llamativa si consideramos el alto valor salarial de figuras de poder de la organización o el volumen de financiación para la asistencia que recibe la organización (APRAMP, 2019).
Control y disciplina del cuerpo y de la sexualidad
Las participantes indican otras formas de control y disciplina experimentadas por las mujeres asistidas, a veces justificadas en la suciedad y los malos hábitos asociados al ejercicio de la prostitución. Una diferenciación de clase se sobrepone al estigma de la prostitución, justificando reglas estrictas que rigen la permanencia en el espacio de acogida y los hábitos físicos y sexuales impuestos a las mujeres asistidas. En la experiencia de una de las participantes:
[Las mujeres asistidas] se levantan entre 7 y 7 y media de la mañana y todos los días tienen que limpiar cocina, salón, pasillos, baños, todo. ¿Quién limpia su casa antes de ir al trabajo todos los días, todas las estancias de la casa a las 7 de la mañana? Nadie. ¡Ellas sí! Aunque no se lo diga, todo les pasa porque vienen de la prostitución, es una perspectiva casi clasista. Si no quieren cenar, nos dicen: “ya chicas, pero es que aunque no quiera cenar la tenéis que obligar a cenar porque son hábitos saludables, porque vienen de un mundo que no sé cuántos” (Entrevista N.º 7, marzo 2020).
Las participantes también relatan sobre la censura recurrente de algunas elecciones que involucran ropa o maquillaje, una vez más ligadas a la práctica de la prostitución. Estas formas de vigilancia, además de las anteriores, promueven un conjunto de tensiones entre las mujeres atendidas que, en algunos casos, conducen al abandono del recurso de acogida. En ese sentido, una de las trabajadoras nos informa que:
He escuchado conversaciones de decirle a una menor: Tú si quieres ser una puta, como eras, coge la puerta y vete. No la dejaban ir maquillada, no la dejaban ir con peluca porque ir maquilladas [para la dirección] es de putas. Esa chica siempre nos decía: “Es que esto es inaguantable”. Ella salió a por unas galletas a la calle y no volvió a aparecer. Lo raro es que no se fueran todas. Muchas mujeres decían que estaban mejor con sus chulos que ahí. ¿Y para quién fue la bronca? ¡Para mí! Unas broncas que no te podías ni imaginar. Parecía que se hubiera escapado una presa, literalmente (Entrevista N.º 8, noviembre 2019).
Una vez más, las trabajadoras que interactúan con las mujeres asistidas de forma cotidiana aparecen en el centro de tensiones y conflictos. Esto las conduce, por un lado, a tener que implementar medidas definidas por la organización para la que trabajan, pero con las que no están de acuerdo, y por otro, a tener que responder por las consecuencias de su implantación ante las organizaciones.
El manejo de la sexualidad y la orientación sexual tanto de las mujeres asistidas como del personal trabajador parece originar otras formas de control y vigilancia, creando tensiones dentro de las organizaciones, especialmente en aquellas organizaciones de carácter religioso. En la experiencia de una de las entrevistadas:
Se las obligaba a tener una conducta de mujer blanca, española y heterosexual. Y no sexual, también. En dos ocasiones tuvimos mujeres que se quedaron embarazadas y que quisieron abortar. Se hizo, pero sin contar con el visto bueno de las Adoratrices. Yo intercedí por la mujer, y bueno, la coordinadora se lo tomó como algo personal. Me dijo que si la acompañaba [al I.V.E] se iba a encargar personalmente de que yo no trabajara más en la entidad, ni esa, ni en ninguna del resto de la congregación. Otra vez tuvimos el caso de una mujer lesbiana que tenía una pareja española y fue un conflicto muy muy grande por el simple hecho de ser lesbiana. De hecho, se aceleró su expulsión de la casa o su salida de la casa. La sexualidad es un tema tabú. Mucho más si es no normativa. Incluso para las trabajadoras, el hecho de decir que eres lesbiana, trae consecuencias. Había talleres grupales, pero por ejemplo a mí no me permitían dar ninguno (Entrevista N.º 16, junio 2019).
En España, desde 2010 está previsto el acceso regulado de la interrupción voluntaria del embarazo (Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo), pero no parece estar reconocido por algunas organizaciones, particularmente las de naturaleza religiosa. De forma similar, en el caso de las orientaciones sexuales no normativas, parecen estar penalizadas, forzando una conducta heteronormativa o no sexual, incluso entre trabajadoras que parecen ver dificultado su trabajo por este motivo.
Otras violencias neoliberales
Centrando la atención en las trabajadoras técnicas, describen fuertes presiones que, a primera vista, ponen en tela de juicio su lectura de la prostitución. De hecho, las trabajadoras técnicas refieren una presión para registrar a todas las trabajadoras del sexo como “víctimas de la trata” o de la “explotación sexual”, justificada por el hecho de que, de acuerdo con las organizaciones en las que trabajan, una opción diferente no contemplaría la explotación que viven las mujeres que se dedican a la prostitución. A este respecto, una entrevistada relata que:
Hay mucha presión en el ambiente. Las compañeras te lo van diciendo: “en general marca explotación sexual porque si marcas prostitución va a venir la abogada y te va a decir que por qué marcas prostitución”. Y marcarlas como víctimas de trata era sobre todo si ellas tenían una deuda, lo que ellas nos decían era “si hay deuda, marca trata” (Entrevista N.º 5, febrero 2020).
Las técnicas que no cumplen estas indicaciones, más allá de recibir reprimendas por ello, corren el riesgo de ser despedidas:
La organización te anima casi a pelearte con la otra entidad. Lo ponen como “es que las otras entidades solo van a repartir material y no van a detectar, entonces estás promoviendo la prostitución”. Nos decían: “claro, es que, si llegáis a un sitio y hay otra entidad allí, pues es que eso no puede ser porque esta zona es nuestra, porque nosotros llevamos desde 1900 no sé qué”. A mí una de las directivas sí que me comentó como criticando a una chica que había trabajado allí y que ya no estaba trabajando allí, como algo muy negativo: “es que esta chica cuando salía con la unidad móvil a las chicas a veces las derivaba a otras entidades diferentes”. Y como que eso era uno de los motivos por los que la habían echado (Entrevista N.º 5, febrero 2020).
Esta directriz, aparentemente justificada por las lecturas abolicionistas de la prostitución, revela su carácter neoliberal cuando consideramos de forma más amplia todas las directrices que caracterizan las prácticas de detección de la población tratada. Entre otras cosas, parecen desincentivarse las relaciones de colaboración con otras organizaciones especializadas en el ámbito de la trata, especialmente en el trabajo de detección de víctimas:
No te permiten que derives a ninguna otra organización. Una vez asesoramos a una chica que fuera al Ayuntamiento para que se empadronase y nos dijeron: que no, que antes de hablar con la trabajadora social del Ayuntamiento, tenía que hablar con Cruz Roja. Es hacerles las cosas más difíciles a ellas por lo cuantitativo, nada más, por justificar el proyecto. El propósito final real de la intervención era que las chicas tomasen contacto con Cruz Roja y que con suerte fuesen a la institución para tener un registro de “ha venido tal día y se la ha atendido”, fin. Porque las evaluaciones se hacen en términos cuantitativos. Por lo tanto, no importa tanto la calidad de la intervención, que es nula, como la cantidad de la intervención (Entrevista N.º 24, mayo 2019).
Los diferentes relatos convergen indicando fuertes competiciones entre organizaciones para el acceso a la financiación, además de una tendencia a considerar a todas las mujeres como víctimas para justificar, ante los acreedores de capital de la organización, un alto porcentaje de efectividad en lo relativo a la detección de población en situación de trata, justificando la demanda de más dinero para el próximo proyecto.
Esta presión por la detección promueve también que aquellas trabajadoras que pueden propiciar mayor número de detecciones trabajen largas e intensas jornadas, a veces como personal voluntario, que favorece el abandono del empleo debido a la exigencia emocional que tiene el mismo:
Yo congeniaba muy bien, llegaba rápidamente a ellas. La intervención se hacía en rumano porque ellas no sabían expresar muchas de las cosas en otro idioma. Me veía muy sola porque cuando ellas se derrumbaban, yo me derrumbaba con ellas y mis compañeras pensaban que era mejor dejarnos solas. Después de hablar con ellas, tenía que decirles a las chicas lo que hablábamos y después tenías que escribir el informe. Desde la organización yo lo que sentí es que por hablar rumano se me explotó al máximo y ya cuándo no pude más y lo dejé, pues como que no se entendía muy bien (Entrevista N.º 15, octubre 2019).
En otros casos, también entran en juego la disciplina y la violencia que caracterizan el proceso asistencial entre las trabajadoras técnicas y las mujeres asistidas, ya que las trabajadoras son las personas que viven el impacto de la agresividad de las mujeres ante la falta de recursos. En palabras de la trabajadora:
Dejamos de hacer talleres. Las mujeres eran muy conflictivas y aquello era horrible. Había falta de recursos, de comida, y todo eso lo sufríamos nosotras. ¿Al final quién da la cara si no hay comida? Pues tú. (Entrevista N.º 8, noviembre 2019).
Lejos de ser algo que preocupe a la organización, las tensiones entre técnicas y mujeres asistidas parece promoverse, dado que beneficia las posibilidades para el ejercicio de los mecanismos de control dentro de la casa de acogida. Algunas trabajadoras refieren que algunas de las mujeres residentes son seleccionadas como informantes por figuras de poder dentro de la organización para preguntarles sobre la forma de intervenir de las trabajadoras técnicas. En función de la información que propicien, las trabajadoras reciben violencia por parte de las figuras de poder:
Y te lo estoy suavizando. Era la [mujer] que utilizaban para espiar a las trabajadoras. Si dormíamos por la noche, lo que hacíamos, cómo interveníamos. Y nos gritaban en función de lo que dijera esa chica y otra chica nigeriana que había (Entrevista N.º 8, noviembre 2019).
Un control promovido también entre las trabajadoras técnicas de la organización. Unas medidas que generan mecanismos de autocensura entre las trabajadoras que quieren conservar su trabajo o evitar el maltrato institucional:
Desde que entré era una sensación de un ambiente muy raro, que los compañeros hablaban muy por lo bajo, entraba una persona en la habitación y ya la gente enseguida se calla. Hay muchas malas relaciones entre las compañeras, especialmente entre las mediadoras. Algunas de ellas hablan mal directamente, insultando a la gente, gritando. Y si alguna de las directivas se entera que has hecho un comentario negativo sobre la entidad, ya enseguida van a buscarte “qué has dicho, quién ha dicho qué, cómo ha dicho tal”. Y presionando a las trabajadoras para que comenten qué es lo que dice otra compañera (Entrevista N.º 5, febrero 2020).
Este maltrato institucional genera que, igual que las mujeres usuarias huyan del recurso residencial, las trabajadoras también abandonen el recurso a causa del estrés presente en el contexto de trabajo después de un tiempo breve: Al final te terminas yendo de allí con ataques de ansiedad. Hablo de esto y se me ponen los pelos de punta. Es violencia institucional (Entrevista Nº 8, noviembre 2019). Esta elección recae en las mujeres asistidas debido a que existe una generalizada inestabilidad laboral en la plantilla de trabajadoras técnicas, que no permite el desarrollo de un vínculo de confianza, obligándolas a adaptarse constantemente a personas nuevas dentro de la organización:
Con las educadoras, el problema que hay es la rotación. La gente se va muy pronto. Una media como de tres meses. ¿Qué pasa? Que ellas están hasta el moño de cambiar de figuras de referencia, de educadora de referencia, y de gente que claro, va a llegar y al final en algún momento les va a hablar de su historia, o le van a preguntar. Entonces están hasta las narices de contar siempre lo mismo, de generar un vínculo que a los tres meses se va a romper y de ver educadoras nuevas. Y muchas lo han verbalizado, “no te lo tomes a lo personal, es que estamos hasta las narices de abrirnos, de confiar, después de lo que hemos pasado para que os vayáis a los tres meses y para que vuelvan otras personas” (Entrevista N.º 7, marzo 2020).
En el caso de las mujeres asistidas, la necesidad de regulación administrativa y de volverse económica y socialmente autónomas significa que tienen pocas posibilidades de cuestionar, en el corto y mediano plazo, lo vivido. Por otro lado, entre el personal trabajador, parecen ser más numerosas las denuncias sobre las condiciones laborales vividas. En varios casos, las denuncias involucran a organizaciones a las que rara vez se cuestiona dentro del espacio público. Este es el caso, por ejemplo, de APRAMP, recientemente premiada por el Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial por su trabajo y “labor social” frente a la trata de personas (CGPJ, 2019).
Discusión y conclusiones
Las prácticas de control y disciplina material y económica, corporal y sexual, que, en la experiencia de las trabajadoras y educadoras sociales entrevistadas, caracterizan el sistema de asistencia a las “víctimas de trata sexual” en la Comunidad de Madrid no son nuevas. Recuerdan a la experiencia del Patronato de Protección a la Mujer del Régimen franquista.
En funcionamiento gracias al Ministerio de Justicia hasta relativamente una época reciente, esta institución tenía el objetivo de redimir a las mujeres “desviadas” mediante la conducta tradicional católica impuesta por el Régimen, especialmente a aquellas que ejercían prostitución (Carmen GUILLÉN LORENTE, 2018). El Patronato, que desapareció definitivamente en 1984 al traspasarse sus competencias en materia de protección a la mujer a las comunidades autónomas, desarrolló un sistema de vigilancia, reclusión y reeducación de mujeres en centros de internamiento conformando una estructura de violencia legal que nunca protegió realmente a las mujeres. Aunque ellas eran leídas como víctimas necesitadas de la protección y ayuda estatal, el Patronato terminó contribuyendo a su criminalización y represión (GUILLÉN LORENTE, 2020).
Esto se llevó a cabo a través de un sistema que, al igual que el actual sistema de asistencia a las mujeres identificadas como “víctimas de trata”, se desplegó por todo el territorio español y se basó en la colaboración de varios actores, incluidos policías y personal religioso. En particular, las congregaciones religiosas desempeñaban las funciones represivas y reductoras a través de su propio personal y estructuras.
Al igual que en los alojamientos actuales para “víctimas de trata”, existía una estricta disciplina material y simbólica de las mujeres internas, cuyo día a día estaba dividido entre tareas del hogar y cuidado del cuerpo (GUILLÉN LORENTE, 2017). Desde la década de los setenta, junto con la reeducación basada en valores religiosos, la tarea diaria en los talleres era la costura para diversos establecimientos como El Corte Inglés, Almacenes Vilima o Confecciones Fernández (GUILLÉN LORENTE, 2018). Un trabajo que, en aquella época, coincidente con el periodo franquista de modernización económica, ya era rechazado por las internas que ejercían cierta resistencia al “aprendizaje” (GUILLÉN LORENTE, 2018; Juan Carlos SALES, 2021).
Actualmente, bajo el pretexto abolicionista de que cualquier otro trabajo es mejor que el trabajo sexual, la reintegración al mercado laboral de las víctimas de trata deriva frecuentemente en nuevas formas de explotación “legal” que benefician a algunas empresas privadas y a las organizaciones de asistencia. Este es el caso de empresas como El Corte Inglés, que ya encontramos en la época franquista del Patronato. Por ello, también es cuestionable el valor humanitario de algunas medidas como aquellas que prevén bonificaciones fiscales mensuales de la cuota empresarial a la Seguridad Social o un diario equivalente por cada persona contratada durante un período de dos años para aquellas empresas que contratan a víctimas identificadas con autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales (MSSSI, 2015).
Volviendo al sistema de asistencia, su reciente privatización ha permitido que se amplíe el tipo de organizaciones presentes en la atención a “víctimas de trata” incluyendo también organizaciones de carácter secular. De cualquier forma, el hecho de que históricamente las congregaciones religiosas hayan desarrollado las labores de acción social en el Estado español y la disposición de una red de instalaciones propias, en este caso parece beneficiar a algunas congregaciones religiosas que acaparan las oportunidades para acceder a las subvenciones. De hecho, algunos de los criterios para acceder a las subvenciones del Estado priorizan las organizaciones que han desarrollado proyectos previamente, que tienen amplia presencia territorial y a aquellas organizaciones que cuentan con financiación y recursos propios (MSSSI, 2014)8. Así, en la última resolución del Ministerio de Igualdad (2021), las organizaciones religiosas configuraban aproximadamente un 38 % del total de las organizaciones subvencionadas, siendo religiosas9 las cuatro económicamente más dotadas. Dos de ellas coincidentes con las que realizaban las labores de asistencia en el Patronato de Protección a la Mujer durante el franquismo, es decir, Oblatas y Adoratrices.
Por tanto, si bien en otros contextos la privatización de los servicios parece haber promovido una mayor diversidad en la atención prestada y una “mayor satisfacción” de las personas asistidas al ampliar el enfoque estatal para la asistencia a víctimas de trata (WILSON, 2019), en el caso estudiado ha mantenido a las organizaciones religiosas en una posición privilegiada en la asistencia a mujeres víctimas de trata. Este funcionamiento parece consolidar la permanencia de actitudes conservadoras que junto con lógicas neoliberales, limitan la liberación individual y económica de las mujeres asistidas en la Comunidad de Madrid.
De la misma forma que ocurre en otras áreas de intervención, la gestión privada de los recursos de asistencia parece promover la introducción de dinámicas del mercado en lo relativo a la evaluación de la eficiencia y la competencia de los proyectos desarrollados (Marina AVELAR; Stephen BALL, 2019). Esto parece sugerir que la renovación de la financiación de cada entidad tiende a valorar principalmente la cantidad de mujeres atendidas, y no la calidad de la intervención, dificultando, entre otras cuestiones, el trabajo en red entre las organizaciones. En cuanto al trabajo de las educadoras sociales y trabajadoras sociales, su labor parece subordinarse a criterios mercantiles que incluyen una extrema precarización de las condiciones laborales, así como el no reconocimiento simbólico y económico de las funciones que desempeñan a través de la contratación para perfiles distintos a los que desempeñan.
De forma más amplia, prácticas de control, disciplina, abuso y violencia de diferente naturaleza se extienden actualmente desde las mujeres asistidas a las trabajadoras técnicas que desarrollan las funciones de asistencia. Todo esto, una vez más, compromete el buen funcionamiento de las prácticas de asistencia. El trato hacia las trabajadoras promueve, por ejemplo, una inestabilidad en el equipo técnico que dificulta la escucha de las mujeres y, por tanto, el desarrollo de una relación de confianza que posibilite la incorporación de sus demandas y un trabajo de cuidados integral. Todo esto obstaculiza la incorporación de las demandas y potencialidades de la población usuaria de los proyectos en los procesos de asistencia (ACEROS; VARGAS; REYES, 2017; IDEMUDIA; OKOLI; GOITOM; BAWA, 2021; CORDISCO; LIM; NHANH; NAMY, 2021; KOEGLER; PREBLE; TLAPEK, 2021; WILSON, 2019).
En su conjunto, el estudio desarrollado cuestiona algunas de las valoraciones positivas sobre los recursos de asistencia implementados en el Estado español (GRETA, 2018). Por lo contrario, refuerza los análisis más críticos de los actuales regímenes neoliberales de género y sexualidad, así como laborales y migratorios que intervienen en el trabajo humanitario con “víctimas de trata” (BEARUP; SENG, 2020; BERNSTEIN, 2018; CLEMENTE, 2021; MUSTO, 2010). Se sugiere la oportunidad de una evaluación más cuidadosa del trabajo desarrollado en esta área, que tenga en cuenta tanto la violación sustancial de los derechos previstos para ellas como las condiciones de trabajo de las personas involucradas en su asistencia.
