Introducción. Hacia una revisión de la violencia de género y los cuerpos que importan

Este artículo es una forma de registrar los avances y retrocesos de una memoria de la violencia de género, del feminismo en México, y su relación con los estudios del desarrollo, pensando en algunas reflexiones presentes en la revista Debate Feminista, a manera de un ejemplo de la vida intelectual que ha permeado los procesos de lucha feminista desde la academia, incluso, como discursos que han intervenido en los procesos para reconstruir la memoria de la violencia en torno a las mujeres, desde percepciones que impactan al feminismo de los años 1980 y 1990 en México y en Latinoamérica. El presente documento se divide en tres secciones: la primera, es una contextualización de la violencia de género en México en los años que anteceden la creación de Debate Feminista y los estudios del desarrollo; la segunda, es la evolución del pensamiento teórico del desarrollo en relación con las mujeres; y la tercera, es la exposición de la noción de violencia de género que hay en la revista, en la impronta de una relación entre la teoría, la palabra, y la acción.

El objetivo es mostrar un panorama general sobre la relación entre las iniciativas feministas en México y la violencia de género, situaciones cruciales que atraviesan discursos políticos, sociales, culturales, económicos. Dentro de América Latina, la revista Debate feminista ha sido un puntal de reflexión, difusión y diálogo, tanto en la incursión del pensamiento contemporáneo que irradia y vuelve más complejo la construcción de las identidades. De este modo, las soluciones dentro de los esquemas económicos y laborales se aprecian relacionados con la violencia de género y los estudios del desarrollo. La reflexión se ciñe en concreto a tres números de ^{Debate feminista} como una breve muestra que hace referencia directa al concepto de violencia, sin restar importancia a la larga y vital trayectoria que se enuncia al respecto en los más de veinte años de la existencia de esta revista universitaria en la máxima casa de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Entre la cotidianeidad, las formas, estructuras culturales, sociales y políticas, los estudios del desarrollo - las corrientes mainstream - han imperado un diálogo de sordos, donde el paradigma patriarcal sigue dando forma a inercias dentro de las instituciones gubernamentales y privadas, así como en las universidades donde pervive la violencia de género en las mismas aulas. La propuesta de este ensayo en cuestionar cuáles son los cuerpos que importan en este diálogo, entre la teoría y la acción al colocar temas que se ponen en la agenda desde los años 1990, pensando el primer número de la revista Debate Feminista. La publicación y edición de la revista se identifican dos etapas, la primera que va de 1990 a 2015 y la segunda de este año a la fecha. Desde 2015, la revista cambió su estructura y contenido, que solía ser de corte cultural, a uno más académico. Según se advierte en la editorial, desde ese año, la revista forma parte del patrimonio de la Universidad Nacional Autónoma de México y es editada por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG).

Las posturas feministas se diversifican y fundamentan el discurso de la diferencia, donde impactan la inclusión de experiencias de diferentes mujeres con posiciones diversas y diferencias sexuales desde sus diferencias de clase social, etnicidad y opción sexual, que se expanden con los grupos minoritarios en Estados Unidos y con las tecnologías del género, que conceptualizan Teresa de ^{Lauretis (1989}) en su ensayo La tecnología del género y Judith Butler, con sus dos libros Los cuerpos que importan, sobre los límites materiales y los discursivos del “sexo” (2002 [1993]) y El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. (²⁰⁰⁷ [1999]). Ambas autoras sintetizan, reúnen y aportan un recorrido crítico importante del feminismo, aperturando los senderos hacia los feminismos, sin desdeñar a todas las feministas latinoamericanas, como Nelly Richard y Rita Laura Segato, quienes han posicionado un pensamiento latinoamericano, geopolítico a todas estas discusiones, además del impacto en el universo teórico, en las agendas feministas, y en la toma de decisiones para visibilizar, castigar, y sanar la violencia de género. Los discursos de poder, así como los referentes a la diferencia entre los géneros, se suscitan desde los estudios de las corporalidades y los feminismos, lo que apunta, como afirma Judith Butler (2002 [1993]), a pensar en los cuerpos que importan y su materialidad encarnada, aludiendo a la posición de las mujeres desde su diferentes subjetividades, pero también permeadas por contextos económicos, culturales, e incluso, laborales que han dado lugar a las mentes de las intelectuales y académicas, intentando llegar a todas las mujeres. La formación de un sujeto, la configuración de su sexualidad y apreciación o lugar de los cuerpos es un entramado del discurso y la materialización a través de un acto performativo. Según Butler:

Si la materialidad del cuerpo está demarcada en el discurso, esta demarcación producirá pues un ámbito de “sexo” excluido y no legitimado. De ahí, que sea igualmente importante reflexionar sobre de qué modo y hasta qué punto se construyen los cuerpos como reflexionar de qué modo y hasta qué punto no se construyen; además, interrogarse acerca del modo en que los cuerpos no llegan a materializar la norma que les ofrece el “exterior” necesario, sino ya el apoyo necesario, a los cuerpos que, al materializar la norma, alcanzan la categoría de cuerpos que importan. […] ¿Qué oposición podría ofrecer el ámbito de los excluidos y abyectos a la hegemonía simbólica que obligara a rearticular radicalmente aquello que determina qué cuerpos importan, qué estilos de vida se consideran “vida”, qué vidas vale la pena proteger, qué vidas vale la pena salvar, qué vidas merecen que se llore por su pérdida? (Judith ^{BUTLER, 2002} [1993], p. 38-39)

Estas propuestas teóricas han cuestionado y enriquecido la percepción de la construcción de identidades, sus límites, y sus miradas desde dentro y del exterior de los sujetos, a partir del lugar que ocupan en la sociedad. Las mujeres han ocupado un lugar secundario y como objetos de prácticas violentas que deben visibilizarse y sanarse.

Violencia de género en la agenda de desarrollo en México

El poder dentro del sistema patriarcal permite que las mujeres se mantengan en clara desventaja respecto a los hombres debido a factores sociales, económicos, políticos y psicológicos, por lo cual ocupan un lugar menos privilegiado que implica sumisión y explotación, necesarias para que se perpetúe esta dinámica. Si bien esta manera de convivencia se lleva a cabo de manera fortuita en todas las partes del mundo, aunque en unos países con mayor fuerza que en otros, en México ha persistido, e incluso, entre las ironías de los logros feministas, perdura en el siglo XXI. Aunque existan matices, pues en las últimas décadas las resistencias feministas han logrado visibilizarla, e intentar erradicarla -puesto que la violencia de género afecta el desarrollo humano, dado que es una clara evidencia de la censura a los derechos humanos. Los efectos de estas violencias de género han tenido consecuencias que se relacionan directamente con la pobreza, la dependencia económica, y generalmente, conlleva a la muerte.

Esta situación de violencias pone el dedo en la llaga del desarrollo, en términos de mejoría y bienestar social para todos los sujetos de una manera equitativa o equilibrada, ya que no se ha logrado ni disminuirla ni desaparecerla; por el contrario, en este controversial 2020, el encierro y aislamiento han provocado que las mujeres se queden atrincheradas en los silencios permitidos cultural y socialmente. En este sentido, se considera importante revisar el contexto de la violencia de género en las agendas del desarrollo en México con el fin de entender la coherencia entre los debates teóricos, las palabras y las acciones, esto en relación con los acuerdos y logros en un marco de América Latina y colocar la impronta del feminicidio, que no era reconocido como tal.

En la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará, Suscrita en el XXIV Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (^{OEA, 1994}), Brasil, en 1994, se define este tipo de violencia en el capítulo 1, artículo 1, como: “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (1994, s. p.). En el capítulo 2, artículo 4 se lee que:

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: el derecho a que se respete su vida; el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; el derecho a la libertad y a la seguridad personales; el derecho a no ser sometida a torturas; el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos; el derecho a libertad de asociación; el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. (1994, s. p.)

En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (^{MÉXICO, 2007}), el artículo 6 señala los tipos de violencia contra las mujeres: psicológica, que consiste en acciones y conductas como amenazas, humillaciones, exigencias e insultos que producen sufrimiento o daños psíquicos; física, que incluye golpes, empujones o lesiones; patrimonial y económica, que es la privación de los recursos económicos necesarios para su supervivencia; y sexual, que es el abuso sobre las partes sexuales del cuerpo de las mujeres hasta llegar incluso a la violación. Con esto se observa el fenómeno en toda su complejidad, puesto que al evidenciar las manifestaciones de la violencia a las que las mujeres están expuestas, también queda de manifiesto todo un sistema cultural, o en palabras de ^{Foucault (2007} [1977]), biopoder, es decir, que no se trata de una circunstancia o situación particular, sino todo un aparato que rige, puesto que sus orígenes son multifactoriales y están generados estructuralmente en la sociedad. Incluso en el capítulo 3 de la Ley mencionada se indica que hay un tipo de violencia denominada “en la comunidad” que: “Son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público” (MÉXICO, 2007, p. 57). A lo que habría que agregar que este tipo de manifestación de la violencia tiene sus raíces en el patriarcado, en otras palabras, la violencia en comunidad no es más que la validación de la violencia sistemática y atemporal sobre las mujeres.

El panorama que se expande aquí se relaciona con el ámbito jurídico y las iniciativas políticas, que, sin duda, se van engarzado hacia la realidad inmediata; ese es precisamente el reto, crear cambios que impacten más allá de las propuestas teóricas y legales. Si bien, desde 1975, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró que ese año fuera el Internacional de la Mujer y dio inicio al decenio de las Naciones Unidas para la mujer, a la vez que convocó a la primera Conferencia Mundial de la Mujer en el mes de junio, cuya sede fue la Ciudad de México, y el programa fue organizado por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, con el tema de “la igualdad para las mujeres y su participación en la construcción de la paz y el desarrollo”. Lo más relevante de la Conferencia de México fue el inicio de la construcción de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) que fue aprobada en 1979 y abierta a la ratificación de todos los países (Patricia ^{OLAMENDI, 2016}, p. 12).

En la Segunda Conferencia de la Mujer, que se llevó a cabo en julio de 1980 en Copenhague, Dinamarca, los temas tratados tuvieron como eje la educación, la salud y el empleo, así como los estereotipos y la discriminación hacia las mujeres en la sociedad. En el documento final, que se tituló Programa de Acción, se publicó por primera vez una disposición en el numeral 65 para legislar en contra de la violencia:

Debería también promulgarse legislación encaminada a evitar la violencia doméstica y sexual contra las mujeres. Debería adoptarse todas las medidas apropiadas, incluso legislativas, para que las víctimas recibieran trato justo en todo el procedimiento legal. (^{OLAMENDI, 2016}, p. 12)

En 1985 se realizó la Tercera Conferencia, también en julio, en Nairobi, Kenia, con lo que culminó el Decenio de Naciones Unidas para la Mujer, cuyo tema central fue la participación de las mujeres en el desarrollo económico y social. En el Programa Final, apartado E, se hizo hincapié en la obligación de los gobiernos en atender la violencia sexual que sufren las mujeres a través de políticas y acciones legislativas que determinen las causas de esa violencia para impedirla y erradicarla (ONU, 1985).

Hubo antecedentes de reuniones para atender estos temas, por ejemplo, la que se organizó en 1976, en Bélgica, denominada como el Primer Tribunal de Crímenes contra la Mujer, que fue convocado por organizaciones de mujeres, al que Simone de Beauvoir comparó con la Primera Conferencia de la Mujer, “a diferencia de la Conferencia en México en donde se enviaron representantes por partidos y gobiernos con la finalidad de integrar a las mujeres en sociedades machistas” (^{ONU, 1985}, p. 31). Fue en este evento en el que Jane Caputi y Diana Russell denominaron el asesinato de mujeres por primera vez como un femicide (femicidio) aunque solamente sugiriéndolo:

El femicidio representa el extremo de un continuo de terror anti-femenino que incluye una amplia variedad de abusos verbal y físico: como violación, tortura, esclavitud sexual (particularmente en la prostitución), incesto y abuso sexual infantil extrafamiliar, maltrato físico y emocional, hostigamiento sexual (por teléfono, en las calles, en la oficina y en el salón de clase), mutilación genital (clitoridectomía, escisión, infabulación) operaciones ginecológicas innecesarias (histerectomías gratuitas), heterosexualidad forzada, esterilización forzada, maternidad forzada (mediante la criminalización de los anticonceptivos y el aborto), piscocirugía negación de alimentos a las mujeres en algunas culturas, cirugía cosmética y otras mutilaciones en nombre de la belleza. Siempre que estas formas de terrorismo resultan en muerte son femicidios. (Jane ^{CAPUTI; Diana RUSSEL, 2006} [1992], p. 57-58)

Diana Russell retomó el concepto en su libro Rape in Marriage, en el cual lo definió como asesinato de mujeres por ser mujeres. Después, junto con Jane Caputi, lo redefinieron como la muerte de mujeres realizada por hombres, motivada por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de las mujeres, en el artículo al que titularon “Femicide: Speaking the unspeakable” (^{CAPUTI; RUSSELL, 1990}). Esto fue trabajado también por Mary Anne ^{Warren, en 1985}, quien se extendió sobre el problema de las muertes sistemáticas de las mujeres “como un genericidio al comprobar que estadísticamente las mujeres en edad reproductiva tienen mayores probabilidades de ser asesinadas por hombres que morir por cuestiones de salud, accidentes de tráfico, laborales y guerras, todas las anteriores juntas” (Mary Anne ^{WARREN, 1985}, p. 32). En América Latina, quien trabajó este término fue Marcela Lagarde, al diferenciar entre feminicidio de femicidio, indicando que el primero es el asesinato de mujeres, en donde tiene responsabilidad el Estado por la cantidad de casos impunes y el segundo únicamente era el asesinato de mujeres (Marcela ^{LAGARDE, 2006}). En México, el Código Penal Federal indica que el feminicidio es un delito, y en el artículo 325 se expone que:

Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima. IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. (^{MÉXICO, 1931}, p. 110)

Llama la atención que las cláusulas refieren todas a condiciones que son repercusiones posteriores a hechos violentos, es decir, el feminicidio es un efecto de múltiples causas que tienen que ver con la manera en cómo hombres y mujeres se interrelacionan en sociedad. Es decir, no puede existir un feminicidio en una dinámica de igualdad y respeto por la dignidad de las mujeres.

Marcela Lagarde apunta que, en México, el feminicidio fue apenas reconocido a partir de 2004 con motivo de las investigaciones sobre las denominadas muertas de Juárez, cuando se comprobó que se trataba de muertes que tenían que ver con crímenes sobre las mujeres por ser mujeres y no simplemente homicidio en femenino, además de que ocurrían en ese año cuatro muertes de niñas y mujeres a diario en un país que no había declarado una guerra ni de insurrección (^{LAGARDE, 2006}, p. 217).

A finales de la década del ochenta y principios del noventa en México y en otros países, que es el período de tiempo que antecede la fundación de Debate Feminista, fue cuando la violencia comenzó a aparecer en las agendas políticas, es decir, poco antes de la Convención de Belém do Pará. Siguiendo a Miriam ^{Lang (2003}) la incorporación de las demandas feministas con relación a la violencia de género en México fue resultado de aspectos políticos coyunturales a nivel internacional y nacional. A nivel internacional, se trató de la presión de los organismos internacionales en incluir en el debate del desarrollo las necesidades de las mujeres del Tercer Mundo y, a nivel local. la necesidad de legitimización del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) a través de la incorporación de ciertos grupos feministas en el tema de violencia de género en la agenda pública.

No obstante, las mujeres que fueron incluidas en los espacios de poder generalmente solían ser “mestizas y blancas, eruditas y de las clases media y alta urbana” (Miriam ^{LANG, 2003}, p. 73) es decir, no se trató de una inclusión heterogénea, sino con claros sesgos de raza y clase; lo cual no dejaba de perpetuar la desigualdad. En este sentido, el feminismo de finales de los ochenta en México que llegó a posiciones de poder era claramente elitista. ^{Lang (2003}) identifica dos momentos de avance en el tema de violencia de género en el país. En lo que ella considera como primera ola de reformas (1988-1991), identifica un aumento en las penas de los delitos sexuales; la creación de instituciones para atender estos delitos y a las víctimas de violencia sexual, a saber: Agencia Especializada del Ministerio Público en Delitos Sexuales, Centro Integral a la Víctima de Violencia Intrafamiliar (CAVI) y Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA) y la adopción de la victimología para incluir los intereses de la víctima y la reparación del daño. Pese a estos avances, aún se seguía privilegiando a la familia por encima de la víctima; es decir, se buscaban acuerdos entre víctima y agresor, los cuales nunca se cumplían.

La segunda ola de reformas reconoce que la familia es un espacio de poder en donde aparecen conflictos, uno de los avances importantes es “la tipificación de la violación entre cónyuges como delito, introducida a finales de 1997 en el Código Penal Federal” (^{LANG, 2003}, p. 1997).

A mediados de la década del noventa, las políticas que se impulsaron contra la violencia de género durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, tanto como las del gobierno de la Ciudad de México dirigido por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que se presentaba bajo la ideología de izquierda, no pusieron como prioridad la seguridad de las mujeres, sino la democracia, esto en el contexto de la crisis de 1994, que en gran medida tuvo estrecha relación con el levantamiento zapatista en el estado de Chiapas. En este sentido, las mujeres fueron incluidas en acciones de participación, por lo cual ofrecieron programas que tenían como objetivo específico a las mujeres (Moctezuma ^{NAVARRO; José NARRO; Lourdes OROZCO, 2014}).

A partir de 1997, las políticas del PRD postularon que la violencia de género era un problema estructural que se generaba en la sociedad en conjunto y mostraron que las normas sociales suelen forzar a los hombres y a las mujeres a actuar de determinadas maneras, esto bajo castigos simbólicos autoimpuestos. Para este gobierno, las mujeres dejaron de ser víctimas y se les consideró como “mujeres que viven situaciones de violencia”, lo cual fue un gran avance en el sentido de que son reconocidas en primera instancia como mujeres y en seguida como protagonistas de una situación desfavorable, pero que puede tener solución, es decir, “ellas son interpeladas como sujetos (de derecho) activos, que son capaces de actuar en su propio interés” (^{NAVARRO; NARRO; OROZCO, 2014}, p. 83).

En este sentido, en la Ciudad de México se fomentaba la independencia de las mujeres y no se salía por completo de las agendas neoliberales, puesto que, como sistema cultural, el neoliberalismo postula que cada uno es responsable de sus actos y de sus consecuencias, por lo cual alguien que se enfrenta a una situación desfavorable o violenta, como en el caso de las mujeres, se suelen dejar a su suerte. Dado que en la Ciudad de México siguió en el poder el PRD, este territorio ha continuado siendo el modelo a seguir de los demás estados en cuanto a políticas públicas, dentro de las que algunas lograron perpetuarse en otros lugares del país. En general, en la década del noventa, el discurso feminista habló sobre democratización, ciudadanía y participación política, temas que tenían relación con la violencia. En ese sentido, las mujeres lograron ser vistas como parte activa de la sociedad mexicana y reconocidas como personas sin las que no se logra el progreso ni las metas de modernización, por lo que “la violencia de género hoy en día ya no es concebida primariamente como un ataque a cuerpos femeninos y a la dignidad de personas, sino como un obstáculo en el camino hacia la equidad, la participación y la democracia” (^{NAVARRO; NARRO; OROZCO, 2014}, p. 84).

Los feminismos se oponen a la violencia, pero ya no solo como una situación particular e individualizada, sino como un problema complejo que se encuentra enraizado en el sistema cultural de manera estructural, por lo cual, en realidad, lo que se cuestiona es a la sociedad en general, sus dinámicas y sus valores. En este entendido, las feministas se han organizado para luchar contra el acoso, el hostigamiento y la violencia recurrente, así como por la desnormalización de estas situaciones en todos los ámbitos, sin embargo, no se ha añadido al análisis de la violencia de género las categorías de raza y clase (^{NAVARRO; NARRO; OROZCO, 2014}).

Esta perspectiva es relevante, dado que el tema de la violencia en la revista Debate Feminista se centra en los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar, por lo cual, y en acuerdo con Miriam ^{Lang (2003}), la perspectiva de la violencia en esta publicación tiene que ver con una perspectiva política desde el establishment.

La memoria de la violencia: evolución teórica del desarrollo y las mujeres en México

Es crucial hacer un breve recorrido sobre la evolución que han tenido las perspectivas teóricas sobre el desarrollo y las mujeres para luego dar paso a cómo en estos contextos se ha avanzado en la agenda para la atención y erradicación de todas las formas de violencia de género en México y sus relaciones con la geografía en América Latina.

En principio, debemos partir de que el desarrollo es todo y nada a la vez, pues su definición está atada al contexto espacial y local que se quiera y a la dicotomía desarrollo-subdesarrollo. Esto como consecuencia de la invención del “subdesarrollo” por parte de Truman en su discurso del 20 de enero de 1949, en el cual dividió al mundo en naciones desarrolladas y subdesarrolladas, haciendo notar de esta manera el poder hegemónico de Estados Unidos (Gustavo ^{ESTEVA, 1996}, p.52). A partir de entonces, el desarrollo ya no se concebía más desde una perspectiva evolucionista como aquel “proceso a través del cual se liberan las potencialidades de un objeto u organismo, hasta que alcanza su forma natural, completa, hecha y derecha”, sino como aquella situación de subdesarrollo de la cual es necesario escapar (ESTEVA, 1996, p.54).

Ahora bien, la manera en que se ha entendido el desarrollo para las mujeres ha ido transformándose de la mano de los organismos internacionales que brindan ayuda económica para el desarrollo de las mujeres del Tercer Mundo. De ahí la importancia de las conferencias internacionales de Naciones Unidas y la influencia en las agendas locales, puesto que implican estrategias asociadas para la participación de las mujeres en los procesos de desarrollo.

La perspectiva del bienestar era la que existía antes de la década del 70 en donde las políticas dirigidas hacia las mujeres se enmarcaban en sus roles de esposas y madres, haciendo un énfasis importante en la reducción de la natalidad. Boserup (1970, como se citó en Janet ^{MOMSEN, 2020}, p. 14) mostró que las mujeres no siempre se beneficiaban del aumento del ingreso del jefe de familia y que mucho tenía que ver con el estatus que ellas mantenían al interior.

Mujeres en el Desarrollo (MED) surgió en la década del 1970 y tiene sus bases teóricas en el feminismo liberal; sostiene que la causa de la subordinación de las mujeres es la división sexual del trabajo y, por tanto, pugna por la igualdad entre los géneros. MED busca la manera de integrar a las mujeres en los procesos de desarrollo existentes. La premisa central se basa en la “modernización” equiparada con “industrialización”, la cual suponía que los niveles de vida en los países subdesarrollados aumentarían para todos si se alcanzan ciertos niveles de crecimiento. Los programas de desarrollo para las mujeres buscan disminuir las desventajas que estas enfrentaban en los sectores productivos, por tanto, muchas soluciones estaban pensadas desde la tecnología y cómo esta podría aligerar las cargas de trabajo de las mujeres. No obstante, esta perspectiva no considera los impactos e influencia de la clase, raza y género (Eva ^{RATHGEBER, 1990}, p. 490; ^{MOMSEN, 2020}). Las críticas de las mujeres activistas marxistas a esta perspectiva concordaban en que el subdesarrollo era causado por la historia de explotación en las relaciones de intercambio entre el Norte y el Sur (Jane ^{JAQUETTE, 2017}).

La perspectiva Mujeres y Desarrollo (MYD), desde una mirada neo-marxista, busca superar la sola idea de integrar a las mujeres en los procesos de desarrollo existentes, analizando las relaciones entre mujeres y el desarrollo usando la influencia de la clase; es decir, sostiene que la opresión que sufren las mujeres proviene de las relaciones de clase. En la división sexual del trabajo se reconoce que ellas están relegadas al doméstico y que este no es valorado; superar esto implica que ellas participen más en el trabajo remunerado y los varones en el doméstico. Sin embargo, las críticas que se le hacen a esta perspectiva es que encapsula en un solo grupo a todas las mujeres y que la opresión de estas solo se considera resultado del sistema capitalista y no del sistema patriarcal; pasando por alto la manera en que las desigualdades existentes entre mujeres y hombres en el sistema operante han beneficiado a estos últimos (^{RATHGEBER, 1990}).

Género y Desarrollo (GYD) tiene sus raíces teóricas en el feminismo socialista, el cual busca centrar el análisis en las relaciones sociales de género, y parte de que esta construcción social de producción y reproducción entre los géneros es la fuente de opresión de las mujeres. GYD pugna por el reconocimiento y valorización del trabajo de las mujeres, dentro y fuera de los hogares y asigna al Estado el rol de brindar bienes sociales que las mujeres han provisto de manera privada e individual. En esta perspectiva, las mujeres son vistas como agentes de cambio y no solo receptoras pasivas de ayuda (^{RATHGEBER, 1990}). Jane ^{Jaquette (2017}, p. 247) enfatiza que la GYD se aleja de la perspectiva MYD en tres aspectos centrales; primero, en que las relaciones entre mujeres y hombres se deben hacer explícitas y que se incluya a los hombres en este proceso. Segundo, en que busca transversalizar la perspectiva de género en los programas de desarrollo. Tercero, en que se alejan de los proyectos universalistas y se enfatiza en el desarrollo participativo; reconociendo la diversidad de las experiencias de las mujeres y la manera en que ellas mismas desean definir sus “necesidades estratégicas de género”.

Es importante señalar que los conceptos de condición y posición son clave bajo la perspectiva GYD. Siguiendo a Maxine ^{Molyneux (1984}), los intereses de las mujeres pueden ser comunes y estar basados en el sexo o intereses estratégicos, los cuales son considerados aquellos que la mujer (o el hombre) puede tener a través de los atributos a su sexo. Esto es, que se tratan de la posición que ocupa un género, así, las demandas de género buscan cambiar las estructuras de poder a través de la transversalidad del género en las instituciones. Mientras que los intereses prácticos de género están relacionados a la condición que guardan las mujeres en un contexto, “se deducen de las condiciones concretas a que se haya sometida la mujer, dentro de la división sexual del trabajo, en virtud de su sexo, pero que generalmente no implican un fin específico, el de la emancipación de la mujer” (^{MOLYNEUX, 1984}, p.183); esto es, solo se trata de “mejorar las condiciones de vida de las mujeres dentro de los roles existentes” (^{MOMSEN, 2020}, p.14).

La perspectiva de empoderamiento surge en la década de 1980, cuando se ve al “empoderamiento como un método de transformación social para alcanzar la equidad de género” (^{MOMSEN, 2020}, p.15). Entre las críticas a esta perspectiva, se encuentra aquella que la liga con el neoliberalismo, en donde cada individuo es responsable de lo que le pasa, olvidando el contexto histórico-estructural.

La perspectiva género y ambiente (GYA) se basa en la premisa de que existe una conexión entre las mujeres y el ambiente, dando importancia al rol de las mujeres en los programas de desarrollo medioambientales (^{MOMSEN, 2020}). Al respecto, basta decir que, bajo el ecofeminismo, se discute el desarrollo y en donde conviven múltiples feminismos desde los cuales se explican distintas relaciones con el ambiente.

Por último, siguiendo a ^{Momsen (2020}), se identifican dos perspectivas más: la transversalización de la igualdad de género y los derechos humanos. La primera surge en 1995, y busca asegurar que tanto las experiencias y preocupaciones de mujeres y hombres se tomen en cuenta en todas las fases de los proyectos de desarrollo. En general, esto terminó dirigiéndose hacia proyectos que atendieran la condición de pobreza de las mujeres. La segunda es la perspectiva dominante en las últimas décadas, y tiene que ver con la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU.

En México, las etapas y periodos políticos han ido marcando pautas de retrocesos y cambios; esto ya avanzado el siglo XX; es decir, cómo crear cambios a dichas estructuras anquilosadas, a través de las perspectivas del desarrollo para las mujeres, a pesar de las violencias que se han generado:

En los discursos políticos del México posrevolucionario, el ciudadano era pensado en masculino. A las mujeres se les concedía importancia, eso sí, (el ejemplo más claro es el pedestal que se les erigía en el día de “la madre”) pero no como sujetos activos, diferentes y dotados de razón, sino como meros receptáculos, como “depositaria[s] de nuestra nacionalidad”, para decirlo en las palabras del presidente Miguel de la Madrid. (^{LANG, 2003}, p. 71)

Gracias a las luchas feministas alrededor del mundo, y particularmente a las que se dieron a mediados del siglo XX, las mujeres lograron entrever que hay otras maneras de vivir y convivir, otros modelos de pensamiento y otras alternativas de desarrollo. No obstante, aún en el siglo XXI, la desigualdad y la falta de equidad son visibles en espacios laborales, académicos y políticos, entre otros. Asimismo, la dominación patriarcal ha hecho manifiesta su supremacía, lo cual se comprueba al reconocer que en México existe un contexto grave de violencia estructural contra las mujeres, pues se estima que “66% de las mujeres mayores de 15 años en el país, alrededor de 30,7 millones, han vivido alguna forma de violencia en sus diferentes formas y en los espacios escolar, laboral, comunitario, familiar o en su relación de pareja” (^{LUCHADORAS MX, 2017}, p. 3). Aún más, según el informe más reciente sobre los asesinatos por razón de género o feminicidios en México, se aprecia una tendencia al alza de mujeres asesinadas en promedio al día, pasando de 6,4 en 2015 (2.332 muertes) a 10,3 en 2018 (3.750 muertes); sin contar que aún existen varias condicionantes que impiden que exista una mejor aplicación de la justicia tales como la falta de homologación de los códigos penales estatales con el federal en la tipificación del feminicidio y penas , así como la poca incorporación y preparación del personal de las fiscalías en el uso de la perspectiva de género para atender estos delitos (^{ONU MUJERES; INMUJERES; CONAVIM, 2020}).

La violencia contra las mujeres siempre ha existido en México, sin embargo, hasta hace poco ha dejado de ser normalizada, siendo expuesta por las feministas, puesto que se han mostrado las diversas maneras en que las mujeres suelen ser violentadas en el hogar, el trabajo, la academia e, incluso, en los espacios públicos. Muchas prácticas de acoso y hostigamiento habían sido vistas, hasta fechas recientes, como actos comunes que las mujeres debían simplemente ignorar.

La perspectiva y aproximación a Debate feminista ha significado repensar una estrategia textual inclusiva; de hecho, el acento inclusivo se extiende a discursos alternativos que puedan generar formas de empoderamiento desde los textos literarios, que, junto con las teorías feministas y el desarrollo de este pensamiento, permite incluso la fuerza y el alcance de la palabra hacia adentro de los cuerpos, cómo se aprecia la participación desde la academia en la revista Debate feminista, que puede hacer cambios en la percepción de dichas agendas de acción y movilidad de los estudios feministas. Es decir, apuntar la reflexión de las mujeres como un diálogo y debate necesario para generar cambios desde dentro de los sujetos femeninos en torno a la violencia de género.

Debate Feminista: un breve recuento de tres números sobre la violencia

Según en el vital ensayo de Nelly ^{Richard, “Multiplicar la(s) diferencia(s): género, política, representación y deconstrucción” (2013}) en el libro Hegemonía cultural y políticas de la diferencia, donde posiciona el lugar de la revista Debate feminista como un crisol y un faro el debate teórico y académico que marca la diferencia de las “mujeres” y poder entrar al “debate público”:

La revista Debate Feminista, dirigida por Marta Lamas, que cumplió el año pasado sus 20 años de existencia. La elección se debe a que el proyecto editorial de Debate Feminista articula el tema de las “diferencias” haciéndolo pasar por una variedad de registros (sexo y género, política, democracia y ciudadanía), de modos de intervención (la teoría y la práctica, el trabajo académico y el movimiento social, el poder institucional, la vida cotidiana, el cuerpo y los medios de comunicación) y también de figuras de estilos (el arte, la literatura). Las diferencias no solo son el objeto del discurso -exterior- que Debate Feminista analiza en el afuera de la política, la sexualidad y el género, sino mecanismos de activación de lo no-uniforme en la construcción de voces que la revista practica editorialmente al diversificar en su interior los géneros de la creación, la acción y el pensamiento. (^{Richard, 2013}, p. 135-136).

Si bien la anterior propuesta de Richard es más profunda, aquí nos limitamos a tres números que Debate Feminista que aluden al cuerpo y la sexualidad para nombrar y corporalizar la violencia. El tema al que más números se le dedica en la revista Debate Feminista es el cuerpo y la sexualidad y tangencialmente, la violencia: son tres números los que dedican su total atención al tema de la violencia, enunciándola con todas sus letras o con algunas de sus características desde la portada, a saber: el número 25 se intitula “Violencias”; el 26, “Sexo y violencia”; y el 37, “Cuerpos sufrientes”.

Conclusiones

Las violencias en el mundo contemporáneo se entretejen y refuerzan entre el patriarcado existente y el neoliberalismo, el cual, como sistema, refuerza la desigualdad, en vez de generar patrones de equidad; entonces advertimos que las prácticas políticas y de desarrollo se rigen por estructuras anquilosadas que no permiten la movilidad de discursos binarios que han limitado a hombres y mujeres, postergando las violencias a diferentes niveles, formas, y figuras.

La agenda de la violencia de género en México se estableció en un momento coyuntural a principios de la década de los años noventa, en donde las condiciones políticas nacionales, las demandas de grupos feministas y las plataformas internacionales derivadas de las conferencias organizadas por la ONU permitieron que ciertos grupos feministas fueran incluidos en los procesos de desarrollo. Vale decir que los avances logrados son importantes porque pugnan sobre la mejora de las condiciones de vida de las mujeres mexicanas; empero, han quedado pendientes avances en torno a la posición de las mujeres en relación con los hombres; por lo que está pendiente la agenda de los intereses estratégicos de las mujeres.

Hacer visible, destejer los logros y el camino para visibilizar y erradicar la violencia de género ha sido un tema constante de varios de los autores/as que aparecen publicados en esta revista Debate feminista, quienes hacen hincapié en que el sujeto femenino y su cuerpo con toda su materialidad no puede zafarse de esto, por el contrario, entre menos privilegios posea dentro de tejido social, cultural y económico, mayor violencia experimentará. En este sentido, los números de la revista que se citaron ponen como ejemplo a las mujeres muertas en Ciudad Juárez, quienes, en general, suelen pertenecer a los estratos bajos de la sociedad, y por lo mismo, se ven en la necesidad de trabajar en las maquiladoras en condiciones laborales deplorables, las cuales favorecen la proliferación de actos violentos contra ellas, dado que deben laborar en horarios en los que hay mayores probabilidades de ser atacadas, es decir, por las noches o de madrugada. Además, este tipo de trabajos se realizan en edificios que suelen encontrarse en las afueras de las ciudades, rodeados de lugares baldíos y de esta manera, en un país en el que las mujeres constantemente son vistas como objetos sexuales o presas fáciles, son condiciones que exponen la vulnerabilidad de las mujeres y facilitan sus desapariciones.

El otro factor sine qua non que la revista señala como generador de violencia es el poder, pues por medio de este es que uno se puede imponer sobre otro. Uno de los ejemplos por antonomasia es el de la violación sexual que realiza un hombre sobre una mujer o un homosexual, puesto que al saberse con mayor fuerza física por su condición de macho, se aprovecha. No obstante, la violación no solamente tiene una implicación física, ya que no sólo se ejerce su fuerza física contra una mujer, sino que hay un poder que ejerce sobre ella, sobre su libertad y sobre su decisión, elementos que juegan en los discursos del poder, es decir, una violación es un acto “permitido” y en el cual interviene este tejido social patriarcal que también se ejerce en el desarrollo, lastimando el cuerpo de una mujer.

Finalmente, el aspecto que sobresale en Debate Feminista como la cúspide violenta es la configuración de lo masculino como espacio de peligro, lo cual también cae en lo maniqueo para continuar la victimización; entonces la cuestión es cómo quebrar estos esquemas para hacer cambios en los sujetos sociales (masculino y femeninos) y que esto permee las estructuras sociales y económicas. Si bien, se está frente al acosador, el violador, el guerrero, el violentador; estas imágenes de muerte, de sufrimiento y el dolor, no solo de las mujeres, sino de todos aquellos que resultan menos protegidos, y por medio de él se recrean nuevas violencias en subsiguientes generaciones. No obstante, el hombre no es visto como un ser humano con maldad in situ, sino como el resultado de los dos factores anteriormente comentados, por lo que es viable pugnar por cambiar no solamente la noción de masculinidad, sino todo el sistema económico, político y social en un país como México, donde, a pesar de todos los logros e iniciativas de Revista como Debate Feminista y otras publicaciones de los grupos de activistas, de las leyes que se han ganado para proteger a las mujeres, aún queda pendiente una larga lista de acciones y agendas políticas por repensar y recordar, para no olvidar el camino andado.

De esta manera, queda claro que el feminismo de la revista tiene una visión amplia del fenómeno social de la violencia, que ha provocado fortalecer los grupos feministas, sus agendas, y la reflexión académica e intelectual, que tiene una actitud crítica en los estudios de género y corporalidades y subjetivación en un debate intelectual y en un debate público, por lo que se puede apuntar que la violencia es una consecuencia de la confluencia de varios factores que afectan la convivencia personal y pública de los seres humanos, propiciando que unos se vean más perjudicados que otros en un marco de un desarrollo humano que reúna disciplinas de las ciencias humanas, bajo la reflexión y la ética en la toma de acciones hacia el sano desarrollo de una sociedad.