Apuntes preliminares

La educación constituye uno de los ámbitos histórico-sociales donde confluyente diversos y encontrados intereses. La contemporaneidad ubica este asunto en el centro del debate sobre su sentido y, fundamentalmente, su “control”. Este último aspecto ubica el asunto en diversos pliegues de una secular polémica en la que, al ser un “tema de interés” general, debe ser “preocupación” de toda la sociedad. Esta generalidad tamiza una de las tensiones singulares que define la verdadera colisión histórica que toma cuerpo en el presente: el control privado de la educación o la rectoría pública sobre la educación de la ciudadanía.

La segunda condición, es decir, el Estado como garantista de los derechos sociales, entre ellos a la educación, contraviene los relatos encubridores y otros más abiertos que promueven la privatización de lo público, bajo argumentos de la “calidad” y esquemas empresariales como el de la “rentabilidad”. En este contexto se observa el avance de las políticas regresivas dirigidas a revertir el derecho a la educación como política pública indispensable. Este hecho ha sido una de las consecuencias principales en la profundización de las condiciones de exclusión e inequidad a la son sometidos amplios sectores sociales. De allí que ninguno de los dispositivos contenidos en los sistemas educativos, sean niveles, modalidades u otra alternativa formativa, está excluida de las políticas privatizadoras, por tanto, excluyentes.

El terreno cultural-educativo constituye uno de los escenarios en el que se manifiesta esta colisión de intereses. En este sentido, Carvajal Ruíz y Villasmil Socorro afirman que:

Venezuela actualmente es escenario de una confrontación definitiva que se expresa en varios órdenes […] [que] tendrá repercusiones en toda la región nuestramericana. Uno de estos espacios en pugna, decididamente estratégico, es el cultural. Se trata de una colisión de modelos, entre uno excluyente, elitista, segregacionista y profundamente antidemocrático promovido por fuerzas políticas, intelectuales y económicas, caracterizadas por su corporativismo e inscritas en la lógica del capital y otras que apuestan por la democracia, inclusión, justicia social, la dignificación y protagonismo organizado de los pueblos. No es una confrontación de nuevo cuño, es histórica. La educación pública hoy amenazada, es también escenario de tal enfrentamiento. El futuro de la educación pública al alcance y al servicio de las mayorías, plural, laica, gratuita y democrática, no cooptada por grupos empresariales, necesariamente pasa por superar la compleja y difícil coyuntura actual que experimenta la Revolución Bolivariana (^{CARVAJAL RUÍZ; VILLASMIL SOCORRO, 2018}, p. 77).

Lo anterior describe de manera general las amenazas en contra de la educación pública. De manera específica, también ubica el momento de la colisión de intereses en el escenario educativo venezolano. Se trata de un contexto, complejo, adverso para los intereses de la sociedad venezolana, caracterizado en los últimos años por el escalamiento de las tensiones en contra de la soberanía nacional, en el marco de la política de agresiones inspirada por los diferentes gobiernos de Estados Unidos (EE.UU.) que, por más de una década, intentan detener la iniciativa política transformadora en el país, cuyos rasgos característicos se expresa en una política social inclusiva, con un protagonismo del movimiento popular organizado como materialización del mandato constitucional fundamentado en una democracia participativa y protagónica, en el proceso de construcción de un Estado de justicia y de derecho.

Fundamentos políticos, históricos, culturales y pedagógicos de la Educación de Jóvenes y Adultos (EJA)

Las dos últimas décadas la política social del Estado venezolano se ha basado en un proceso que persigue la equidad social ajustada a acciones de redistribución de la riqueza, como parte del compromiso político de saldar la amplia deuda social existente e históricamente acumulada. Para ello ha creado de manera progresiva diferentes políticas dirigidas a materializar este propósito.

De acuerdo con esta orientación doctrinaria, el marco constitucional venezolano sostiene que los pilares para la refundación de la República son la educación y el trabajo. Ambas actividades concebidas como procesos histórico-sociales constituyen fundamentos éticos-políticos de primer orden en la emergente configuración social e institucional propuesta en el ordenamiento jurídico venezolano que tiene como hito fundamental la constituyente de 1999.

Estos dispositivos, nos referimos a la educación y el trabajo, constituyen elementos o ejes fundamentales en la formación de valores para los retos presentes y futuros de la sociedad venezolana. En el caso de la Educación de Jóvenes y Adultos (EJA), éstos son guías vertebradoras de sentido de su praxis; de allí la importancia de resaltar el proyecto pedagógico nacional que se desprende de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) de 1999 (VENEZUELA, 1999), como referente ineludible en la consideración de aspectos generales de esta evolución, así como de aquellos más específicos referidos, en este caso, a la Educación de Jóvenes y Adultos (EJA).

Este proyecto nacional se inscribe en el legado político-pedagógico de pensadores Nuestroamericanos que, desde las ideas revolucionarias ilustradas libertarias, propugnan por la educación como palanca fundamental en la construcción de las sociedades americanas emancipadas. En este sentido, es notoria la influencia del Maestro de América, Don Simón Rodríguez, del Libertador Simón Bolívar, precursores de la independencia americana y, en nuestro tiempo, es evidente que el maestro Paulo Freire, por mencionar sólo uno de los grandes pedagogos de nuestra América, dejó con nosotros un legado de incalculable valor por su determinante vigencia.

El maestro Simón Rodríguez avanzaba que la educación social era el mecanismo mediante el cual las nacientes repúblicas llegarían a consolidarse. A parte de otorgarle a la escuela la tarea socializadora, también destacaba de ésta como fundamento del saber y medio a través del cual los pueblos lograrían la civilización. Como parte de este esfuerzo propuso la inclusión social mediante la “escuela para todos”, la formación para el trabajo y la adquisición de nuevos hábitos que posibilitaran las relaciones sociales propias de un sistema republicano.

Prevalece en el pensador caraqueño la idea del aprendizaje-enseñanza colectiva a través de la experimentación “riesgosa”, es decir, so pena de equivocarse. Esta praxis la sintetiza en el llamamiento de “inventamos o erramos”. Esta “simple” frase lleva consigo una alta carga de complejidad si la vinculamos al proyecto rodrigueano¹ de crear sociedades inéditas respecto a los referentes más determinantes e influyentes para la época en el destino de las repúblicas emergentes: las sociedades europeas y su influencia hegemónica. Planteamiento que, décadas después, encontraría resonancia en el pensamiento educativo del prócer cubano José Martí, quien afirmaba que “¡Ni de Rousseau, ni de Washington viene Nuestra América, sino de sí misma!” (^{MARTÍ, 1891}, p. 31).

Esta búsqueda por la originalidad de pensamiento y acción va a ser la orientación fundamental del legado político-pedagógico de Rodríguez. En él destaca la articulación del trabajo con la educación, de la educación vinculada al trabajo productivo interactuando como principios pedagógicos medulares de la acción educativa, que redundaría en el progreso general de la población, en la construcción de nuevas sociedades.

Por su parte, El Libertador Simón Bolívar avizoraba en el Discurso de Angostura del 15 de febrero de 1819, que “Las naciones marchan hacia el término de su grandeza con el mismo paso que avanza la educación” (^{BOLÍVAR, 2019}, p. 27); ofreciendo así un marco doctrinario general sobre el cual se habría de transitar en los tiempos por venir.

Otro gran maestro venezolano, en este caso Luis Beltrán Prieto Figueroa, describiría algunos rasgos del pensamiento político-pedagógico del Libertador, destacando los siguientes aspectos, a saber:

En definitiva, el proyecto político de configuración de las sociedades que emergieron a partir de los procesos independentistas tuvo en la educación una de las palancas fundamentales para su desarrollo y consolidación. También hay que señalar que no siempre las ideas políticas de esas élites congeniaron con las necesidades educativas de los pueblos.

Ahora bien, cabe precisar que, en el marco de aquellas aspiraciones constructivas de sociedades políticamente cohesionadas, basadas en la prosperidad y la producción, resaltó la idea del trabajo como principio pedagógico, no sólo en los niveles educativos tempranos, sino también a lo largo de toda la trayectoria vital del individuo. En este sentido, el maestro Rodríguez entendía que el proyecto de educación popular debía enfatizar en ejercicios útiles, teniendo como elemento movilizador, “enseñante”, la experiencia.

Este breve esbozo nos coloca ante la espiritualidad que guía la acción filosófica y política de la educación nacional en general y, de manera particular, la referida a las personas jóvenes y adultas.

Ahora bien, los elementos históricos y políticos destacados tributan en la concepción general del proyecto societario emergente, para lo cual la educación, como afirmaría el Libertador Simón Bolívar, “[…] debe ser el cuidado primogénito del amor Paternal del Congreso. Moral y luces son los Polos de un República: moral y luces son nuestras primeras necesidades” (^{BOLÍVAR, 2019}, p. 38). Fundamentalmente, porque es ésta una de las palancas en la construcción de la república. Una entidad jurídica, política, social y cultural independiente y soberana. Viajando en el tiempo, el Plan de la Patria (2019-2025) propone entre sus cinco objetivos históricos, entre otros lineamientos estratégicos:

[...]

[...]

Se trata de amplios propósitos en los que la educación cumple un papel fundamental como mecanismo de inclusión y de fortalecimientos de las capacidades colectivas que faciliten la participación del pueblo en el trabajo y en las tareas productivas. Por tanto, resulta clave la incorporación y formación de la población de jóvenes y adultos a estes labores. De hecho, en el apartado de acciones políticas educativas, la atención de este sector social ha sido prioritaria.

La atención de jóvenes y adultos como parte de la política social dirigida a dignificar a los sectores más vulnerables de la sociedad venezolana, se ha fundamentado también en la compresión de la educación como parte de un continuum a lo largo de la vida. En otras palabras, se trata de concebir a la educación como una actividad intelectual y práctica permanente, en perfecta articulación con la experiencia vital, cotidiana, de las personas.

Como un preámbulo para abordar el siguiente apartado, cabe resaltar la letra textual de la Ley Orgánica de Educación (LOE) (VENEZUELA, 2009), que en el Artículo 14 deja explícitamente la filosofía del proyecto educativo nacional contenido en todo el ordenamiento jurídico y materializado mediante las acciones políticas en las diferentes instancias ejecutivas. Dice así:

La educación es un derecho humano y un deber social fundamental concebida como un proceso de formación integral, gratuita, laica, inclusiva y de calidad, permanente, continua e interactiva, promueve la construcción social del conocimiento, la valoración ética y social del trabajo, y la integralidad y preeminencia de los derechos humanos, la formación de nuevos republicanos y republicanas para la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación individual y social, consustanciada con los valores de la identidad nacional, con una visión latinoamericana, caribeña, indígena, afrodescendiente y universal. La educación regulada por esta Ley se fundamenta en la doctrina de nuestro Libertador Simón Bolívar, en la doctrina de Simón Rodríguez, en el humanismo social y está abierta a todas las corrientes del pensamiento. La didáctica está centrada en los procesos que tienen como eje la investigación, la creatividad y la innovación, lo cual permite adecuar las estrategias, los recursos y la organización del aula, a partir de la diversidad de intereses y necesidades de los y las estudiantes (VENEZUELA, 2009, p. 3).

El marco Jurídico de la Educación de Jóvenes y Adultos (EJA)

Las consideraciones que derivan de la lectura y análisis del marco normativo que rige a la educación venezolana en general y, de manera particular, a la Educación de Jóvenes y Adultos, hacen referencia a dos aspectos cruciales; por una parte, los que definen la doctrina del proyecto pedagógico nacional y, como segundo aspecto, el relativo a su encaje y organización en el sistema educativo nacional.

En concordancia con los planteamientos previamente esbozados, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (VENEZUELA, 1999) sintetiza en materia educativa los aspectos doctrinarios legados de los pensadores precitados, medulares en el proceso emancipatorio nacional. Tales aspectos son desplegados de manera específica en la Ley Orgánica de Educación de 2009 (VENEZUELA, 2009), ofreciendo así un piso jurídico-político sólido que ha hecho viable a los ciudadanos el ejercicio del derecho a la educación. En un primer orden de idea, el Artículo 3 de la CRBV sostiene que:

El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución.

La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines (VENEZUELA, 1999).

Estos preceptos ya destacados avizoran la doctrina constitucional en materia educativa, en la que se subraya dentro de los derechos culturales del pueblo a la educación como un derecho humano y un deber social fundamental del Estado venezolano, según se lee en el Artículo 102, en el que:

La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social, consustanciados con los valores de la identidad nacional y con una visión latinoamericana y universal. El Estado, con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana, de acuerdo con los principios contenidos en esta Constitución y en la ley (VENEZUELA, 1999).

De esta revisión también se acentúa el papel rector en materia educativa por parte del Estado venezolano, como parte del entramado de garantías sociales que ofrece el texto constitucional. La educación como función indeclinable del Estado compromete a las instituciones de la República a facilitar las garantías jurídicas, económicas y sociales para que todos los ciudadanos tengan acceso a los diferentes niveles y modalidades que ofrece el sistema educativo, entre ellas la EJA.

Lo último queda refrendado en el Artículo 103 del precitado texto constitucional, en el que se establece que:

Toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. A tal fin, el Estado realizará una inversión prioritaria, de conformidad con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas. El Estado creará y sostendrá instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo. La ley garantizará igual atención a las personas con necesidades especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren privados o privadas de su libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y permanencia en el sistema educativo (VENEZUELA, 1999).

En este apartado constitucional queda explícita otros de los elementos clave de la doctrina del proyecto educativo nacional, el cual hace alusión a la democratización en el acceso a la educación, la obligatoriedad desde edades tempranas hasta el bachillerato y, por último, el carácter gratuito de la educación ofrecida en las instituciones escolares públicas, incluyendo el nivel de pregrado universitario.

Ley Orgánica de Educación

En cuanto a la Ley Orgánica de Educación de 2009 (VENEZUELA, 2009), cabe comenzar reiterando algunos aspectos medulares de la doctrina educativa venezolana, antes expuestos en el apartado sobre los Derechos sociales y culturales contenidos en la CRBV. Un primer asunto queda sintetizado en el Artículo 1, en el que se determina el objeto de la norma, en este sentido se leer que:

La presente Ley tiene por objeto desarrollar los principios y valores rectores, derechos, garantías y deberes en educación, que asume el Estado como función indeclinable y de máximo interés, de acuerdo con los principios constitucionales y orientada por valores éticos humanistas para la transformación social, así como las bases organizativas y de funcionamiento del Sistema Educativo de la República Bolivariana de Venezuela (VENEZUELA, 2009, p. 1).

Los aspectos éticos y humanísticos a los que se refiere el objeto de la ley guardan estrecha relación con los cometidos y principios de la educación venezolana en general y, en particular, la EJA. Éstos resultan explicitados en el Artículo 3, los cuales configuran las aspiraciones respecto al sujeto protagonista del hecho educativo, los linderos socio-antropológicos y culturales que deben regir el comportamiento individual y colectivo de la convivencia comunitaria, en un marco político que promueve la participación consciente y, preferiblemente, organizada de todos los ciudadanos.

Todos estos aspectos teleológicos que orientan las aspiraciones educativas de la República, encuentran asidero material en las funciones que le ordena la norma al Estado. Éstas se definen a partir de la concepción de la doctrina del Estado Docente, definido en la ley (Artículo 5) como:

[…] la expresión rectora del Estado en Educación, en cumplimiento de su función indeclinable y de máximo interés como derecho humano universal y deber social fundamental, inalienable, irrenunciable y como servicio público que se materializa en las políticas educativas. El Estado docente se rige por los principios de integralidad, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. En las instituciones educativas oficiales el Estado garantiza la idoneidad de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, la infraestructura, la dotación y equipamiento, los planes, programas, proyectos, actividades y los servicios que aseguren a todos y todas igualdad de condiciones y oportunidades, y la promoción de la participación protagónica y corresponsable de las familias, la comunidad educativa y las organizaciones comunitarias, de acuerdo con los principios que rigen la presente Ley. El Estado asegura el cumplimiento de estas condiciones en las instituciones educativas privadas autorizadas (VENEZUELA, 2009, p. 1).

La idea del Estado Docente es desarrollada en Venezuela a partir de los aportes del maestro Luis Beltrán ^{Prieto Figueroa (2006b}). En este sentido, consideraba el pensador venezolano que:

[…] la disputa rebasa los términos técnicos para encuadrarse en el terreno político. Es la lucha secular entre los derechos de la colectividad y los privilegios de casta, que acaso durará todavía muchos años, pero que a la larga terminará de imponerse en el mundo la idea justa de protección de la comunidad entera (^{PRIETO FIGUEROA, 2006b}, p. 41).

Guillermo Luque resume la tesis central de esta concepción, de acuerdo con lo siguiente:

Todo Estado responsable y con autoridad real asume la orientación general de la educación; esa orientación o principios que orientan lo educativo expresa su doctrina política y conforma la conciencia de los ciudadanos. En una sociedad democrática, estos fines generales de la educación no responden - no deben responder - a los intereses selectos de grupos particulares, sino al interés general. El Estado, en tanto representante de los intereses generales de la nación, no debe renunciar a esa función ni delegarla a una organización privada - laica o religiosa - que, como suele suceder, atiende más a los intereses particulares (^{LUQUE, 2010}, p. 78).

Sintetiza así el pensamiento de Prieto Figueroa en relación con el Estado Docente, fundamentado en el carácter laico de la escuela, la gratuidad y la obligatoriedad. Por tanto “La educación […] es una función pública esencial de la colectividad y en las sociedades modernas está encomendada al Estado” (^{LUQUE, 2010}, p. 78), argumentaría.

Otro de los aspectos novedosos de la norma educativa vigente se materializa en el protagonismo que se le otorga a la sociedad organizada mediante las diferentes instancias determinadas en el compendio de leyes del Poder Popular, entre las que destacan las Comunas y los Consejos Comunales. Es así como en el Artículo 18 de la LOE se orienta a las organizaciones comunitarias a asumir su corresponsabilidad en el proceso educativo y formativo de los ciudadanos. En este sentido, el mencionado artículo establece que:

Los consejos comunales, los pueblos y comunidades indígenas y demás organizaciones sociales de la comunidad, en ejercicio del Poder Popular y en su condición de corresponsables en la educación, están en la obligación de contribuir con la formación integral de los ciudadanos y las ciudadanas, la formación y fortalecimiento de sus valores éticos, la información y divulgación de la realidad histórica, geográfica, cultural, ambiental, conservacionista y socioeconómica de la localidad, la integración familia-escuela-comunidad, la promoción y defensa de la educación, cultura, deporte, recreación, trabajo, salud y demás derechos, garantías y deberes de los venezolanos y las venezolanas, ejerciendo un rol pedagógico liberador para la formación de una nueva ciudadanía con responsabilidad social (VENEZUELA, 2009, p. 4).

Respecto al carácter organizativo e institucionalización de la LOE, cabe señalar que la EJA constituye una de las modalidades del Sistema Educativo venezolano. De acuerdo con el Artículo 26 de la precitada norma, describe que estas:

[…] son variantes educativas para la atención de las personas que, por sus características y condiciones específicas de su desarrollo integral, cultural, étnico, lingüístico y otras, requieren adaptaciones curriculares de forma permanente o temporal con el fin de responder a las exigencias de los diferentes niveles educativos (VENEZUELA, 2009, p. 4).

De allí que las modalidades constituyen dispositivos versátiles, contextualizados, que responden a las necesidades y situaciones concretas detectadas en la realidad; en este sentido, puede variar o crease otras, siempre ajustadas o normadas por reglamento o por ley. Asimismo, “[…] la duración, requisitos, certificados y títulos de las modalidades del Sistema Educativo estarán definidos en la ley especial de educación básica y de educación universitaria” (VENEZUELA, 2009, p. 4).

Otros aspectos no explicitados en la Ley, normas y reglamentos afines vigentes es que esta modalidad educativa está destinada a personas mayores de catorce (14) años de edad, persigue no sólo habilitar profesionalmente en oficios o carreras técnicas, sino que además coadyuva en la formación cultural de los discentes e incluso en algunos trayectos ofrece la posibilidad de prosecución educativa en otros niveles del sistema.

Políticas públicas educativas y Programas de EJA en Venezuela

En los últimos años la política educativa del país ha tenido como ejes de gravitación la inclusión social y la defensa y recuperación de la iniciativa pública en esta materia. Este esfuerzo colectivo e institucional, pese a las políticas de sanciones y bloqueos impulsadas por distintos gobiernos de los EE.UU. dirigidas a mermar las capacidades políticas y materiales de la Revolución Bolivariana, ha tenido un impacto favorable en la sociedad en general, dejando saldos positivos tangibles en el combate a aquellos aspectos estructurales de la pobreza.

Un primer esfuerzo hacia el que se orientó la política social educativa fue revertir las altas tasas de desescolarización presentes en la sociedad². Para cumplir con este propósito se implementaron las Misiones educativas³ que, de acuerdo con la estructura formal del sistema educativo venezolano, tienen como objetivo la inclusión de aquellas personas en condición de analfabetismo y/o escolaridad incompleta. Una síntesis de esos programas se aprecia en el cuadro que sigue a continuación:

Complementariamente a estas acciones en política educativa, se han venido desplegando varios programas dirigidos a atender las necesidades socio-laborales de los sectores más vulnerables del país. El rasgo común de estos programas ha sido fortalecer las capacidades laborales y productivas de esos colectivos mediante estrategias de abordaje masivo, activando instituciones educativas, empresas y lugares de trabajo con el concurso de las comunidades organizadas, quienes participan en el despliegue operativo de los mismos.

En este esfuerzo el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES)⁴, cumple un papel de primer orden que se traduce en la materialización de acciones políticas que abarcan los siguientes aspectos:

En este marco, alineado a las políticas nacionales en esta materia, se han desarrollado un conjunto de programas de EJA dirigidos a atender las dos dimensiones previamente comentadas, a saber: la formación cultural-educativa, incluyendo los procesos alfabetización, y la capacitación para la inserción laboral como dos elementos nodales de los mismos. En cuadro que se muestra a continuación resume algunas de estas iniciativas.

Cabe acotar que estos instrumentos como factores articuladores de un amplio tejido social, otrora excluido, no sólo cumplen el cometido para el cual fueron diseñados, es decir: educación y trabajo; sino que además, éstos han sido puntales en el proceso permanente de renovación de la oferta socio-cultural laboral para atender a tan complejo y dinámico colectivo social.

Reflexiones para concluir

La EJA, de acuerdo con la legislación venezolana, constituye un dispositivo pedagógico y didáctico dirigido a atender necesidades generales y específicas de un sector social históricamente excluido social y laboralmente. En este caso, no se trata de programas aislados, sino que, pese a las mutaciones propias de este tipo de instrumentos pedagógicos debido a los cambios que operan en el mundo de lo real, constituyen un factor clave en el entramado institucional que permite la materialización de la política social en general y la educativa, en particular, apegado a la doctrina constitucional y normativa del Estado.

Otro aspecto que resalta es el sentido y alcances de estos programas en la actualidad, debido a que trascienden los límites prefijados de la acción programática, hasta convertirse en dispositivos de anclaje para la reinserción educativa y laboral, al tiempo que tienen incidencia en la prosecución escolar a los fines de favorecer la profesionalización de sectores históricamente excluidos.