El proceso de redacción del documento Buenas prácticas para la historia oral

En 2015, la Asociación Italiana de Historia Oral (AISO) presentó el documento Buenas prácticas para la historia oral: se trata de unas pocas páginas que contienen indicaciones muy sencillas, pero bien pensadas sobre cómo un investigador que utiliza fuentes orales puede hacer bien su trabajo (BONOMO; CASELLATO; GARRUCCIO, 2016)¹. Fue el primer documento colectivo y compartido, elaborado por la comunidad de historiadores orales de mi país. La historia oral en Italia tiene una larga tradición que se remonta a las décadas de 1950 y 1960 y en la que han participado cientos de investigadores, pero durante mucho tiempo no tuvo una organización que la representara. Se intentó varias veces crear una coordinación y una asociación nacional, a semejanza de las de los países anglosajones, pero hasta 2006 no nació la AISO. Durante mucho tiempo se practicó y reivindicó el carácter militante y no académico (o antiacadémico) de la historia oral (^{BERMANI, 1999}). Por ello, todo lo que regulaba, normalizaba o estandarizaba la investigación con fuentes orales era visto con recelo, porque corría el riesgo de coartar la libertad, la creatividad y la experimentación de los historiadores (^{PORTELLI, 1997}). La decisión de iniciar un proceso de elaboración de principios generales e indicaciones metodológicas no fue, por tanto, una elección fácil. Se hizo necesaria, sobre todo, a causa de ciertas presiones externas al campo de la historiografía.

La primera solicitud está relacionada con los litigios judiciales en los que se ven implicados cada vez más investigadores. En concreto, en 2007, dos colegas tuvieron que defenderse ante los tribunales por haber publicado testimonios considerados difamatorios en un libro sobre el “malestar medioambiental”, cuando creían haber dado voz a sujetos que denunciaban la violencia y los abusos de algunas industrias químicas (^{VALLERANI; VAROTTO, 2005}; ^{GIADROSSI, 2014}). A sugerencia de sus abogados, los dos académicos pidieron ayuda técnica a la AISO para demostrar que habían actuado correctamente en el tratamiento de las fuentes. Pero en aquel momento no disponíamos de Buenas prácticas y no pudimos ayudarles.

A partir de este y otros casos, nos dimos cuenta de que las personas que están en el centro de nuestra investigación - los testigos, sus familiares y todos aquellos de los que hablan los testigos - son mucho más sensibles hoy en día con respecto a sus privacidad y reputación. Además, disponen de herramientas para emprender acciones legales e intervenir en el trabajo de utilización e interpretación de las fuentes que es propio de los/las historiadores: tienen abogados que escriben cartas, presentan denuncias, exigen cambios en los textos, incluso exigen la retirada de libros que se habían publicado.

Dos famosos casos internacionales han acompañado nuestra reflexión. El del Boston College, cuando entrevistas a testigos de la guerra civil en Irlanda, recogidas bajo confidencialidad, fueron utilizadas por un tribunal inglés para incriminar al dirigente político Jerry Adams (^{GARRUCCIO, 2021})². Y el caso de la escritora bielorrusa Svetlana Aleksievic, acusada por las mismas personas a las que había entrevistado de faltar al respeto a sus palabras y, por tanto, sometida a juicio (^{ALEKSIEVIC, 2003}). El juicio tuvo lugar a principios de los años 1990; nosotros tuvimos conocimiento de él en 2015; cuando terminamos las Buenas prácticas para la historia oral ella fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura.

Quienes hacen historia contemporánea con personas vivas y tratan con memorias controvertidas saben que es difícil no chocar con sensibilidades y opiniones diferentes. Los/las historiadores/as orales se sitúan en la encrucijada de complejas cuestiones jurídicas, éticas y deontológicas: estamos llamados a hacer bien nuestro trabajo, a no traicionar la misión de búsqueda de la verdad, a no censurar las fuentes y a no autocensurar nuestras opiniones. Pero también estamos obligados a respetar a los testigos, a no violar sus derechos, y también a dar espacio a puntos de vista sobre el pasado que difieran de los de los investigadores profesionales.

Todas estas cuestiones y tensiones se han vuelto explosivas con el giro digital, es decir, con la digitalización de las fuentes orales, su puesta en red y la amplia difusión que pueden tener a través de Internet y los medios sociales. En décadas pasadas, los libros o los artículos científicos tenían una circulación reducida: hoy, los datos y las publicaciones están potencialmente al alcance de todos.

Una última innovación que intervino en la decisión de empezar a elaborar las Buenas prácticas para la historia oral fue el creciente papel de los proyectos europeos, es decir, la investigación financiada con fondos de la UE. Estos proyectos europeos exigen procedimientos explícitos y normas “éticas” en la investigación, y también exigen una evaluación previa del proyecto por parte de un “comité de ética universitario”. Esto nos abrió los ojos a una realidad ya establecida en otros países desde hace al menos veinte años: el condicionamiento de la investigación a instancias de organismos de financiación ajenos a la universidad (en nuestro caso, las instituciones europeas, que son ahora el mayor proveedor de fondos públicos a los investigadores en Italia).

Los juristas que involucramos en el grupo de Buenas prácticas - un catedrático de derecho público (Fulvio Cortese) y un abogado comprometido con la defensa de los derechos civiles y medioambientales (Alessandro Giadrossi) - nos hicieron ver que era importante que una asociación científica como la nuestra llevara a cabo una operación preventiva, ocupando el espacio libre que hay entre la norma codificada por la ley y la costumbre no formalizada (^{CORTESE; GIADROSSI, 2021}). Nos invitaron a realizar una labor de autorregulación, antes de que las normas fueran dictadas por quienes están fuera de la comunidad científica: magistrados, funcionarios europeos, comités de ética de las universidades.

Esta autorregulación se ha basado en parte en las pocas leyes positivas que regulan el campo en el que nos movemos. Pero, sobre todo, ha reafirmado y formalizado las prácticas de investigación que nosotros mismos, y los “maestros” (y las “maestras”) de la historia oral que nos precedieron, hemos elaborado y debatido a través de la discusión académica y el intercambio de experiencias, definiendo las formas en que realizamos nuestro trabajo. De hecho, la comunidad de historiadores e historiadoras es una “comunidad de práctica”, es decir, es tanto una comunidad de trabajo como de aprendizaje (^{WENGER, 2006}). Aprendemos nuestro oficio sobre el terreno, investigando, y mientras trabajamos compartimos con nuestros colegas las relaciones sociales, las actividades, las técnicas e incluso los significados de nuestro trabajo. Somos los más capacitados para decir cómo hacer bien nuestro trabajo. Los juristas nos han hecho ver que, junto a las normas codificadas en actos legislativos adoptados por los Estados, existe un ámbito de “Soft Law” que sigue teniendo efectos jurídicos, aunque no sea vinculante. Procede de la interpretación que, de los más diversos materiales normativos, hacen quienes se ven directamente afectados por su aplicación.

Las Buenas prácticas que hemos estructurado pasaron a ser un documento eficaz, que contiene principios más que normas, que destaca las limitaciones normativas y los núcleos sensibles, pero que, en la medida de lo posible, deja en última instancia la responsabilidad de la elección en manos del investigador, en función del contexto y de los objetivos específicos de su investigación. Se divide en cinco partes: Principios generales; Recogida de entrevistas; Utilización de entrevistas; Conservación de entrevistas; Encargo (es decir cuando el investigador trabaja en nombre de otro sujeto, público o privado).

Con este documento creemos haber realizado una actividad de servicio, útil no sólo para quienes trabajan dentro de las universidades, sino también para quienes son investigadores independientes. Investigadores no académicos que trabajan como autónomos en el campo de la historia oral - en proyectos promovidos por empresas privadas, autoridades locales, museos, etc. - han solicitado una reflexión sobre el “encargo”. Quienes trabajan fuera de las instituciones son en muchos aspectos más libres, pero a veces también están menos protegidos y más expuestos a que se cuestione su autonomía, la corrección de su trabajo y los resultados de sus investigaciones.

Para la AISO, también fue una buena oportunidad para la autorreflexión, una agradable experiencia de confrontación e intercambio de experiencias, que nos llevó a darnos cuenta de que no estamos solos: no estamos solos porque están nuestros colegas con los que discutimos los aspectos más delicados y controvertidos de la investigación. Pero también porque estamos dentro de un debate que va mucho más allá de Italia, que dibuja un espacio de investigación supranacional en el que discutir los procedimientos y los resultados de nuestro trabajo (^{BONOMO, 2021}). El mundo anglosajón y el latinoamericano fueron los ámbitos culturales que nos parecieron más activos y estimulantes y que tuvimos más presentes (^{BOND POTTER; ROMANO, 2012}; ^{FRANCO; LEVIN, 2007})³.

Concluyo esta introducción hablando del método de trabajo que se siguió, porque en este caso el procedimiento también es sustancia. El grupo encargado de redactar este documento fue nombrado por la asamblea de miembros de la AISO en abril de 2014. Se trataba de un grupo de trabajo “abierto”, en el sentido de que algunas personas se fueron incorporando mientras se desarrollaba el trabajo, en función de sus conocimientos específicos y de su voluntad de participar. Hubo seis reuniones presenciales (entre julio de 2014 y julio de 2015), así como un intercambio telemático continuo. El procedimiento se comunicó en su fase inicial y final a la comunidad científica a través del sitio web, la página de Facebook, la lista de correo de la AISO y las listas de correo de la Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea (SISSCO), solicitando y, en ocasiones, obteniendo comentarios y propuestas de integración. En distintas fases de la elaboración del documento, también hubo debates e intercambios informales con investigadores individuales, grupos de investigación, expertos en escritos autobiográficos y archivos de ego-documentos escritos y orales. Además, el trabajo en curso - work in progress - sobre las Buenas prácticas se presentó en dos conferencias públicas. Un borrador final del documento fue presentado y discutido en la Asamblea de Miembros de la AISO en abril de 2015, que lo adoptó y decidió presentarlo en una conferencia en Trento, en noviembre de 2015.

La recepción de las Buenas prácticas y el impacto de la legislación de la UE sobre protección de datos

La recepción de las Buenas prácticas ha sido diversa. Los investigadores jóvenes y en formación la apreciaron: la página de Buenas prácticas en el sitio web de la AISO es la más visitada, por lo que se reconoce como una herramienta de orientación útil. Sin embargo, algunos dijeron que tenían miedo, porque pensaban que recoger entrevistas sería más fácil y porque sentían que ciertas limitaciones y procedimientos impedían una relación de confianza con algunos testigos, los menos acostumbrados o más recelosos de formalizar relaciones. Algunos colegas más veteranos critican la propia esencia del documento, que tiende a ser normativo. Incluso Alessandro Portelli, que siempre ha estado muy cerca de nosotros, advierte del riesgo de desvirtuar la historia oral, que se nutre de la transgresión y la experimentación (^{PORTELLI, 2022}). Son recomendaciones que se pueden compartir.

Hace unos meses dedicamos una conferencia a este mismo tema: Aprender de los errores. Dificultades, complicaciones, segundos pensamientos en la historia oral, que es muy similar al libro que se publicó en Brasil Entrevistas imprevistas: Surpresa e criatividade em história oral (^{HERMETO; SANTHIAGO, 2022}). Parte de la idea de que nuestro trabajo con fuentes orales tiene lugar en una frontera que no está bien definida; la ambivalencia y el riesgo son inevitables en el trabajo dialógico con personas. Con la palabra “ambivalencia” me refiero al hecho de que la “verdad” que se cuenta nunca es transparente y debe ser interpretada; a la fluctuación de las identidades en las narraciones dialógicas; a la continua negociación del “consentimiento” que se expresa en la propia dinámica de preguntas y respuestas, es decir, en la relación entre sujetos que en la entrevista abren y cierran y a menudo entreabren la puerta a lo que una persona quiere o puede decir sobre sí misma y sobre los demás. Incluso la idea de poder expurgar la carga de sufrimiento que puede causar una entrevista - sufrimiento para los que cuentan, los que escuchan y los que son contados - es ilusoria: el sufrimiento y la liberación muchas veces no son separables. Y no podemos saber de antemano lo que una entrevista provocará en una persona, o en el círculo de escucha; no podemos saber adónde nos llevará un testigo con sus palabras, qué áreas querrá explorar con nosotros. Nuestra historia oral no puede basarse en criterios “políticamente correctos”. Pero, precisamente por ello, debe ser muy consciente de lo que está en juego, y autorreflexiva sobre las decisiones que el historiador está llamado a tomar y los muchos umbrales que cruza.

El cambio más importante desde la publicación de las Buenas prácticas fue la puesta en marcha de un Reglamento europeo sobre el tratamiento de datos personales (denominado GDPR), aprobado en 2016 y operativo a partir de 2018. Ahora es la nueva normativa de privacidad de referencia y afecta a todo aquel que recoja y trate datos personales de personas físicas: empresas, administraciones públicas, asociaciones. También implica a quienes hacen historia oral. Su interpretación y aplicación a la recopilación e investigación histórica con fuentes orales ha comprometido a colegas de toda Europa: el trabajo realizado por la Oral History Society (OHS), que es la asociación más estructurada del continente europeo (aunque el Reino Unido esté ahora fuera de la Unión Europea tras el Brexit) nos ha sido muy útil (^{PERKS, 2019}). La AISO también ha tenido que volver a convocar a su grupo de trabajo para actualizar las Buenas prácticas. El nuevo documento, publicado en 2020, contiene pocas diferencias con el anterior, porque la normativa europea armoniza principalmente la legislación nacional que ya existía⁴.

El GDPR ha introducido algunas novedades procedimentales en materia de protección de datos personales, es decir, exige que determinados pasos que solemos dar cuando tratamos con personas a las que entrevistamos queden explicitados y, sobre todo, documentados, de manera que siempre podamos rendir cuentas de nuestros procedimientos y permitir que las personas que participan en las entrevistas puedan ejercer sus derechos de protección de sus datos personales. El principio rector del GDPR es el de “accountability”, que podríamos traducir como responsabilidad y al mismo tiempo verificabilidad de los procedimientos seguidos. Para los que hacen historia oral, esto se traduce en la exigencia de precisión en las prácticas que seguimos a la hora de recopilar, conservar y utilizar las entrevistas, y en la importancia de mantener registros de los acuerdos a los que llegamos con nuestros testigos antes, durante y después de la entrevista.

Hoy en día, todo aquel que pretenda realizar una entrevista debe preparar un documento, la Nota Informativa sobre Datos Personales, y entregárselo al entrevistado. Esta nota informativa debe indicar quién es el responsable del tratamiento de los datos (el investigador o la institución para la que trabaja), dónde se almacenarán (en qué archivo) y cómo se utilizarán. De este modo, el interesado siempre podrá saber dónde está su información, es decir, su entrevista. Como prueba de la entrega, puede hacer firmar y conservar una copia, o documentar el acto de entrega en la grabación de la entrevista.

Conceptualmente distinto de la Nota Informativa sobre Datos Personales es el Consentimiento informado del testigo para ser entrevistado y, por tanto, para participar en la investigación. Esto no es nada nuevo: desde hace décadas, los historiadores orales sabemos que no grabamos en secreto y que los narradores deben ser libres de unirse o no a nuestra investigación y de indicar los límites y condiciones que desean establecer (anonimato, embargo sobre determinados temas o personas, etc.).

En Italia, es posible obtener el consentimiento de la persona entrevistada por escrito o también de forma oral. En el primer caso, se le pedirá que firme un formulario de autorización; en el segundo, el consentimiento se hará constar al principio de la entrevista y posiblemente se repetirá al final. La elección entre las dos modalidades dependerá de las circunstancias en que se realice la entrevista y, sobre todo, del uso que se le vaya a dar: en particular, en el caso de la difusión por vídeo o en línea, es preferible que el consentimiento se dé por escrito. Incluso si el consentimiento informado se expresa oralmente, es aconsejable entregar a la persona que va a ser entrevistada una hoja resumen en la que se describa el proyecto en cuyo contexto se recoge la entrevista, se explique cómo se almacenará y qué uso se prevé darle.

Todo lo que acabo de decir, y en particular la Nota Informativa sobre Datos Personales introducida por el GDPR, exige que tengas un buen diseño preliminar de tu investigación: saber cuáles son los objetivos, saber cuáles serán los archivos donde depositar la entrevista. No siempre es fácil atenerse a estas normas, sobre todo cuando se hace investigación básica dentro de la universidad: a veces se hacen entrevistas para explorar un nuevo campo de investigación, antes de tener un verdadero proyecto bien definido. Tampoco es fácil para los que hacen investigación libre fuera de la universidad.

La AISO, al igual que la OHS, ha intentado ofrecer herramientas accesibles, es decir, formularios y procedimientos simplificados que puedan ayudar a los investigadores a orientarse fácilmente. Pero a veces, en la práctica de la investigación, no siempre es posible cumplir todos los requisitos. Lo fundamental, en nuestra opinión, es concienciar a los investigadores sobre los problemas más importantes, y hacerles así conscientes y responsables en las elecciones que decidan hacer. De hecho, a menudo no hay una única solución posible: se trata de equilibrar distintas necesidades, todas legítimas, pero a veces contrapuestas. Se trata de reducir al máximo los riesgos, sin renunciar a hacer nuestro trabajo, que nos exige explorar y documentar ámbitos de la historia y la vida social que a menudo no nos permiten proceder como si estuviéramos en un laboratorio aséptico.

Por último, muy brevemente, quiero decir algo sobre el impacto de los comités de ética universitarios en nuestras investigaciones de historia oral. Como decía, en Italia el problema surgió cuando se generalizó la financiación europea de la investigación, que exigía explicitar criterios éticos en la realización de la investigación (Ethic Deliverables) en la recogida de información y su archivo (Data Management Plan). En la investigación básica y en el trabajo didáctico con estudiantes (cursos, seminarios, tesis de máster y doctorales), no se prevé actualmente ningún control “ético”, salvo la “autoevaluación” que se encomienda a cada investigador individual o grupo de pesquisa⁵.

Pero a la hora de enfrentarse a los comités de ética, disponer de un documento como las Buenas prácticas para la historia oral permitió a los investigadores negociar con más fuerza la particularidad de nuestro tipo de investigación. A menudo, los funcionarios e incluso los académicos de otras disciplinas con los que tratamos en los comités de ética no están familiarizados con la metodología de la historia oral: poder remitirse a un documento público y compartido, elaborado por una asociación representativa a nivel nacional y bien alineada con la comunidad científica internacional, fue crucial para poder controlar algunos aspectos importantes de la investigación, como la forma de obtener el consentimiento informado, la información de los datos personales, la forma de almacenar las entrevistas, el equilibrio entre el derecho de acceso y el deber de divulgación y la necesidad de proteger las entrevistas.

Los archivos orales y el debate sobre la Ciencia Abierta

Las Buenas prácticas son un instrumento de autodefensa frente a la intromisión de las leyes en el ámbito de la investigación histórica. Sin embargo, son precisamente normativas como el GDPR las que han puesto de manifiesto ciertas criticidades de nuestro sistema de investigación, especialmente en relación con las fuentes orales.

El problema más evidente es que Italia no dispone de archivos de fuentes orales y, en general, de infraestructuras de investigación que permitan la conservación de los datos intermedios de la investigación. Las universidades cuentan con archivos - repositorios - para los productos finales (ensayos, artículos, libros), pero aún no disponen de instalaciones para los datos producidos por la investigación (como entrevistas, fotografías, notas etnográficas, documentos recopilados, etc.).

Este es un tema en el que estamos trabajando, principalmente junto con estudiosos de la lingüística y la antropología, pero también con funcionarios estatales que se ocupan de archivos y bibliotecas (^{CALAMAI; CASELLATO; STAMULI, 2022})⁶. Hablamos de “archivos de investigación”. Se trata de lo que queda de un estudio de campo una vez finalizada la investigación: en primer lugar, las entrevistas grabadas, pero junto con todos los documentos relacionados que son esenciales para poder contextualizarlas e interpretarlas: notas, diarios, entrevistas, fotografías, cartas intercambiadas con las personas con las que nos reunimos o con otros estudiosos, otros materiales recopilados durante la investigación.

Estos archivos tienen un triple valor:

Ahora queremos sensibilizar a nuestras universidades para que reconozcan y protejan los “archivos de investigación”. Pero también debemos sensibilizar a nuestros colegas investigadores para que reconozcan que ellos también son los principales archiveros de su investigación. Y que los datos que recogen no son de su propiedad. Esto es especialmente evidente en el caso de las entrevistas, que son fruto de un intercambio, en coautoría. El investigador es propietario del soporte de grabación. Pero el contenido no es sólo suyo: es compartido con las personas que participaron en la entrevista.

Obviamente, pensamos que hay que defender el derecho a la investigación y a la libre interpretación de las fuentes: es decir, el derecho que tiene el investigador a exponer sus tesis, aunque no coincidan con el posicionamiento, las opiniones o el sentido común de los testigos o grupos investigados. Pero no es irrelevante saber lo que piensan y también dejar espacio a sus opiniones, que a veces pueden incluso modificar las hipótesis de partida y, en cualquier caso, siempre enriquecen la conciencia del investigador. De todos modos, estamos convencidos de que las fuentes que una investigación ha producido, y sus contenidos, deben quedar a disposición de las personas y grupos sociales o comunidades locales que han contribuido a crearlas.

Cuando recopilamos fuentes orales tenemos una tercera responsabilidad, además de la que tenemos con la calidad de nuestra investigación y la que tenemos con los testigos que son coautores: la responsabilidad de preservar las fuentes registradas y ponerlas a disposición de la comunidad científica y de los investigadores del futuro. Es aquí donde converge el debate actual sobre la Ciencia Abierta. Por supuesto, las fuentes orales requieren precauciones especiales: no todo puede ponerse a disposición de todo el mundo de forma inmediata y sin filtros. Como cualquier otro documento que contenga información sensible, las fuentes orales también deben ser custodiadas y, en algunos casos, protegidas.

El giro digital ha abierto nuevas posibilidades para la conservación y reutilización de los archivos orales. Al mismo tiempo, ha planteado nuevas alarmas y retos. Por un lado, la digitalización garantiza la conservación a largo plazo de los archivos sonoros grabados en el pasado en soportes analógicos, como cintas o casetes de audio o vídeo. En 2019, la UNESCO, en colaboración con la International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA), lanzó el proyecto Magnetic Tape Alert Project: advierte del riesgo de pérdida de datos grabados en soportes magnéticos de audio, perecederos al cabo de unos 60 años⁷. Por lo tanto, las entrevistas realizadas entre los años 50 y 2000 deben transferirse lo antes posible a soportes digitales y sistemas informáticos que garanticen su conservación a largo término.

Hoy parece más fácil crear y gestionar archivos orales digitales. Existen varios proyectos internacionales de investigación en Europa que pretenden hacer converger estos archivos en infraestructuras de investigación como CLARIN: infraestructura digital europea que ofrece datos, herramientas y servicios de apoyo a la investigación basada en recursos lingüísticos⁸. Su objetivo es que los archivos orales adopten también los principios FAIR, es decir, que los datos - o al menos los metadatos - sean Findable, Accessible, Interoperable, Reusable, es decir Localizables, Accesibles, Interoperables y Reutilizables. Pero, como decía, estos proyectos son un horizonte al que mirar, porque por ahora están muy lejos de la aplicación general en las universidades, al menos en Italia. Al mismo tiempo, la aplicación de las tecnologías de la información al estudio de las fuentes orales está planteando nuevos problemas en términos de derecho, ética y deontología de la investigación, porque la voz es un dato biométrico, indisolublemente ligado a cada individuo y a sus dimensiones corporales y psíquicas, así como culturales (CALAMAI, no prelo).

La historia oral en la era digital es una frontera que apenas hemos empezado a explorar y que nos reservará otras sorpresas, oportunidades y preguntas (^{SHEFTEL; ZEMBRZYCHI, 2017}). Sin duda, exigirá que mantengamos una concentrada atención y la mente abierta sobre los procedimientos, la deontología y la finalidad de nuestra profesión.