El mundo ha vivido desde 2019 una situación de incertidumbre en todos los ámbitos sociales, tras el anuncio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de una cepa del coronavirus SARS-CoV-2, identificada en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei (China). Desde entonces, covid-19 ha ocupado la agenda de debates de gobernantes, científicos, universidades y organizaciones mundiales, específicamente sobre los impactos de la pandemia en la preservación de la vida, la economía y el empleo en un escenario de recomposición de las tasas de crecimiento de los países, altos precios del petróleo, migraciones y discusiones sobre el clima, el medio ambiente y las energías limpias.

Ante la perplejidad y el temor a la propagación del covid-19, los gobiernos, los médicos sanitarios, los infectólogos y las autoridades de gestión han recomendado la adopción de medidas de restricción de la circulación de personas, el cierre de las fronteras entre los países, el trabajo a distancia, la cancelación de las actividades culturales y artísticas, y el aislamiento social que llevó a la interrupción de diversas actividades sociales. La educación fue una de las áreas afectadas, planteando la discusión sobre atribuciones y funciones del Estado para garantizar y proveer los derechos sociales, especialmente los educativos, durante crisis como las pandemias. En este ámbito, la desigualdad social y digital se evidenció en la garantía de acceso a las tecnologías que permitirían la enseñanza-aprendizaje de miles de niños y adolescentes.

Al mismo tiempo, al acecho, los gigantes big techs: Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsolft (GAFAM), financiadores y empresarios de la educación y la enseñanza actúan en el contexto pandémico alentando a los gobiernos nacionales a que adopten medidas para la producción, circulación y consumo de bienes, equipos, plataformas y servicios, ya que la educación y la enseñanza han sido elevadas e insertadas en negocios privados y competitivos con fines de lucro. En este contexto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el documento A framework to guide an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020 (OCDE, ²⁰²⁰), indica fórmulas abstractas, desprovistas de historia local, para mitigar las debilidades en el aprendizaje de los alumnos que han visto suspendidas sus actividades escolares en todo el mundo.

En la búsqueda de alternativas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Centro de Estudios e Investigación en Educación y Acción Comunitaria (CENPEC), en el documento Escenarios de exclusión escolar en Brasil (UNICEF, ²⁰²¹), discuten el agravamiento de la situación de los niños y adolescentes brasileños sin acceso a las tecnologías digitales y que han visto vulnerado su derecho a la educación. Al mismo tiempo, las redes educativas y las escuelas de todo el país están buscando alternativas para garantizar el principio constitucional prescrito en el artículo 205 de la Constitución:

La educación, derecho de todos y deber del Estado y de la familia, será promovida y fomentada con la cooperación de la sociedad, con vistas al pleno desarrollo de la persona, su preparación para el ejercicio de la ciudadanía y su cualificación para el trabajo. (Brasil, ¹⁹⁸⁸, s.p.)

Así como en el artículo 208, que establece que:

[…] el deber de educación del Estado se hará efectivo mediante la garantía de: I - educación básica obligatoria y gratuita desde los 4 (cuatro) hasta los 17 (diecisiete) años de edad, aseguró incluso su oferta gratuita para todos aquellos que no tuvieron acceso a ella a la edad adecuada. (Brasil, ¹⁹⁸⁸, s.p.)

A pesar de que el derecho a la educación está prescrito en la ley, el Censo de Educación Básica (Educacenso) de 2019 registró 47,9 millones de matrículas en las 180.600 escuelas de educación básica de Brasil y las dificultades de acceso a internet en las escuelas primarias públicas con baja cobertura en los estados de Acre, Amazonas, Maranhão y Pará (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira [Inep], ²⁰²⁰, s.p.). Esto reveló la abismal desigualdad económica y social brasileña concentrada en regiones históricamente excluidas de las acciones del Estado destinadas a mejorar la calidad de vida de la población y el acceso a servicios básicos como la salud y la educación. Los datos también revelan que casi 1,1 millones de niños y adolescentes en edad de escolarización obligatoria estaban sin escolarizar en 2019, un año antes de la pandemia, la mayoría de ellos con edades comprendidas entre los 4 y 5 años (preescolar) y los 15 y 17 años (enseñanza media).

Esta realidad se hizo más compleja con la pandemia. En noviembre de 2020, el primer año de registro del covid-19, se identificó que, al final del año escolar, 5.075.294 niños y adolescentes de 6 a 17 años estaban fuera de la escuela o sin acceso a actividades escolares. Esta cifra corresponde al 13,9% de esta población que declaró no asistir a la escuela o que asistió a la escuela, pero no tuvo actividades escolares (UNICEF, ²⁰²¹).

El 17 de marzo de 2020, el Ministerio de Educación, a través del Consejo Nacional de Educación, publicó la Ordenanza nº 343, que prevé la sustitución de las clases presenciales por clases en medios digitales mientras dure la situación de pandemia de covid-19. Los artículos relacionados con la educación básica son importantes, como los siguientes:

Art. 1 Autorizar, con carácter excepcional, la sustitución de asignaturas presenciales, en curso, por clases en las que se utilicen medios y tecnologías de la información y la comunicación, dentro de los límites establecidos por la legislación vigente. […]

§ 2. Las instituciones serán responsables de definir las asignaturas que pueden ser sustituidas, poniendo a disposición de los estudiantes herramientas que les permitan controlar los contenidos ofrecidos y realizar evaluaciones durante el período de autorización mencionado en el caput.

Art. 2, § 1 Las actividades académicas suspendidas deben restablecerse en su totalidad para cumplir con los días y com las horas de clase establecidos en la legislación vigente.

§ Las instituciones también pueden modificar el calendario de vacaciones, siempre que se ajusten a los días lectivos y horas de clase establecidos en la legislación vigente. (Brasil, ^2020a, s.p.)

De este modo, el Ministerio de Educación, a través del Consejo Nacional de Educación (Dictamen nº 5/2020) dispuso la reorganización del calendario escolar y la posibilidad de contabilizar las actividades no presenciales a efectos del cumplimiento de la carga mínima de trabajo anual, debido a la pandemia del covid-19, prescribiendo que:

[…] las actividades pedagógicas no presenciales pueden ocurrir a través de medios digitales (clases en video, contenidos organizados en plataformas virtuales de enseñanza y aprendizaje, redes sociales, correo electrónico, blogs, entre otros); a través de programas de televisión o radio; adoptando materiales didácticos impresos con orientaciones pedagógicas distribuidas a los alumnos y a sus padres o tutores; y orientando lecturas, proyectos, investigaciones, actividades y ejercicios indicados en los materiales didácticos. (Brasil, ^2020b, p. 11)

Con las prerrogativas legales, los empresarios de los sectores de la Educación y la Tecnología y los ejecutivos de las grandes tecnologías se acercaron a los secretarios de educación, rectores de universidades y directores de escuelas presentando tecnologías digitales, software, plataformas y programas para la reanudación de los servicios educativos en línea. Por un lado, estaban los gigantes de las empresas de tecnología de la información ávidos de expansión y potenciales consumidores de tecnologías digitales, equipos y venta de servicios, y por otro, el vivo recuerdo de las luchas de los movimientos sociales y las asociaciones académicas y científicas que vieron languidecer las disposiciones de la Constitución Federal de ¹⁹⁸⁸. Los secretarios y directores de educación, cada uno a su nivel, hicieron contratos, compraron paquetes y se adhirieron a las plataformas y servicios comercializados por las corporaciones empresariales. La carrera por la compra de tecnologías de la información y de la comunicación, servicios de Internet de banda ancha, tabletas, software, teléfonos móviles, líneas telefónicas, ordenadores portátiles, microordenadores, iphones, irradió a todos los sectores y abrió los mercados de la cadena productiva - producción, circulación y consumo de objetos tecnológicos. Sin embargo, no asistió por igual a las escuelas públicas y privadas, excluyendo a los niños, adolescentes y jóvenes del acceso a la educación escolar. Una parte importante de la población, que abarca a unos 38 millones de brasileños, que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad y sigue excluida del acceso a las tecnologías digitales.

En este contexto de desigualdad, las redes sociales han ampliado las formas de comunicación, información e interactividad entre personas, empresas, corporaciones e instituciones educativas. El avance de Internet, el desarrollo de las tecnologías digitales y la aparición de redes interactivas han permitido el acceso al conocimiento y a la información, a otras formas de construir el conocimiento científico y tecnológico, de comunicarse, de conectarse y de mantener relaciones sociales, laborales y de estudio.

La defensa, por tanto, es del conocimiento y del uso de las tecnologías como resultado del trabajo humano. Son medios, instrumentos, herramientas que permiten la multiplicidad de lenguajes, la circulación y difusión de códigos, métodos, gráficos, conocimientos, descubrimientos, la ampliación de las formas de conexión, interacción, articulación, comunicación e información. Las tecnologías son creaciones humanas y pueden favorecer la vida humana, son vehículos que transmiten cosas, objetos, productos, artefactos, pero también ideologías, valores, métodos, concepciones, sistemas integrados e interconectados, inteligencia artificial.

Ante esta realidad, y a partir de la búsqueda de publicaciones científicas sobre la gripe española que azotó al mundo a principios del siglo XX, se identificó la ausencia de estudios e investigaciones que abordaran la oferta educativa, el trabajo escolar, la gestión y las prácticas pedagógicas durante esa pandemia.

El dosier Gestión educativa y trabajo pedagógico en el contexto de la pandemia es el resultado del compromiso de profesores-investigadores de Brasil, España y Portugal con la producción científica, histórica y de construcción de la memoria de uno de los episodios más traumáticos de la historia sanitaria mundial. Se trata de visiones diferentes sobre realidades educativas plurales con intereses en campos distintos y que se complementan en el diálogo entre los articuladores en torno a temas como: la escuela y los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación; la formación inicial y continua del profesorado y el desarrollo de la conciencia crítica durante la pandemia; el protagonismo docente en la adopción de prácticas pedagógicas para incluir a los estudiantes a través de las tecnologías existentes y las metodologías activas y de autorregulación del aprendizaje; la organización de la oferta de actividades prácticas en formato de emergencia a distancia en los cursos de grado como las prácticas, un reto al que se enfrentan las universidades; la gestión neotecnológica de la educación.

Estos artículos son el resultado de investigaciones científico-académicas desarrolladas por grupos de investigación y expresan diferentes concepciones teórico-epistemológicas, múltiples interpretaciones de la educación en la pandemia, y pasan a formar parte del conjunto de producciones de la Revista Linhas Críticas de la Facultad de Educación de la Universidad de Brasilia - Brasil. Como registro científico e histórico, contemplan la diversidad institucional, regional e internacional que contribuye a la producción de conocimiento sobre la gestión educativa y el trabajo pedagógico en la pandemia del covid-19.