La importancia de los Derechos Humanos

El tránsito intelectivo hacia la comprensión de los derechos humanos (DD.HH.) implica su relación intrínseca con la dignidad humana entendida en el contexto de la Segunda Guerra Mundial que inspiró la promulgación de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). Los ataques sistemáticos arremetidos contra las personas por razones raciales básicamente, hizo imperativa la necesidad de proteger a los seres humanos de los abusos de los Estados y es esta relación entre derechos y dignidad humanos es lo que determina que los primeros sean contemporáneos al reconocer derechos de alcance universal, irrenunciables y que le asistan a todas las personas por su condición de ser humanas. Los DD.HH. son modernos y contemporáneos, no se conceden a las personas porque son derechos inherentes al ser humano.

Los DD.HH. se conciben para proteger a las personas del poder de los Estados que puede tornarse abusivo. Prescriben obligaciones para estos respecto de establecer las condiciones materiales e inmateriales para su pleno disfrute a lo largo de la vida de las personas que habitan en su jurisdicción. Sus principios se fundamentan en la igualdad y no discriminación por sexo, etnia, color, orientación sexual, origen nacional, ideas, cultura, entre otras, son universales porque aplican a todas las personas por ser humanas, son irrenunciables, indivisibles, indelegables, inalienables es decir no pueden ser suprimidos, ni nadie puede ser despojado de ellos y son de cumplimiento obligatorio para los Estados. El principio de interdependencia de los derechos permite la relación entre sí de toda la gama de derechos sean estos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales de manera que el avance de uno colaborara en el avance o realización de otro y por el contrario, la privación de alguno de ellos afecta las posibilidades ejercicio de otros. Este es el caso del derecho humano a la educación (DHE) que es fundamental para el ejercicio digno y consciente de los demás derechos porque tutela el acceso al conocimiento y actúa sobre las desigualdades estructurales del capitalismo contemporáneo y como derecho humano, hace referencia a la obligación de los Estados de implementar y mantener un sistema educativo universal y gratuito en primera infancia, primaria, secundaria, técnica, universitaria y a lo largo de la vida, creando las condiciones materiales e inmateriales para que sea, disponible, accesible, aceptada, adaptada y dirigida a todos los habitantes de su territorio. Consecuentemente, la educación al ser un derecho humano debe ser garantizada por los Estados, es un error conceptual e ideológico atribuirles a las empresas privadas la garantía del derecho ya que por su naturaleza venden un servicio en el mercado con el fin de lucrar.

El DHE está reconocido en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en diferentes instrumentos: Declaración Universal de Derechos Humanos en artículo 26, la Declaración Americana de Derechos y Deberes artículo XII, la Convención Americana de Derechos del Hombre artículo 26 en concordancia con el 34h, 47, 48, 49, 50 y 52 de la Carta de la OEA, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en artículos 13 y 14, artículo 13 del Protocolo de San Salvador. Es importante mencionar la Observación General 13. El Derecho a la Educación (artículo 13 del Pacto). 21 periodo de sesiones que para lo que interesa señala:

La Observación N° 13 del ^{Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1999)} señala que la educación en todas sus formas y en todos los niveles debe tener las siguientes cuatro características interrelacionadas entre sí: a) Disponibilidad: de instituciones y programas de estudio con instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua potable, docentes calificados con salarios competitivos, materiales de enseñanza, etc.; bibliotecas, salas de cómputo y acceso a las tecnologías y servicios de la información, entre otras. Implica la existencia de institutos y programas de enseñanza en cantidad suficiente y condiciones adecuadas, que cubran las necesidades de la población según el nivel de enseñanza. b) Accesibilidad: referida a tres dimensiones: i) No discriminación. La educación debe ser de acceso universal sin discriminaciones de ningún tipo; ii) Accesibilidad material: sea por acceso geográfica o por uso de tecnologías como la educación a distancia); iii) Accesibilidad económica: al alcance de todas las personas con el compromiso de los Estados Partes promover gradualmente la gratuidad de la educación en todos los niveles incluido el universitario, c) Aceptabilidad: Relaciona aceptación y calidad, tanto en la forma como en el fondo de la educación, programas, métodos pedagógicos deben tener contenidos pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad. d) Adaptabilidad: La educación debe ser suficientemente flexible para ser adaptada a las necesidades los territorios y sus habitantes, respondiendo a las necesidades del estudiantado en sus propios contextos culturales y sociales. (^{Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1999, p.3})

Los derechos humanos en el contexto de la desigualdad estructural latinoamericana

La referencia a las desigualdades estructurales en América Latina y el Caribe (ALyC) nos remite a dos momentos históricos fundantes: la invasión española y la imposición de la modernidad europea. La primera trajo consigo transformaciones económicas, políticas, sociales, culturales y religiosas que se dieron en el continente a partir de 1492 cuyas fisuras persisten hoy. Se inicia un proceso dialéctico y sistemático de siglos de dominación y sometimiento que aspiró a la desaparición étnica de los habitantes originarios, haciendo uso del poder de las armas y de la religión. La desigualdad estructural-cultural se da con la construcción de la otredad, una mirada que no edifica positivamente al otro que es diferente. Los invasores ven un cuerpo salvaje que alberga un alma que debe ser liberada de un cuerpo que, a su vez, debe ser sometido a una estructura política cultural y económica. El cuerpo no es importante, sino el alma. Esta invasión estaba basada en la acumulación, el saqueo de minerales, control político, económico y cultural, y basado también en la posesión sobre las cosas incluidas las personas-cosa sin alma.

El segundo momento histórico de desigualdad estructural es político y se refiere el ingreso forzado de ALyC a la modernidad europea en la que se imponen estructuras de organización administrativa y legal de acuerdo con las formas en que se estaba estructurando en Europa el incipiente Estado moderno de ideas iusnaturalistas que hacen referencia a la naturaleza de las personas como ideas inmutables y por tanto totalitarias. El vínculo que une la imposición del Estado moderno con la invasión española es justamente la relación de poder y la mirada hacia el otro. El Estado moderno iusnaturalista se refiere a una “naturaleza humana” no aplica a “salvajes”, por el contrario, la idea de lo salvaje y los salvajes del nuevo mundo ayudó a Hobbes a construir el hipotético estado de naturaleza de las personas de guerra de todos contra todos regido por las pasiones y a justificar un nuevo orden regido por la razón y el derecho denominado Estado que es justamente lo que se impone en las tierras invadidas que a diferencia del movimiento europeo, en Latinoamérica primero hubo Estado y luego sociedad civil².

Ambas desigualdades prevalecen hoy en día con diferentes intensidades y nombres, sin embargo, la historia política y económica en ALyC deconstruye la reificación de conceptos como libertad e igualdad en razón de sus desigualdades estructurales y del ejercicio de poder internas e internacionales. Hay movimientos o escuelas de construcción de conocimiento que han transformado epistemológicamente la forma de concebir lo latinoamericano a partir de nuevos conceptos que explican su historia y contexto, pero, sobre todo, reconstruyen al sujeto latinoamericano. Un ejemplo son los movimientos feministas de la segunda mitad del S.XX que rompen el esquema masculino predomínate desde hace cinco siglos atrás, acompañados de otros movimientos también intelectuales como la teología de la liberación con las comunidades eclesiales de base y el Dios de los pobres que fortalecía a quiénes eran perseguidos políticamente en las diferentes dictaduras militares. Simón Bolívar, José de San Martín, Bernardo O’Higgins en el sur latinoamericano entre muchos otros pensadores. También está la teoría de buen vivir, la teoría de la dependencia y más recientemente el decolonialismo cuyas ideas son importantes para pensar en esquema patriarcal latinoamericano y repensar la vida devolviendo y la naturaleza.

Paulo Freire coloca la superación de las desigualdades estructurales latinoamericanas en la educación transformadora poniendo al pueblo como el actor colectivo de la liberación. El nuevo sujeto epistemológico de Freire transforma el mundo para construirse a sí mismo en la edificación de un mundo nuevo, por tanto, es un sujeto político porque transforma el mundo que problematiza creando uno nuevo. El nuevo sujeto desarrolla acciones éticas, históricas y contextuales y populares. Es una epistemología que invierte el lugar y el quién construye el sujeto político latinoamericano, respecto de construcción de una ciudadanía moderna referida en las primeras páginas del artículo.

Señala Freire que la educación bancaria acompaña al viejo proyecto hegemónico político, económico y cultural, creando las condiciones para su reproducción y las formas de entender y construir la realidad. En la Pedagogía del Oprimido (^{FREIRE, 2008}) se señala que el ser humano moderno está oprimido porque no transforma y ello es el efecto de la acción política en los cuerpos, que le permite ejercer dominio y control sobre éstos (especialmente sobre el cuerpo de las mujeres). En Freire la pedagogía popular no bancaria transforma a las personas con sentido ético, político y descolonizador. Es una praxis de liberad y humanización, que le permite al sujeto oprimido superar su subjetividad oprimida por la obediencia a la ley y al Estado cuyos valores e ideología se reproducen y refuerzan en la educación.

Un cuerpo oprimido es consecuentemente un cuerpo negado: “Nadie “es” si se prohíbe que los otros sean” (^{FREIRE, 1969}), esta máxima de la ética freiriana lleva al razonamiento de la alteridad contemporánea en la que no hay construcción subjetiva completa porque en el ejercicio personal del poder dominante se niega al otro y se niega al alter la posibilidad de visualizarse de manera completa o integral, terminan siendo entes que se autoconstruyen y reproducen dentro de estructuras de control positivo como el derecho. Estas son las relaciones patriarcales de ejercicio del poder sobre cuerpos como territorios políticos. Por ello, las luchas por los derechos, especialmente los de las mujeres, son disruptivas porque implican una profunda transformación social, política y económica ya que apuntan directamente a destruir las formas de ejercicio de poder patriarcal que es el mecanismo que permite la reproducción de las relaciones de poder formal desde el Estado. Las luchas de las mujeres son luchas políticas, porque la igualdad de derechos implica repartir el poder y reconstruir las formas de convivencia en una comunidad y reconocer “al otro", es decir, implica en palabras de Freire “ser”, hay un reconocimiento en su dignidad a partir del ejercicio pleno e igualitario de derechos móviles y contextuales. Es por ello que el género no se incluye en los currículos académicos y se moralizan desde los valores dominantes conservadores. Los DD.HH. como medio para garantizar la dignidad humana representan un lugar lento de transformación cultural de las estructuras que se reflejará en el derecho y en la vida cotidiana. Este cambio cultural es el tránsito hacia la curiosidad emancipadora que nos habla Freire y remite a su vez a un método de gestión de la educación.

¿Cómo se gestiona la educación en contexto de globalización capitalista? La gestión de la privatización de la educación.

Gestionar la educación refiere a los mecanismos mediante los cuales los Estados crean las condiciones para el disfrute del derecho a la educación en un contexto que Joseph Stiglitz caracteriza como la globalización que vino para quedarse planteando el reto de cómo hacerla funcionar porque “Por eficientes que sean los mercados, no garantizan que los individuos tengan suficiente comida, vestimenta o vivienda” (2004, p.42), la razón de ello es que lo comercial y financiero prevalece en las instituciones económicas mundiales internacionales que no toma en cuenta la interdependencia que se ha generado entre los pueblos y las naciones y que implica acciones colectivas globales que el autor describe como una nueva gobernanza mundial que disminuya los efectos del libre mercado orquestados por el Consenso de Washington que marco un nuevo rumbo para América Latina (2004, p.61).

Consecuentemente, el cumplimiento de las obligaciones de los Estados en materia de DD.HH. esta mediado por muchas desigualdades estructurales contemporáneas por la acumulación de capital y de riqueza, tanto entre regiones del mundo, como entre los países y al interno de cada uno de ellos. En la vía internacional, Stiglitz señala que hay actores como el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y el Fondo Monetario Internacional que han afectado directamente la vida de millones de personas en América Latina porque negocian con los Ministros de Hacienda y los gobernadores de los bancos centrales que representan los intereses de los banqueros. Lo que sustenta esta afirmación es que:

La ciencia económica fue demasiado a menudo sustituida por la ideología, una ideología que brindaba orientaciones claras aunque no siempre criterios que funcionarán, y una ideología que a grandes rasgos se ajustaba a los intereses de la comunidad financiera, aunque, cuando fallaba esos mismos intereses se veían perjudicados. Una de las distinciones relevantes entre ideología y ciencia es que la ciencia reconoce las limitaciones del conocimiento. Siempre hay incertidumbre. (^{STIGLITZ, 2004, p. 431-432}).

La gestión de la educación de los Estados en ALyC está mediada por una tendencia ideológica que implica reducción del Estado y sus instituciones para controlar el gasto público y el equilibrio de los mercados internacionales y nacionales, sin incluir de manera paralela al proceso, medidas efectivas de distribución de riqueza y especialmente de medidas tributarias progresivas que le den a los Estados recursos frescos y constantes para ser invertidos en políticas públicas sociales como por ejemplo la educación. Un sistema tributario progresivo es la mejor vía para erradicar la pobreza y disminuir las desigualdades. El mundo pierde 427 mil millones anuales en impuestos por abuso fiscal corporativo (^{CLADE, 2021, p.14}) y los organismos internacionales vincularon tangencialmente el problema de los flujos financieros a la transparencia, corrupción y evasión fiscal (^{CLADE, 2021, p. 18}).

Esta acción promovida por los organismos internacionales prevalece con mucha fuerza desde la década de los ochenta, en donde los primeros imponen ajustes económicos para garantizar el equilibrio en el mercado comercial y financiero internacional para mantener la estabilidad global. Pero estos organismos no lograron pleno empleo, ni siquiera empleo, sino que por el contrario los efectos de sus políticas generaron mayor pobreza y la consecuente salida del sistema escolar de los niños niñas y adolescentes sea porque debían trabajar, ayudar en las labores domésticas o por falta de dinero en el grupo familiar para mantenerlo estudiando. Finalmente, este mal denominado equilibrio financiero internacional permitió la creación de grandes consorcios comerciales, de empresas que lucran en nuestra región con la educación, educación privada lucrativa llamada no estatal, que hace de la educación un bien de mercado que debe pagarse para obtenerlo. En ALC el 55% de la educación universitaria pertenece al sector privado, Europa 13.7% y en América del Norte el 28% (^{SAFARCADA, ATAIRO, TROTTA, y RODRÍGUEZ, 2019}). Las razones son la expansión del sector privado que lucra con la educación fuertemente a partir de los noventa, la obligatoriedad en este mismo periodo de finalizar la secundaria que genera un alto potencial de graduados secundarios con aspiración a estudios universitarios os técnicos, la baja inversión, disminución o congelamiento de presupuesto para el sector educativo. Este es en mi criterio, el primer agujero negro que vació de contenido el DHE: dejarla progresivamente en manos de empresas privadas, el segundo se presenta seguido y refiere al contenido que se le da a la educación.

Los DD.HH. al reivindicar la dignidad de las personas pasan por el cuerpo, por la vida de cada persona, por tanto, derecho que no se disfruta se manifiesta como una carencia que se siente en la piel, en el estómago, en el corazón, en la relación de alguien con las demás personas de la comunidad y del mundo. ¿Porque si los derechos humanos son universales no todas las personas de diferentes países o al interno de estos, los disfrutan de la misma manera? ¿Cuál es la condición que permite esta desigualdad en el ejercicio de derechos que pasa por los cuerpos? Hay muchas hipótesis al respecto, una de ellas son las condiciones de las desigualdades económicas que producen, entre otras, desigualdad social, pobreza y desesperanza. En 2020 en ALyC surgieron 8 nuevos “mil millonarios” paralelo al surgimiento de 40 millones de personas desempleadas y otras 52 millones catalogadas como nuevos pobres por la disminución de sus ingresos (^{CLADE, 2021, p. 16}) y señala el mismo estudio, al igual que Stiglitz, que los organismos internacionales han sido reactivos para reconocer soluciones. También está el componente de la interpretación y la gestión sobre DD.HH., es decir en la forma de darles contenido para su cumplimiento, por ejemplo, las variables e indicadores utilizados en la Agenda 2030 para medir el cumplimento de cada uno de los objetivos, que para el caso de la educación el ODS 4 sobre educación hace referencia al cumplimiento de las obligaciones formales de los Estados: cantidad de acceso y permanencia, calidad, desarrollo de competencias y conocimientos para el desarrollo, becas, calificación docente, y se insta a la sociedad civil a dar seguimiento al cumplimiento de estas variables. Esta agenda trabaja sobre indicadores de desigualdad no vigila la transformación de los elementos estructurales que la producen y en el caso de la educación no hay un componente que refiera a los efectos negativos para los sectores más excluidos de la privatización de la educación, a la que denomina “educación no estatal” siendo que es educación privada. Los contenidos de estos indicadores reproducen un sistema social basado en la eficiencia económica, rendimiento y la creación de valor en todas las acciones, con el triunfo laboral y económico como meta, todos valore estandarizados, descontextualizados y ahistóricos. No pretenden formar ciudadanía para la vida, para el disfrute de lo cotidiano y simple, de la felicidad, la plenitud, el amor, ni siquiera para pensar en las acciones de cada uno y de la comunidad en general para ser parte plena de su pretendido proceso de desarrollo sostenible en este caso. Las metas de desarrollo sostenible no obligan, ni instan a mejorar la distribución de la riqueza y a erradicar la evasión fiscal, si se toman medidas mínimas basta para decir que se va por el camino correcto. El reciente informe de la ^{CEPAL Una época de acción para un cambio de época (2022)}, concluye que el cumplimiento de este objetivo en la región va lento y por la ruta correcta, lo mismo en el ODS 5 referido a mujeres y nada más alejado de la realidad en ambos resultados.

En síntesis, la gestión de la educación mediada por criterios de privatización ha vaciado el contenido de la educación como componente fundamental para la dignidad humana. La tendencia es a “modernizar” el Estado, con alianzas público-privadas y generar valor público que mida la relación costo-efectividad en todas sus acciones incluida la labor en el aula, el modelo de investigación y en la generación de conocimiento. Pero, tratándose de dignidad y derechos humanos su importancia es el derecho en sí mismo, su reconocimiento ejercicio y disfrute. Un derecho no tiene valor según su aporte a la economía. Esto es lo que sucede con el DHE hoy día ¿Cómo medir el valor público en carreras universitarias como filosofía, arte, música, antropología y las ciencias sociales en general que son carreras cuyo perfil de salida no es atender las necesidades del mercado internacional corporativo? si no generan valor de mercado, no son necesarias como las de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (STEAM por sus siglas en inglés evidentemente).

La implementación de un modelo de educación en América Latina y Caribe. Costa Rica como ejemplo de modelo educativo-económico exigido por la OCDE.

La Carta Internacional Americana de Garantías Sociales en el artículo 2, consagra los principios básicos sociales aplicables a las personas trabajadoras: señala que el trabajo es una función social, que goza de protección de los Estados y que “no debe considerarse como artículo de comercio” además señala que “a trabajo igual debe corresponder igual remuneración, cualquiera que sea el sexo, raza, credo o nacionalidad del trabajador”. Pero ello aplica en el mercado interno, en los ámbitos estatales, no aplica para el mercado internacional y las corporaciones transnacionales que tienen operaciones económicas en todo el mundo y empleados que ejecutan los mismos trabajos, pero con pagos y condiciones diferentes.

Sin embargo, hay un conflicto entre las regulaciones del derecho internacional que aplica a los países y enfatiza la igualdad en las remuneraciones, la no discriminación, la protección especial del Estado que debe regular al mercado globalizado, es decir que trasciende lo nacional, y entre este y las exigencias corporativas transnacionales a las que el derecho no les aplica de la misma manera por tener acciones concomitantes en diferentes países y empresas. Hay dos variables que son irreconciliables: el ejercicio de los derechos fundamentales en cada país, paralelos a estructuras económicas con más poder que los Estados y a las que se les ha trasladado la posibilidad de regulación de la educación y sus variables de calidad y la regulación del empleo no de los trabajadores, los que una vez en desempleo, el Estado debe hacerse cargo. Si la variable de globalización económica es la que regula los mercados de trabajo en el mundo, el derecho internacional laboral debe regular las corporaciones transnacionales y la igualdad de derechos individuales en todos los territorios en los que llega esta actividad económica, de no ser así, de hecho, se está dando un poder sin control a las empresas. La estabilidad en el trabajo y de las economías de los países, dependerá del comportamiento del mercado internacional y para el caso de las personas trabajadoras requiere del conocimiento especializado de las personas para su adaptación laboral, la formación es en función de las necesidades de la empresa mientras trabaje en ella, no se garantiza el trabajo a lo largo de la vida, solo la formación a largo del trabajo. La seguridad laboral entendida como seguridad salarial se vuelve restrictiva en tanto se centra en el empleo/salario y no en el derecho al trabajo, abandona la seguridad de personas trabajadoras en el puesto de trabajo, que los protegía justamente de los vaivenes de los mercados, por medio de contratos laborales sólidos, con garantías laborales en caso de despido, como preaviso, cesantía

Previo al ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una de las condiciones de este organismo al Gobierno fue la aplicación de las Programme for International Student Assessment (PISA) que en español significa Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes. Este programa es promovido en los países miembros y asociados, partiendo de la premisa que todo sistema educativo siempre se puede mejorar en atención al vínculo que resulta en las sociedades, la calidad de la educación y el progreso de un país. Como parte de las negociaciones para la adhesión de Costa Rica a la OCDE, anteriormente se mencionaron los aspectos relevantes del trabajo que el país debía realizar en conjunto con la organización. Uno de estos aspectos es una revisión integral del sistema educativo, desde la primera infancia hasta la educación superior universitaria.

Igual que en otros campos, los estudios de las políticas educativas de la organización brindan a los diferentes gobiernos su asesoría para el desarrollo de políticas públicas que potencien y mejoren lo que ellos denominan las habilidades y competencias para todos los miembros de la sociedad, “con el objetivo de promover un crecimiento inclusivo que provea mejores trabajos y una mejor calidad de vida.” (^{OCDE, 2017a, p.2}). La OCDE colabora con los diferentes países para la revisión y adopción de reformas exitosas y brinda apoyo directo en “el diseño, adopción e implementación de reformas en materia de políticas educativas y habilidades.” (^{OCDE, 2017a, p.2}).

En esta línea, una vez ingresado el país a la OCDE, las pruebas PISA se erigen en Costa Rica como el referente de calidad de la educación que compara los resultados de las pruebas nacionales con los resultados que en la misma prueba obtuvieron las personas secundaritas de Alemania, Corea y demás miembros de la organización, sin tomar en cuenta contextos históricos, sociales, políticos y económicos. La premisa de calidad es: entre más semejanzas en pruebas PISA con Corea y Alemana, mejor calidad. La globalización económica capitalista se impone pero no de la misma manera en las condiciones de ingreso de las personas al mercado laboral que es finalmente el objetivo de las mejoras que pretenden de la educación, poque la gran contradicción no solo es histórica en términos de ejercicio de poder visto al inicio del artículo, sino que se impulsa estandarizar la educación para homologar los procesos de producción y de manejo de mercado, sin embargo, en el campo laboral internacional se tiende a estandarizar las condiciones de empleo, pero no las remuneraciones para el mismo trabajo que se ejecuta en diferentes países, es decir, se estandariza la regulación laboral y se restringen los derechos laborales. Está mal es que sea la OCDE, dedicada al comercio, quien tenga por un lado, tanta injerencia sobre los Estados (y los organismos internacionales) para definir los contenidos de la educación pensada para el empleo, y por otro, tanta injerencia en el desarrollo de normas internacionales de organización del empleo en detrimento de los derechos laborales internacionales que trata salarialmente de manera diferente, pero con la misma responsabilidad y exigencia, a personas trabajadoras de países con mayores y menores ingresos, lo que resulta entonces en la formación de mano de obra técnico y profesional de calidad y barata como como es el caso de Costa Rica, afectándose las condiciones tradicionales que generaban seguridad laboral.

Los Informes del Estado de la Educación en Costa Rica, son el referente en investigación en la materia, los prepara un equipo especializado que está bajo la coordinación del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) de las universidades públicas que imparten educación de muy alta calidad y en la evolución de los informes pueden advertirse los cambios en las variables con que se ha medido la calidad de la educación en Costa Rica. El primer informe del año 2005 señala que la educación es un derecho humano y que el objetivo del informe es ofrecer un análisis detallado del desempeño de la educación (^{PEN, 2005, p.21}), para lo que utilizará variables de desarrollo humano. El contenido que le da a la equidad habla de un limitado acceso de la población al disfrute de este derecho:

Disminuir las brechas en oportunidades educativas entre las zonas urbanas y las rurales, entre grupos de ingresos altos y de ingresos menores, entre hombres y mujeres, y las que se presentan entre las direcciones regionales del MEP. Esas disparidades se manifiestan de modo recurrente en el acceso, los resultados académicos los y niveles de reprobación y deserción, así como en el estado de los servicios y la disponibilidad de infraestructura y equipos entre las instituciones educativas de distintas regiones, y entre las privadas y las públicas. El desafío de la equidad requiere establecer programas de discriminación positiva, que compensen a grupos que se encuentran en desventaja. (^{PEN, 2005, p. 16}).

El informe hace la relación entre equidad, desigualdad social, económica y abandono escolar, y señala que se deben implementar programas especiales para disminuir las causas de esta. Habla también el informe de las brechas de género en la participación en la educación y en el mercado laboral, especialmente en secundaria y en atención al enfoque de derechos humanos que subyace y al que suma una variable cultural estructural: “Estas parecen derivarse de rasgos culturales de la sociedad costarricense y de sus regiones.” (^{PEN, 2005, p.38}). Cuando se refiere a la cobertura de la educación, señala un limitado acceso de la población al disfrute de este derecho (^{PEN, 2005, p. 22}). Las variables de análisis son abandono, extra-edad. Sobre la calidad de la educación habla el informe sobre la necesidad del país de promover un monitoreo continuo sobre la evolución de la calidad de la educación y refiere a la primera prueba PISA realizada en el país como prueba Laboratorio en el año 1997 cuyos resultados no se conocieron (^{PEN, 2005, p.29}). Finalmente, los retos que plantea refieren a la discontinuidad escolar, bajo rendimiento, ineficiencia del sistema por la cantidad de años para cumplir con el sistema formal y las “fracturas sociales”.

El tercer Informe del Estado de la Educación (^{PEN, 2011}), se da en el gobierno de Laura Chinchilla que en el año 2012 inicia las gestiones para ingresar al país al selecto grupo de países OCDE. El objetivo de este informe es determinar los factores que explican las desigualdades observadas en el logro educativo. Se basa en términos de igualdad, en cuatro enfoques:

Sobre la equidad hace relación a las siguientes tres variables logros: porcentaje de personas que completan el proceso escolar primaria, secundario o universitaria, acceso: porcentaje de la población que asiste al sistema educativo y la variable de desempeño desfavorable: porcentaje rezago educativo o inasistencia.

El octavo informe del Estado de la Educación de Costa Rica del año 2021 se torna amarillista al concluir que el país se encuentra en un apagón educativo porque los resultados de la medición de calidad no se parecen a los de los países europeos de la OCDE. Sin duda el informe señala retos muy importantes y aporta datos interesantes sobre la educación costarricense especialmente en la brecha digital, pobreza y riesgo de exclusión educativa. Una de las variables de medición es la cantidad de tiempo lectivo que de acuerdo con los criterios de medición de la OCDE el promedio de Costa Rica es negativo. Los momentos de la suspensión del ciclo lectivo entre el año 2018 y 2021 fueron a causa del COVID 19 y por huelgas sindicales, de profesores y maestros en 2019 de dos meses que se oponían al proyecto de la Ley de Declaratoria Servicio Esencial, al proyecto de Ley Educación Dual (implementado), a las Pruebas Faro (ya eliminadas) e infraestructura y otra huelga indefinida de educadores del año 2018 de cuatro meses que se oponían al Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las finanzas Públicas. Del razonamiento del informe se desprende que la valoración negativa de estas suspensiones del ciclo escolar, a pesar de los contextos y relevancia político-social de las huelgas, es cómo afectará el resultado de las pruebas PISA en tanto el promedio de la evaluación en matemática a 2018 de los países de la OCDE era de 494 puntos, el promedio de Costa Rica en el mismo año fue de 402 y el promedio proyectado por ellos por las huelgas por la suspensión del ciclo escolar es de 370. Sin duda la suspensión de las clases en todos los ciclos lectivos en negativa por lo que implica para el proceso mismo de aprendizaje, la socialización, el ejercicio del derecho humano en general, no porque se baje el promedio obtenido en las pruebas europeas. (^{PEN, 2021, p. 40}).

Conclusiones

América Latina fue violentada con la modernidad que ha fracasado en su ideal de crear una sociedad libre e igual en derechos y oportunidades, porque se ha entendido que esa libertad es para acumular individualmente y sin límites, aunque ello implique la destrucción del mundo y la imposibilidad de la mayoría de las personas de tener acceso a condiciones mínimas de vida digna.

Las fragmentaciones estructurales que se tejieron desde la invasión española persisten hoy y ha sido Paulo Freire, pensador contemporáneo, quien proveyó para ALyC el referente epistemológico y pedagógico para pensar las condiciones para revertir estas relaciones de poder negativas por medio de una educación que cuestione y repiense el mundo permanentemente.

El contraste entre las diferentes regiones y países sobre las posibilidades materiales de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que refieren a las condiciones mínimas que deben garantizar los Estados, muestra que los problemas estructurales de desigualdad económica, política y social, aunando a la crisis de corrupción en política y la evasión fiscal en la región son la causa por la cual los Estados han incumplido su obligación de garantizar los derechos humanos. La pobreza extrema del 80% de Haitianos es un ejemplo de un Estado que omite el principio fundamental de los derechos humanos: la dignidad humana. No puede haber democracia si hay corrupción, pobreza, desigualdad, si no se reproducen todas condiciones para una vida digna basada en derechos fundamentales. Para darle contenido al DHE en pandemia y posterior a ella, se debe declarar derecho humano el acceso a internet y a la tecnología, los Estados deben disminuir la brecha digital.

Es necesaria una reforma fiscal que evite la evasión y la elusión fiscal y la corrupción que le subyace. El impulso del IVA afecta directamente los salarios y el consumo, trata igual lo que es desigual en materia de ingresos. Además, proponen los mismos mecanismo y metas de cumplimiento a países tan diferentes entre sí en su PIB como Alemania y Haití en donde no hay punto de comparación y a pesar de ello, el ingreso de las corporaciones educativas en la región, homologan todo contenido descontextualizado como la misma Agenda 2030.

El derecho internacional debe regular el acceso al conocimiento universal incluido el producido por empresas privadas. ¿Cómo resolver el dilema de acceso al conocimiento, la brecha digital y las desigualdades? ¿Cuáles mecanismos coercitivos se deben implementar desde los DD.HH. para que nuestros gobiernos creen las condiciones necesarias para garantizar la educación?

La educación en contexto de globalización económica es un bien mercantil de empresas que venden servicios con fines de lucro, el reto más grande es devolverle el sentido a la educación como un derecho humano que garantiza la vida digna, ello implica demandarle al Estado su responsabilidad con el derecho internacional de garantizar la educación a lo largo de la vida de todo ser humano. Solo el Estado por derecho y obligación garantiza el DHE, pero esta idea se desvanece a diario.