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Introducción
En esta investigación analizaremos el rol de los investigadores sociales como divulgadores de la ciencia y como interlocutores entre problemáticas elevadas desde la agenda pública hacia la agenda oficial de los gobiernos. Trabajando a partir del concepto de ciencia social politizada y móvil (NAIDORF; PERROTTA, 2015), este artículo se propone aportar el análisis de un caso que manifiesta un claro ejemplo de acción por parte de la academia para derribar la leyenda de la “torre de marfil” que la ve como alejada del calor de las luchas de poder y las problemáticas sociales.
El caso estudiado será la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, constituida en el año 2003 y que se define como “una amplia y diversa alianza federal que articula y recupera parte de la historia de las luchas desarrolladas en la Argentina en pos del derecho al aborto legal, seguro y gratuito.”1 Puntualmente, la acción de la Campaña se observará en los debates parlamentarios en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN) del proyecto Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ley IVE). La selección del caso se justifica en el hecho de que la Campaña logró posicionar la demanda ciudadana como una problemática de interés público nacional, elaborándose un proyecto de ley que fue ampliamente debatido hasta ser aprobado en la Cámara de Diputados pese a que luego fue rechazado en la Cámara de Senadores. La aprobación se alcanzó el día 14 de junio de 2018 en una sesión histórica, conforme los siguientes números: 129 a favor, 125 en contra, una abstención y un diputado ausente; mientras que el rechazo a la iniciativa de ley se produjo en la sesión que culminó el 8 de agosto de 2018 con 38 votos en contra y 31 a favor. En los debates organizados por la HCDN participaron 698 oradores, a lo largo de 15 sesiones plenarias que transcurrieron entre el 10 de abril y el 12 de junio de 2018. Las audiencias plenarias convocaron la voz de especialistas, principalmente de la medicina, así como también de expositores de ámbitos académicos, religiosos, dirigentes de asociaciones civiles, personalidades del mundo de la televisión y la cultura, entre otros.
En la presente investigación, nos concentraremos en identificar, de entre esos casi 700 oradores, aquellos que estuvieron a favor del proyecto de ley elevado por la Campaña y, sobre ese universo, responder algunas interrogantes: en primer lugar, ¿qué rol jugaron académicos de las ciencias sociales y las humanidades?; segundo, ¿cuántos de ellos realizaron, además, alguna actividad de divulgación por fuera de su participación en el plenario?; y tercero, aquellos que realizaron esfuerzos de divulgación ¿contaron con el apoyo de alguna organización intermediaria?
El proyecto de ley IVE fue presentado el 5 de marzo de 2018 por séptima vez consecutiva en la HCDN, redactado - como mencionamos - por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto (que desde hace 14 años intenta hacerlo efectivo). El proyecto proponía la despenalización y legalización del derecho al aborto en Argentina y contó con la firma de más de 70 legisladores de todos los arcos políticos y fue girado a las Comisiones de Legislación General; Legislación Penal; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; y Acción Social y Salud Pública.
La estrategia metodológica para esta primera aproximación fue de tipo cualitativa. Se analizaron los discursos y las acciones de divulgación encaminadas por expertos, especialistas y profesionales de las ciencias sociales y humanidades que participaron en las jornadas de debate parlamentario (aquellos que estuvieron a favor de la IVE). Esto incluyó la recopilación y el análisis crítico del discurso del archivo audiovisual disponible en el canal de Youtube de la HCDN2, que contiene el registro completo de las intervenciones realizadas en cada una de las sesiones plenarias. Además, con el fin de analizar los perfiles de los oradores y su actividad como divulgadores, se recurrió al análisis de su actividad en redes sociales y su repercusión en fuentes secundarias, como son las apariciones en medios de comunicación (prensa escrita, radial y televisada).
1 Comunicación científica y movilización del conocimiento
Reflexionar acerca de la tarea de la comunidad científica de comunicar públicamente el conocimiento que producen es una de las preocupaciones fundamentales que motiva la presente investigación, como también lo es evidenciar y cuestionarnos acerca de la dimensión política que se halla implícita en esta tarea.
Nos interesa analizar las acciones que realizaron actores de la comunidad científica para abrir a una mayor diversidad de actores los espacios de participación en el debate sobre la legalización del aborto en Argentina. Así, partimos de la premisa de que el análisis de cualquier práctica de comunicación del conocimiento científico trae consigo el análisis de la perspectiva que se posee sobre la relación ciencia y sociedad y, cómo las estrategias de comunicación pueden contribuir a la generación de consensos sobre los más diversos temas de política pública teniendo en cuenta las diferentes visiones, intereses y valores que confluyen. En este sentido, se entiende que las actividades de comunicación de la ciencia pueden ser comprendidas en el marco de procesos de democratización, en cuanto tienen que ver con la necesidad de abrir el debate sobre políticas públicas y los procesos de toma de decisiones al conjunto de la ciudadanía. (MARTÍN BARBERO, 2004)
En la medida en que las actividades de comunicación del conocimiento científico son así entendidas, asumimos que la actividad científica adopta compromisos y funciones sociales, y, por tanto, la discusión que se pretende abordar en el presente artículo se enmarca en otra mucho más amplia y antigua, acerca del proceso que une la producción y la utilización del conocimiento científico. En relación a la problematización del vínculo entre los centros productores de conocimiento (universidades principalmente en América Latina, en general, y en Argentina, en particular) y la sociedad en un sentido amplio, encontramos múltiples conceptos, con matices diferenciadores (relacionados al contexto, la direccionalidad del movimiento, los fines, los actores involucrados, los impactos e intereses en juego), pero todos ellos implican una movilización del conocimiento. (PEREZ MORA, 2016)
El Grupo de Trabajo de CLACSO denominado “Ciencia Social Politizada y Móvil en y para una Agenda Latinoamericana de Investigaciones Orientadas desde la Universidad (2013-2018)”, ha identificado la siguiente especificidad acerca del concepto de movilización del conocimiento:
A diferencia de la difusión, donde no se implica, per se, compromiso alguno con la responsabilidad en el proceso que conduce hacia el canal de llegada del conocimiento elaborado, la movilidad o movilización del conocimiento involucra un paso intermedio entre el resultado arribado y su aplicación práctica. (NAIDORF, 2014, p.10)
Utilizando una metáfora, esta autora lo plantea de la siguiente manera: mientras difusión o diseminación implican sólo arrojar las semillas a la tierra, la movilidad o movilización involucra otros procesos ligados al rastrillaje de la tierra, esto es, su fertilización, el riego, así como el compromiso de que, a fin de cuentas, lo plantado florezca. Así, el concepto de movilización del conocimiento significa el proceso por el cual, no sólo se produce y difunde un conocimiento científico, sino que también contiene un componente normativo, en tanto implica el compromiso por parte de todos los participantes en ese proceso productivo y comunicativo en que el conocimiento será utilizado, aplicado con un sentido social y, por tanto, movilizado. Ese proceso, a su vez, se concibe compuesto por emisores, canales y receptores, pero también intermediarios, estructuras y contextos, todos los cuales influyen en dicha movilización.
Finalmente, la especificidad de este concepto también viene dada por el marco disciplinar desde el cual nace y al cual interpela: las ciencias sociales y humanidades, y es desde ahí que da lugar al concepto de ciencia social polítizada y móvil. Esta categoría se reconstruye a partir de una adaptación y readecuación de la de ciencia politizada de Varsavsky, aquella ciencia que está vinculada con el compromiso social, y dispuesta a revisar metodológicamente los parámetros que forman parte del edificio científico en función del cambio social. Así, a partir de las características que asume la ciencia politizada se ensaya una definición sobre la ciencia social politizada (NAIDORF, 2014; NAIDORF; PERROTTA, 2015) que la caracteriza como aquella que parte de la problematización contextuada, históricamente determinada en tanto su quehacer no ha de limitarse a lo contemplativo, sino que pretende también ser propositiva desde un nuevo ángulo. Lejos de la concientización, la iluminación o el espíritu civilizatorio, la ciencia social politizada no puede dejar de asumir el conflicto y la disputa como motor de los cambios emancipatorios.
En relación a los procesos efectivos de movilización del conocimiento, Kochanek, Scholz y García (2015) elaboran una propuesta de modelo lógico-analítico que se enfoca en la etapa de transmisión del conocimiento, explorando estrategias para que el conocimiento sea efectivamente utilizado. Los autores marcan el énfasis en que antes de que el conocimiento provisto por la investigación sea utilizado, la información debe ser adquirida, interpretada y procesada en los marcos vigentes de entendimiento sobre los procesos y contextos educacionales. Esto resulta particularmente interesante para el presente trabajo, pues nos permite pensar que, en la medida en que existen procesos de filtraje y selección de la información recibida, están influyendo factores estructurales en este proceso de transmisión de información que demarcan relaciones de poder y de credibilidad entre emisores y receptores. Por otra parte, el canal o medio a través del cual se presenta la información también se vuelve un factor relevante. Finalmente, la apropiación del conocimiento (“su puesta en sentido”) se da cuando la nueva información se integra a marcos de entendimiento existentes. Dicho de otra forma, el nuevo conocimiento, por más crítico e innovador que sea, en orden de poder ser apropiado por la sociedad, debe poder integrarse en el entendimiento, valores y creencias que los actores tienen sobre su contexto social, con su especificidad de problemas e idiosincrasia.
Aterrizando un poco la discusión en torno a la relevancia del contexto, este marco analítico nos permite indagar la relación que guarda el debate sobre la legalización de la IVE en Argentina con la necesidad de debatir, al mismo tiempo, el modelo de educación sexual impartido a nivel nacional. Desde hace décadas, las discusiones en torno a la legalización de la IVE en el parlamento argentino se vienen revitalizando cada vez con mayor presencia y movilización por parte de la ciudadanía y, con cada uno de estos alzamientos, la discusión sobre la educación sexual se actualiza, dando cuenta de hasta qué punto ambas cuestiones se encuentran imbricadas. Cabe destacar que Argentina cuenta con un marco normativo sobre la Educación Sexual Integral (ESI) desde el año 2006 (Ley 26.150/2008) para su implementación obligatoria en todos los establecimientos educativos del país y en el año 2010 se establecieron los lineamientos curriculares de la Ley (LAFFORGUE, 2013). Sin embargo, hasta el año 2017, sólo nueve distritos sancionaron leyes de educación sexual e “incluso en estas jurisdicciones, existe resistencia a la integración curricular y la distribución de materiales y herramientas de trabajo” para garantizar su cumplimiento. (AMNISTÍA INTERNACIONAL, 2018, citado por SGRÓ RUATA; GASTIAZORO, 2018)
Otras autoras ya se han ocupado de analizar cómo el ingreso de la ESI en los programas de educación ha actuado como una dimensión que atraviesa y marca el clivaje entre quienes se posicionaron a favor y en contra del proyecto sobre la IVE en el debate de 2018 (SGRÓ RUATA; GASTIAZORO, 2018). Es más, en el año 2004, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, define como su lema central “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”, entendiendo que para garantizar un acceso real y equitativo al derecho a la salud para todas las mujeres, independiente de su nivel socioeconómico, etnia, valores culturales, religiosos, ni edad, el Estado debe asegurar que se imparta en todas las escuelas el contenido, la formación y las herramientas necesarias para poder ejercer ese derecho, incluyendo el poder de decisión ante una situación de embarazo, ya sea para interrumpirlo o para darle continuidad.
Pese a la relevancia que adopta la discusión en torno al sentido de la educación sexual en el Parlamento en referencia a la problemática del aborto, interesa destacar el análisis llevado a cabo por Lafforge (2013) de los contenidos curriculares que establece el Programa de ESI para la escuela secundaria. La autora revela que el tema del aborto sólo se encuentra mencionado una vez en los contenidos, entendido como una situación de riesgo o violencia vinculada con la sexualidad, sin clarificar que esta violencia se deba a la clandestinidad de su práctica.
En definitiva, previas investigaciones revelan que, si bien en el debate legislativo ambas discusiones de encuentran íntimamente imbricadas en los discursos, tanto a favor como en contra de la IVE, en la práctica, en la ejecución misma de la ley educativa que pretende construir una ciudadanía informada para abordar el debate, persisten oscurantismos que refuerzan el manto de estigma, clandestinidad y violencia que se impone sobre mujeres, adolescentes y niñas que se enfrentan a la decisión de interrumpir un embarazo. Así, las escuelas, en este contexto, se manifiestan como instituciones intermediarias que poseen el poder suficiente para mantener separadas ambas discusiones, para filtrar y seleccionar la información que llega a la población, pudiendo ocultar de forma más o menos deliberada la realidad problemática que hoy representa el aborto vinculada a las relaciones de género, la sexualidad y el derecho a tomar decisiones reproductivas y no reproductivas sobre nuestros cuerpos.
Estos análisis preliminares nos empujan a las interrogantes de fondo que motivan la presente investigación: ¿qué rol juega la academia en la masividad de la movilización alcanzada por la Campaña del Aborto Legal, Seguro y Gratuito en el año 2018?, ¿en qué espacios y mediante qué canales ese rol se hizo presente ante la sociedad, la opinión pública y los agentes de política pública? Interrogantes que no abordamos exhaustivamente aquí, sino que forman parte de un trabajo de indagación a más largo plazo.
Como hemos adelantado anteriormente, el concepto de movilización del conocimiento refiere a un proceso específico de las ciencias sociales y humanidades, comprometidas y orientadas a garantizar el uso social de los conocimientos producidos. Así, en la presente investigación nos enfocamos en identificar y caracterizar a la población de académicos de las ciencias sociales y humanidades que jugaron un rol activo en la comunicación de los contenidos de educación sexual referidos al aborto mediante canales alternativos, además de las vías oficiales e institucionalizadas que enmarcaron el debate (con esto nos referimos a las sesiones plenarias de oradores conducidas en la HCDN).
Como último punto referido al marco teórico que conlleva hablar de la movilización del conocimiento, cabe destacar que un rasgo común de las investigaciones más recientes en el campo, consiste en la puesta en evidencia de la necesidad de incluir a organizaciones, redes y actores en un rol de intermediarios (Kowledge Mobilization Brokers) entre productores y usuarios del conocimiento. En esta línea Cooper y Shewchuk (2015) trabajan el rol de las organizaciones intermediarias (Research Brokering Organizations) que actúan como un tercer agente activo en la catalización del uso del conocimiento producido por los investigadores en el campo educativo y, por tanto, ocupan un papel fundamental en el proceso de movilización del conocimiento y el efectivo impacto de las investigaciones. Entre las funciones de las organizaciones que ejercen el rol de brokers, mencionan: establecer enlaces y asociaciones; aumentar la diseminación; aumentar la accesibilidad; aumentar el vínculo; facilitar el desarrollo organizacional; brindar apoyo para la planificación e implementación; contribuir al desarrollo de capacidades; influenciar la construcción de políticas públicas mediante campañas y vinculando a hacedores de política pública con los medios de comunicación.
Cabe recordar que la tercera y última interrogante que nos hemos propuesto refiere justamente al papel de los intermediarios, como estructuras organizacionales que proveen una plataforma de apoyo para la movilización del conocimiento. Los Encuentros Nacionales de Mujeres, el Movimiento Social #NiUnaMenos y la propia Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, constituyen algunos ejemplos potenciales de Research Brokering Organizations en tanto actúan como organizaciones intermediarias que abren el proceso de transmisión de conocimientos y tienen el poder de modificar las relaciones de poder y credibilidad que se dan entre los interlocutores del sistema. Éstas son sólo algunas de las múltiples organizaciones que, como veremos en esta investigación, respaldaron y canalizaron la voz de los cientistas sociales que participaron en este debate superando las cuatro paredes de las sesiones plenarias en la Cámara Baja.
2 La construcción del derecho al aborto desde el enfoque de los problemas públicos
Un punto de partida teórico de esta investigación es revisitar que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (el derecho al aborto legal, seguro y gratuito) se constituyó como un problema público y, en ese marco, el proyecto del 2018 alcanzó trámite parlamentario y tratamiento en dos sesiones históricas. En este recorrido, la masificación de la movilización social feminista y el estallido en la esfera pública del movimiento #NiUnaMenos permitieron que el aborto se identificara como un “problema público” en el espacio nacional y se fueron tematizando sus diferentes aristas. La propuesta analítica de la construcción de problemas políticos que aquí revisamos resulta pertinente por su capacidad para desentrañar “la forma de construir ese carácter de lo público.” (MINTEGUIAGA, 2009, p. 32)
Así, partimos del enfoque de los problemas públicos que estudia los
procesos de movilización colectiva mediante los cuales ciertas situaciones problemáticas se vuelven problemas de orden público. Un problema público es una forma compartida, más o menos estable, de tematizar una situación percibida como problemática. Se trata en definitiva de una situación que reclama un tratamiento específico para ser subsanada […] un problema que requiere una solución (Trom y Zimmermann; Hilgartner y Bosk, 1988). (MINTEGUIAGA, 2009, p. 34)
Siguiendo a la autora, quien realiza un estado de la cuestión en torno a este enfoque de la Sociología Política, los elementos centrales son:
Un contexto de denuncia genera el punto de partida de un problema público; esta denuncia opera en la imputación de una situación identificada como injusta o anormal;
La construcción de un problema público alude a una historia, es decir, a las formas de denominar y comprender el problema a lo largo del tiempo; la manera en que se construyó el problema en el pasado influye en el proceso de construcción de sentidos que se anidan al problema en el momento en el que se lo invoca;
Una situación problemática no se convierte en un problema público per se, sino que es menester que sea tematizada: “requiere organizar las enunciaciones diversas (opiniones sustantivas) en esquemas (tematizaciones) que le otorguen cierto sentido a su formulación. (id.ib.)
La queja, crítica y/o reivindicación de una cierta situación remiten a una plétora de problemas públicos previos y, al mismo tiempo, condicionan las acciones de los actores involucrados: esto implica que, por un lado, la denuncia de una carencia no sea definida de manera necesaria en términos negativos sino que en una relación de determinación mutua con los elementos que expresan una falta. Por el otro lado, la denuncia no se formula en el vacío ni en abstracto sino que la definición de la queja, crítica y/o reivindicación se da a partir de la identificación de un campo de soluciones pensables en un cuadro de acción dado y en el marco de una red de problemas. (TROM; ZIMMERMAN, 2001; HILGARTNER; BOSK, 1988)
En otras palabras, en la enunciación del problema se encuentran pistas para su resolución así como su nominación remite a una historia o tradición pasada en relación a dicho problema público - las cuales son redefinidas, actualizadas o completamente modificadas. Asimismo, esto permite comprender también cómo las diferentes posiciones de los actores (que cargan intereses diversos) pueden converger en torno a algunos núcleos generales de la resolución del problema público (es decir, en una misma posición, los intereses, motivaciones y valores de los actores o grupos de actores pueden ser disímiles). En este sentido, la tematización particular que se genere en torno del problema en cuestión, permite agrupar en diversas categorías las personas y/o las clases, las cuales serán sometidas a críticas y a desplazamientos de sentidos.
El debate público permite organizar las múltiples opiniones y puntos de vista sobre el problema en cuestión: esto nos remite a identificar que la construcción del problema público no siempre es un trabajo deliberado y coherente y que la cartografía de actores movilizados pueden tener razones divergentes para la adopción de una u otra postura -como nos aclara la autora, “la sobreestimación de la racionalidad de los planteos lleva a postular precauciones ante una homogenización a priori de las posiciones [… donde] la simple convergencia de opiniones no debe llevarnos a suponer anticipadamente una comunión de intereses.” (MINTEGUIAGA, 2009, p. 38) En esta línea, es importante reconocer también que los problemas públicos no se estabilizan totalmente ni se clausuran sus sentidos de manera definitiva: al contrario, consisten en procesos flexibles y de continua negociación donde se van trastocando sus sentidos. Finalmente, el componente público del problema alude a tres cuestiones: primero, remite a un público; segundo, se define con pretensiones generalizadoras; tercero, reclama la acción estatal. En la medida en que el problema se institucionaliza se produce su reconfiguración en tanto problema público - ya que es reconocible e identificable por cualquiera y es dable de ser tratado por el Estado. (op.cit., p. 35)
En el marco de las argumentaciones que llevaron al tratamiento del proyecto de ley IVE como en las afirmaciones de quienes expusieron a favor, se desplegaron históricamente los elementos que fueron problematizados para que la Campaña (pese a 12 intentos anteriores “fallidos”) y debatidos en diferentes espacios -antes, durante y después del tratamiento legislativo-. A vuelo de pájaro, la movilización de las mujeres desde el primer #NiUnaMenos junto con la socialización de datos sobre mortalidad de mujeres por abortos clandestinos y otros aspectos vinculados a la construcción del derecho de los cuerpos gestantes a decidir, fueron los que calaron y habilitaron políticamente el debate. En este recorrido, les cientistas sociales y de las humanidades que participaron de estos espacios lograron generar discursos potentes por la positiva, basadas en sus investigaciones y cierta divulgación de los resultados de las mismas.
3 Análisis del caso
Como ya introducimos, en las 15 sesiones plenarias de debate realizadas entre el 10 de abril y el 12 de junio de 2018 participaron 698 oradores, tanto a favor como en contra del proyecto. Las audiencias convocaron principalmente la voz de profesionales de la salud y abogados, pero también incluyeron la participación de expositores de los más diversos ámbitos, académicos y no académicos de la sociedad. Entre les oradores encontramos que no siempre el ámbito disciplinar-profesional era aquel que primaba en la identificación y vocería de les expositores, sino que, en ocasiones, sus argumentos reflejaban más bien la representación de colectivos, tales como: congregaciones religiosas, organizaciones no gubernamentales, agrupaciones sociales de militancia, entre otras. En mucha menor medida se presentaron también testimonios de experiencias personales.
Si bien el reconocimiento de esta realidad ha complejizado la aplicación de categorías demasiado rígidas (como puede ser la distinción entre oradores por disciplinas), veremos que, en realidad, el análisis se ve enriquecido por esta fluidez que deja asomar la diversidad misma de los oradores. Para comenzar, cabe entonces cuantificar y describir el universo sobre el cual nos enfocaremos para resolver las demás interrogantes, el cual comprende 357 oradores sobre el total de 698 que presentaron posturas a favor del proyecto por la legalización de la IVE. Por su parte, hubo 342 presentaciones en contra del proyecto. De esos 698 expositores, más de la mitad fueron personas identificadas con el género femenino (446 mujeres y 252 hombres). Ahora bien, del universo de oradores que expusieron argumentos en favor del proyecto (357), 273 fueron mujeres y apenas 83 fueron hombres. En cambio, en las 342 exposiciones en contra del proyecto observamos una mayor paridad cuantitativa de hombres (169) y mujeres (173).
Atendiendo a los objetivos de la presente investigación, procederemos por partes, concentrándonos en identificar, de entre esos 698 oradores, aquellos que estuvieron a favor del proyecto de ley elevado por la Campaña y, sobre ese universo, responder algunas interrogantes. A continuación presentamos la sistematización y análisis del trabajo realizado.
3.1 ¿Qué disciplina o campo de actividades representan los expositores?
Del universo de 357 oradores que presentaron posturas a favor del proyecto, se observa la siguiente distribución (Tabla 1).
De los datos anteriores se observa una presencia más marcada - en cuanto al sesgo disciplinar - de profesionales de la Medicina y de la Abogacía, lo cual no es casual sino que da cuenta de que buena parte de las discusiones desarrolladas refirieron a argumentos en torno a cuestiones como cuándo empieza la vida, cuándo se considera persona, temas éticomorales, protección de los derechos humanos (de los cuerpos gestantes así como del niñe por nacer) etc. No obstante ello, la presencia de profesionales de las ciencias sociales y humanidades es notable; así como la identificación disciplinar para poder esgrimir sus argumentos a favor de la interrupción voluntaria del embarazo basadas en conocimientos provenientes de sus investigaciones.
Otra información que surge de la distribución de identificación presentada en la tabla refiere a la discusión en torno a la politización del conocimiento. Expresamente, quienes se identificaron como militantes son el 16% (contabilizando estudiantes, referentes de organizaciones, activistas y militantes partidarios) pero que, a todas luces, del análisis de discurso sobre las exposiciones orales así como del rastreo de posturas sobre el tema en otros medios, observamos que también les identificades como sociólogues, trabajadores sociales, cientistas políticos, de la educación, de la economía, filósofes, comunicadores… son todes plausibles de ser identificados con la categoría de ciencia social politizada.
Tabla 1 Distribución por disciplina/actividad del universo de expositores a favor
| Disciplina | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Abogacía | 84 | 23,5 |
| Artes y espectáculos (actrices, actores, cantantes, etc.) | 12 | 3,4 |
| Biología | 2 | 0,6 |
| Química | 2 | 0,6 |
| Ciencia Política | 10 | 2,8 |
| Comunicación (periodistas y comunicadores) | 29 | 8,1 |
| Economía | 2 | 0,6 |
| Educación (Pedagogos, docentes, investiga-dores de ciencias de la educación) | 7 | 2,0 |
| Enfermería | 2 | 0,6 |
| Estudiantes | 15 | 4,2 |
| Filosofía | 8 | 2,2 |
| Política y Gestión | 19 | 5,3 |
| Historia | 1 | 0,3 |
| Letras (escritores y licenciados en letras) | 3 | 0,8 |
| Medicina | 62 | 17,4 |
| Religión (eclesiásticos y teólogos) | 2 | 0,6 |
| Psicología | 12 | 3,4 |
| Sociología | 28 | 7,8 |
| Trabajo social | 12 | 3,4 |
| Ciudadanas | 4 | 1,1 |
| Activista Feminista | 16 | 4,5 |
| Activista Confesional | 2 | 0,6 |
| Militante Político | 9 | 2,5 |
| Militante Sindical | 7 | 2,0 |
| Representantes Organizacionales | 7 | 2,0 |
Fuente: elaboración propia en base al perfil Youtube de HCDN (https://www.youtube.com/channel/UC5KfW9 wv4tqbIPgY8tMG-w).
3.2 Aquellos que representaron una postura académica desde las ciencias sociales y humanidades, ¿participaron, además, durante el periodo de debates, de alguna actividad de divulgación por fuera de su participación en el plenario? ¿Qué tipo de actividades?
Respecto de las posturas académicas que representaron disciplinas de las ciencias sociales y humanidades, nos interesan particularmente los siguientes grupos de expositores, ya que representan aportes alternativos a los discursos hegemónicos y mayoritarios que reflejan la medicina, la abogacía y, en general, otros grupos cívicos y de militancia, conforme la Tabla 2.
Tabla 2 Distribución por ciencia no hegemónica del universo de expositores a favor
| Disciplina | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Trabajo social | 12 | 10,7 |
| Sociología | 28 | 25,0 |
| Ciencia Política | 10 | 8,9 |
| Letras | 3 | 2,7 |
| Historia | 1 | 0,9 |
| Filosofía | 8 | 7,1 |
| Educación | 7 | 6,3 |
| Economía | 2 | 1,8 |
| Comunicación | 29 | 25,9 |
| Artes y Espectáculos | 12 | 10,7 |
Fuente: elaboración propia en base al perfil Youtube de HCDN (https://www.youtubecom/channel/UC5KfW9_wv4tqbIPgY8tMG-w.).
En su conjunto representan 112 expositores de los 357 oradores que presentaron posturas a favor del proyecto, de los cuales en su mayoría contabilizamos profesionales de la comunicación y la sociología. Este grupo es el 31% de los expositores, mientras que el restante 69% refiere a personas identificadas con disciplinas hegemónicas y otros grupos.
En relación con la participación de les expositores en actividades de divulgación e involucramiento ciudadano, se destaca que, en su conjunto, sí participan de este tipo de iniciativas, inclusive desde mucho antes del periodo de sesiones plenarias. En su mayoría, les expositores realizan este tipo de actividades en el marco de iniciativas lanzadas por sus organizaciones, movimientos y campañas de pertenencia. En este sentido, adelantando un poco la respuesta a la siguiente pregunta, los esfuerzos de divulgación provienen más comúnmente de las organizaciones intermediarias que proveen una plataforma a los académicos, más que de sus esfuerzos individuales.
Sorprendentemente, las actividades de divulgación se desarrollan a través de medios de comunicación alternativos, no mainstream, como lo son blogs y agencias periodísticas independientes, revistas y diferentes emisoras radiales. En contraste, con mucha menos frecuencia encontramos que los expositores tuvieran presencias fuertes en las redes sociales (principalmente Twitter) al estilo de influencers de opinión frente al debate. Lo más común fue encontrar que no contaban con cuentas o bien sus perfiles se encontraban cerrados, siendo más que nada mencionados y citados por las cuentas de sus agrupaciones de militancia o instituciones de afiliación.
Por otra parte, al tratarse de profesionales con actividad académica (investigación y/o docencia), también encontramos que organizaron y participaron de un sinnúmero de charlas, conferencias, seminarios, mesas redondas, jornadas y escuelas populares como iniciativas de extensión universitaria. Estas actividades se desarrollaron principalmente con fines pedagógicos y de reflexión crítica abiertos al público. En ciertos casos las respectivas organizaciones e instituciones también apoyaron, mediante patrocinio o financiamiento, la publicación de libros, manuales y cartillas para la divulgación gratuita de contenidos sobre género y educación sexual.
3.2 Aquellos que realizaron esfuerzos de divulgación ¿contaron con el apoyo de algún tipo de organización intermediaria? ¿cuáles?
Tal como intuimos al comienzo de esta investigación, organizaciones como la Campaña Nacional y #NiUnaMenos fueron plataformas intermediarias clave entre los productores de conocimiento y múltiples espectros del público. Estas organizaciones actuaron como megáfonos de los discursos de los expositores, permitiendo su llegada a más plataformas de visibilización, superando barreras territoriales e institucionales, y alcanzando audiencias cada vez más diversas. Se podría suponer que, al mismo tiempo, su presencia en estas organizaciones dota de mayor legitimidad al movimiento, contribuye al desarrollo de capacidades y facilita la generación de vínculos entre hacedores de política pública con los distintos cuerpos académicos y civiles que integran estas agrupaciones. Como mencionamos, en ocasiones resultó particularmente difícil la distinción entre perfiles disciplinares y formas de activismo político, ya que una misma expositora puede, en su cotidiano, desempeñar más de un rol o función social. Esta dificultad también la experimentamos escuchando las exposiciones de militantes de base o bien referentes organizacionales. Entre las organizaciones más recurrentes encontramos:
Fuente: elaboración propia en base al perfil Youtube de HCDN (https://www.youtube.com/channel/UC5KfW9_wv4tqbIPgY8tMG-w).
Nube de palabras 1 Organizaciones de pertenencia de les expositores
Como se desprende de lo anterior, los meses de debate social en torno a la legalización del aborto contaron con la participación de una gran diversidad de organizaciones locales, nacionales e internacionales que se encontraron de alguna u otra manera vinculadas a les expositores. Al menos 48 instituciones y organizaciones aparecieron en la arena pública contribuyendo a la difusión de los argumentos en favor de la ley por la IVE, destacándose -además de la preeminencia de la Campaña Nacional por el Aborto y el movimiento #NiUnaMenos-Socorristas en Red, la Asociación de Católicas por el Derecho a Decidir, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, el Colectivo de Actrices por el Derecho a Decidir. Algunes de les expositores provenientes de las ciencias sociales y humanidades fueron convocados por estas organizaciones.
Conclusiones
En este trabajo nos propusimos realizar un primer acercamiento al rol de los y las investigadores de las ciencias sociales y humanidades como interlocutores de temas que se problematizan públicamente y entran en la agenda de los gobiernos, en este caso, en la agenda de tratamiento parlamentario para la sanción de una ley. El referencial conceptual se construyó a partir de tres nudos: la cuestión de la ciencia social politizada y móvil, la comunicación pública de la ciencia y el enfoque de los problemas públicos. En base a estas categorías se reconstruyó el accionar de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y el tratamiento en una de las dos Cámaras del Honorable Congreso de la Nación Argentina -la Cámara de Diputados- a partir de las 15 sesiones públicas de debate. Nos interesó indagar en aquellas presentaciones a favor del proyecto y, puntualmente, aquellas presentaciones de referentes que se identificaron como cientistas sociales y de las humanidades.
De este primer ejercicio de análisis e interpretación se desprenden las siguientes reflexiones.
En primer lugar, en relación a los aspectos estrictamente comunicacionales, la investigación nos permitió reflexionar acerca de la predominancia de canales “tradicionales, pero no oficiales” de comunicación: agencias alternativas de prensa escrita, programas radiales, blogs independientes y actividades de formación y debate presenciales en ámbitos (principalmente) universitarios. Sólo en contados casos los expositores demostraron una presencia activa en redes sociales y en los medios de prensa oficial: televisión y diarios de mayor tiraje (principalmente con columnas en Página 12). Esto permite hipotetizar acerca de la incidencia que tienen los medios de comunicación hegemónicos y las instituciones educativas en los procesos de filtraje de información y legitimación de discursos (demás está recordar el peso que éstas cobran en la efectiva implementación de la ESI). Por más que exista una notoria voluntad de integrantes de la academia por participar en instancias de divulgación, sea con fines educativos o reflexivos, llama la atención la escasa repercusión que tuvieron estas actividades en los canales mainstream de comunicación (grandes diarios y canales de televisión) y en instituciones educativas por fuera de sus afiliaciones directas. Estas limitaciones refuerzan lógicas endogámicas, muy propias de la comunicación científica, de las que difícilmente se logra escapar si no es por el apoyo de organizaciones intermediarias de carácter intersectorial y la utilización de canales alternativos e independientes de comunicación (radios, blogs, portales independientes, etc.). Finalmente, los hallazgos nos permiten reflexionar acerca del peso que están adquiriendo las redes sociales en la búsqueda por diversificar los públicos a los cuales se comunica y convoca a las actividades. Si bien pocos investigadores demostraron un activismo constante a través de las redes, éstas sí fueron un recurso clave para las organizaciones intermediarias.
En segundo lugar, el caso analizado da cuenta de una gran diversidad de organizaciones e instituciones públicas (universidades nacionales) que actuaron como Knowledge Broker Organizations, ampliando el espectro de audiencias a los que llegó el debate. Esto a su vez habla del poder de desterritorialización que tienen, actuando como plataformas de popularización de expositores académicos en las redes. Como decíamos, estas organizaciones de militancia cumplen un rol clave rompiendo la lógica endogámica que prima en los círculos académicos y, a su vez, fueron elementos gravitantes en la conversión del tema en un problema público a nivel nacional.
En tercer lugar, cabe reconocer que resulta complejo y dificultoso abordar la discusión por el aborto legal como un tema de “comunicación científica” cuando la problemática en cuestión adquiere matices tan diversos. Justamente, un logro de la movilización alcanzada por los diferentes colectivos a favor de la Ley IVE consistió en que, en los últimos debates parlamentarios, la cuestión del aborto, lejos de ser trabajado como un problema estrictamente médico o legal, fue abordado y debatido en sus diferentes dimensiones, lidiando con argumentos económicos, sociales, culturales, políticos y, por supuesto, éticos. Esta complejización de los discursos científicos y disciplinares, volvió aún más intrincado el análisis desde un enfoque de modelos de comunicación científica, al mismo tiempo que demostró la importancia de cómo se define una problemática al convertirse en asunto público, en este caso, la problemática del aborto.
Derivado de lo anterior, surge una segunda dificultad al pretender discutir el rol de las ciencias sociales y humanidades, cuando hay disciplinas y campos de actividad como la medicina, psicología, biología, enfermería, que frente a estos debates asumen posturas éticas y subjetivas que ponen de manifiesto su función social y su posicionamiento político, desdibujando los límites tradicionales que imponen la racionalidad del método o cualquier otro criterio de demarcación. Estas contingencias revelan cómo determinados criterios de demarcación de las disciplinas, como “duras” o “blandas”, quedan obsoletas o simplemente “fuera de lugar” frente a problemáticas en las que la veracidad del conocimiento científico no es necesariamente el eje de la discusión.
Finalmente y resultante todo lo anterior, la investigación demostró que acaba siendo igualmente complejo analizar el rol de diferentes campos disciplinares en torno a la cuestión tematizada como problema público, cuando la realidad da cuenta de que el ejercicio profesional y la actividad social no se rigen por estos compartimentos estancos. Una misma persona puede realizar afirmaciones y enunciar como ciudadano, como comunicador, como militante, etc. En el caso de las sesiones parlamentarias, este atravesamiento de roles fue asiduo. Así, en relación a la politización del conocimiento, el caso bajo análisis reveló que la ciencia social politizada se manifestó a través de la intervención pública de los científicos y científicas junto con otros sectores, actores y movimientos sociales que demandan el derecho de los cuerpos gestantes a decidir la interrupción voluntaria de embarazos no deseados. En definitiva, en esta problemática, la ciencia social politizada y móvil fue posible y se desplegó gracias a colectivos de movilización social que colocaron en la esfera pública a los diferentes discursos -incluidos los científicosque manifestaron la necesidad de esta discusión y su tratamiento legislativo.
