2.1 LAS DOS LÓGICAS DE LA HEGEMONÍA SEGÚN LACLAU

Considero que una de las contribuciones principales de Ernesto Laclau a una teoría de la hegemonía es la de distinguir dos lógicas básicas en su construcción, que dan lugar a dos tipos de situaciones hegemónicas contrapuestas. Cabe aclarar que, considerar esta cuestión, no implica necesariamente adherir a las apreciaciones postmarxistas de Laclau, ya que creo que existen una serie de elementos en sus teorizaciones que pueden ser reinsertados en un enfoque general gramsciano de la hegemonía, tal como hemos abordado en otro trabajo (^{BALSA, 2019a}).²

Por un lado, encontramos una lógica, llamada “institucional” por Laclau, que se basa en procurar deglutir todas las demandas de forma diferencial, integrándolas en un esquema hegemonizante y despolitizador. Y, por otro lado, tenemos la lógica, denominada como “populista”, que estaría centrada en la construcción de un campo opuesto a otro, y en la cual las demandas tienden a considerarse equivalentes entre sí y a agruparse en polos antagónicos, dividendo el campo discursivo.

Esta diferenciación entre dos lógicas ya se esboza en el primer libro de Laclau, de 1977.³ Luego, en su presentación en el seminario de Morelia de 1980, afirma aún más explícitamente que “la hegemonía puede constituirse de dos formas: vía transformismo o vía ruptura popular”; en la segunda, “los diversos antagonismos [...] se articulan constituyendo un sujeto popular complejo que se presenta como alternativa contradictoria al conjunto del antiguo régimen.” (^{LACLAU, 1985}, p. 23-24).

Esta diferenciación de las dos lógicas se mantendrá a lo largo de toda la obra de Laclau, denominándolas como “lógica de la diferencia” y “lógica de la equivalencia”. Sin embargo, las mismas no siempre tuvieron idéntica valoración. En los textos de fines de los años setenta y principios de los ochenta, hay una clara apreciación positiva de las potencialidades de la aplicación de la lógica de la equivalencia: el populismo es presentado como el camino que abre mejores posibilidades para avanzar hacia el socialismo (^{LACLAU, 1978}, p. 203). Por el contrario, la lógica de la diferencia, elimina el antagonismo y facilita la dominación. En cambio, hacia mediados de la década del ochenta se desvanece la valoración positiva que Laclau había otorgado a la articulación populista (^{LACLAU; MOUFFE, 1987}). Y en el resto de sus elaboraciones de los años ochenta y noventa, el término “populismo” casi no es mencionado. Al mismo tiempo, se hace hincapié en la importancia de “la expansión y multiplicación de sujetos fragmentarios, parciales y limitados que entran en el proceso colectivo de toma de decisiones”, es decir, “una democracia radicalizada y plural”, e incluso se defiende la importancia del “Estado liberal” (^{LACLAU, 1993}).

Tendremos que esperar hasta ya entrados en el siglo XXI, en La razón populista, para encontrarnos con una clara reivindicación de los proyectos basados en la lógica populista (^{LACLAU, 2005}). Allí, plantea incluso que la posibilidad misma de la democracia dependa de la constitución de un "pueblo" democrático. Laclau reconoce que en su argumentación el populismo se ha ido convirtiendo en sinónimo de lo político; pero reafirma este solapamiento, frente a la despolitización de la articulación basada en la lógica de la diferencia, tan característica de la Europa de las últimas décadas. Al mismo tiempo, en sus contestaciones a las críticas de ^{Zizek (2006a}, ^2006b), sostiene que el populismo no implica la posición subordinada de hacer demandas al poder, sino luchar por el propio poder (^{LACLAU, 2006}).

Las denominaciones de lógicas “institucional” y “populista” han generado muchos equívocos. Entre otros, el hecho de que la lógica populista no pudiera darse una vez que una fuerza populista accediera al gobierno y procurara institucionalizarla; o el problema de que toda lógica que no fuera “institucional” debiera ser pensada como “populista”, aunque no tuviera muchos de los rasgos que caracterizan al populismo. Este último problema conduce a que se hable de “populismos de derecha”, a pesar de las inconsistencias conceptuales que presenta.⁴ Por lo tanto, para tratar de evitar estos equívocos, he propuesto un cambio terminológico, pero que, en realidad, encierra también ciertas modificaciones conceptuales.

2.2 UNA PROPUESTA DE REDENOMINACIÓN: LÓGICA ADMINISTRATIVISTA Y LÓGICA AGONAL

En primer lugar, creo que la lógica de deglutir todas las demandas de manera diferencial, se comprendería mejor denominándola como una forma “administrativista” o “universalizante” de construcción de la hegemonía. Sería una lógica “administrativista” en el sentido de que desde el Estado se procurarían resolver las demandas de forma técnica, apolítica, con el ideal saintsimoniano de que la política se reduzca a la mera administración de las cosas, al que hace referencia el propio ^{Laclau (2009}, p. 56). Y sería una lógica “universalizante” en la medida en que es una propuesta que plantea que todas las demandas, en la medida en que sean “razonables”, podrán ser integradas y satisfechas. Por lo tanto, estas demandas se integrarían en la idea de un “bien común”, dejando de corresponder con “intereses particulares”.⁵

A la forma opuesta de construir la hegemonía, aquella centrada en agrupar las demandas en forma equivalente en un campo opuesto al que se encuentra en el poder, considero que resulta más apropiado denominarla como lógica “agonal” de la construcción de la hegemonía. Esta agonalidad podría ser conceptualizada en términos de un gradiente que iría desde una agonalidad muy atemperada (que puede terminar en la asimilación por parte del otro) hasta el antagonismo abierto. Retomamos aquí, los planteos de ^{Mouffe (2003}, p. 114-116) en el sentido de que existen dos formas en que el antagonismo puede surgir: el antagonismo propiamente dicho (la lucha entre enemigos) y el agonismo (la lucha democrática entre adversarios, que respetan una arena democrática). En esta propuesta de redenominación, hemos reservado el término “populismo” para dar cuenta de un subtipo de lógica agonal.

2.3 EL POPULISMO COMO SUBTIPO DE LA LÓGICA AGONAL Y SUS ESPECIFICIDADES

El considerar al populismo como un subtipo de la lógica agonal, permite diferenciar los tres elementos que distinguirían al populismo y que no estarían necesariamente presentes en otras lógicas agonales, como, por ejemplo, las de las fuerzas de tipo fascista o de la ultra-derecha.

En primer lugar, la operación populista funciona proponiendo la resignificación del concepto de “soberanía popular” como eje del principio democrático: sostiene que la plebs (el pueblo en el sentido de los sectores populares) es el único populus legítimo (el pueblo en el sentido del conjunto de la ciudadanía). El significante “pueblo” cumple un papel casi ineludible en esta operación, ya que el mismo presenta la ventaja de una doble significación que articula con los significados de plebs y de populus, presentándose como una sinécdoque básica en la operación hegemónica, ya que un particular (el pueblo bajo) se presenta como la encarnación del universal (el pueblo soberano).⁶ Tanto por su ambigüedad, como por el hecho incontrovertible de que los sectores populares son la mayoría de la ciudadanía, esta operación puede tener una enorme eficacia interpelativa, que se traduciría en ser electoralmente imbatible. Pero todo dependerá de si todos (o casi todos) los sectores sociales que no forman parte de la elite se sienten formando parte de “el pueblo”, y accionan políticamente de conjunto.

En segundo lugar, la construcción de este “pueblo-populista” (a diferencia de un “pueblo-nacionalista xenófobo”), requerirá de la instauración de una “frontera interior” que deje del otro lado a “los enemigos del pueblo”, definidos como algunos sectores sociales, internos a la sociedad nacional, que pretenden tener un poder que no les corresponde (llámense “la oligarquía”, “el establishment”, o “la patria financiera”). Este discurso populista rompe con la ilusión de la idea del “bien común”, de que se puede gobernar para todos. Además, para mantener la “frontera” activa, el populismo necesita desplegar una intensa interpelación ideológica de los sectores populares que reactualice permanentemente la ruptura. Debe construir consensos activos, no pasivos. Y esto requiere gritar, denunciar, maldecir; acciones todas que hoy parecen “políticamente incorrectas”, a los ojos del “consenso por diálogo” de la pospolítica. Lo cual permite entender mejor “la grieta”, como un elemento cuasi-estructural del despliegue de una lógica populista, pero que corre el riesgo de resultar contraproducente si no se logra que la mayor parte de la ciudadanía se ubique del lado “popular” de “la grieta”.⁷

Y, en tercer lugar, todas las interpelaciones requieren de políticas que permitan “verificar” su pertinencia. En este caso, un populismo consecuente despliega operaciones de inclusión radical que implican un corrimiento de la frontera de lo socialmente legitimado, una drástica ampliación y profundización de la ciudadanía, con la inclusión de amplios sectores hasta entonces marginados, y realizada más en términos de colectivos socio-políticos (no de forma individual-liberal). Por eso, la inclusión populista significa una redefinición del campo de lo social que opera desde arriba, pero también desde abajo, de modo que resulta fuertemente disruptiva y altera las bases de la construcción de la hegemonía.

Podemos observar que la mayor parte de las fuerzas de ultra-derecha que han desplegado una lógica agonal no comparten estas características: su “pueblo” no se limita a los sectores plebeyos, sus “enemigos” tienden a situarse en un exterior (los inmigrantes, o las entidades supra-nacionales) y no proponen políticas de inclusión radicales.

2.4 ALGUNOS PROBLEMAS DE LA LÓGICA POPULISTA COMO ESTRATEGIA EMANCIPATORIA

El concepto de “populismo”, incluso en el intento de formalización desplegado por Laclau, mantiene una serie de otros elementos que no se derivan de esta lógica y que, creo, merecen ser considerados con detenimiento, ya sea para incorporarlos o para diferenciarlos al concepto teórico de populismo. Estas tres cuestiones son: cierto anti-intelectualismo que ha caracterizado a los populismos, la excesiva centralidad del líder o la lideresa en los procesos populistas y el problema del abandono de la lectura en términos de clases sociales que promueve el uso del significante “pueblo”. En otro trabajo ya hemos desarrollado las dos primeras cuestiones (^{BALSA, 2010}), por lo cual nos centraremos aquí en la última de ellas, especialmente pertinente para pensar los procesos argentino y brasileño recientes.

Como hemos comentado, el uso del significante “pueblo” y su duplicidad semántica presentarían una enorme eficacia en la interpelación de la ciudadanía para sostener proyectos transformadores. Sin embargo, este mismo empleo dificulta la comprensión de la realidad social en términos de clases y proyectos de sociedad. Todo proyecto implica una concreción diferencial de intereses de las diversas clases y fracciones de clase, pero conceptualizar la dinámica política centralmente en términos de “pueblo”, tal como lo analizó ^{Marx (1973}), oscurece la comprensión de la lucha de clases.⁸

Sin embargo, el abandono del concepto de “pueblo” significa perder capacidad interpelativa. Tal como agudamente analizó Arthur Rosenberg a fines de la década de 1930, un clasismo excesivo (como el que había desplegado la II Internacional) habría hecho que se perdiera “la fuerza” que tenía “el antiguo movimiento democrático” en lograr la “movilización del ‘pueblo’.” Es que el concepto mantenía “unidos bajo una sola bandera democrática a obreros y campesinos, artesanos y estudiantes.” (^{ROSENBERG, 1981}, p. 164). La clave, nuevamente, pareciera ser la de combinar la interpelación “popular” con análisis clasistas que logren que los y las integrantes de la alianza populista tengan en claro el proyecto que deben construir y defender.⁹

2.5 EL PROBLEMA DE MANTENER LA AGONALIDAD DESDE LA POSICIÓN ESTATAL

Existe otro problema que ya no es propio de la lógica populista, sino inherente a la más amplia lógica agonal, de la cual postulamos que el populismo constituye un subtipo. Es el problema de que resulta difícil mantener una lógica agonal una vez que la fuerza política arriba al Estado. Pareciere existir cierta tendencia a que la propia posición estatal impulse a adoptar una lógica “administrativista”.¹⁰ Lo cierto es que resulta difícil reactualizar el conflicto desde el propio Estado. Sin embargo, considero que, sin este mantenimiento de la lógica agonal, el progresivo predominio de una lógica administrativista reduce rápidamente la politización y, por lo tanto, la potencia emancipadora de una fuerza que haya arribado al poder estatal.

Personalmente, considero que la clave para mantener esta agonalidad sería articular toda política pública con el discurso confrontativo-agonal. Por ejemplo, articulando toda política redistributiva con una explicación del origen de los recursos que la posibilitan. Y este discurso tiene que actualizarse en los procesos de entrega de cualquier bien o servicio, o al momento de la implementación de políticas, por ejemplo, las medidas proteccionistas del desarrollo industrial (en este caso, involucrando a la dirigencia empresarial en los aspectos pedagógicos que acompañen la sanción e implementación de estas acciones).¹¹

Esto no significa que se aplique solo una lógica agonal. Toda construcción real de hegemonía, en particular desde el Estado, implica una combinación de las dos lógicas (“administrativista” y “agonal”), sin embargo, el predominio de una de ellas es la que da el tono del tipo de hegemonía resultante. Considero que resulta siempre necesaria una dosis de lógica administrativista ya que un gran porcentaje de la ciudadanía puede percibir como “violento” que desde el Estado no se procure, de ningún modo, el “bien común”.

3.1 LOS DISCURSOS Y LAS POLÍTICAS

En el caso argentino, el tono general de la presidencia de Kirchner (2003-2007) estuvo signado por una discursividad más centrada en la “unidad nacional” que en impulsar la confrontación política (^{DAGATTI, 2013}). Su correlato fue la conformación de un bloque social integrado por la mayor parte de las organizaciones empresariales y la CGT, con una gran capacidad para construir una hegemonía en torno a un discurso centrado en el “desarrollo” y, más específicamente, el “crecimiento” (^{LÓPEZ, 2015}). De todos modos, al tiempo que predominaba ese tono “universalista”, Néstor Kirchner abrió una serie de frentes en los que avanzó con clara audacia, dejando de lado toda la timidez del “posibilismo” político que había caracterizado a la dirigencia del Frepaso (la fuerza de centro-izquierda que finalmente había formado parte de la alianza gobernante entre 1999 y 2001).¹²

Podemos trazar la hipótesis de que, durante la presidencia de Néstor Kirchner, se procuró construir la hegemonía en una combinación de un discurso de la unidad nacional en torno a lograr “un país normal” (frente al peligro de desintegración que había supuesto la crisis del 2001), pero incluyendo, en esa “normalidad”, una serie de elementos progresistas, anti-neoliberales e, incluso, radicales producto de un corrimiento hacia la izquierda del sentido común durante esa crisis, cuestión que no se había traducido en términos político-electorales en 2003 (^{GRIMSON, 2019}). El otro pilar de esta hegemonía fue una recomposición, e incluso expansión, de los niveles de consumo de vastos sectores de la población.

Este clima relativamente unitario cambiaría a poco de asumir su primera presidencia Cristina Fernández de Kirchner. En 2008, el gobierno procuró profundizar la captura de la renta extraordinaria de la tierra a través de un sistema de retenciones móviles a las exportaciones agrícolas, y se desató una durísima reacción de las patronales agropecuarias que contó con la militante colaboración de los medios de comunicación más concentrados, y que logró el apoyo de buena parte de las capas medias urbanas. El proyecto finalmente fue descartado por el Senado y, en las elecciones de 2009, la derrota del gobierno se trasladó al plano electoral.¹³ El clima de fuerte confrontación resultó mutuo, tanto en las movilizaciones de masas, como en una discursividad cada vez más antagónica, y el kirchnerismo logró consolidar una épica militante y sumar a la misma a amplios y diversos sectores sociales y políticos.

Posteriormente, a pesar de los mencionados reveses, el kirchnerismo, en vez de girar hacia la derecha (como para muchos parecía su destino inexorable), profundizó sus perfil más transformador, a través de una serie de medidas, entre las que podemos destacar la estatización las AFJP y de Aerolíneas Argentinas (2008), la ley de medios de comunicación audiovisual, la asignación universal por hijo/a (AUH),¹⁴ el comienzo del despliegue de la televisión digital abierta y gratuita (2009), el plan Conectar Igualdad que garantizó la inclusión digital de los estudiantes de escuelas públicas del nivel medio (2010), el matrimonio igualitario, la fuerte regulación de la adquisición de divisas extranjeras (2011), la recuperación del control estatal de YPF, la ley de Identidad de género, el PROCREAR (2012), y el impulso estatal del sistema ferroviario (2013). El gobierno supo acompañar este conjunto de medidas con una discursividad agonal y relativamente coherente, que articulaba las mismas en una narrativa propia. De este modo, se dotó de una fuerte identidad y agregó al ideario desarrollista (con elementos schumpeterianos), una mucho más potente reivindicación de la justicia social, en clave nacional-popular (^{LÓPEZ, 2015}). La clave de construcción de la base política que apoyó el conjunto de estas políticas fue el desarrollo de una lógica de interpelación política de tipo populista, en el sentido que hemos analizado. Para ello, el kirchnerismo propuso la unidad en torno a esa idea de “pueblo” y de sus “derechos” a un conjunto de fuerzas con lógicas y tradiciones políticas distintas.

En el caso brasileño, lo primero que llama la atención, en relación con las dos lógicas de articulación hegemónicas, es que, especialmente, a partir de la campaña electoral de 2002 y luego desde la presidencia, Lula abandonó el discurso de separación entre “el pueblo” y “la elite”. Como analiza ^{Mendes (2004}, p. 10), en 1989 Lula construía discursivamente dos espacios: de un lado, se encontraba lo que él llamaba “el conjunto de la sociedad”, formado por los campesinos, el pueblo oprimido, los sectores medios, los intelectuales, los funcionarios públicos, el pequeño y mediano agricultor, el pequeño y mediano comerciante, el pequeño y mediano empresario y los descalzos y desposeídos, y, del otro lado, estaba el poder económico -los terratenientes, los grandes empresarios, los banqueros, los dueños de las grandes cadenas de comunicación y de supermercados-.¹⁵

Según ^{Mendes (2004}), este discurso que establecía una contradicción entre “elite e povo” se había mantenido hasta 1998, más allá de que la propuesta global del PT ya no era tan radical como diez años antes. En cambio, en la campaña de 2002, Lula propuso un pacto social entre el capital y el trabajo, incluso manteniendo cierta retórica de cambio en relación con el status quo. Coincidentemente ya no se presentó como el representante de las luchas de los trabajadores, sino como un gran negociador que llevaría adelante un gobierno de diálogo y de paz. Ya no era alguien que representaba el conflicto, sino alguien que lo resolvía, para lograr que Brasil volviese a crecer.

En similar sentido, ^{Southier (2017}) argumenta que se procuró constituir a Lula como un “significante vacío”, que no confrontaba con nadie, y que podía llegar a ocupar la representación del Brasil como un todo. Recordemos que para Laclau, existirían significantes tendencialmente vacíos que funcionarían como potenciales puntos de fijación que representarían al conjunto del sistema, al orden comunitario como ausencia (^{LACLAU, 1996}), aunque aclara que no serían el resultado de ningún proceso de abstracción (^{LACLAU, 2008}, p. 348). Cabe destacar que, para este autor, será mayor la capacidad interpelativa de estos significantes, en la medida en que sean más vacíos, frente a opciones que tengan mayores ataduras vinculadas a doctrinas ideológicas o a posiciones de clase.

Este cambio discursivo era coherente con una estrategia política de no confrontación, de procurar cambios graduales dentro del orden, tal como sintetizó ^{Singer (2017}, p. 123). Como analiza ^{Gómez Bruera (2015}), paralelamente, hubo un abandono de la idea de que existía un “modelo petista de gobernar”, basado en la participación popular, tal como se había desarrollado en varias de las intendencias que había tenido durante los años noventa el PT, o incluso intentado desplegar en algunos de los estados brasileños. El balance que realizó la dirección nacional del PT era que no habían sido exitosos los intentos de trasladar estas experiencias participativas del nivel municipal al estadual, por lo cual menos aun podría hacerse a nivel nacional (^{GÓMEZ BRUERA, 2015}). Entonces, con la llegada al gobierno federal el presupuesto participativo desapareció del vocabulario petista sobre la participación (^{PAIVA BEZERRA, 2014}).

Por lo tanto, y en especial luego de la crisis desatada por el descubrimiento de pagos a legisladores de varios partidos a cambio de votos en el Congreso Nacional, el PT adoptó el modelo de gobernabilidad basado en el acuerdo elitista, tradicional en Brasil, que tiende a aceptar la distribución de poder y los arreglos institucionales existentes, y busca acomodar a los actores estratégicos dominantes (^{GÓMEZ BRUERA, 2015}, p. 39). Cabe aclarar que la mayoría de los delegados nacionales del PT pasó a apoyar esta política (por ejemplo, el 61% de los mismos votó en favor de un acuerdo con el PMDB para las elecciones de 2007, mientras que en 1997 solo un 15% había tenido esa posición).

Esta discursividad “universalista” no implicó descuidar a los sectores más postergados del Brasil, sino que, por el contrario, fue acompañada por el despliegue de un amplio abanico de políticas asistenciales y de acceso a la educación destinada a los sectores que siempre habían sido excluidos, destacándose el plan Bolsa Familia, que llegó a alcanzar a algo más de un quinto de las familias brasileñas.¹⁶

3.2 RESULTADOS EN TÉRMINOS DE LUCHA POR LA HEGEMONÍA

En Argentina, la progresiva concreción de las políticas de corte nacional-popular fue construyendo un escenario que agregó veracidad a la propuesta y el discurso kirchnerista, al alterar la cotidianidad de muchos argentinos/as. Así, por ejemplo, se fue imponiendo un paradigma discursivo de los derechos que logró suplantar a la idea de que solo el mercado debía regular el acceso a los bienes y los servicios (^{MARTÍNEZ, 2013}). El sentido común fue incorporando ideas más favorables a la intervención estatal en la economía y a políticas que persiguieran una mayor equidad social (^{IBARÓMETRO, 2015}).

Una parte importante de aquellos/as interpelados/as aceptaron este llamado y así un heterogéneo grupo de sujetos se sumó al kirchnerismo: múltiples sectores populares movilizados desde los años noventa o desde el 2001 (aglutinados en fuerzas vinculadas, en algunos casos al peronismo, y en otros a diversas tradiciones de izquierda), dirigentes políticos peronistas, e incluso radicales (algunos con gran capacidad para obtener apoyos electorales a nivel local o provincial; en muchos casos, solo atraídos y controlados a través de los recursos financieros del gobierno nacional), sectores del campo político “progresista” (provenientes del radicalismo, del Frepaso y de espacios de la izquierda) y también figuras del ámbito de la cultura, del campo intelectual y de los movimientos defensores de derechos humanos y activistas por la cuestión de género. Así, el kirchnerismo reconstruyó un “pueblo” con un sentido mucho más plural que el que tradicionalmente había interpelado el peronismo.

Ahora bien, si las elecciones presidenciales presidenciales de 2007 y 2011 demostraron la eficacia de esta interpelación populista, en cambio, las de 2015 dieron cuenta de su contingencia. Diversos procesos coadjuvaron en erosionar la unidad del “pueblo” en torno al proyecto kirchnerista. Por un lado, la lógica cada vez más agonal, con ribetes antagonísticos (en el sentido de una denuncia de los enemigos del pueblo) permitió fortalecer una mística militante y una base social plural. Sin embargo, al mismo tiempo, alejó a los sectores más moderados que antes conformaban la alianza, pues no compartieron el tono de confrontación que la implementación de esta lógica implicaba. En este sentido, una parte de la ciudadanía (incluso una porción de los que se consideran de “centro-izquierda”) no se sintió a gusto con el despliegue de esta lógica agonal desde el propio Estado, pues estaban acostumbrados a que desde allí emanara una discursividad de tipo más universalista y apolítica, que se presentase como agente de un pretendido “bien común”. Aquí, como ya dijimos en la primera parte de este artículo, hay un problema de mayor alcance que la situación coyuntural argentina.

Por otro lado, este despliegue de una lógica agonal es difícil de implementar desde el Estado, en particular si no hay una ruptura de tipo revolucionaria. Por lo tanto, esta lógica no fue desplegada de un modo constante, sino con cierta tibieza y combinada con una discursividad de “los derechos”, vinculada más con la lógica administrativista por su perfil universalizante. A lo cual se sumó que esta discursividad se articuló con una enunciación y prácticas estatalizantes: era “el Estado” el que garantizaba derechos, y no la lucha popular y sus organizaciones. De este modo, es probable que alguna porción de la población haya considerado que las políticas redistributivas del kirchnerismo se habían vuelto inamovibles y, por lo tanto, haya pensado que, aunque cambiara el signo del gobierno, no podrían ser revertidas (la campaña de Macri de 2015 planteó que nadie perdería nada de lo que tenía).

Además, la construcción de ese “pueblo” no fue convocante de todos los sectores beneficiados por las políticas kirchneristas. Una buena parte de las capas medias no se sintió interpelada, y fue profundizando sus aspiraciones de distinción frente a “lo popular”. Las apelaciones a una lógica patriótica y solidaria (sintetizada en la consigna de Cristina “La patria es el otro”) alcanzó a los sectores ya cercanos al kirchnerismo, pero no a quienes no tenían actitudes solidarias ni sentimientos nacionalistas. Por el contrario, muchos de ellos/as procuraron diferenciarse de aquellos/as que se beneficiaban de forma más explícita del apoyo estatal (estigmatizados como los “planeros”, por recibir planes asistenciales). Incluso fueron desplegando este tipo de actitudes buena parte de los/as integrantes de las capas medias, quienes recibían importantes subsidios a su uso de servicios públicos (electricidad, gas, agua, transporte) o disfrutaba de las políticas de apoyo al consumo. Sobre este deseo de distinción, operaron las fuerzas de la derecha para ir minando las bases de sustentación popular del kirchnerismo. La fuerte regulación estatal de la adquisición de moneda extranjera (el denominado “cepo al dólar”) acrecentó la actitud opositora de los sectores medios-altos (en Argentina, al menos desde la década de 1970, la mayor parte de los ahorros y la totalidad de las operaciones inmobiliarias se realizan en esta divisa). Además, el feroz ataque de los medios concentrados golpeó la credibilidad de gobierno en varios flancos (las constantes denuncias de corrupción, la instalación de la sospecha de culpabilidad del gobierno en la muerte del fiscal federal Alberto Nisman, las críticas cotidianas a la “inseguridad”, la objeción a que todas las voces fueran oficialistas en los medios de comunicación estatales, el reproche al uso excesivo de la cadena oficial de comunicación, etcétera). Todas estas cuestiones fueron construyendo un discurso que unió diversas expresiones de la oposición en torno a un ideal pretendidamente “republicano”, lo que ^{Borón (2016}) denominó el “vulgorepublicanismo”.

El conjunto de estas operaciones fue consolidando una identidad anti-kirchnerista que, más que adherir firmemente a nuevas fuerzas políticas, pasó a estar en disponibilidad de apoyar cualquier candidato que pudiera derrotar al kirchnerismo. Esta identidad opositora se afianzó como acto reflejo frente a la politización creciente de la base kirchnerista. Es que la lógica populista promueve, justamente, la politización y un agonismo fuerte (cercano al antagonismo), generando la activación política de la propia base de adherentes, pero también consolidando reactivamente las pasiones de los contrarios. De modo que nació lo que se denominó la “grieta”. Pocos argentinos/as dejaron de ubicarse a uno u otro lado de la misma.

En este punto, una debilidad del gobierno y una fortaleza de la oposición fue la cuestión de la unicidad o pluralidad de voces. El discurso kirchnerista, repitiendo los problemas de los populismos clásicos, se caracterizó por una enunciación única, centrada en la figura de Cristina, y una serie de enunciadores/as “repetidores/as” que procuraban no desviarse de esta enunciación oficial. Incluso enunciadores con una discursividad propia y relativamente diferente de la kirchnerista terminaron adecuándose a la discursividad “cristinista”, y perdiendo gran parte de su convocatoria.

En cambio, el anti-kirchnerismo se caracterizó por poseer múltiples enunciadores, desde las más diversas posiciones ideológicas: republicanismo, autoritarismo, neoliberalismo, antipopulismo (o antipopular), e incluso cierto tipo de progresismo, entre otras diversas perspectivas. Sin embargo, desde estas diversas y hasta contradictorias enunciaciones, en el escenario del balotaje de 2015, y luego también durante el gobierno de Cambiemos, supieron indicar el apoyo hacia Mauricio Macri. Es decir, hacia una figura con muy escasas capacidades discursivas, que incluso podría haber funcionado como un significante vacío, casi naturalmente vacío (obviamente, si los/as receptores lo dejaban de percibir como un gran empresario, involucrado en varios casos de corrupción y de espionaje ilegal).

Por último, el estancamiento relativo en que entró la economía a partir del 2012, el ascenso de la inflación y el impacto creciente del impuesto a los ingresos de los asalariados mejor remunerados, terminaron por sumar más adhesiones al anti-kirchnerismo.

En fin, cada uno de estos procesos, operaciones y factores más objetivos fue quitando pequeñas porciones de la base de sustentación al proyecto kirchnerista, hasta que, en su conjunto, tuvieron un efecto significativo en las preferencias electorales. Por último, la propia candidatura de Daniel Scioli no logró entusiasmar a la propia base militante, al tiempo que la presencia de Sergio Massa (ex-jefe de gabinete de Cristina) como candidato opositor capturó la parte del electorado (21%) que podría haber preferido el perfil moderado de Scioli. El resultado de todos estos factores redujo el total de votos hacia el kirchnerismo en la primera vuelta de la elección presidencial del 54% obtenido en 2011 al 37% logrado en 2015. Pero lo realmente determinante fue la capacidad de Macri, en tanto candidato anti-kirchnerista, de subir del 34% que alcanzó en la primera vuelta electoral al 51,4% con el que triunfó en el balotaje (frente al 48,6% que obtuvo Scioli).

Sin embargo, esta derrota no desactivó a la militancia kirchnerista. Por el contrario, el kirchnerismo supo sumar a su fuerza política a buena parte de la ciudadanía que se había activado en el escenario del balotaje y que masivamente fue a despedir a Cristina en su último día de gobierno. De modo que se constituyó en la principal fuerza política de oposición al macrismo, y cuatro años más tarde se impuso por más de 15% de los votos en las elecciones primarias abiertas y obligatorias que tuvieron lugar en agosto de 2019, y triunfó con el 48% de los sufragios en la elección presidencial de octubre del mismo año.

De todos modos, podríamos concluir que cierto exceso en el despliegue de la lógica agonal condujo al alejamiento de sectores que antes había apoyado al proyecto, al tiempo que la forma de su aplicación no terminó de consolidar el apoyo decidido de los sectores que acordaban con esta agonalidad, por motivos que más adelante abordaremos. Pareciera confirmarse que todo intento de construir la hegemonía debe procurar combinar ambas lógicas, en proporciones cambiantes según las correlaciones de fuerza y las tendencias que se procuran imponer.

En Brasil, los resultados del cambio en el discurso y en las políticas que desarrolló el PT a partir de 2003 no parecieron inicialmente negativos. Se evitó el peligro, tan temido, de un rápido derrocamiento del gobierno del PT (aunque, evidentemente, esto terminó ocurriendo, 14 años más tarde). El país logró altas tasas de crecimiento hasta 2010, al menos en comparación con lo ocurrido antes. El desempleo se redujo del 13,5% en 2003, al 4,6% en 2014. El salario mínimo real se elevó en un 70%, en estos mismos años. A través de una gran cantidad de políticas inclusivas puntuales se fue logrando un paulatino pero sostenido ascenso económico social de los sectores populares (^{BURGOS, 2016}, p. 12). Consiguientemente, los niveles de aprobación del gobierno de Lula terminaron siendo altísimos. En este sentido, no solo logró su reelección, sino que su delfina, Dilma Rousseff, se impusiera dando continuidad al gobierno del PT y que, incluso, fuera ella también reelecta en 2014.

Sin embargo, en 2016 Dilma fue derrocada por un golpe parlamentario. Un elemento explicativo importante es que la bancada de diputados del PT era mucho menor en 2014 que en 2003. Es que la reforma política nunca fue encarada, en buena medida por la adaptación del PT a la lógica acuerdista de la política brasileña, quedando preso de alianzas con un conglomerado de partidos de centro-derecha o derecha. Al mismo tiempo, tampoco el PT creció como fuerza política en las bases.

Pareciera que la interpelación “universalizante” del lulismo no tuvo la eficacia esperada, ni en convencer a los sectores más integrados en las ventajas de un gobierno “para todos”, ni en consolidar una fuerza militante que sostuviera el proyecto más allá de la oposición de estos sectores. El discurso universalizante y la propia imagen de Lula como significante tendencialmente vacío, que simbolizase la unidad del Brasil y la superación de los conflictos sociales, no funcionó. Por el contrario, se puede observar que los odios y los discursos antigualitaristas (y en muchos casos, directamente protofascistas) han logrado capturar una importante porción de la población. Al mismo tiempo, estos sectores han desarrollado una gran capacidad para reproducir estas discursividades en diversos ámbitos, apelando, por cierto, a una histórica hegemonía de este sentido común antipopular que procura mantener en la marginalidad a los descendientes de los esclavos (^{SOUZA, 2017}).

Podemos plantear de la hipótesis de que, más allá de su discursividad textual “universalista”, la propia imagen de Lula y el reformismo moderado que se implementó resultaban sumamente disruptivos para el orden jerárquico y post-esclavista que continuaba imperando en Brasil hasta comienzos del siglo XXI.

Por un lado, el discurso de Lula procuraba presentarse como por encima de toda diferencia social, pero la imagen de un nordestino y de origen muy popular llegando a la presidencia mostraba que el orden podía ser trastocado. Esto ponía en jaque la subautovaloración que el orden jerárquico postesclavista había logrado introyectar en muchos de los marginados (^{SOUZA, 2017}).

Y, por otro lado, las políticas reformistas fueron abriendo el acceso a espacios sociales antes vedados para los sectores más bajos (desde las Universidades, hasta los centros comerciales o los aeropuertos). Esto ocurrió de forma bastante gradual, ya que fueron políticas reformistas descriptas como “débiles” (^{FAGNANI, 2017}, p. 123) y, podemos agregar, “culposas”, pues parecía que desde el gobierno siempre se sentía que podían ser criticadas como “populistas” (un término que en el sentido común del Brasil resulta notoriamente negativo). Podría decirse que fueron políticas desplegadas en forma casi molecular, por su focalización, pero también porque no fueron acompañadas de un relato que enmarcara todas ellas en un radical proceso de reparación histórica de siglos de injusticias sociales. Sin embargo, por más tímidas que fueran sus políticas, las mismas le daban verosimilitud a esta promesa de integración de este tercio de la población brasileña que había sido históricamente mantenido en la marginalidad.¹⁷

El acceso a diferentes espacios sociales que tradicionalmente estaban vedados para casi todo/a integrante de los sectores populares, y en particular los más humildes, combinado con la propia imagen de Lula presidente, fue modificando la autovaloración de estos sectores populares, y también las posibilidades para pensarse con derechos para el ascenso y la integración social, tal como es posible observar en la actitud de la hija de la empleada doméstica del film “Que horas ela volta?”, estrenado en 2015.

Pero, al mismo tiempo, estas actitudes y las propias oportunidades de ascenso e integración social (por más mínimas que fuesen), resultaban intolerables para las elites y, especialmente, para la mayor parte de la clase media alta (aunque también parte de la clase media en sentido estricto). En el mismo film, esto es particularmente visible en las respuestas que brinda la dueña de casa. Pero también es posible de observar estas reacciones en múltiples acciones de estos sectores sociales, que se pueden sintetizar en la denuncia (que resultara luego ampliamente viralizada) de una profesora universitaria de que los aeropuertos se han convertido en terminales de ómnibus. Obviamente, en esta reacción conservadora de la clase media se combinó cierto interés económico más directo en mantener una mano de obra barata disponible para auxiliar con bajos salarios y escasísimos derechos laborales a amplios sectores de las capas medias, con un deseo de que no desaparezca la “distinción” social de estos sectores en relación con los pobres.

Entonces, si el PT procuró instalar una discursividad “universalizante”, la elite y las capas medias protofascistas y, finalmente, también las capas medias liberales, desplegaron una discursividad altamente agonal, incluso podríamos decir antagonizante. Ante la falta de un sentimiento de “culpa” por el pacto “antipopular”, esta discursividad pudo desplegarse con una base casi de sentido común en amplios sectores de la sociedad brasileña.

Frente a esa agonalidad, el gobierno del PT se encontró desarmado, sin capacidad para disputar la calle, tal como se corroboró en 2013 y luego con la debilidad que tuvo frente al impeachment y al encarcelamiento de Lula. Frente a esta medida, varios militantes propusieron generar un “17 de octubre” lulista (recuperando la memoria de la gesta popular que en 1945 liberó al coronel Perón), pero solo unos pocos millares de militantes se congregaron para impedir su detención, y no hubo mayores disturbios en el conjunto del país. Incluso tampoco los hubo cuando a los millones de sus seguidores se les impidió votar por su candidatura presidencial al ser ésta bloqueada judicialmente.

Pareciera que el despliegue de una discusividad “universalizante” y “administrativista”, que procuró todo el tiempo evitar la confrontación (la construcción de un “pueblo”/popular y de un “enemigo del pueblo”, el llamado a una “batalla cultural” contra los pactos antipopulares y el despliegue de una dinámica movilizadora), terminó reduciendo notoriamente la capacidad de interpelación a la base petista. Como señala Maringoni, la utopía de que podía desplegarse un modelo de desarrollo en el que todos ganaban, resultó completamente desmovilizante (^{MARINGONI, 2017}, p. 41).

Burgos afirma que, a partir de la emergencia en los años ochenta de un nuevo tipo de sindicalismo (vinculado a la CUT) y de una serie de movimientos populares (entre los que se destaca el MST), habría comenzado a generarse un proceso de autoidentificación de un “nuevo pueblo brasileño” (^{BURGOS, 2016}, p. 8). Y, en este sentido, para este autor los gobiernos petistas mostraron las posibilidades de la emergencia de una nueva hegemonía y de un nuevo bloque histórico, como profundización de un proyecto democrático-participativo (^{BURGOS, 2016}, p. 13). Compartimos estas apreciaciones, pero consideramos que estos gobiernos también mostraron las serias limitaciones que tuvo procurar fundar una hegemonía en un proyecto que simplemente se presentó como democratizador y participativo, sin construir una discursividad agontal y, más específicamente, populista. El paso que no logró desarrollar el PT (como la fuerza política que dirigía y, de algún modo, sintetizaba este “nuevo pueblo”) fue mantener la agonalidad que esta construcción tenía todavía en los años noventa. Esto hubiera requerido la construcción, ya desde el Estado (y con todas las capacidades que el mismo posibilita), de una narrativa que diese cohesión al conjunto de las medidas y las proveyese de un sentido reparador de siglos de injusticias, a la vez que se construyera un “pueblo” contrario a la “elite”. Esto, como puede verse en el caso del peronismo clásico, no necesariamente requiere acabar con la elite (los populismos nunca lo realizaron). Pero la retórica y la movilización popular que esta confrontación genera permiten negociar en otros términos con esa elite, de forma de lograr imponer un modelo socio-económico reparador de siglos de injusticias y marginaciones, en términos de Burgos, un “nuevo bloque histórico” (^{BURGOS, 2016}, p. 15).

La hipótesis contrafáctica, formulada mirando la experiencia argentina, es que un discurso más agonal hubiera permitido mantener o, incluso, acrecentar la fuerza militante del PT, y también interpelar a sectores de las capas medias y, más claramente, de los trabajadores sindicalizados para consolidar un campo popular que se sintiera parte de un proyecto que reformaba la sociedad brasileña. Para ello hubiera sido necesario “denunciar” el “pacto antipopular” de la elite con las capas medias, tal como lo describe ^{Souza (2017}). Solo de este modo se hubiera podido combatir claramente el “apartheid” racial y social, y la creencia de que hay gente que ha nacido para servir. Una creencia que, si bien proviene de la esclavitud, no desapareció con ella ni con el desarrollo capitalista (como muchos intelectuales sostenían). Por lo cual, para desterrarla había que saber instalar la “culpa” de la no reparación del daño generado por siglos de esclavitud y de la herencia que ella dejó. Al menos, debería haberse tratado de sumar a ese 20% de clase media “sensible” y al 15% “crítico”, y tratado de impedir que el 30% protofascista no “saliera del armario”, como ocurrió luego del 2013 (según la tipología y distribución elaborada por ^{Souza, 2017}). Al no sumar a un proyecto popular a los sectores medios no integrados al proyecto de la elite, porque no construyó ese sentido de separación,¹⁸ se incrementó la capacidad de los sectores medios integrados para funcionar como representantes aspiracionales de los sectores medios no integrados.

Evidentemente, para poder desplegar la “batalla cultural” que hubiera implicado estas políticas agonales (que de hecho tenían ya una base de sustentación en las medidas populares implementadas), hubiera resultado imprescindible contar con un sistema de medios estatales, populares y comunitarios que, al menos, equilibrara el poder comunicacional de los medios concentrados. Pero nada de esto se hizo durante los gobiernos del PT (^{BARBOSA; EKMAN, 2017}, p. 311-316). La diferencia con Argentina resulta, en este punto, notoria.

4.1 LA FALTA DE UNA FUERZA MILITANTE DE MASAS DEMOCRÁTICA Y ORGANIZADA

El kirchnerismo logró convocar y enamorar a una enorme cantidad de simpatizantes y militantes; sin embargo, no pudo articular esta base militante en una fuerza política democrática de masas. Esta era una carencia previa al kirchnerismo. Los años del menemismo habían desmovilizado a la mayoría de la sociedad, a pesar de que se mantuvo una fuerte resistencia. La misma se incrementó en torno a la crisis del 2001, pero con una serie de movimientos de escasa coordinación a nivel nacional (algunos de los cuales se sumaron luego al kirchnerismo). La cuestión es que el kirchnerismo avanzó muy poco en dotar a su estructura política de un espacio de toma democrática de las decisiones. Ni se reconstruyó el partido justicialista con una dinámica democrática interna,¹⁹ ni se construyeron espacios de confluencia democrática entre las fuerzas kirchneristas más consecuentes, como fueron los fallidos intentos de “Unidos y Organizados” (^{ROCCA RIVAROLA, 2017}) o del “Frente Nuevo Encuentro”, por mencionar los intentos más importantes. Incluso, esta falta de espacios democráticos de coordinación repercutió en el propio interior de cada una de las organizaciones kirchneristas, pues vació de sentido la discusión de políticas o candidaturas, ya que se sabía que, finalmente, se decidirían “desde arriba”.

Una fuerza política de masas, sólidamente organizada, pero también con debate político en su interior y que procesara la pluralidad de sectores que se sentían interpelados por el kirchnerismo, hubiera permitido dar la batalla frente a los poderes concentrados con mucha mejor correlación de fuerzas. De todos modos, la agonalidad en la lógica política kirchnerista construyó una base de militantes y de simpatizantes que logró perdurar a pesar de los ataques realizados por el macrismo y los grandes medios de comunicación (incluso a pesar de que se cerraron varios de los medios afines al kirchnerismo). Y es esta base de masas, más cierta apertura de canales para su participación, y un giro hacia una discursividad menos agonal, encarnado en la propia figura del candidato presidencial Alberto Fernández, han permitido una notoria capacidad de recuperación de la interpelación kirchnerista hacia la ciudadanía.

En el caso brasileño, esta fuerza política de masas y democrática era relativamente importante a comienzos de los años noventa. Lamentablemente, la propia expansión del PT en términos electorales y de acceso a distintos niveles de gobierno, se combinó con una desactivación de los núcleos de base como las formas claves de la participación militante y de debate y toma de decisiones al interior del partido (^{FERREIRA, 2008}; ^{AMARAL, 2010}). El reemplazo de los núcleos por el voto de los afiliados para la elección de las autoridades partidarias parece haber ido desligando a la dirección de las bases militantes y de este modo, junto con las políticas que llevaron a la desmovilización popular, fueron reduciendo notoriamente la capacidad de lucha de estas bases militantes y, en algunos estados brasileños, condujeron a una notoria disminución del peso del PT. De este modo, el crecimiento electoral del lulismo no pudo ser acompañado por una consolidación del PT como partido de masas con una sólida base militante. Al mismo tiempo, la composición de alianzas con los partidos llamados “fisiológicos” para obtener mayorías parlamentarias, llevó al PT a desperdiciar la oportunidad histórica del momento de máximo apoyo electoral a Lula para realizar una transformación profunda del sistema político (^{BOULOS; SIMÕES, 2017}, p. 73).

4.2 EL INTENTO DE CONSTRUIR LA HEGEMONÍA EN BASE A LA EXPANSIÓN DEL CONSUMO

En ambos países, más allá de cierto trabajo ideológico-cultural (más fuerte en el caso argentino, aunque más destinado a fortalecer la base propia que a interpelar a los no kirchneristas), pareciera que se hubiera esperado que los diversos mecanismos expansores del consumo de los sectores populares y de las capas medias alcanzaran para construir una hegemonía. El mayor problema es que, si bien al principio se puede conseguir el apoyo coyuntural, nada garantiza que la ampliación de la capacidad adquisitiva, por sí misma, genere adhesión política, y menos ideológica. Esto es así por, al menos, tres factores.

En primer lugar, muchos actores, en especial de las capas medias, prefieren pensar que la ampliación de la capacidad de consumo se debe a su propio esfuerzo, y no a las políticas gubernamentales. Toman lo que les dan las medidas redistributivas, pero se oponen a los gobiernos que las implementan, generando lo que, psicoanalíticamente, sería una negación. Incluso, comienzan a preferir políticos que se postulen como defensores de sus privilegios (en su doble sentido: que aseguren su posesión, pero que también prometan que nuevos estratos sociales no accedan a los mismos).

En segundo lugar, las ansias de consumo, por su propia lógica, nunca se satisfacen. Por lo tanto, cuando se accede a algo, luego se desea otra cosa. Y, en tanto todo proceso redistributivo tiene límites objetivos (económicos y/o socio-ambientales), más tarde o más temprano, el consumismo genera inconformismo social.²⁰

Y esto se vincula con el tercer problema: la ampliación de la capacidad de consumo para garantizar un sólido mercado interno, como contracara impulsó las conductas consumistas. El problema es que estas conductas consumistas constituyen la base de un modo de vida que resulta funcional al individualismo neoliberal. De hecho, la propia pérdida de popularidad de Macri está asociada al no cumplimiento de la promesa de ampliación de esta capacidad de consumo, en teoría limitada por las políticas que frenaban la apertura comercial.

Considero que la ampliación del consumo solo tendría un sentido estratégico para favorecer el proceso emancipador, si se acompaña de un trabajo político que involucre a las masas en la toma de decisiones, y en acciones colectivas de consumo que refuercen la construcción de una identidad político-social. En este sentido, una propuesta estratégica debe trabajar a partir del concepto de “buen vivir”, promoviendo una reflexión acerca de nuestros deseos. Aquí resulta muy pertinente retomar la reflexión de ^{Foucault (2002}) acerca de que el deseo es algo que se construye socialmente -a diferencia de su santificación por parte del liberalismo.

4.3 LA FALTA CLARIDAD EN TÉRMINOS DE UN PROYECTO DE COALICIÓN DE CLASES

En ambos países hubo un déficit en la construcción explícita de un modelo socio-económico y de una coalición de clases que lo sostuviera con cierta conciencia. Esta carencia parece deberse, en el caso de Brasil por la instalación de un discurso “universalizante” que postulaba el beneficio de todos, pero en el caso argentino por un discurso “populista” que planteaba el beneficio de “el pueblo” como un todo indiferenciado. De modo que, en ambos casos no se explicitaron las coaliciones de clase que debían sustentar los proyectos. Como los intereses de las clases no son transparentes para ellas, sino que deben ser construidos por los intelectuales orgánicos de las mismas, en la consolidación de coaliciones que procuren ser hegemónicas resulta esencial la articulación de dichos intelectuales. Lamentablemente, no se articuló en forma clara con los intelectuales orgánicos y/o representantes de las clases objetivamente beneficiadas por estos proyectos. Por lo tanto, no se consolidó una alianza de clases que garantizara que estas clases y fracciones defendieran el modelo con el “ardor combativo” que Gramsci plantea que deben tener, sobre todo, en los momentos decisivos (por ejemplo, en las coyunturas electorales o en los golpes de Estado). Este “ardor combativo”, en algunos casos y para algunas clases, puede significar ocupar las calles, pero en otros casos puede expresarse en el retiro de toda pauta publicitaria de programas o cadenas de medios que conspiran contra el gobierno que se procura sostener.

Se fracasó la construcción de una fuerte coalición desarrollista-nacionalista y popular, tanto en Brasil como en Argentina. Así, la burguesía industrial no supo defender este proyecto cuando fue atacado a mediados de esta década: en la forma del impeachment en Brasil, o en la forma de una propuesta electoral neoliberal en Argentina. A lo más que se llegó en Brasil fue a lograr mantener cierta neutralidad de la burguesía interna durante la crisis, pero la mayoría de ella desertó de apoyar la coalición que tanto la había beneficiado durante más de una década.²¹ En Argentina, si bien es posible identificar sustentos explícitos de la UIA y otras entidades empresariales al proyecto “desarrollista”, e incluso una capacidad del gobierno para rearmar el conjunto de una serie de apoyos empresariales entre 2010 y 2011 (^{LÓPEZ, 2015}), consideramos que estas posiciones se debieron a la debilidad política de una oposición que no lograba construir una opción de poder real. En la medida en que esta consiguió estructurarse, la mayor parte de la burguesía se fue colocando en una oposición cada vez más clara. Aquí llegamos al problema más agudo de toda política reformista, la dependencia de las tasas de reinversión que llevan adelante sus burguesías locales. Y, obviamente, toda burguesía tiende a desconfiar de un poder político que no lo representa en forma directa.

Pero tampoco los trabajadores industriales se sintieron parte clara de este proyecto y sus dirigentes no los defendieron con “ardor combativo”. Menos aun lo hicieron los pequeños y medianos comerciantes y las diversas capas medias. En el caso brasileño, las políticas económicas ortodoxas tomadas por Dilma en 2015 contribuyeron a romper los vínculos con muchos de los sectores sociales que la habían sostenido en la elección de 2014 (^{MARINGONI, 2017}, p. 47). Pero en el caso argentino, que no se aplicaron este tipo de políticas, tampoco se consolidó de modo sólido esta coalición de clases.

Tan solo los sectores menos integrados, aquellos que se vinculan a la economía social o los que reciben planes de ayuda estatal se constituyeron en sólidos defensores del proyecto, en el caso argentino en forma más organizada, en el brasileño, menos. Tal como señala ^{Boito (2018}, p. 294-297), aquí parece ser notoria la falta de organizaciones políticas de estos sectores (con la excepción del MST y el MTST).²²

Como decíamos en la primera parte de este artículo, si bien consideramos que la mejor estrategia política para disputar el apoyo de las mayorías es emplear el significante “pueblo” para interpelar al conjunto de los sectores populares, no por ello hay que dejar de lado un análisis en términos de las clases y fracciones de clase, y operar en consolidar sólidas coaliciones en torno a proyectos socioeconómicos claros.