Caracterización del sistema de educación en Costa Rica

El modelo de educación pública en Costa Rica es centralizado en tanto el Gobierno nacional dispone de un presupuesto definido constitucionalmente para ser distribuido en todo el sistema escolar desde primera infancia hasta la educación universitaria incluyendo educación no formal. El presupuesto para la educación incluye pago de todo el personal docente y administrativo del país, la asignación de fondos para la construcción o reparación de edificios, alquileres, materiales escolares, equipos de cómputo, entre los más sobresalientes.

Su estructura organizativa consta de un nivel político Ministerial de alto rango, un Viceministerio Académico, Viceministerio de Planificación y un Viceministerio Administrativo. La línea de autoridad de los centros educativos consta de una Dirección Regional de Educación, con tres departamentos que están bajo su dirección a saber el departamento de Supervisores de Circuitos que controla o supervisa a las Direcciones de Centros Educativos, el Departamento de Asesorías Pedagógicas que supervisa a los Asesores Regionales y el Departamento de Servicios Administrativos y Financieros que tiene bajo su cargo al profesional.

La educación en Costa Rica tiene cuatro etapas de formación: 1. preescolar, 2. educación general básica: que comprende primaria y los tres primeros años (noveno año) de la educación media o secundaria, 3. educación diversificada que se ubica en el décimo y undécimo año de secundaria en modalidad técnica (duodécimo año) de naturaleza vocacional o profesional o académica y especializada en colegios científicos, humanistas y deportivos y 4. educación superior universitaria conformada por cinco universidades que gozan de autonomía administrativa financiera y política. La Universidad Estatal a Distancia (UNED) tiene casi 40 centros universitarios en todo el país, incluyendo territorio indígena y población privada de libertad. El total de universidades privadas es de 59. Sobre los centros privados de educación de acuerdo con la ^{Ley Fundamental de Educación}, están sometidos a la inspección del Estado garantizando la libertad de enseñanza del artículo 79 constitucional y rigiéndose estos último por los principios, objetivos y la no discriminación de ningún tipo según esta ley.

La educación ha sido un rubro prioritario de inversión que ha dotado a la ciudadanía costarricense de posibilidades de acceso en todas sus etapas de formación, posibilitando el ascenso social, la proliferación de la clase media y la participación activa de la población en el desarrollo. Esta claridad respecto de la importancia de la educación se manifestó recientemente en 2011 cuando mediante reforma constitucional al artículo 78 se incrementó en dos puntos porcentuales del monto del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a educación, lo que en principio mitigaría el efecto negativo sobre la educación producto de la devaluación del colón, entre otros indicadores económicos de crisis.

La distribución de los fondos para la educación

El artículo 78 constitucional señala la obligación del Estado costarricense de asignar el 8% anual del PIB a la educación, para cubrir desde primaria hasta la educación universitaria. Nótese que no se hace referencia a la educación preescolar ni primera infancia en la Constitución Política, sin embargo, en atención a la educación como derecho humano y a la educación a lo largo de la vida, se ha atendido a esta población. La distribución del financiamiento de la educación se basa en informes de la Contraloría General de la República y de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP).

Un mecanismo para la asignación, control y ejecución de fondos públicos desde el Ministerio de Educación Pública (MEP) en cada centro escolar, es por medio de las Juntas Escolares en primaria y secundaria denominadas Junta de Educación o Junta Administrativa que son nombradas por la municipalidad cantonal por un período de tres años reelegibles. Éstas se constituyen como delegaciones municipales y auxiliares de la administración pública y velan por la integración del centro educativo con la comunidad como se indica en la Ley Fundamental de Educación. Corresponde al Viceministerio de Planificación junto a la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional (DGDR) organizar los procesos que las relaciona al Ministerio de Educación Pública (MEP).

Tienen su propia personería jurídica por lo que pueden contraer obligaciones por medio del Presidente de la Junta quién es el representante legal, sin embargo, requieren de la aprobación del Poder Ejecutivo los actos que impliquen comprar, donar, permutar, vender, hipotecar o arrendar bienes inmuebles y lo referente a la hacienda escolar.

La distribución y forma de inversión del presupuesto se realiza según la política educativa del Consejo Superior de Educación y del MEP. Se financiarán con rentas del Presupuesto Nacional, de las Municipalidades, de Instituciones Autónomas y de cualquier otra de carácter especial (art. 47, de la Ley 2160) Para ello se crea el ^{Fondo Juntas Educación y Administrativas Oficiales} declarado de interés público y que recibe los fondos del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, desde el 2014 las transferencias en compra de terreno, infraestructura y alquiles ha bajado, afectándose más en el periodo 2020-2022 que disminuyó 3.6 veces (PEN, 2023).

El ^{Código de Educación} refiere a la figura de los Patronatos Escolares compuestos por miembros de la comunidad, padres de familia y docentes que colaborará con las Junta de Educación. Se financiarán con las donaciones, rifas y ferias, (art. 77), también del producto de las ventas de alguna repostería escolar. Otra figura es el Consejo Agrícola Escolar que fomentará la agricultura del lugar y la protección de animales empleado en la agricultura, todo ello en cooperación con docentes la Secretaría de Agricultura. El manejo de fondos los hace el Tesorero del Patronato. La ley de Educación adiciona que los centros educativos podrán crear Patronatos Escolares, Asociaciones de Padres y Educadores, Consejos agrícolas y similares (art. 46).

El fondo por distrito escolar (que son las unidades territoriales por cantón) es una iniciativa interesante para ubicar fondos para la educación en cada municipio, sin embargo, el Código de Educación establece en el artículo 39 montos fijos en colones que resultan insuficientes y hasta ridículos si tomamos en cuenta la devaluación del colón respecto al dólar estadounidense. Esta fuente de financiamiento distrital se establece los siguientes montos fijos: US$ 0,14 (0,75 colones) por cabeza de ganado vacuno que se destace en el distrito, una patente de US$ 0,09 (50 colones) por cuatrimestre, por puesto de venta de licores del distrito escolar y otra de US$ 0,05 (25 colones) cuatrimestrales por cada venta de cerveza del distrito, las multas impuestas por comisión de delitos y de las conmutaciones de penas de delitos cometidos en el distrito, y las herencias vacantes, contribuciones escolares, donaciones en favor de la enseñanza y todas las subvenciones del Tesoro Nacional que se instruyan y entre el 3 y 5 porcentual de ingreso por matrícula superior a 100 alumnos y de las mensualidades provenientes de escuelas o colegios particulares a los que se les haya permitido el uso de edificios escolares. La administración de estos fondos está a cargo de los Tesoreros cantonales y de Tesoreros auxiliares de distrito, los primeros garantizando el buen manejo de fondos y los segundos dado garantía fiduciaria.

El ^{Instituto Nacional de Aprendizaje} (INA) se dedica a la formación profesional en áreas que mejoren las condiciones laborales empresariales. Es un ente de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. se financia según la Ley del INA con fondos que no provienen del MEP sino por fondos provenientes principalmente de a) 1,5% de los salarios mensuales de patrono particulares de todos los sectores económicos con al menos 5 trabajadores (antes de la reforma eran 10 trabajadores), el sector agropecuario paga solo el 0.5% y las empresas de zonas francas pagan a partir del onceavo año de estar operando en el país b) 1% sobrante del pago de planillas de instituciones autónomas o semiautónomas y empresas del Estado (estatales se les aumentó medio punto porcentual) y c) legados, donaciones, herencias, ingresos propios y préstamos.(art. 15). Deben aportar un 1% de su presupuesto ordinario anual a un fondo de becas para la ^{Educación y Formación Técnica} Dual de centros educativos.

Se implementan programas especiales que garantizan el acceso y la permanencia en el sistema educativo de grupos que requieran apoyos concretos, así las personas adultas son atendidas por los Centros Integrados de Educación de Adultos (CINDEA) para formación técnica, por otra parte, las poblaciones indígenas y las de zonas marginales con poca matricula dada la baja densidad poblacional son atendidas en escuelas unidocentes. El Programa Avancemos es uno de los más exitosos del MEP en cuanto acceso, permanencia y graduación secundaria, incluyendo reinserción de jóvenes embarazadas o madres, población adulta, o de quienes salieron del sistema educación por necesidad de trabajar. Sin embargo, estos programas carecen de recursos suficientes para atender la demanda (^{MUÑOZ, 2019}) y para el ²⁰²³ se redujo el fondo en un 29% perjudicando a 114.000 estudiantes en pobreza (PEN, 2023).

Falta cobertura en primera infancia, especialmente en el rango de edad de 0 a 3 años donde la cobertura estatal es casi nula (^{PEN, 2021}). La atención a la población materno infantil en condición de pobreza o riesgo social es asumida por el Ministerio de Salud, específicamente por la ^{Dirección de los Centros de Educación} y Nutrición (CEN) y de los Centros Infantiles de Atención Integral (CINAI), que atienden su nutrición para garantizar su adecuado desarrollo y también para cuidar de esta niñez mientras sus padres trabajan. Su trabajo se implementa en todo el territorio nacional, en el plano más estratégico y administrativo, en lo regional y en el nivel local que incluye los centros de atención donde se reciben a los niños y niñas. Los CEN-CINAI son financiados entre otros rubros, por el Fondo de ^{Desarrollo Social y Asignaciones Familiares} (FODESAF) que gira el 5.18% de su presupuesto anual al MEP para el programa nacional de comedores escolares. Sin embargo, a partir del 2020 según el Estado de la Educación (2021) el presupuesto de FODESAF disminuyó en un 7.8% específicamente el dedicado a financiar programas sociales como comedores estudiantiles, becas entro otros (^{PEN, 2021}, p. 79-80). Una de las justificaciones para implementar esta política es la caída del bono demográfico que supone que la inversión por persona en educación es la adecuada y necesaria para garantizar acceso, calidad y disponibilidad en el ejercicio de este derecho humano.

La Comisión Nacional de Préstamos para Educación (^CONAPE) brinda financiamiento con préstamos monetarios a una tasa anual de 4.5% para estudios de costarricenses en carreras y especializaciones de grado y posgrado dentro y fuera del país. Un 50% de su presupuesto es destinado a personas de territorios con desarrollo medio, bajo o muy bajo a menos que la demanda sea menor en estas zonas¹. CONAPE se financia de los excedentes anuales de la Comisión más los de entidades públicas o privadas financiados por CONAPE, las recuperaciones de préstamos otorgados o los solicitados, donaciones y legados y los recursos no reembolsables internacionales (art. 20, de la Ley N° 6041).

Para atender poblaciones especialmente empobrecidas, se trasladan dos mil millones de colones al Fondo de Garantías y Avales provenientes de donaciones de la cooperación internacional, o del sector público o privado o por donaciones de personas físicas o jurídicas o por ingresos de comisiones realizados por aseguradoras (art. 25 bis, de la Ley N° 6041). El Programa de Incentivos, está pensado para estudiantes que desean estudiar temas afines a los lineamientos y prioridades del de los Planes Nacionales de Desarrollo y atenderá con prioridad la solicitud de estudiantes indígenas a razón de adecuar la tasa de interés, y el monto y forma de pagos².

La ^{Ley Fortalecimiento de las Capacidades para Mejorar la Empleabilidad de los Jóvenes} regula la cobertura de préstamos estatales a estudiantes de secundaria y empleados de empresas privadas o públicas para educación bilingüe y carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por sus siglas en inglés Science, Technology, Engineering and Mathematics) especialmente en las zonas de mayor demanda laboral basado en el mérito y la condición socioeconómica del solicitante del crédito.

La Inversión Social Pública (ISP) real del PIB en educación entre el 2000 y el 2022 llegó a su punto máximo en los años 2015 y 2016 con un 7.4% contrario al comportamiento del 2000 y del 2006 con tan solo 5% de inversión para mostrar posterior a esta última fecha una inversión relativamente estable centrada en el 7.4 %. Sin embargo, desde el 2017 las cifras muestran una tendencia a la baja y desde el 2021 una caída abrupta llegando en el 2022 al 5.9 %. A pesar de que en el 2011 se aumentó el presupuesto de educación en un 2%, no se ha logrado cumplir con esa meta, por el contario la tendencia es a la baja (Gráfico 1).

Fuente: Elaborado por Raúl García Fernández del Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía de la UNED, a partir de: 1) IX Informe Estado de la Educación (2023); 2) Trejos, J.D. (2023). La Inversión social pública en el 2022. Ponencia para el Estado de la Educación. San José, Costa Rica.

Gráfico 1 Costa Rica: Inversión social pública (ISP) real en educación como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). 2000-2022 

Fuente: Elaborado por Raúl García Fernández del Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía de la UNED, a partir de: 1) IX Informe Estado de la Educación (2023); 2) Trejos, J.D. (2023). La Inversión social pública en el 2022. Ponencia para el Estado de la Educación. San José, Costa Rica; 3) INEC, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) -2000-2009-; 4) INEC, Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) -2010-2022-; 5) Banco Central de Costa Rica (BCCR), Referencia del tipo cambio de compra y de venta del dólar EEUU. a/ Valores constantes en colones del año 2000, según deflactor implícito del gasto de consumo final del Gobierno General. b/ Como la fuente de información utilizada consiga valores constantes en colones del año 2000, para realizar la conversión a dólares estadounidenses, se utilizó el valor medio de la referencia del BCCR para el tipo cambio de venta en todo el año 2000. c/ Entre 2000 y 2005, la EHPM registró la asistencia a la educación sólo para personas de 5 o más años. A partir del 2006 se amplió el registro para personas de 2 años en adelante, lo que continúo la ENAHO hasta el 2014. A partir de 2015, la ENAHO registra la asistencia desde los 0 años de edad.

Gráfico 2 Costa Rica: Inversión social pública (ISP) real en educación, según montos per cápita para distintos grupos poblacionales (colones del 2000^a/ llevados a US$^b/). 2000-2022^c/ 

Esta inversión beneficia mayoritariamente la población de 24 años o menos que estudia y de manera significativamente baja en comparación a esta cifra está la ISP en general por habitante que se explica en una relación para el 2022 de $1149,1 a $265,1 respectivamente. Si se incluye en el análisis a la población de 0 a 24 sin que medie la variable de estudio, la inversión aumenta casi en más del 200% respecto de la inversión social dirigida a la población nacional (Gráfico 2).

Los datos del ISP real en educación de la Tabla 1 desagregados muestran que en un período de 22 años la inversión social total del PIB por habitante aumentó solo en US$ 70,9, es decir pasó de US$ 194.2 en el 2020 a US$ 265.1 en el 2022 para cubrir un aumento poblacional en el periodo de 1 341 025 personas. La comparación del ISP por habitante analizada por sector de población de 24 años o menos muestra un aumento significativo por persona y el aumento per cápita se incrementa en esta población si estas personas están estudiando.

Contexto actual: la nueva educación en Costa Rica

Costa Rica está en un proceso de cambio respecto de los contenidos y el fin de la educación pública. El punto de inflexión es la adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) luego que, en 2012 el Gobierno formalizara su interés ante el organismo. En 2013 inician las negociones que culminarán con la adhesión del país el 25 de mayo de 2015. El proceso define una ruta de acción cuya implementación implica la transformación la educación costarricense con miras a crear mayores competencias para la competitividad económica y la mejora de la economía. Como consecuencia de este proceso, se emitieron diferentes leyes de la República para garantizar estas transformaciones como la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas del ²⁰¹⁸ que afectan la composición fiscal del país, ahora regresiva, la estructura salarial de las personas empleadas públicas y las prioridades en inversión y ejecución del presupuesto para educación, así como sus contenidos y parámetros de medición de la calidad. Los requerimientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) también fueron parte de esta transformación

Costa Rica experimenta un proceso acelerado de implementación de una educación corporativa que expulsa a quienes no tienen el capital cultural necesario para mantenerse en sistema educativo, además de no tener las posibilidades materiales en sus hogares para permanecer en el mismo. Como señala Iván ^{Molina (2016}, p. 486) desde la década de 1980 se impone el concepto de “ciudadano-productor” necesario para impulsar y mantener el capitalismo corporativo. Lo paradójico de este modelo educativo es que en un contexto de pobreza acelerada y exclusión educativa se pretende formar un “capital humano” que le dé ventajas competitivas al país para recibir Inversión Extranjera Directa (IED) que invierte en servicios (finanzas, ingeniería y contabilidad), en el sector inmobiliario (principalmente zonas costeras con inversión de no residentes, hotelería) y en manufactura (bienes eléctricos, electrónicos equipos de precisión y médicos de alta tecnología)

Muñoz Varela, cita en su texto:

[...] de las 4.113 empresas exportadoras existentes en el lapso 2009-2013, el 74% de ellas comerció únicamente el 0,5% del valor exportado en tanto que únicamente el 4% de las empresas exportadoras colocan en el mercado internacional el 84% de las ventas nacionales (^{COSTA RICA, 2014} apud ^{MUÑOZ, 2016}, p. 33).

Este dato es muy relevante porque muestra las características de la desigualdad económica y consecuentemente social, que tiene el país y que lo ubica entre los países más desiguales del mundo³. Estas desigualdades se ensanchan con el cruce de las variables rural - urbano. Esta concentración económica está lejos de cumplir con el artículo 64 constitucional referido al fomento de cooperativas y del solidarismo como instrumentos para generar empleo y riqueza mejorando las condiciones de las personas trabajadoras del país. Este mandato fundamental implica una mejor distribución de la riqueza y una participación activa de la mayoría de la ciudadanía en el desarrollo local y nacional. Sin duda, la educación corporativa actual, riñe con este artículo constitucional y con el espíritu democrático que lo inspiró porque si no se democratiza la economía y no se mejora la inversión en educación, la economía y la empleabilidad se dirigirá a atender las necesidades de ese 4% de empresas exportadoras que colocan en el mercado el internacional el 84% de las ventas nacionales.

Pero esta desigualdad económica interna es casi análoga a la desigualdad de Costa Rica respecto de la riqueza de otros países de la OCDE en lo que se refiere al valor real en dólares de sus inversiones. Según los datos de la OCDE en el 2022 el PIB de Costa Rica era de US$24.759 anuales por personas, cifra que está por debajo del promedio de los países de la OCDE a saber US$53.937. Los países con mayores cifras en este rubro son Luxemburgo con US$141. 237 e Irlanda con un PIB de US$126.217⁴. En esta misma línea la inversión del gasto público en educación de Costa Rica es de 4.4% del PIB, superado el mismo año 2020 por Noruega que tiene un 4.6% de inversión, pero con un PIB per cápita de US$114.932 en una población de 5.408 millones de personas, casi idéntica a la cantidad de personas de Costa Rica que es de 5.1154 millones, consecuentemente el valor real de la inversión en educación para Costa Rica es muy baja⁵ y no se justifica la tendencia a continuar con esta disminución del presupuesto en educación que resulta finalmente paradójica con los nuevos parámetros de medición de la calidad de la educación que se imponen desde la OCDE y las pruebas PISA (por sus siglas en inglés Programme for International Student Assessment) como herramienta de medición.

La valoración de la desigualdad económica y social se refleja en el acceso a la educación del Estado de la Educación (2021, p. 43-44) señala que hay brechas en conexión a internet que se manifestaron en el 2020 con la pandemia por el COVID-19 en donde el solo el 13% del quintil más pobre tenía acceso a internet contra un 78% del quintil más rico, en un contexto en el que el 42% de las personas entre 5 y 18 años que asistían a la educación formal estaban en condición de pobreza. Ello es un factor de exclusión educativa junto con la poca preparación académica que les impide avanzar por los rezagos que sostienen en el aprendizaje. Los porcentajes de graduación de secundaria, los estudiantes de climas educativos bajos tienen un porcentaje de graduación inferior al 50% (p. 26), y en general, del total de personas matriculadas en secundaria solo el 60% logró completar sus estudios y de este grupo solo el 34% accedió a la educación superior (p. 43). Las proyecciones de pobreza a cinco años debido a la exclusión educativa afectan más a personas de zonas rurales, mujeres y jóvenes (p. 34). Las brechas de género afectan a las mujeres en las carreras STEM que es la apuesta en educación (PEN, 2023).

El informe del ^{INCAE (2022}) sobre el comportamiento del Índice de Progreso Social (IPS) para Costa Rica señala que los desempeños más bajos del país se ubican en el acceso a la educación superior y en la cantidad de población con educación secundaria en contraste con la sobresaliente calificación que obtuvo en matrícula en educación primaria, concluye el informe que Costa Rica es el país latinoamericano con mayor deterioro en el acceso a educación de calidad. Los datos de la Tabla 2 muestran que el comportamiento de la matricula en preescolar, primaria y secundaria se ajusta la tendencia descrita por el informe del INCAE (2022). La matrícula escolar en todos los ciclos se mantiene mayoritariamente el en el sector público, sin embargo, el porcentaje de matrícula en centros privados tiene un aumento significativo en preescolar 2.

La sumatoria de centros de educación por sector público, privado o subvencionado se comporta de la siguiente manera en primaria 3774, en preescolar, 4032 en primaria y 987 en secundaria, mostrando una disminución considerable de centros públicos para secundaria, pero un aumento de centros educativos privados en este ciclo, sin embargo, a pesar de ello, en todos los sectores es mayor la cantidad de centros públicos (Tabla 3).

En la asistencia por nivel preescolar y secundaria tienen una tasa de asistencia ajustada similar, de un 84,3 % y 80,2% respectivamente. Este comportamiento se mantiene al interno de cada una de las regiones educativas siendo la región Chorotega la que muestra una mayor caída en asistencia a secundaria. La asistencia promedio similar se mantiene a pesar de las diferencias en el IDS en donde la Región Central ostenta la más alta cifra de un 69,7 y las Brunca, Huetar Caribe y Huetar Norte un 47,7, 47,0 y 48,7 respectivamente, lo que muestra condiciones de acceso positivas. La asistencia a primaria es del 92.8% porcentaje casi idéntico al comportamiento de asistencia a primaria en cada una de las regiones país (Tabla 4).

Este comportamiento de asistencia en la educación preescolar y secundaria muestra que se deben reforzar las acciones de matrícula en la primera infancia para garantizar conocimientos y habilidades necesarias que garanticen mejores desempeños en primaria y en la matrícula y finalización de la secundaria, este proceso es importante para la formación técnica o profesional de las personas y consecuentemente, en su aporte al desarrollo nacional, local y personal.

El comportamiento de la matrícula por sector educativo se puede apreciar en detalle en las Tablas 5,6 y 7 sobre preescolar, primaria y secundaria respectivamente. La mayoría de la matrícula se da en instituciones públicas y en zonas urbanas de todas las regiones.

Criterios para las prioridades de inversión en educación

Todas las políticas en educación se deciden en el MEP, es el Consejo Superior de Educación quién autorizará los planes de estudio y los programas de enseñanza para los diversos niveles y tipos de educación (artículo 9, de la Ley Fundamental de Educación) y el Consejo Nacional de la Educación Superior (CONESUP). Los criterios que se adoptan para la asignación de recursos se encuentran hoy día en el plan Ruta de la Educación que implementa la actual administración, pero se desconoce el documento, justificación y orientación.

Tanto la OCDE como el FMI promovieron el impulso de leyes, lineamientos y nuevas directrices que son las que guían hoy en día los criterios para asignar el presupuesto y para transformar la educación. La OCDE, diseñó un Plan de Acción para el ingreso de Costa Rica (^{OCDE, 2017}) que entre muchas otras acciones en el tema de la educación destaca la revisión integral del sistema educativo costarricense desde primera infancia hasta educación superior para mejorar la calidad de la educación de acuerdo con el parámetro de las pruebas PISA, por lo que propone hacer una mayor inversión en educación y cuidados en primera infancia y se plantea la educación básica como centro de la educación.

Señala este organismo que la educación superior universitaria debe estar acorde con las metas de desarrollo priorizando las carreras STEM. El acatamiento del gobierno de Costa Rica de esta observación generó un aumento de un 37.6% de esta oferta académica desde el año 2019 según el Estado de la Educación (2021, p.53). Otra observación que hacen respecto de la educación superior es sobre la importancia de tener una instancia de autoridad pública que guíe la planificación estratégica (política y económica) de la actividad académica universitaria (OCDE, 2017). Este razonamiento en la práctica se opone a la autonomía universitaria que es un rasgo de las universidades públicas latinoamericanas y que diferencia el modelo de universidad latinoamericana de los modelos europeos, pero que, además, en Costa Rica tiene rango constitucional. Señala el documento como punto obligado de mejora en la formación docente la acreditación de las universidades privadas de las carreras de formación docente que impartan. Otra recomendación, que se implementa a la fecha de hoy, es la planificación estratégica conjunta entre el MEP y el Ministerio de Hacienda para que se priorice el presupuesto en la educación primaria y se reforme el financiamiento de la educación superior que actualmente está muy amenazada en el país.

Respecto de la educación diversificada técnica se implementa desde el año 2019 la Educación y Formación Técnica Dual, se amplía el ámbito de aprendizaje de una Institución de Educación y Formación Técnico Profesional (EFTP) de secundaria a otro que se desarrolla en una empresa denominada empresa formadora o centro de formación para la empleabilidad que le dará la oportunidad al estudiantado de “aprender haciendo” con el trabajo que desarrolle en la empresa. También señala esta ley que el INA y las universidades públicas y privadas en el uso de su autonomía definirán programas de formación dual. Esta formación en las empresas supone que el estudiante adquirirá las competencias requeridas por el sector empleador y el título que obtendrá es un Técnico 1 (de 5) según el Marco Nacional de Cualificaciones que implica un proceso de formación de 400 a 700 horas y que requiere tener aprobado el II Ciclo de la educación General Básica⁶ además quienes deseen participar de la EFTP deben tener al menor quince años y podrán acceder al sistema de créditos estatales de CONAPE para financiarse. La Comisión Asesora y Promotora del EFTP articula el sector público y privado y está adscrita al MEP.

Respecto de FMI en la negociación por Servicio Ampliado se diseña e impulsa como condición, que desde el Estado se fortalezcan las finanzas públicas para equilibrarlas dada la evolución fiscal negativa que desde el año 2008 es deficitaria (llegando en el 2020 a su cifra récord de 8%) y la caída de ingresos corrientes, además del aumento acelerado de intereses y gastos corrientes que junto a las remuneraciones que se encuentran por encima del PIB que desde el 2019 tiene una tendencia decreciente (^{PEN, 2022}). Esta red de condiciones económicas estructurales en Costa Rica lleva a la aprobación en 2028 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que crea la regla fiscal, reforma el Impuesto sobre la Renta, aplica un Impuesto al Valor Agregado y modifica de manera negativa los salarios de personas funcionarias públicas, con la implantación del salario único, también afecta la distribución del 8% del PIB para educación al incluir la educación no formal que se imparte desde el INA. (^{Ley 9635}, art. 29). Luego de su aprobación, el presupuesto para educación se ha reducido en un -7.6% anual del PIB siendo el 2023 el más afectado con la reducción presupuestaria (PEN, 2023).

Conclusión

La desigualdad económica y social del país se manifiesta en la gran concentración de riqueza. Este proceso ha sido acompañado y legitimado por una transformación de la educación con énfasis en desarrollo de destrezas para la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática, como parte del proceso de transformación estructural económica que se impone como requisito de la adhesión el Costa Rica a la OCDE y de las exigencias del FMI. Tanto las prioridades de inversión en educación, como sus contenidos y población meta, han cambiado profundamente y se han consolidado en el primer cuarto del S.XXI. La apuesta por carreras STEM, la disminución del presupuso en educación y las desigualdades estructurales y en acceso a la educación, especialmente para mujeres y sectores más empobrecidos muestran la vulnerabilidad de la niñez de hoy y en relación a su futuro. El problema ideológico de fondo es que la educación se ha convertido en un bien mensurable, negociable para la generación de riqueza en el mercado en aras de generar condiciones de empleabilidad digna. La educación se ha vaciado de contenido, no se fundamenta como el derecho humano que es y por tanto el Estado no crea condiciones reales para su ejercicio: que sea accesible, adaptada a las necesidades de la mayoría, por tanto, relevante a sus intereses, y que le permita a la ciudadanía crear condiciones para una vida digna y en igualad de ejercicio del derecho humano a la educación.